Sentencia Social 274/2024 Juzgado de lo Social de Palma nº 4, Rec. 723/2023 de 23 de octubre del 2024

PRIMERO.-Los hechos declarados probados resultan acreditados por la valoración conjunta de la prueba practicada de conformidad con lo dispuesto en el art. 97.2 LRJS. En puridad, no nos encontraríamos ante hechos controvertidos por cuanto los mismos resultan directamente y sin interpretación de la documentación que se contiene en el expediente administrativo aportado por la demandada y de los documentos que se presentaron por la parte actora en el mismo. Ello, no obstante, subyace una evidente discrepancia jurídica que atañe a la misma legalidad de la tramitación del expediente y a los motivos o razones de fondo que en él se invocan para sancionar a la demandante.

SEGUNDO.-interesa la demandante con carácter principal, que se anule íntegramente la resolución impugnada así como el acta de infracción de la que trae origen, por infracción del trámite de audiencia, y consiguientemente, del procedimiento reglamentariamente establecido; con carácter subsidiario, se revoque íntegramente la resolución impugnada, así como el acta de infracción de la que trae origen, por ausencia de los incumplimientos normativos imputados, y; con carácter más subsidiario, se revoque parcialmente la resolución impugnada, así como el acta de infracción de la que trae origen, por incorrecta tipificación de la sanción impuesta. Pone de manifiesto la concurrencia de causa de nulidad por haberse prescindido del procedimiento legalmente establecido al no haberse dado traslado a la empresa del informe elaborado por la Inspección de Trabajo (a consecuencia de las alegaciones evacuadas por la mercantil frente al acta de inspección), vulnerándose por ello lo dispuesto en el art. 18.3 y 4 del Real decreto 928/1998 y concordantes y privándose a la demandante de la posibilidad de formular nuevas alegaciones (indefensión). Sostiene además que también se le privó también de la oportunidad de interponer recurso de alzada frente a la resolución sancionadora. Ya en cuanto al fondo, defiende que el banco sí tenía implantado el registro de jornada, por más que la trabajadora no lo cumplimentara y apunta que la resolución se basa en conjeturas y elucubraciones, con vulneración del derecho a la presunción de inocencia de la sancionada. Niega cualquier incumplimiento de la empresa en materia de vacaciones y, subsidiariamente, considera que la infracción estaría incorrectamente tipificada.

La Administración demandada se opone a las pretensiones de la empresa con base en la presunción de certeza de las actas de inspección. Niega que se haya infringido lo dispuesto en el art. 18.4 del Real decreto 928/1998 en la medida que no era necesario darle traslado a la empresa al no desprenderse de las diligencias practicadas que se invocaran hechos nuevos ni indefensión. Insiste en que sí se le puede imputar a la demandante un incumplimiento en materia de registro de jornada no habiendo tampoco acreditado el disfrute de las vacaciones por la trabajadora, estando correctamente tipificados los hechos y siendo adecuadas las sanciones impuestas.

TERCERO.-La demanda debe prosperar compartiéndose los argumentos expuestos por la empresa demandante.

Debe recordarse que el art. 23 LITSS dispone que "Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables. (...)".En un mismo sentido podemos hacer mención al art. 53 LISOS y al art. 151.8 LRJS.

Véase que la presunción de veracidad atribuida a las actas de inspección encuentra su razón de ser en la imparcialidad y especialización, que, en principio, debe reconocerse al inspector actuante; presunción de certeza perfectamente compatible con el derecho fundamental a la presunción de inocencia, ya que la legislación se limita a atribuir a tales actas el carácter de prueba de cargo, dejando abierta la posibilidad de practicar prueba en contrario. En consonancia con esto, reiterada jurisprudencia del Tribunal Supremo ha limitado el valor atribuible a las actas de la inspección, limitando la presunción de certeza a solo los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquellos o acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña n.º 599/2004, de 2 de julio, ECLI:ES:TSJCAT:2004:8305 y la Sentencia del Tribunal Supremo, rec.2893/2008, de 17 de noviembre de 2009, ECLI:ES:TS:2009:17104A). La citada presunción de veracidad de las actas de inspección puede ser, según los Tribunales, destruida mediante prueba en contrario, véase Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, rec.1436/1999, 2 de noviembre, ECLI:ES:TSJPV:1999:4257. No obstante, la presunción iuris tantumde veracidad no se refiere sólo a las actas de infracción o de liquidación, sino que comprende también los informes o requerimientos en cuanto se trate de hechos que respondan a una comprobación directa efectuada por la Inspección de Trabajo. ( Sentencia del Tribunal Supremo, rec.76/2011, de 22 de mayo de 2012, ECLI:ES:TS:2012:4457).

En nuestro caso, antes de valorar la realidad de los incumplimientos imputados a la empresa en el acta y luego en la resolución impugnada, hemos de estar a la propia tramitación del expediente.

La clave del pleito reside en el juego de los arts. 17 y 18 de Real decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social:

"Artículo 17. Notificación de las actas de infracción, alegaciones y conformidad del sujeto responsable.

1. Las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto o sujetos responsables en el plazo de diez días hábiles contados a partir del término de la actuación inspectora, entendiéndose por ésta la de la fecha del acta, advirtiéndoles que podrán formular escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a su notificación, acompañado de la prueba que estimen pertinente, ante el órgano instructor del expediente y que, en caso de no efectuar alegaciones, el acta de infracción podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 18 bis.

En aquellos supuestos en los que la sanción propuesta tenga carácter exclusivamente pecuniario y no se proponga sanción accesoria, se advertirá al sujeto responsable de que, en el mismo plazo de quince días, podrá presentar ante el órgano instructor escrito manifestando su voluntad de pago de la sanción propuesta en el acta con carácter previo a la resolución que ponga fin al procedimiento y su renuncia al ejercicio de cualquier acción, alegación o recurso en vía administrativa.

En los casos en los que concurran distintos sujetos responsables respecto de una misma infracción, cuando alguno de ellos hubiese manifestado su voluntad de pago con carácter previo a la resolución y alguno de los otros hubiese presentado alegaciones, se comunicará a aquel que no cabe la aplicación de la reducción prevista en el artículo 14, concediéndole un plazo adicional de quince días para presentar alegaciones, y se continuará el procedimiento de forma ordinaria.

No obstante, si alguno de los sujetos responsables mostrase su voluntad de acogerse a la reducción de la sanción prevista en el artículo 14 y hubiese otros responsables que no efectuasen alegaciones ni solicitasen la reducción de la sanción, se remitirá a todos ellos el documento de pago con la reducción correspondiente y se continuará el procedimiento en la forma prevista en los artículos 18 y 18 bis.

2. Cuando el acta de infracción afecte a solicitantes y beneficiarios de prestaciones, se comunicará, de forma simultánea, al órgano o entidad gestora correspondiente, a efectos de la adopción de la suspensión cautelar prevista en la normativa aplicable.

3. Las actas de infracción y las de liquidación por los mismos hechos se notificarán al presunto sujeto o sujetos responsables simultáneamente, pudiendo ser objeto de alegaciones conforme al procedimiento establecido para las actas de liquidación, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 de este Reglamento.

4. El sujeto o sujetos responsables que formulen alegaciones frente al acta, tendrán derecho a vista de los documentos obrantes en el expediente, sin más excepciones que las necesarias para asegurar la confidencialidad del origen de cualquier queja, de conformidad con el artículo 15.c del Convenio número 81 de la Organización Internacional del Trabajo y el artículo 12.1 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre .

Artículo 18. Tramitación e instrucción del expediente sancionador en el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas.

1. La determinación de los órganos competentes para realizar los actos de instrucción y ordenación de la tramitación de los expedientes sancionadores competencia de las Comunidades Autónomas corresponderá a éstas. El órgano instructor del expediente deberá remitir la propuesta de resolución, junto con el expediente administrativo sancionador, al órgano competente para resolver con una antelación mínima de quince días al del vencimiento del plazo para dictar resolución, establecido en el artículo 20.3 de este Reglamento.

2. Si no se formalizase escrito de alegaciones, continuará la tramitación del procedimiento hasta dictar la propuesta de resolución que corresponda.

3. Si se formulasen alegaciones en plazo contra el acta de infracción, el órgano instructor podrá recabar informe ampliatorio, que se emitirá en quince días, del Inspector o Subinspector que practicó el acta. El citado informe será preceptivo si en las alegaciones se invocan hechos o circunstancias distintos a los consignados en el acta insuficiencia del relato fáctico de la misma, o indefensión por cualquier causa.

Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo señalado para efectuar las mismas, el instructor podrá acordar la apertura del período de prueba, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto .

Dicho informe valorará expresamente las pruebas aportadas o que se hubiesen practicado, y las alegaciones producidas. Si el expediente derivara de acta visada por Inspector, el informe del Subinspector que la practicó será objeto de conformidad por el Inspector que visó el acta originadora de actuaciones, en los términos que establece el artículo 12, apartados 2 y 3, de este Reglamento.

4. Cuando de las diligencias practicadas se desprenda la invocación o concurrencia de hechos distintos a los reseñados en el acta, el órgano instructor, antes de emitir su propuesta de resolución, dará audiencia al supuesto responsable por término de ocho días con vista de lo actuado. Realizado el trámite de audiencia, el sujeto responsable podrá formular nuevas alegaciones por término de otros tres días, a cuyo término quedará visto para la propuesta de resolución.

5. Cuando el sujeto responsable hubiese manifestado su voluntad de proceder al pago de la sanción con carácter previo a la resolución, se le facilitarán los documentos o instrucciones precisas para el pago de la sanción, en el plazo fijado al efecto y en la cuantía correspondiente, una vez aplicado el porcentaje de reducción del 40 por ciento.

Dicho pago deberá realizarse y acreditarse ante el órgano instructor en un plazo máximo de diez días hábiles desde el siguiente a la notificación de la documentación precisa para realizarlo.

Transcurrido dicho plazo, una vez comprobada la realización o no del pago de la sanción, el órgano competente para la instrucción del procedimiento dictará su propuesta de resolución, que indicará, bien la realización del pago y la fecha de cobro, o bien la falta de pago."

Como es de ver en el expediente administrativo, en fecha 17/03/2023 (y posteriormente el 21/04/2023, previo requerimiento de subsanación) la empresa formuló alegaciones al acta de infracción, acompañándose el escrito de determinada documentación, con entrada en la conselleria el 24/04/2023.

En el escrito de alegaciones, que figura como doc. 5 del expediente administrativo, el Letrado de la empresa indicó (ente otras circunstancias) que procedía a acompañar documentación "que en ningún momento fue solicitada por la inspectora actuante",que ya había aportado a la inspectora (entre otros) "Registro diario de la jornada, indicando que la trabajadora no los había cumplimentado adecuadamente",apuntando también que "Por ello, esta parte no puede ejercer con plenitud y garantías su derecho de defensa, en tanto en cuanto que la sanción se fundamenta en un precepto que no guarda ningún tipo de relación con las obligaciones de la Entidad en materia de vacaciones".

En fecha 24/04/2023, la instructora del expediente recabó a la ITSS informe sobre las alegaciones efectuadas por la empresa "en el termini màxim de 15 dies segons estableix l' article 18.3 del Reial decreto 928/1998 , de 14 de maig (...)".El informe (a cuyo contenido de hace total remisión), no se evacuó hasta el 21/06/2023, siendo recibido por la conselleria el 22/06/2023.

Tras ello, en fecha 25/07/2023, la instructora del expediente emitió propuesta de resolución sancionadora y (sorprendentemente) el día anterior, el 24/07/2023, recayó la resolución impugnada.

El iterque se acaba de exponer pone de manifiesto el vicio de nulidad invocado por la empresa en tanto en cuanto el informe ampliatorio al que hace referencia el 18.3 del Real decreto era preceptivo en el caso presente al haberse invocado por la empresa en sus alegaciones hechos o circunstancias distintos a las consignadas en el acta. En concreto la empresa se refirió a documentación "que en ningún momento fue solicitada por la inspectora actuante",a que ya había aportado a la inspectora (entre otros) "Registro diario de la jornada, indicando que la trabajadora no los había cumplimentado adecuadamente",y, lo que es más relevante, habiendo hecho expresa mención en el escrito a la indicada indefensión en los siguientes términos "Por ello, esta parte no puede ejercer con plenitud y garantías su derecho de defensa (...)",tal y como es de ver en la página 8/9.

Dato inequívoco del carácter preceptivo del informe ampliatorio es que, como se ha apuntado, pese a que fue en fecha 24/04/2023 cuando la instructora del expediente recabó a la Inspección de Trabajo el informe sobre las alegaciones efectuadas por la empresa "en el termini màxim de 15 dies segons estableix l' article 18.3 del Reial decreto 928/1998 , de 14 de maig (...)", no fue hasta el 21/06/2023 cuando se evacuó el anterior, siendo evidente que la instructora optó por esperar a su emisión, dada la entidad y particularidades de las alegaciones vertidas por la empresa frente al acta.

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas reconoce en su art. 53 como uno de los derechos esenciales básicos de los ciudadanos el conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados; el sentido del silencio administrativo que corresponda, en caso de que la Administración no dicte ni notifique resolución expresa en plazo; el órgano competente para su instrucción, en su caso, y resolución; y los actos de trámite dictados. Se indica que "Asimismo, también tendrán derecho a acceder y a obtener copia de los documentos contenidos en los citados procedimientos",y en relación con ello, a "utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico(...)". El art. 76 reitera el derecho del interesado a aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio con anterioridad al trámite de audiencia, que serán tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución, mientras que, el art. 82 dispone que instruido el procedimiento e inmediatamente antes de redactar la propuesta de resolución, se pondrá de manifiesto a los interesados, al efecto de evacuar trámite de alegaciones y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes.

En el caso presente, habiéndose cercenado las posibilidades de alegación, defensa y prueba de la empresa, la Administración ha incurrido en una infracción esencial del procedimiento, que perjudicó a la demandante en tanto que fue finalmente sancionada, siendo la consecuencia de ello la declaración de nulidad de pleno derecho de la resolución impugnada por aplicación de los dispuesto en el art. 47 de la indicada ley al haberse lesionados un derecho con amparo constitucional y prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, sin necesidad de valorar la realidad de los incumplimientos consignados en el expediente.

TERCERO.-De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g) LRJS contra la presente sentencia no cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,