Sentencia Social 365/2024 Juzgado de lo Social de León nº 4, Rec. 463/2024 de 14 de octubre del 2024

PRIMERO.- Se declara la competencia de este Juzgado para conocer de las cuestiones planteadas en el proceso tanto por la condición del litigante como por razón de la materia y el territorio, de conformidad con lo establecido en los arts. 1 , 2.a ), 6 y 10 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social y arts. 9.5 y 93 de la Ley Orgánica del Poder Judicial .

SEGUNDO.- Al objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 97.2 de la precitada Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , se declara que los hechos recogidos en el relato fáctico de la presente resolución se han deducido de la prueba documental y demás elementos de convicción, valorados de conformidad con las reglas de la sana crítica.

TERCERO.- La parte demandante sostiene que ha sido objeto de una modificación sustancial de las condiciones de trabajo que debe reputarse nula.

El art. 138.7 , 4º párrafo, permite declarar la nulidad de la modificación sustancial caso de que se haya adoptado en fraude de ley, eludiendo las normas establecidas en el ET , así como cuando tenga como móvil algunas de las causas de discriminación prevista en la CE y la Ley o se produzca con violación de los derechos fundamentales.

Pue s bien, en el caso que nos ocupa no se ha acreditado la concurrencia de fraude de ley, discriminación o violación de los derechos fundamentales. A este respecto, es preciso significar que la prueba practicada no acredita que la modificación operada venga motivada por la persona de la trabajadora y su condición de representante de los trabajadores en la empresa. Alega la demandante que la decisión empresarial menoscaba sus posibilidades de uso del crédito horario sindical y vulnera su derecho a la libertad sindical. No obstante, ningún indicio aporta de ello y lo cierto es que de la prueba documental aportada por la mercantil demandada y de la testifical de Doña Aurelia, responsable de personal en la Zona de León, resulta que la trabajadora ostenta en la empresa la condición de representante de los trabajadores y ha venido haciendo uso en la oficina bancaria nº 5001 sita en la Plaza del Espolón s/n de León del crédito horario sindical

No se cumple por tanto la carga procesal de aportar indicios fundados de vulneración de derechos fundamentales que impone el art. 96.1 LRJS , y la mera condición de representante sindical de la demandante no puede erigirse por sí solo como un impedimento para que la empresa pueda adoptar la medida que se impugna.

Es por ello que la petición principal de nulidad no puede ser acogida.

CUARTO.- Respecto a la petición subsidiaria, el art. 41 del ET señala que la dirección de la empresa, cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, podrá acordar modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo que afectarán, entre otras, a la jornada de trabajo, el horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento y funciones. Se considerarán tales razones las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa. La decisión, añade el precepto, ha de ser comunicada al trabajador afectado y a sus representantes con una antelación mínima de 15 días a la efectividad de la medida.

Por otro lado, el artículo 40.1 del Estatuto de los Trabajadores indica que el traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.

Con la demanda rectora del proceso se está impugnando la decisión de la empresa de trasladar a la actora a un centro de trabajo sito a unos 2 kms. de distancia del lugar en que venía prestando servicios.

Efe ctivamente, la demandante venía prestando servicios en la oficina bancaria nº 3652 sita en la Plaza del Espolón s/n de León hasta el 31/05/2024, momento en que se decidió por la empresa que pasaría a hacerlo en la oficina nº 5001 situada en la Avenida Miguel Castaño nº 42 de León. La distancia entre uno y otro centro es de unos 2 kms.

En relación con la movilidad geográfica, la interpretación de lo que dispone el art. 40 ET ha formado una doctrina consolidada de la Sala IV del Tribunal Supremo. En esencia, dicha doctrina sostiene que el cambio de residencia del trabajador se configura como el elemento característico del traslado regulado en el art. 40 ET . Por ello, forma parte del poder de dirección del empresario la posibilidad de destinar al trabajador a otro centro de trabajo, cuando eso no supone cambio de residencia.

Se ha venido declarando que un cambio de centro de trabajo sin incidencia en la residencia constituye una modificación accidental de las condiciones de trabajo que se encuadra dentro de la potestad organizativa del empresario. Por ello, tales cambios quedan amparados por el ordinario poder de dirección del empresario, tal y como aparece reglado en los arts. 5.1 c ) y 20 ET ; de lo que se extrae, por tanto, que no se hallan sujetos a procedimiento o justificación algunos. Así se ha sostenido en las STS/IV de 19 diciembre 2002 -rcud. 3369/2001 -, 18 marzo 2003 -rcud. 1708/2002 -, 16 abril 2003 -rcud. 2257/2002 -, 19 abril 2004 -rcud. 1968/2003 -, 14 octubre 2004 -rcud. 2464/2003 -, 26 abril 2006 -rcud. 2076/2005 -, 18 diciembre 2007 -rcud. 148/2006 -, 5 diciembre 2008 -rcud. 1846/2007 -, 12 julio 2016 -rec. 222/2015 - y 18 junio 2020 -rcud. 124/2018 -, entre otras.

Por su parte, el artículo 40 del XXIV Convenio colectivo del sector de la banca señala lo siguiente:

"La s Empresas podrán cubrir las necesidades del servicio existentes, realizando cambios de puesto de trabajo, que no tendrán la consideración de traslado ni movilidad geográfica, dentro de una misma plaza o de un radio de 25 kilómetros a contar desde el centro del municipio donde el personal prestaba sus servicios a 30 de enero de 1996, o desde donde se trasladen voluntariamente, y los ingresados con posterioridad desde donde sean destinados. La aplicación del radio de 25 kilómetros no implicará el cambio entre las Islas.

En el caso de que el cambio sea a otra plaza distinta de la que venía prestando sus servicios dentro del radio de 25 kilómetros, las Empresas colaborarán en la solución de los problemas derivados del transporte, que puedan generarse como consecuencia de la aplicación de esta norma.

Sin menoscabo de las facultades de organización del trabajo de las Empresas, éstas, siempre que concurra la idoneidad de quienes lo solicitan, tendrán en cuenta las peticiones voluntarias y las circunstancias de proximidad domiciliaria".

De lo expuesto se concluye que el marco legal no permite sostener que se esté ante un supuesto de modificación sustancial de las condiciones del contrato de los previstos en el art. 40 ET , al que remite el art. 41.7 ET , y condiciona el concepto a los supuestos, definitivos o temporales, de cambio de residencia, que no es el caso de autos.

Por tanto, ni la norma legal ni la convencional imponen a las manifestaciones del poder de dirección ninguna exigencia de motivación causal ni otorga tampoco al trabajador afectado el derecho extintivo que sí le atribuye en las modificaciones sustanciales.

Deb e tenerse en cuenta, además, que, según ha resultado de la testifical de Doña Aurelia, responsable de personal en la Zona de León, previamente a la notificación del cambio de puesto, por parte de la empresa se había ofertado a la trabajadora la continuación en la prestación de servicios de atención al cliente en La Robla o Benavides de Órbigo, opciones rechazadas por la trabajadora que deseaba continuar en León capital, exigencia esta última que fue respetada por la empresa, por lo que se cumple asimismo con lo preceptuado en el Convenio Colectivo de aplicación en cuanto a que, sin menoscabo de las facultades de organización del trabajo de las Empresas, éstas, siempre que concurra la idoneidad de quienes lo solicitan, tendrán en cuenta las peticiones voluntarias y las circunstancias de proximidad domiciliaria. Y aunque la actora afirma en la demanda que deseaba continuar prestando servicios en la oficina 3652 como Ejecutiva Comercial Digital, de la mencionada testifical ha resultado asimismo que dicho puesto no existe en León ya que únicamente existe en Aranda de Duero y Zamora, por lo que era materialmente imposible su ofrecimiento a la trabajadora.

A mayor abundamiento, conviene señalar no se ha producido tampoco una alteración de la categoría ni de las funciones de la actora, preservándose a ultranza su nivel retributivo. Por ello, ha de concluirse con la acomodación a derecho de la decisión empresarial, la cual, por cierto, no estaba exenta de modo absoluto de justificación, ni parece obedecer a una irracional discrecional, sino que, por el contrario, muestra claros indicios de obedecer a la necesidad de cumplimiento de otras obligaciones empresariales atenientes -tal y como resulta del Informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social obrante en las actuaciones y de la testifical de Doña Aurelia, responsable de personal en la Zona de León- a la implantación del proyecto de "Caja Avanzada", lo que abundaría en su adecuación y proporcionalidad.

Es por ello que, debido a que la decisión empresarial adoptada resulta ajustada a los parámetros legales y convencionales citados, cabe considerar justificada la misma, todo lo cual conduce a que la demanda deba ser íntegramente desestimada.

QUINTO.- De conformidad con lo establecido en el artículo 191.3.f) frente a esta resolución cabe formular recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,