Sentencia Social 456/2024 Juzgado de lo Social de Pontevedra nº 4, Rec. 283/2023 de 05 de diciembre del 2024

PRIMERO.-Los hechos declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el acto del juicio oral; en concreto y de conformidad con el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social se ha tomado en consideración la documental consistente en expediente administrativo de la Xunta de Galicia y acta de infracción de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, tal como aparece individualizado en cada uno de ellos.

SEGUNDO.-Fre nte a la sanción impuesta por la autoridad inspectora, acciona la parte demandante fundamentando su pretensión en base a la falta de incumplimiento en materia de prevención así como en la propia actuación del trabajador, al que atribuye la responsabilidad en el accidente.

Analizando ya la conducta sancionada, dispone el art. 12.16,f) del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que son sanciones graves «las que supongan incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, siempre que dicho incumplimiento cree un riesgo grave para la integridad física o la salud de los trabajadores afectados y especialmente en materia de: f) medidas de protección colectiva o individual".

A la hora de analizar este precepto, tenemos que tener muy presente que, como ya viene indicando desde antiguo la jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, así la Sentencia de 8/10/2000, a la que se remiten, entre muchas otras, la de 27 de diciembre de 2002, 22 de mayo de 2005, 17 de julio de 2006 , 23 de abril de 2008, 19 de enero y 25 de julio de 2011, 21 de mayo y 20 de julio de 2012 y 20 de marzo de 2013, «mientras el 14.2 de (la Ley de Prevención de Riesgos Laborales) establece que en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo..., el 14.5 del mismo Texto Legal viene a disponer que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador,obligando el 17.1 al empresario a adoptar las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores».

«Tales prescripciones de seguridad-continúa diciendo el TS- aparecen recogidas en el artículo 16 del Convenio 155 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de 22 de junio de 1981, que impone a los empleadores, en la medida que sea razonable y factible, la obligación de garantizar que los lugares de trabajo, la maquinaria, el equipo y las operaciones que estén bajo su control sean seguros y no entrañen riesgo alguno para la salud y seguridad de los trabajadores»;a lo que añade el hecho de que «el mandato constitucional, contenido en el artículo 40.2 de la Constitución , obliga a los poderes públicos a velar por la seguridad e higiene en el trabajo; y que las Directivas europeas relativas a la aplicación de las medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores, entre las que se encuentra, como más significativa la 89/391 CEE, así como los compromisos internacionales del Estado Español, figuran en el preámbulo de la repetida ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales como factores determinantes para la publicación de dicha ley cuyo objeto (art. 5 ) es "la promoción de la mejora de las condiciones de trabajo dirigido a elevar el nivel de protección de la seguridad y salud de los trabajadores en el trabajo". Es más, "(...) del juego de los preceptos antes descritos... se deduce que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado", debiendo éste adoptar "las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran..."; y ello es así porque "La finalidad del recargo, en una sociedad en la que se mantienen unos altos índices de siniestrabilidad laboral, es la de evitar accidentes de trabajo originados por infracciones empresariales de la normativa de riesgos laborales, imputables, por tanto, al empresario infractor,que de haber adoptado previamente las oportunas medidas pudiera haber evitado el evento dañoso acaecido a los trabajadores incluidos en su círculo organizativo» ( STS de 14 de febrero de 2001).

Pues bien, de la prueba practicada, y en especial del contenido del acta de la Inspección de Trabajo, así como los informes del accidente, no queda acreditado que se vulnerase la carga de la prueba impuesta por la Administración. A mayor abundamiento, la prueba practicada a instancia del actor carece de rigor probatorio, toda vez que son trabajadores de la empresa que por lo tanto tienen un vínculo con esta. Y es que resulta llano que la caída en altura desde un mínimo 1,93 cm de altura como sostiene la actora a partir de un informe que consta en autos que no ha sido ratificado por el perito que emitió el mismo, los medios de protección colectiva o individual no fueron suficientes para evitar la caída del trabajador, la cual tuvo unas graves consecuencias fisicas. Y es que por un lado hay que tener en cuenta, que las mediciones que aparecen en la página del 4 de informe aportado por la actora, no está la tabla que según el trabajador, estaba encima de la caja del camión y que en las mediciones realizados por la actora, no son en el momento del accidente, sino posteriormente, mediciones que pueden variar pues no sabemos cómo están las ruedas del camión que soportan la caja, lo que puede influir en que la altura varie desde 1,93 que sostiene la actora a los 2 metros pasados que sostiene la inspectora que propone la sanción. A lo que hay que añadir que el hecho de que los trabajos en altura aunque no llegue a los 2 metros, esta próximo a ello, pues como decimos en las mediciones no se tuvo en cuenta el tablón sobre el que se apoyaba la celosía, no excluye que cuando se trabaje en alturas inferiores se utilicen los medios adecuados y a la vista está que en el caso que nos ocupa resultaron insuficientes. A mayor abundamiento la sanción que se impone no es por falta de formación del trabajador, ni por falta de entrega de los EPIS, sino por la insuficiencia de los equipos de protección para realizar el trabajo que se estaba realizando y que pese a ser un trabajo habitual y según las declaraciones de ambos trabajadores que depusieron en el acto de la vista la empresa tenía un protocolo que ni en sede judicial y ni ante la Inspección de trabajo, se presentó el citado protocolo.

Y es que, de la prueba, hay una manifiesta culpa in vigilando, esto es falta de control del empresario sobre el uso del procedimiento adecuado, ausencia del control debido por parte de la empresa poniéndose de manifiesto la corrección de la actuación inspectora que no puede ser suplida por el hecho de que el trabajador tenga una antigüedad en la empresa de más de 30 años, pues el deben cumplirse las mismas cautelas que aun trabajador que carezca de antigüedad en el puesto de trabajo Y en este caso como decimos a lo largo de la resolución los medios de protección de caídas no eran suficientes.

Y así, citando la STS de 18 de julio de 2012, cabe afirmar que «la responsabilidad derivada de un incumplimiento de las normas de seguridad sólo puede ser enervada (por el empresario) demostrando que actuó con la debida diligencia, más allá incluso de las meras exigencias reglamentarias, quedando exento de responsabilidad tan solo cuando el resultado lesivo se hubiera producido por caso fortuito o fuerza mayor conforme a lo previsto en el art. 1105 del Código Civil ...»; criterio jurisprudencial que hace suyo el legislador al incluirlo en el artículo 96.2 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (26/2011, de 10 de octubre) cuando dispone que "en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad"( SSTS de 30 de junio de 2010 , 18 de mayo de 2011 y 1 de febrero , 18 , 25 de abril y 18 de julio de 2012).

Por todo ello, la demandada ha de ser desestimada y la sanción confirmada.

TERCERO.-Según lo dispuesto por el artículo 191.3 g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta resolución no puede interponerse recurso alguno, pues la cuantía litigiosa no excede de 18.000 €.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, de conformidad con lo establecido por el artículo 117 de la Constitución, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español,

Fallo