Sentencia Social 250/2025 Juzgado de lo Social de Murcia nº 4, Rec. 569/2025 de 26 de septiembre del 2025

PRIMERO:De conformidad con lo establecido en el art. 97.2 de la LRJS, los hechos que se declaran probados resultan de las pruebas practicadas, documental aportada con el escrito de demanda, e interrogatorio de la empresa demandada, a la que se tiene por confesa dada su incomparecencia injustificada al acto del juicio, pese a estar citada en legal forma a tal efecto .

SEGUNDO:La actora deduce demanda en reclamación de despido, y solicita la nulidad del despido por vulneración de derechos con las consecuencias legales pertinentes, más el abono de una indemnización por importe de 23000 € por los daños sufridos.

La empresa demandada nada opone al no comparecer .

El Ministerio Fiscal emite informe en el que interesa la estimación de la demanda y declaración de nulidad del despido por haberse vulnerado los derechos fundamentales invocados en demanda sin perjuicio de ser moderada la indemnización solicitada .

TERCERO:En cuanto a la calificación jurídica del despido, la parte actora solicita, la nulidad del despido.

El art. 108.2 de la LRJS dispone que procede declarar el despido nulo cuando tenga como móvil alguna de las causas de discriminación previstas en la Constitución y en la Ley, o se produzca con violación de derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador, lo que se recoge igualmente en el artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores, de forma que si se acreditara que el móvil del despido obedece a alguna de las causas a que se refiere el art. 108.2 de la LRJS "el Juez se pronunciará sobre ella, con independencia de cuál haya sido la forma del mismo"( art. 108.3 de la LRJS) . Debiendo tenerse en cuenta al respecto que cuando existe algún indicio de que se ha producido vulneración de derechos fundamentales del trabajador ello conlleva la inversión de la carga de la prueba, según tiene establecido una reiterada doctrina constitucional ( SS del Tribunal Constitucional 38/1981, 114/1989 y 21/1992, entre otras).

La parte demandada no ha comparecido , si bien, la actora no aporta a la causa indicio alguno de vulneración de los derechos fundamentales en los que basa la petición de despido nulo , arts. 24.1 y 14 de la CE. El indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración; no basta la alegación de existencia de vulneración, debiendo probarse, al menos indiciariamente, la existencia de causa, una vez acreditados los indicios, la empresa habrá de demostrar que el cese obedece a motivos razonables, extraños a cualquier propósito contrario al derecho constitucionalmente protegido.

En el caso que nos ocupa el demandante aporta el contrato de trabajo y la conversación por WhatsApp donde tan sólo refiere el demandante la posibilidad de una baja médica y diferentes hechos relativos a la contratación , lo que no constituye indicio de la vulneración alegada.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, en relación con los despidos que se producen por la situación de enfermedad de los trabajadores, tanto a la luz del artículo 14 CE (discriminación) como el artículo 15 (derecho a la integridad física), cuando el móvil del despido no haya sido otro que la inevitable repercusión negativa en el rendimiento laboral de las enfermedades o bajas médicas del trabajador, determina la improcedencia o lesión de derechos fundamentales. Y, por otro lado, el derecho a la salud, en cuanto principio rector de la política social y económica no está comprendido en la categoría de los derechos fundamentales y libertades públicas (Sección Primera Capítulo II Título Primero de la CE) , a la que se refieren los preceptos legales del ET que sancionan la nulidad del despido-

De la prueba practicada resulta que el hecho inmediato que contribuyó al despido de la actora, fue la posible situación de baja médica, lo que desde luego no es causa lícita para proceder al despido, no obstante no constituye causa de nulidad de despido, pues lo cierto es que, en estos casos, el despido ha de ser declarado como improcedente y no nulo de conformidad con el art. 55.5 del ET, por cuanto la parte actora no acredita factor discriminatorio alguno dado que el despido de la demandante no tiene causa en ningún supuesto de discapacidad ni segregación, y tampoco existen elementos para apreciar siquiera indiciariamente, que el despido acordado constituye una medida de represalia.

En consecuencia, el despido se ha de declarar improcedente en aplicación del art. 55.4 ET que dispone: "Será improcedente en caso contrario o cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1", esto es,: "1. El despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos",y ello con las consecuencias previstas en el art. 56 ET y por tanto no cabe indemnización alguna por daño moral .

CUARTO:Se alega por la parte actora que el contrato fue celebrado en fraude de ley y que por aplicación del art. 15 del Estatuto de los Trabajadores, debe considerarse indefinido a tiempo completo.

En el caso enjuiciado, la parte demandada no aporta el registro de jornada, por lo que se presume que la jornada laboral realizada por el trabajador es a tiempo completo, y es a dicha parte a la que le corresponde acreditar que la jornada realizada por el trabajador es a tiempo parcial conforme a lo pactado por las partes, y ninguna prueba se ha practicado que destruya dicha presunción. Por tanto, se ha de considerar que la jornada es de 40 horas semanales conforme al art. 34.1 del Estatuto de los Trabajadores en relación con el art. 12. 1 del mismo Texto Legal.

Por otra parte el art. 34.9 ET establece que la empresa garantizará el registro diario de jornada, que deberá incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de trabajo de cada persona trabajadora, precepto con vigencia a partir de 12/05/2019 introducido por el Real decreto ley 8/2019 de 8 de marzo, por lo que es aplicable a la relación laboral de las partes.

QUINTO:La responsabilidad subsidiaria del FOGASA procederá, en su caso, conforme a lo establecido en el art. 33 del Estatuto de los Trabajadores, art. 14 del RD 505/85 de 6 de marzo y arts. 23, 276 y 277 de la LRJS.

SEXTO:De conformidad con lo establecido en el art 191.3 a) de la LRJS frente a la presente sentencia cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación,