Sentencia Social 366/2024 Juzgado de lo Social de Valladolid nº 5, Rec. 775/2024 de 11 de noviembre del 2024

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, los hechos se declaran probados por la documental obrante en autos, y de la prueba testifical y pericial, en el sentido que se valorará en los fundamentos jurídicos siguientes.

SEGUNDO.-Se impugna por la parte actora la decisión empresarial de proceder a su traslado al centro de trabajo de Valladolid, con efectos de 1/08/24.

La acción ejercitada es, pues, la contenida en el artículo 138 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que alude al procedimiento especial que debe seguirse en los supuestos de movilidad geográfica, modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.

Con carácter general, cabe señalar que el empresario tiene reconocido un poder directivo y organizativo inherente a la relación de trabajo, y del mismo se deriva la facultad de introducir variaciones no sustanciales de las condiciones de trabajo, facultad o «ius variandi» que, sin embargo, no puede entenderse que sea absoluta y omnímoda, sino que se encuentra sometida a determinadas limitaciones impuestas por el respeto a los derechos del trabajador y a su dignidad humana ( sentencia del TS de 11-3-1991) y por las derivadas también del principio de buena fe que rige en cualquier relación jurídica. Dentro de las facultades del empresario derivadas del poder de dirección se enmarca la posibilidad reconocida en el Art. 39.1 del ET de adaptar la prestación laboral a la variación de las necesidades de la empresa mediante la llamada movilidad funcional interna. Asimismo, relacionadas con el poder directivo y organizativo del empresario cabe considerar las facultades para la modificación sustancial de las condiciones de trabajo que el Art. 41.1 del ET viene a reconocer cuando existan probadas razones económicas, técnicas, organizativas o de producción, teniendo la consideración de modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, entre otras, las que afectan a la jornada de trabajo, horario, régimen de trabajo a turnos, sistema de remuneración, sistema de trabajo y rendimiento y a las funciones cuando exceden de los límites que para la movilidad funcional prevé el art. 39 de ET, no siendo en cualquier caso la lista cerrada o exhaustiva sino meramente ejemplar ( sentencia del TS 3-4-1995), siendo determinante para la aplicación del régimen previsto en el Art. 41 del ET que la modificación de que se trate sea sustancial, concepto jurídico indeterminado de necesaria concreción e integración caso por caso a la vista de las circunstancias que concurran, si bien debe acudirse en todo caso a interpretaciones del concepto finalista y razonables, considerando sustancial la modificación que, conjugando su intensidad, la materia sobre la que verse y el carácter temporal o definitivo de la misma, sea dañosa para el trabajador al implicar en el caso concreto una mayor onerosidad de sus prestaciones, con un perjuicio comparable en relación a su situación anterior a la adopción de la decisión empresarial; en este sentido, la jurisprudencia viene estimando que existe modificación sustancial cuando sea de tal naturaleza que altere y transforme los aspectos fundamentales de la relación laboral, pasando a ser otros de modo notorio.

Por lo que afecta a la movilidad geográfica, el Artículo 40 del Estatuto de los Trabajadores, establece:

1. El traslado de trabajadores que no hayan sido contratados específicamente para prestar sus servicios en empresas con centros de trabajo móviles o itinerantes a un centro de trabajo distinto de la misma empresa que exija cambios de residencia requerirá la existencia de razones económicas, técnicas, organizativas o de producción que lo justifiquen. Se considerarán tales las que estén relacionadas con la competitividad, productividad u organización técnica o del trabajo en la empresa, así como las contrataciones referidas a la actividad empresarial.

La decisión de traslado deberá ser notificada por el empresario al trabajador, así como a sus representantes legales, con una antelación mínima de treinta días a la fecha de su efectividad.

Notificada la decisión de traslado, el trabajador tendrá derecho a optar entre el traslado, percibiendo una compensación por gastos, o la extinción de su contrato, percibiendo una indemnización de 20 días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año y con un máximo de doce mensualidades. La compensación a que se refiere el primer supuesto comprenderá tanto los gastos propios como los de los familiares a su cargo, en los términos que se convengan entre las partes, que nunca será inferior a los límites mínimos establecidos en los convenios colectivos.

Sin perjuicio de la ejecutividad del traslado en el plazo de incorporación citado, el trabajador que no habiendo optado por la extinción de su contrato se muestre disconforme con la decisión empresarial podrá impugnarla ante la jurisdicción competente. La sentencia declarará el traslado justificado o injustificado y, en este último caso, reconocerá el derecho del trabajador a ser reincorporado al centro de trabajo de origen.

Por su parte, el art. 27 del Convenio Colectivo de aplicación dispone que:

"Artículo 27. Traslado del puesto de trabajo.

Tanto en los casos de traslado personal como en los cambios de centro de trabajo se respetarán rigurosamente los tiempos de servicio prestados en la empresa de que se trate, es decir, la antigüedad en la misma, atendiéndose a las necesidades de la empresa y del servicio y ello sin perjuicio de que el comité de empresa o delegados de personal puedan solicitar información al respecto".

TERCERO.-La parte actora mantiene en su demanda que, en el escrito de notificación del traslado, la empresa alega varias razones que no se ajustan a ninguna de las prescripciones legales que pudieran dar lugar y ser el fundamento para la adopción de tal acuerdo. Las razones que se invocan por la empresa son absolutamente inciertas, carentes de toda justificación (nada se acredita en la carta de comunicación) y sólo responden a un ánimo espurio de la empresa de proceder a la resolución del contrato de trabajo de la actora al menor coste posible para los intereses de la empresa. Así, se invoca como primera razón la situación física en que se encuentra el centro de trabajo, la oficina en la que presta servicios como única administrativa. Esta presenta una situación invariable a lo largo de los muchos años en que viene prestando servicios la trabajadora y, en absoluto, puede servir ahora para justificar el traslado. En segundo lugar, aduce como motivo que pueda servir para justificar su decisión de traslado el hecho de la finalización del contrato de arrendamiento. Esto es absolutamente incierto, además de estar carente de toda justificación (no se acredita tal hecho con la aportación del que pudiera ser documento de resolución del contrato de arrendamiento por expiración del plazo de tiempo pactado). Se indica como tercera razón para justificar su decisión de traslado lo que, expresamente dice estar "...inmersos en un proceso judicial..." Además de no probar absolutamente nada al respecto, es un hecho que en sí mismo (salvo alguna circunstancia derivada, que no se conoce), no es constitutivo de causa para el traslado del centro de trabajo. Finalmente se invoca como causa o razón para justificar el traslado del centro de trabajo el que califica como "... crecimiento de la empresa en la ciudad de Valladolid ...", igualmente, carente de toda prueba y despreciando la verdadera situación de la empresa en Medina del Campo, en donde mantiene a toda la plantilla de sus trabajadores. Por lo tanto, no existe ninguna razón que justifique su decisión de proceder al traslado del centro de trabajo de Medina del Campo a Valladolid, que no sea, como se ha dicho, la voluntad de proceder a la resolución del contrato de la actora sin causa objetiva que lo justifique y sólo con la intención de causar perjuicio y vulnerar los derechos de la trabajadora.

Por su parte, la empresa demandada alega que la decisión empresarial está incardinada en el denominado ius variandi y no hubiera requerido ni siquiera el cumplimiento de lo estipulado en el art. 40 ET, al tratarse de un traslado que no implica cambio de domicilio, sin embargo, ha tratado de defender los intereses de la demandante al notificar la decisión empresarial cumpliendo con dicho precepto y reconociendo el derecho de extinción. La demandante, mantiene, no ha querido negociar con la empleadora, y ni siquiera acudió al acto de conciliación ante el SERLA. Argumenta que la empresa ha procedido al traslado del domicilio fiscal y social y del centro de trabajo, porque están obligados a dejar la nave en virtud de lo acordado por la Audiencia Provincial de Zamora, si bien estarían obligados a dejar la nave igualmente en la fecha de la resolución contractual. Señala que el traslado ya es operativo desde el 1/08/24, si bien, la empresa conserva un centro logístico pequeño en Medina para guardar el material de limpieza para los clientes que la empresa conserve en dicha localidad. La decisión de que el nuevo centro se encuentre en Valladolid obedece a la cercanía de los grandes clientes, a la necesidad también de que el personal administrativo esté más cerca de la gestoría y de las entidades bancarias.

CUARTO.-Vistas las posiciones procesales de las partes, si realizamos un análisis de la prueba practicada en el acto del juicio y reflejada en los Hechos Probados, no podemos sino concluir que las pretensiones de la parte actora no pueden ser objeto de acogida.

El punto de partida ha de ser el de que, tal y como tiene reiteradamente declarado la jurisprudencia, la movilidad geográfica que no implique cambio de domicilio y respetando categoría y funciones - extremo no controvertido en este procedimiento puesto que nada se afirmó en la demanda ni en el juicio - viene considerándose como una modificación no sustancial sino accidental de las condiciones de trabajo, que entra dentro del ius variandi empresarial y que no genera derecho alguno de indemnización salvo que así lo prevea el convenio de aplicación. Recuerda la doctrina de la Sala Cuarta la sentencia del TSJ de Castilla y León (Valladolid) de 18/09/19 (Rec, 1219/19):

"El tema litigioso ha sido resuelto por nuestro más alto tribunal en sentencia de 12 de Julio de 2016 donde sentó la siguiente doctrina: "Cuando no se producen cambios de residencia, sino simples cambios de centro de trabajo nos encontramos ante una modificación no sustancial o accidental que está amparada por el poder de dirección que tiene el empresario ( artículos 5-1-c ) y 20 del ET ), quien está sujeto a lo dispuesto en la negociación colectiva, cual sucede en el presente caso. En este sentido pueden citarse varias sentencias de esta Sala, como las de 14 de octubre de 2004 (R. 2464/2003 ), 9 febrero 2010 (R. 1605/2009 ) y las que en ellas se citan. En la de 9 de febrero de 2010 al respecto se dice:

"c ) El traslado de centro de trabajo sin cambio de domicilio y respetando la categoría y funciones, se viene considerando por la reiterada jurisprudencia de esta Sala como una modificación accidental de las condiciones de trabajo y encuadrable dentro de la potestad organizativa del empresario. En este sentido, entre otras ( SSTS/IV 19-diciembre-2002 -rcud 3369/2001 , 18-marzo-2003 -rcud 1708/2002 , 16-abril-2003 -rcud 2257/2002 , 19-abril-2004 -rcud 1968/2003 , 14-10-2004 (rec. 2464/2003 ), 18-diciembre-2007 -rcud 148/2006 , 5-diciembre-2008 -rcud 1846/2007 , 26-abril-2006 (rcud 2076/2005 ), 14/10/04 -rcud 2464/03 , 27/12/99 -rcud 2059/99 , 18/09/ 90 -rec. 134/90 -; 05/06/90 recurso por infracción de ley-; 16/03/89 -recurso por infracción de ley-), hasta el punto de que tal presupuesto se ha calificado de "elemento característico del supuesto de hecho del art. 40.1 ET y de que la movilidad geográfica haya de considerarse " débil o no sustancial" cuando no exige "el cambio de residencia que es inherente al supuesto previsto en el artículo 40 ET Legislación citada (...) con ello resulta obligado colegir que " los supuestos de movilidad que no impliquen aquel cambio (bien de forma permanente, en el traslado; bien de forma temporal, en el desplazamiento) están amparados por el ordinario poder de dirección del empresario reglado en los arts. 5.1.c y 20 ET , no estando sujetos a procedimiento o justificación algunos, a excepción del preceptivo informe del Comité de Empresa ( art. 64.1.4º b) ET ). E incluso se afirma que aunque hipotéticamente tales cambios pretendieran encuadrarse como un supuesto de movilidad funcional, la conclusión sería la misma, argumentando que "Así, en la Sentencia de 27/12/99 - rec. 2059/1999 - se decía: "Como quiera que existe un espacio de movilidad sin regulación legal, ya que el art. 39 del ET sólo disciplina los supuestos de movilidad funcional y el art. 40 los de movilidad geográfica que exigen el cambio de residencia, algún sector de la doctrina científica, ha optado por incluir los cambios de puesto de trabajo desde un centro a otro sito en la misma localidad, como supuestos de movilidad funcional. Pues bien, tanto si se extiende dicha calificación de movilidad funcional (a los citados cambios de centro), como si califica a éstos, más propiamente, como casos de movilidad geográfica, lato sensu, débil, o no sustancial por no llevar aparejado el cambio de residencia, es lo cierto que, en cualquier caso, quedan excluidos del art. 40 ET y deben ser incardinados en la esfera del ius variandi del empresario" (en el mismo sentido, considerando tales supuestos como expresión del poder de dirección, también la STS 19/12/02 -rec. 3369/01 -. Poder empresarial, añadimos ahora, que hemos de entender -con autorizada doctrina- como "ius variandi" común, en tanto que facultad de especificación de la prestación laboral y de introducir en ella modificaciones accidentales, frente al especial que supone acordar las modificaciones sustanciales a que se refiere el art. 41 ET ".

d) Se ha destacado por la jurisprudencia unificadora que " el ET no impone a las manifestaciones del poder de dirección ninguna exigencia de motivación causal ni de comunicación a los representantes de los trabajos y las que establece para las de movilidad funcional son menos intensas que las que enumera el art. 41 ; y ni en unas ni en otras, otorga al trabajador afectado el derecho extintivo que si le atribuye en las modificaciones sustanciales " ( SSTS/IV 25-septiembre-2002 -rcud 1582/2001 , 19-diciembre-2002 -rcud 3369/2001 ).".

(...)

Partiendo de dicha doctrina es evidente que no implicando cambio de residencia, lo que ni tan siquiera se afirma, nos encontramos ante una modificación que entra dentro del ius variandi empresarial y que al no haberse paccionado indemnización alguna en convenio no da lugar a la misma, por lo que procede desestimar el recurso".

Por consiguiente, en supuestos como el que nos ocupa, la normativa no le exige a la empresa la acreditación de las razones empresariales por las que se lleva a cabo el traslado del centro de trabajo, al tratarse de una decisión con encaje en el denominado "ius variandi" empresarial.

En cuanto a la alegación efectuada por la parte actora de que no se ha materializado el traslado del centro de trabajo, se aporta prueba documental que acredita que existe una resolución judicial (hecho probado Segundo) que condena a la empresa demandada a restituir la posesión de la nave a su propietaria, se acredita asimismo que se ha procedido a la modificación estatutaria del cambio de domicilio social y del lugar de actividad ante la TGSS (hecho probado 4º), así como que el personal administrativo que ha sido contratado ya desde el cambio de domicilio social (hecho probado sexto) lo ha sido para la prestación de servicios en el nuevo centro de trabajo del polígono de Argales (Valladolid) con independencia de que, tal y como reconoció el testigo, Sr. Maximo, aún no se haya completado el traslado de todo el material.

Aunque, como venimos señalando, no nos encontremos ante un supuesto de movilidad geográfica del art. 40 ET, lo cierto es que la empresa no puede ir en contra de sus propios actos y, tal y como reconoció a la trabajadora en la comunicación que aquí se impugna, debe respetarse el derecho de la misma a extinguir el contrato de trabajo. Procede, por tanto, la aplicación analógica de lo dispuesto en el art. 138 LJS para la movilidad geográfica o modificación sustancial justificada:

"La sentencia que declare justificada la decisión empresarial reconocerá el derecho del trabajador a extinguir el contrato de trabajo en los supuestos previstos en el apartado 1 del artículo 40 y en el apartado 3 del artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores , concediéndole al efecto el plazo de quince días".

QUINTO.-Contra la presente sentencia no cabe interponer recurso de Suplicación conforme a lo previsto en el artículo 138.6 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación