Sentencia Social 439/2025 Juzgado de lo Social de Lugo nº 4, Rec. 661/2025 de 16 de diciembre del 2025

PRIMERO.-Los hechos declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del juicio oral; en concreto y de conformidad con el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se ha tomado en consideración la documental presentada y la testifical practicada.

SEGUNDO.-Dentro de las medidas de conciliación de laboral y familiar por cuidado de hijos menores de 12 años, el Estatuto de los trabajadores regula estas dos figuras: la adaptación de jornada que regula el art 34.8 del mismo texto legal y la reducción de jornada que regula el art 37.6 y 37.7 del estatuto de los trabajadores.

La adaptación de jornada del art 34.8 del ET permite a los trabajadores solicitar adaptaciones de la duración y distribución de su jornada de trabajo, así como de la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación, incluyendo el teletrabajo. La reducción de jornada del art 37.6 y 37.7 del ET supone una disminución de la jornada laboral con disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

En el presente supuesto, solicita la demandante que se declare su derecho a la adaptación horaria solicitada, de lunes a viernes (de 8a 15 horas) o subsidiariamente en el horario de las segunda y tercera propuesta realizada, y asimismo se declare su derecho a percibir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por importe de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EURO (3.751.-€)

El art 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dicho precepto regula el procedimiento a seguir tras la solicitud del trabajador, así como los elementos a valorar para su concesión.

En cuanto al procedimiento a seguir, el precepto exige que, ante la solicitud de la persona trabajadora, se abra un proceso de negociación entre empresa y trabajador (que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo). Finalizado el proceso de negociación, la empresa puede optar entre comunicar por escrito: la aceptación de la petición, plantear una propuesta alternativa o denegar lo solicitado, motivando las dos últimas opciones. Las discrepancias surgidas se resuelven por el procedimiento previsto en el art 139 de la LRJS ( procedimiento en el que nos encontramos).

El precepto también regula los requisitos exigidos para su concesión. En este sentido exige que las adaptaciones solicitadas sean "razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa"

TERCERO.-Alega la demandada la existencia de carencia sobrevenida de objeto debido a que, antes de la vista, la empresa aceptó una de las opciones planteadas por la actora.

No puede estimarse tal alegación puesto que, aunque hubiese aceptado uno de los horarios propuestos por la demandante, lo cierto es que lo hace condicionado a que la trabajadora se traslade del establecimiento sito en el centro comercial DIRECCION001, al establecimiento sito en la DIRECCION003 de Lugo, condición que no es aceptada por la trabajadora.

Por lo tanto, no puede estimarse la satisfacción extraprocesal ni la carencia sobrevenida de objeto alegada, puesto que la empresa no ha aceptado completamente la opción de la trabajadora.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, de la prueba practicada no se acredita que la empresa demandada, una vez presentada la solicitud de la trabajadora, iniciase un verdadero proceso de negociación de buena fe. Solo nos consta, porque la trabajadora lo reconoce en su demanda, que la empresa ofreció alternativas más perjudiciales de las que y que denegó la petición formulada. Desconocemos si dio argumentos para denegar la petición y cuales fueron estos.

Es más, incluso si valoramos la última propuesta realizada por la empresa después de la interposición de la demanda, observamos que la alternativa propuesta no viene acompañada de una motivación que la justifique, lo que incumple, de nuevo, lo dispuesto en el art 34.8 del ET antes indicado.

La apertura del proceso de negociación referido en el fundamento anterior es sumamente relevante, tal y como se recoge en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 5 de diciembre de 2019 "conviene detenerse en la obligación de negociación impuesta a las partes en ausencia de regulación en la negociación colectiva que busca el consenso entre la persona trabajadora y la dirección de la empresa en orden a la concreción del ejercicio del derecho a la adaptación de jornada. Dado que obviamente esa obligación de negociación se debe regir por la buena fe en orden a la búsqueda de un consenso, ello debería traer consigo las siguientes consecuencias: - Que a la persona trabajadora le sea exigible motivar adecuadamente la solicitud de adaptación aportando si lo considera necesario, o si así se le solicita, las oportunas justificaciones; - Que a la empresa le sea exigible tomarse en serio esa solicitud, motivando (no necesariamente probando aunque la buena fe puede exigir una mínima justificación atendiendo a las circunstancias particulares del supuesto concreto) las razones determinantes de la negativa al ejercicio del derecho; - Que en todo caso ambas partes deben negociar de buena fe para la obtención de un acuerdo donde a la vez se consiga la mejor satisfacción posible de los distintos intereses de las partes contractuales atendiendo a las circunstancias del caso concreto, lo cual, según se desarrolle la negociación, obliga a realizar propuestas y contrapropuestas".

La falta de acreditación de que la empresa hubiese motivado su negativa o las alternativas que le propuso a la trabajadora, revela la falta de un verdadero proceso de negoción, que no pueden suplirse con testificales o informes presentados en la vista, puesto que lo único que reflejan es que no hubo intención alguna de una verdadera negociación que es preceptiva. Hecho que se corrobora con la última propuesta realizada por la empresa después de la interposición de la demanda, en la que la alternativa propuesta no viene acompañada de una motivación que la justifique, lo que incumple, de nuevo, lo dispuesto en el art 34.8 del ET antes indicado

Por todo ello, ante la falta de negociación por parte de la empresa, considero que debe estimarse la petición formulada por la trabajadora.

QUINTO.-Solicita la demandante una indemnización, en concepto de daños morales de 3.750 euros, cantidad que se fija por la demandante teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 1.-Necesidad de acudir a un proceso: la denegación injustificada de derechos de conciliación, que obligan a la actriz a demandar, con la consiguiente demora en el reconocimiento del derecho;2.-Deber de contratar a alguien para ocuparse de la recogida del menor;3.-Aplicación analógica de la LISOS, al ser el reclamado uno de los derechos contemplados en el artículo 34.8 ET , cuyo incumplimiento ( artículo 7.5 LISOS ) está calificado cómo grave. Las sanciones de las faltas graves están recogidas en el artículo 40 de la misma ley de la siguiente manera: en el grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en el grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en el grado máximo de 3.751 a 7.500 euros4.-La claridad del incumplimiento que se debe calificar de la resolución conscientemente ilícita.

De los parámetros invocados por la actora, considero que lo único que se acredita en el presente supuesto es que la trabajadora formuló su solicitud y que la demandada obvió la necesaria negociación de buena fe exigida, sin haberle justificado las razones por las que se le denegaba tal solicitud o porque le ofrecía alternativas y obligando a la demandante acudir a la vía judicial, con los gastos que ello le ocasiona. Partiendo de estos hechos probados considero que resulta necesario fijar una indemnización a favor de la trabajadora. Ahora bien, aunque no se acepta el criterio propuesto para determinar esa indemnización basado en la LISOS, pues la LISOS no tiene una finalidad reparadora sino sancionadora y, a través de la indemnización que se reclama, lo que se pretende es restituir a la actora por el perjuicio causado, lo cierto es que para valorar la cantidad objeto de indemnización considero que debe tenerse en cuenta únicamente los gastos que le pudo ocasionar acudir a la vía judicial, pues desde enero la trabajadora se encuentran en situación de IT, por lo que la no concesión de lo solicitado no le han supuesto nuevos perjuicios . Por ello considero adecuado fijar prudencialmente esa indemnización en 600 euros.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del juicio oral; en concreto y de conformidad con el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se ha tomado en consideración la documental presentada y la testifical practicada.

SEGUNDO.-Dentro de las medidas de conciliación de laboral y familiar por cuidado de hijos menores de 12 años, el Estatuto de los trabajadores regula estas dos figuras: la adaptación de jornada que regula el art 34.8 del mismo texto legal y la reducción de jornada que regula el art 37.6 y 37.7 del estatuto de los trabajadores.

La adaptación de jornada del art 34.8 del ET permite a los trabajadores solicitar adaptaciones de la duración y distribución de su jornada de trabajo, así como de la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación, incluyendo el teletrabajo. La reducción de jornada del art 37.6 y 37.7 del ET supone una disminución de la jornada laboral con disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

En el presente supuesto, solicita la demandante que se declare su derecho a la adaptación horaria solicitada, de lunes a viernes (de 8a 15 horas) o subsidiariamente en el horario de las segunda y tercera propuesta realizada, y asimismo se declare su derecho a percibir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por importe de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EURO (3.751.-€)

El art 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dicho precepto regula el procedimiento a seguir tras la solicitud del trabajador, así como los elementos a valorar para su concesión.

En cuanto al procedimiento a seguir, el precepto exige que, ante la solicitud de la persona trabajadora, se abra un proceso de negociación entre empresa y trabajador (que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo). Finalizado el proceso de negociación, la empresa puede optar entre comunicar por escrito: la aceptación de la petición, plantear una propuesta alternativa o denegar lo solicitado, motivando las dos últimas opciones. Las discrepancias surgidas se resuelven por el procedimiento previsto en el art 139 de la LRJS ( procedimiento en el que nos encontramos).

El precepto también regula los requisitos exigidos para su concesión. En este sentido exige que las adaptaciones solicitadas sean "razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa"

TERCERO.-Alega la demandada la existencia de carencia sobrevenida de objeto debido a que, antes de la vista, la empresa aceptó una de las opciones planteadas por la actora.

No puede estimarse tal alegación puesto que, aunque hubiese aceptado uno de los horarios propuestos por la demandante, lo cierto es que lo hace condicionado a que la trabajadora se traslade del establecimiento sito en el centro comercial DIRECCION001, al establecimiento sito en la DIRECCION003 de Lugo, condición que no es aceptada por la trabajadora.

Por lo tanto, no puede estimarse la satisfacción extraprocesal ni la carencia sobrevenida de objeto alegada, puesto que la empresa no ha aceptado completamente la opción de la trabajadora.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, de la prueba practicada no se acredita que la empresa demandada, una vez presentada la solicitud de la trabajadora, iniciase un verdadero proceso de negociación de buena fe. Solo nos consta, porque la trabajadora lo reconoce en su demanda, que la empresa ofreció alternativas más perjudiciales de las que y que denegó la petición formulada. Desconocemos si dio argumentos para denegar la petición y cuales fueron estos.

Es más, incluso si valoramos la última propuesta realizada por la empresa después de la interposición de la demanda, observamos que la alternativa propuesta no viene acompañada de una motivación que la justifique, lo que incumple, de nuevo, lo dispuesto en el art 34.8 del ET antes indicado.

La apertura del proceso de negociación referido en el fundamento anterior es sumamente relevante, tal y como se recoge en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 5 de diciembre de 2019 "conviene detenerse en la obligación de negociación impuesta a las partes en ausencia de regulación en la negociación colectiva que busca el consenso entre la persona trabajadora y la dirección de la empresa en orden a la concreción del ejercicio del derecho a la adaptación de jornada. Dado que obviamente esa obligación de negociación se debe regir por la buena fe en orden a la búsqueda de un consenso, ello debería traer consigo las siguientes consecuencias: - Que a la persona trabajadora le sea exigible motivar adecuadamente la solicitud de adaptación aportando si lo considera necesario, o si así se le solicita, las oportunas justificaciones; - Que a la empresa le sea exigible tomarse en serio esa solicitud, motivando (no necesariamente probando aunque la buena fe puede exigir una mínima justificación atendiendo a las circunstancias particulares del supuesto concreto) las razones determinantes de la negativa al ejercicio del derecho; - Que en todo caso ambas partes deben negociar de buena fe para la obtención de un acuerdo donde a la vez se consiga la mejor satisfacción posible de los distintos intereses de las partes contractuales atendiendo a las circunstancias del caso concreto, lo cual, según se desarrolle la negociación, obliga a realizar propuestas y contrapropuestas".

La falta de acreditación de que la empresa hubiese motivado su negativa o las alternativas que le propuso a la trabajadora, revela la falta de un verdadero proceso de negoción, que no pueden suplirse con testificales o informes presentados en la vista, puesto que lo único que reflejan es que no hubo intención alguna de una verdadera negociación que es preceptiva. Hecho que se corrobora con la última propuesta realizada por la empresa después de la interposición de la demanda, en la que la alternativa propuesta no viene acompañada de una motivación que la justifique, lo que incumple, de nuevo, lo dispuesto en el art 34.8 del ET antes indicado

Por todo ello, ante la falta de negociación por parte de la empresa, considero que debe estimarse la petición formulada por la trabajadora.

QUINTO.-Solicita la demandante una indemnización, en concepto de daños morales de 3.750 euros, cantidad que se fija por la demandante teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 1.-Necesidad de acudir a un proceso: la denegación injustificada de derechos de conciliación, que obligan a la actriz a demandar, con la consiguiente demora en el reconocimiento del derecho;2.-Deber de contratar a alguien para ocuparse de la recogida del menor;3.-Aplicación analógica de la LISOS, al ser el reclamado uno de los derechos contemplados en el artículo 34.8 ET , cuyo incumplimiento ( artículo 7.5 LISOS ) está calificado cómo grave. Las sanciones de las faltas graves están recogidas en el artículo 40 de la misma ley de la siguiente manera: en el grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en el grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en el grado máximo de 3.751 a 7.500 euros4.-La claridad del incumplimiento que se debe calificar de la resolución conscientemente ilícita.

De los parámetros invocados por la actora, considero que lo único que se acredita en el presente supuesto es que la trabajadora formuló su solicitud y que la demandada obvió la necesaria negociación de buena fe exigida, sin haberle justificado las razones por las que se le denegaba tal solicitud o porque le ofrecía alternativas y obligando a la demandante acudir a la vía judicial, con los gastos que ello le ocasiona. Partiendo de estos hechos probados considero que resulta necesario fijar una indemnización a favor de la trabajadora. Ahora bien, aunque no se acepta el criterio propuesto para determinar esa indemnización basado en la LISOS, pues la LISOS no tiene una finalidad reparadora sino sancionadora y, a través de la indemnización que se reclama, lo que se pretende es restituir a la actora por el perjuicio causado, lo cierto es que para valorar la cantidad objeto de indemnización considero que debe tenerse en cuenta únicamente los gastos que le pudo ocasionar acudir a la vía judicial, pues desde enero la trabajadora se encuentran en situación de IT, por lo que la no concesión de lo solicitado no le han supuesto nuevos perjuicios . Por ello considero adecuado fijar prudencialmente esa indemnización en 600 euros.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del juicio oral; en concreto y de conformidad con el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se ha tomado en consideración la documental presentada y la testifical practicada.

SEGUNDO.-Dentro de las medidas de conciliación de laboral y familiar por cuidado de hijos menores de 12 años, el Estatuto de los trabajadores regula estas dos figuras: la adaptación de jornada que regula el art 34.8 del mismo texto legal y la reducción de jornada que regula el art 37.6 y 37.7 del estatuto de los trabajadores.

La adaptación de jornada del art 34.8 del ET permite a los trabajadores solicitar adaptaciones de la duración y distribución de su jornada de trabajo, así como de la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación, incluyendo el teletrabajo. La reducción de jornada del art 37.6 y 37.7 del ET supone una disminución de la jornada laboral con disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

En el presente supuesto, solicita la demandante que se declare su derecho a la adaptación horaria solicitada, de lunes a viernes (de 8a 15 horas) o subsidiariamente en el horario de las segunda y tercera propuesta realizada, y asimismo se declare su derecho a percibir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por importe de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EURO (3.751.-€)

El art 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dicho precepto regula el procedimiento a seguir tras la solicitud del trabajador, así como los elementos a valorar para su concesión.

En cuanto al procedimiento a seguir, el precepto exige que, ante la solicitud de la persona trabajadora, se abra un proceso de negociación entre empresa y trabajador (que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo). Finalizado el proceso de negociación, la empresa puede optar entre comunicar por escrito: la aceptación de la petición, plantear una propuesta alternativa o denegar lo solicitado, motivando las dos últimas opciones. Las discrepancias surgidas se resuelven por el procedimiento previsto en el art 139 de la LRJS ( procedimiento en el que nos encontramos).

El precepto también regula los requisitos exigidos para su concesión. En este sentido exige que las adaptaciones solicitadas sean "razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa"

TERCERO.-Alega la demandada la existencia de carencia sobrevenida de objeto debido a que, antes de la vista, la empresa aceptó una de las opciones planteadas por la actora.

No puede estimarse tal alegación puesto que, aunque hubiese aceptado uno de los horarios propuestos por la demandante, lo cierto es que lo hace condicionado a que la trabajadora se traslade del establecimiento sito en el centro comercial DIRECCION001, al establecimiento sito en la DIRECCION003 de Lugo, condición que no es aceptada por la trabajadora.

Por lo tanto, no puede estimarse la satisfacción extraprocesal ni la carencia sobrevenida de objeto alegada, puesto que la empresa no ha aceptado completamente la opción de la trabajadora.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, de la prueba practicada no se acredita que la empresa demandada, una vez presentada la solicitud de la trabajadora, iniciase un verdadero proceso de negociación de buena fe. Solo nos consta, porque la trabajadora lo reconoce en su demanda, que la empresa ofreció alternativas más perjudiciales de las que y que denegó la petición formulada. Desconocemos si dio argumentos para denegar la petición y cuales fueron estos.

Es más, incluso si valoramos la última propuesta realizada por la empresa después de la interposición de la demanda, observamos que la alternativa propuesta no viene acompañada de una motivación que la justifique, lo que incumple, de nuevo, lo dispuesto en el art 34.8 del ET antes indicado.

La apertura del proceso de negociación referido en el fundamento anterior es sumamente relevante, tal y como se recoge en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 5 de diciembre de 2019 "conviene detenerse en la obligación de negociación impuesta a las partes en ausencia de regulación en la negociación colectiva que busca el consenso entre la persona trabajadora y la dirección de la empresa en orden a la concreción del ejercicio del derecho a la adaptación de jornada. Dado que obviamente esa obligación de negociación se debe regir por la buena fe en orden a la búsqueda de un consenso, ello debería traer consigo las siguientes consecuencias: - Que a la persona trabajadora le sea exigible motivar adecuadamente la solicitud de adaptación aportando si lo considera necesario, o si así se le solicita, las oportunas justificaciones; - Que a la empresa le sea exigible tomarse en serio esa solicitud, motivando (no necesariamente probando aunque la buena fe puede exigir una mínima justificación atendiendo a las circunstancias particulares del supuesto concreto) las razones determinantes de la negativa al ejercicio del derecho; - Que en todo caso ambas partes deben negociar de buena fe para la obtención de un acuerdo donde a la vez se consiga la mejor satisfacción posible de los distintos intereses de las partes contractuales atendiendo a las circunstancias del caso concreto, lo cual, según se desarrolle la negociación, obliga a realizar propuestas y contrapropuestas".

La falta de acreditación de que la empresa hubiese motivado su negativa o las alternativas que le propuso a la trabajadora, revela la falta de un verdadero proceso de negoción, que no pueden suplirse con testificales o informes presentados en la vista, puesto que lo único que reflejan es que no hubo intención alguna de una verdadera negociación que es preceptiva. Hecho que se corrobora con la última propuesta realizada por la empresa después de la interposición de la demanda, en la que la alternativa propuesta no viene acompañada de una motivación que la justifique, lo que incumple, de nuevo, lo dispuesto en el art 34.8 del ET antes indicado

Por todo ello, ante la falta de negociación por parte de la empresa, considero que debe estimarse la petición formulada por la trabajadora.

QUINTO.-Solicita la demandante una indemnización, en concepto de daños morales de 3.750 euros, cantidad que se fija por la demandante teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 1.-Necesidad de acudir a un proceso: la denegación injustificada de derechos de conciliación, que obligan a la actriz a demandar, con la consiguiente demora en el reconocimiento del derecho;2.-Deber de contratar a alguien para ocuparse de la recogida del menor;3.-Aplicación analógica de la LISOS, al ser el reclamado uno de los derechos contemplados en el artículo 34.8 ET , cuyo incumplimiento ( artículo 7.5 LISOS ) está calificado cómo grave. Las sanciones de las faltas graves están recogidas en el artículo 40 de la misma ley de la siguiente manera: en el grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en el grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en el grado máximo de 3.751 a 7.500 euros4.-La claridad del incumplimiento que se debe calificar de la resolución conscientemente ilícita.

De los parámetros invocados por la actora, considero que lo único que se acredita en el presente supuesto es que la trabajadora formuló su solicitud y que la demandada obvió la necesaria negociación de buena fe exigida, sin haberle justificado las razones por las que se le denegaba tal solicitud o porque le ofrecía alternativas y obligando a la demandante acudir a la vía judicial, con los gastos que ello le ocasiona. Partiendo de estos hechos probados considero que resulta necesario fijar una indemnización a favor de la trabajadora. Ahora bien, aunque no se acepta el criterio propuesto para determinar esa indemnización basado en la LISOS, pues la LISOS no tiene una finalidad reparadora sino sancionadora y, a través de la indemnización que se reclama, lo que se pretende es restituir a la actora por el perjuicio causado, lo cierto es que para valorar la cantidad objeto de indemnización considero que debe tenerse en cuenta únicamente los gastos que le pudo ocasionar acudir a la vía judicial, pues desde enero la trabajadora se encuentran en situación de IT, por lo que la no concesión de lo solicitado no le han supuesto nuevos perjuicios . Por ello considero adecuado fijar prudencialmente esa indemnización en 600 euros.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.

PRIMERO.-Los hechos declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del juicio oral; en concreto y de conformidad con el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se ha tomado en consideración la documental presentada y la testifical practicada.

SEGUNDO.-Dentro de las medidas de conciliación de laboral y familiar por cuidado de hijos menores de 12 años, el Estatuto de los trabajadores regula estas dos figuras: la adaptación de jornada que regula el art 34.8 del mismo texto legal y la reducción de jornada que regula el art 37.6 y 37.7 del estatuto de los trabajadores.

La adaptación de jornada del art 34.8 del ET permite a los trabajadores solicitar adaptaciones de la duración y distribución de su jornada de trabajo, así como de la ordenación del tiempo de trabajo y la forma de prestación, incluyendo el teletrabajo. La reducción de jornada del art 37.6 y 37.7 del ET supone una disminución de la jornada laboral con disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella.

En el presente supuesto, solicita la demandante que se declare su derecho a la adaptación horaria solicitada, de lunes a viernes (de 8a 15 horas) o subsidiariamente en el horario de las segunda y tercera propuesta realizada, y asimismo se declare su derecho a percibir una indemnización por los daños y perjuicios sufridos por importe de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN EURO (3.751.-€)

El art 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dicho precepto regula el procedimiento a seguir tras la solicitud del trabajador, así como los elementos a valorar para su concesión.

En cuanto al procedimiento a seguir, el precepto exige que, ante la solicitud de la persona trabajadora, se abra un proceso de negociación entre empresa y trabajador (que tendrá que desarrollarse con la máxima celeridad y, en todo caso, durante un periodo máximo de quince días, presumiéndose su concesión si no concurre oposición motivada expresa en este plazo). Finalizado el proceso de negociación, la empresa puede optar entre comunicar por escrito: la aceptación de la petición, plantear una propuesta alternativa o denegar lo solicitado, motivando las dos últimas opciones. Las discrepancias surgidas se resuelven por el procedimiento previsto en el art 139 de la LRJS ( procedimiento en el que nos encontramos).

El precepto también regula los requisitos exigidos para su concesión. En este sentido exige que las adaptaciones solicitadas sean "razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa"

TERCERO.-Alega la demandada la existencia de carencia sobrevenida de objeto debido a que, antes de la vista, la empresa aceptó una de las opciones planteadas por la actora.

No puede estimarse tal alegación puesto que, aunque hubiese aceptado uno de los horarios propuestos por la demandante, lo cierto es que lo hace condicionado a que la trabajadora se traslade del establecimiento sito en el centro comercial DIRECCION001, al establecimiento sito en la DIRECCION003 de Lugo, condición que no es aceptada por la trabajadora.

Por lo tanto, no puede estimarse la satisfacción extraprocesal ni la carencia sobrevenida de objeto alegada, puesto que la empresa no ha aceptado completamente la opción de la trabajadora.

CUARTO.-En cuanto al fondo del asunto, de la prueba practicada no se acredita que la empresa demandada, una vez presentada la solicitud de la trabajadora, iniciase un verdadero proceso de negociación de buena fe. Solo nos consta, porque la trabajadora lo reconoce en su demanda, que la empresa ofreció alternativas más perjudiciales de las que y que denegó la petición formulada. Desconocemos si dio argumentos para denegar la petición y cuales fueron estos.

Es más, incluso si valoramos la última propuesta realizada por la empresa después de la interposición de la demanda, observamos que la alternativa propuesta no viene acompañada de una motivación que la justifique, lo que incumple, de nuevo, lo dispuesto en el art 34.8 del ET antes indicado.

La apertura del proceso de negociación referido en el fundamento anterior es sumamente relevante, tal y como se recoge en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 5 de diciembre de 2019 "conviene detenerse en la obligación de negociación impuesta a las partes en ausencia de regulación en la negociación colectiva que busca el consenso entre la persona trabajadora y la dirección de la empresa en orden a la concreción del ejercicio del derecho a la adaptación de jornada. Dado que obviamente esa obligación de negociación se debe regir por la buena fe en orden a la búsqueda de un consenso, ello debería traer consigo las siguientes consecuencias: - Que a la persona trabajadora le sea exigible motivar adecuadamente la solicitud de adaptación aportando si lo considera necesario, o si así se le solicita, las oportunas justificaciones; - Que a la empresa le sea exigible tomarse en serio esa solicitud, motivando (no necesariamente probando aunque la buena fe puede exigir una mínima justificación atendiendo a las circunstancias particulares del supuesto concreto) las razones determinantes de la negativa al ejercicio del derecho; - Que en todo caso ambas partes deben negociar de buena fe para la obtención de un acuerdo donde a la vez se consiga la mejor satisfacción posible de los distintos intereses de las partes contractuales atendiendo a las circunstancias del caso concreto, lo cual, según se desarrolle la negociación, obliga a realizar propuestas y contrapropuestas".

La falta de acreditación de que la empresa hubiese motivado su negativa o las alternativas que le propuso a la trabajadora, revela la falta de un verdadero proceso de negoción, que no pueden suplirse con testificales o informes presentados en la vista, puesto que lo único que reflejan es que no hubo intención alguna de una verdadera negociación que es preceptiva. Hecho que se corrobora con la última propuesta realizada por la empresa después de la interposición de la demanda, en la que la alternativa propuesta no viene acompañada de una motivación que la justifique, lo que incumple, de nuevo, lo dispuesto en el art 34.8 del ET antes indicado

Por todo ello, ante la falta de negociación por parte de la empresa, considero que debe estimarse la petición formulada por la trabajadora.

QUINTO.-Solicita la demandante una indemnización, en concepto de daños morales de 3.750 euros, cantidad que se fija por la demandante teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 1.-Necesidad de acudir a un proceso: la denegación injustificada de derechos de conciliación, que obligan a la actriz a demandar, con la consiguiente demora en el reconocimiento del derecho;2.-Deber de contratar a alguien para ocuparse de la recogida del menor;3.-Aplicación analógica de la LISOS, al ser el reclamado uno de los derechos contemplados en el artículo 34.8 ET , cuyo incumplimiento ( artículo 7.5 LISOS ) está calificado cómo grave. Las sanciones de las faltas graves están recogidas en el artículo 40 de la misma ley de la siguiente manera: en el grado mínimo, de 751 a 1.500 euros, en el grado medio de 1.501 a 3.750 euros; y en el grado máximo de 3.751 a 7.500 euros4.-La claridad del incumplimiento que se debe calificar de la resolución conscientemente ilícita.

De los parámetros invocados por la actora, considero que lo único que se acredita en el presente supuesto es que la trabajadora formuló su solicitud y que la demandada obvió la necesaria negociación de buena fe exigida, sin haberle justificado las razones por las que se le denegaba tal solicitud o porque le ofrecía alternativas y obligando a la demandante acudir a la vía judicial, con los gastos que ello le ocasiona. Partiendo de estos hechos probados considero que resulta necesario fijar una indemnización a favor de la trabajadora. Ahora bien, aunque no se acepta el criterio propuesto para determinar esa indemnización basado en la LISOS, pues la LISOS no tiene una finalidad reparadora sino sancionadora y, a través de la indemnización que se reclama, lo que se pretende es restituir a la actora por el perjuicio causado, lo cierto es que para valorar la cantidad objeto de indemnización considero que debe tenerse en cuenta únicamente los gastos que le pudo ocasionar acudir a la vía judicial, pues desde enero la trabajadora se encuentran en situación de IT, por lo que la no concesión de lo solicitado no le han supuesto nuevos perjuicios . Por ello considero adecuado fijar prudencialmente esa indemnización en 600 euros.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación.