Sentencia Social 13/2025 Juzgado de lo Social de Valladolid nº 5, Rec. 726/2024 de 20 de enero del 2025

PRIMERO.-Al objeto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social, los hechos anteriores se declaran probados por la prueba documental obrante en el ramo de prueba de las partes, en el sentido en que se valorará en los fundamentos jurídicos siguientes.

SEGUNDO.-Se solicita por la parte actora que se declare la existencia de un comportamiento por parte de la demandada que vulnera el derecho a la huelga y libertad sindical de la Sección Sindical de Renfe Valladolid de la Confederación General del Trabajo y de los miembros del Comité de Huelga, en la huelga de 19 de julio de 2023 y la nulidad radical de la referida conducta, se condene a la demandada a estar y pasar por dicha declaración, y a reparar las consecuencias derivadas de su ilícita actuación conforme al art. 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, abonando una indemnización de 30.000 euros a la Sección Sindical de Renfe Valladolid de la Confederación General del Trabajo y de 7.501 euros a cada uno de los miembros del Comité de Huelga y codemandantes sin perjuicio de aquella mayor o menor que estime el juzgador. Se señala, por los demandantes, en el escrito rector, que por la Sección Sindical actora se presentó convocatoria de huelga para el día 19 de julio de 2023, a ejecutarse en la provincia de Valladolid, comprendido en horario de 00.00 a 23:00 horas, previa celebración, el 7/07/23, de la Comisión de Conflictos Laborales prevista en el Convenio Colectivo, reunión que finalizó sin acuerdo. Ese mismo día, 7/07, se registró ante la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid, y al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid, la convocatoria de huelga promovida por el Sección Sindical de Renfe en Valladolid y se solicitaba que se tenga por recibido el escrito y la mediación del Departamento de Trabajo para la fijación de los servicios mínimos, y asimismo, el 7/07, los representantes de SFF-CGT se dirigieron personalmente a entregar y presentar a las empresas del Grupo el preaviso de huelga para el 19 de julio de 2023, tanto de la convocada en Valladolid y que es objeto de este procedimiento, como el preaviso de huelga para otros centros de trabajo en todo el territorio. Como no encontraron a ningún responsable designado por la parte empresarial para hacer entrega de dicha convocatoria, el mismo día 7 de julio a las 14:31 horas se remitió correo electrónico a Adela (Jefa de Área de Gestión de Relaciones Laborales), comunicando la convocatoria de huelga y el 10/10/23, hicieron entrega de la comunicación de la convocatoria de huelga en formato papel de manera presencial. La empresa acusó recibo de la convocatoria, pero se negó a indicar como fecha de notificación el día 7 de julio. Señalan que, el 11/07/23, la Gerente de Área de Relaciones Laborales, Dña. Amanda, envió correos electrónicos certificados, a todos los miembros del Comité de Huelga de la Sección Sindical de Renfe Valladolid, que parcialmente se transcribe en la demanda, y en los que indicaba que la huelga podría ser considerada ilegal por incumplimiento de los plazos legales, y que por ello, el Grupo RENFE se reservaba las acciones legales oportunas frente a los miembros que conforman el Comité de Huelga convocante de la misma. Los demandantes mantienen que la empresa, siendo plenamente conocedora de que se comunicó la huelga en tiempo y forma, no solamente la calificó la misma de ilegal por no respetar los plazos, intentando disolver la voluntad de llevar a cabo la huelga por parte del sindicato, sino que pretendió su desconvocatoria a través de amenazas hacia los miembros del comité de huelga y al sindicato, pues se reserva el derecho de aplicar acciones legales oportunas en un supuesto que estas serían inexistentes. El 13 de julio de 2023, se llevó a cabo mediación que concluyó sin acuerdo, tanto en lo relativo a las causas de la convocatoria y su eventual negociación, como en lo referente a los servicios mínimos. El 14 de julio de 2023, se remitió comunicación por burofax a Gerente de Área de Relaciones Laborales, Dña. Amanda, en la que se planteaba la legalidad de la huelga, puesto que se habían respetado los plazos y se le indicaba que las comunicaciones habían sido un intento de amedrentar a la plantilla de la empresa y al Comité de huelga, y forzar la desconvocatoria de unas huelgas legales, vulnerando el derecho fundamental de huelga recogido en el Artículo 28.2 de la Constitución Española, al que la empresa no contestó. Finalmente, el 14/07/23 se notifica desconvocatoria de huelga a la Oficina Territorial de Trabajo de Valladolid, y al Servicio Territorial de Movilidad y Transformación Digital de Valladolid y el 17/07/23 se notifica la desconvocatoria a la demandada. El día 19 de julio de 2023, se realizó la huelga solo en tres de las seis provincias en las que estaba convocada, desconvocadas por las amenazas recibidas por todas las personas pertenecientes a los comités de huelgas respectivos, provincias en las que tuvo muy poco seguimiento.

Concluye la parte actora que la empresa obró de mala fe al ignorar conscientemente las comunicaciones efectuadas por el SFF-CGT el día 7 de julio de 2023, y así poder emitir misiva en la que se amenaza a los miembros del comité de huelga, reservándose el derecho a tomar las medidas legales oportunas al considerar, a voluntad y siendo plenamente conocedor de estar equivocada, la huelga ilegal, y que la actuación empresarial ha supuesto una vulneración evidente tanto del derecho fundamental a la huelga como a la libertad sindical, del sindicato convocante y de los miembros del Comité de Huelga. Es por ello por lo que, en aplicación del artículo 183 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social deberá abonarse a los todos los actores una indemnización por los daños morales causados por esta vulneración. Y ello porque, no se permitió el derecho a la huelga tanto a los miembros del comité de huelga como a toda persona del ámbito de la provincia de Valladolid que hubiera tenido intención de secundarla.

La parte demandada solicitó la desestimación de la demanda y negó que las empresas demandadas realizaran acto alguno de vulneración del derecho de huelga de los demandantes. En primer lugar, en cuanto a la comunicación del 7/07/23, sostiene que la misma se hizo fuera del horario laboral, sabedora, la parte actora, de que el viernes por la tarde el personal de oficina no prestaba servicios, y, como quiera que el propio sindicato convocante sabía que no era la forma correcta, el día 10/07 presenta en papel la comunicación. El correo electrónico fue remitido a una persona que no ostenta poderes de representación de la empresa, y que tampoco fue abierto por ella sino que figuró como leído por un barrido de Gmail. La empresa reaccionó legítimamente ante una convocatoria de huelga que consideraba que no había cumplido con el plazo legal de diez días, necesario para que la empresa gestionara el servicio público de transporte, los servicios mínimos, el aviso a los usuarios y para que concertara reuniones en aras a negociar con los sindicatos. Por otra parte, las expresiones de las comunicaciones no tenían contenido amenazador ni intimidante, sino que contenían una mera reserva de acciones, sin que resultara coartado el derecho de los actores. La huelga, a mayor abundamiento, se convocó en otras provincias por las mismas causas, las comunicaciones se enviaron de forma estandarizada a los distintos comités de huelga, y solamente interpusieron demanda los de Sevilla, Málaga y Valladolid. En los dos primeros ya recayó sentencia absolutoria - aún no firme - al considerar que no se había vulnerado el derecho constitucional del Comité. Se trata, incluso, señala la parte demandada, de comunicaciones similares a las que se habían remitido en huelgas anteriores sin que se entablaran acciones. Se indica, por último, que en la provincia de Valladolid se había convocado huelga el día 21 de julio, y que la misma fue también desconvocada sin que la empresa hubiera hecho constar ninguna ilegalidad.

TERCERO.-Se ejercita por la parte actora la acción contenida en el art. 177 LJS, con arreglo al cual, cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios.

Aunque formalmente no se invocó la excepción de cosa juzgada por la empresa demandada, al no ser idénticas las partes de los litigios, lo cierto es que se aportan al procedimiento las sentencias ya recaídas en los Juzgados de lo Social 11 de Sevilla y 2 de Málaga, esta última confirmada por la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía de 1/07/24 (Rec. 901/24), en las que se enjuició, desde la misma perspectiva de posible vulneración del derecho de huelga, la comunicación con idéntico contenido remitida a los miembros del Comité de Huelga de las indicadas provincias.

La Sala del TSJ de Andalucía desestima el recurso de suplicación interpuesto por el sindicato CGT - sección de Andalucía, Ceuta y Melilla - con la siguiente argumentación:

"El Magistrado ha razonado que la conducta empresarial no vulnera el derecho fundamental porque "... - Ni una sola expresión de las contenidas en el comunicado de la entidad pública empresarial demandada dirigido a los miembros del Comité de Huelga es de contenido intimidante o coaccionador (...) - La entidad demandada se limitó a anunciar su reserva del ejercicio de acciones legales oportunas frente a los miembros que conforman el Comité de Huelga convocante. (...) - La entidad demandada es responsable de un servicio público y no puede exigírsele que permanezca impasible ante una convocatoria de huelga. (...) - La decisión de los miembros del Comité de Huelga de quedar excluidos del mismo se basó en una decisión interna, libremente adoptada".

TERCERO. Que existen indicios de la existencia de un panorama de reacción de la empresa frente a la convocatoria de huelga y que pudieron haberse visto afectados derechos fundamentales, a saber, el fundamental derecho a la huelga, es algo que ni siquiera está discutido en la presente suplicación. Así el Magistrado ha razonado que "... constatada la convocatoria de huelga por la organización sindical demandante, la remisión por la entidad demandada de su escrito individualmente a los miembros del Comité de Empresa e, igualmente, la exclusión voluntaria de los cinco miembros del Comité de Empresa tras la recepción de tal escrito y la desconvocatoria parcial de la huelga, debe admitirse que todo ello constituye indicio suficiente de la posible vulneración de derechos invocada en la demanda".

Por tal razón, corresponde a la parte demandada acreditar la existencia de causas suficientes, reales y serias para calificar como razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental de la decisión empresarial adoptada.

Y por las razones expuestas en el anterior razonamiento de derecho, el Magistrado ha llegado a la conclusión, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal, de que la conducta empresarial no vulnera el derecho fundamental invocado.

Se reproducen aquí, para evitar reiteraciones innecesarias, la doctrina judicial sobre el ejercicio del derecho fundamental a la huelga a que se refieren el Magistrado en su sentencia y por parte recurrente en su escrito de interposición.

CUARTO. Son datos de interés, extraídos todos ellos del relato de hechos probados, los siguientes: a) las centrales sindicales C.G.T. y ALFERRO dirigieron conjuntamente el 07/07/2023 comunicación a la empresa demandada de anuncio de convocatoria de huelga, con designación de los 12 miembros del comité de huelga, la cual se desarrollaría los días 19 y 21 de julio; b) el día 11 de julio, la empresa dirigió a cada uno de los integrantes del comité de huelga comunicación en la que les hacía saber que "Por lo expuesto la Dirección del Grupo Renfe considera que la convocatoria de huelga por Vds. infringe los artículos 3.3 , 4 y 11 d) del Real Decreto Ley 17/77 , por lo que esta parte se reserva las acciones legales oportunas frente a los miembros que conforman el Comité de Huelga convocante de la misma"; c) el 18 de julio la central C.G.T. comunicó a la Autoridad laboral la exclusión de cinco miembros del comité de huelga; d) el mismo 18 de julio, la central C.G.T. comunicó también a la Autoridad laboral la desconvocatoria parcial de la huelga, respecto de la jornada del 19 de julio.

La Sala comparte las razones expuestas por el Magistrada, sobre la base de que las comunicaciones que la empresa dirigió a cada uno de los integrantes del comité de huelga carecían del más mínimo carácter intimidatorio o coactivo. Se trata, simplemente, del anuncio de la reserva de las acciones que pudieran corresponder a la empresa por determinadas irregularidades que la empresa consideraba existente en el procedimiento de huelga, algo que, pese a no haberse comunicado a los integrantes del comité de huelga, debía ser conocido por evidente.

La duda que se plantea a esta Sala es si la comunicación debió ser dirigida por la empresa al comité de huelga, como órgano colegiado, de manera que al haberlo individualmente a cada uno de las personas que lo integraban, pudo minar o afectar desincentivando a sus integrantes. Es decir, si la empresa, con dicho proceder, tuvo como finalidad coartar o limitar el derecho fundamental en juego.

Pero la duda se despeja tras el análisis del contenido del misiva dirigida a cada uno de los integrantes del comité de huelga. Se trata de un simple anuncio de reserva de acciones (algo que debía ser conocido por todos sus miembros), sin carácter intimidatorio, coactivo o del que se desprendiera el ejercicio de acciones disciplinarias evidentes, y como medio de reacción de la empresa a las irregularidades que observó en el proceso de conflicto que, además, no impidió el mantenimiento de la convocatoria para la jornada del 21 de julio".

En el supuesto que nos ocupa las circunstancias son idénticas, salvo el hecho de que en el caso de la provincia de Valladolid no se acredita que la huelga fuera convocada para dos días (19 y 21 de julio) sino solo para el primero de ellos. A pesar de esta diferencia, y por lo que respecta al contenido de las comunicaciones, esta juzgadora no puede sino coincidir con el criterio de aquellas sentencias, en cuanto a considerar que las mismas se limitan a hacer una reserva formal de acciones al considerar que el Comité no había cumplido con el plazo de antelación de diez días, cuestión que sigue resultando controvertida y que, en cualquier caso, no constituye el objeto del presente procedimiento. El contenido de las comunicaciones a los miembros del Comité no puede considerarse intimidatorio, y tampoco se acredita ningún otro acto de la empleadora anterior o posterior a las mismas, que persiguiera, como se afirma, vulnerar la libertad o derecho de huelga del sindicato convocante, ni constitutivo de coacción. Igual que, a sensu contrario, carece de contenido intimidatorio o amenazante el correo electrónico posterior (13/07) en el que el sindicato CGT "conmina" a la empresa a rectificar su correo, al considerar vulnerado su derecho de huelga y anunciando que, en caso contrario, el sindicato se vería obligado "a desconvocar la huelga convocada y adoptar las medidas legales a nuestro alcance". Se trata, en ambos casos, de la comunicación de reserva de acciones ante lo que se considera un acto ilegal de la contraparte. La huelga prevista para el día 19/07 fue, en efecto, desconvocada, pero ello pudo obedecer a otras razones, como el hecho de que el propio Comité convocante tuviera dudas sobre la validez o no de la comunicación de 7 de julio, o sobre el potencial seguimiento de la misma.

En virtud de lo expuesto, las pretensiones de la parte actora no han de ser objeto de acogida.

CUARTO.-Contra la presente resolución, de conformidad con lo estipulado en el art. 191 LJS, cabe interponer recurso de suplicación.

Vistos los preceptos legales citados, sus concordantes y demás de general y pertinente aplicación