Sentencia Social 112/2025 Juzgado de lo Social de Palma nº 5, Rec. 1007/2024 de 31 de marzo del 2025

PRIMERO.El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración de los medios de prueba practicados en acto de juicio consistentes en documental aportada por ambas partes, las declaraciones testificales prestadas por D. Iván y por D. Juan Antonio, Director de operaciones de la empresa demandada y responsable desde finales del año 2023 del Departamento de Laboratorio y la prueba pericial practicada a instancia de la empresa demandada a cargo de D. Nemesio, que ratificó y explicó el informe aportado por la parte demandada como documento nº 17 y de Dña. Dolores, quien ratificó y explicó el informe aportado por la demandada como documento nº 18.

En concreto, los hechos probados primero, segundo y tercero no fueron controvertidos. Los hechos probados cuarto, quinto y sexto resultan del informe aportado por la demandada como documento nº 17 y de la declaración prestada por D. Nemesio, así como de la declaración prestada por D. Juan Antonio, quien refirió que a finales de 2023 asumió la responsabilidad sobre el Departamento de Laboratorio y que, comunicada por parte de Urbaser la realización de un estudio en la planta de Tirme por parte de Capgemini Invent dirigido a mejorar la productividad y el rendimiento de los procesos operativos y de reducción de los costes de explotación mediante la aplicación del método Lean de excelencia operacional, le pareció interesante la inclusión en el proceso de auditoría del Departamento de Laboratorio, como lo fueron otros departamentos. El hecho probado octavo no es controvertido y resulta de la documental aportada por la empresa demandada. El hecho probado noveno no es controvertido, habiendo manifestado D. Juan Antonio que la demandante desempeña las funciones de su nuevo puesto de trabajo con total normalidad y que se halla recibiendo formación específica referente a sus nuevas funciones. Los hechos probados décimo y décimo primero resultan del informe emitido por la Inspección de Trabajo a instancia de este Juzgado. El hecho probado decimo segundo resulta de la documental aportada por la empresa y de las declaraciones testificales prestadas por D. Iván y D. Juan Antonio.

El hecho probado decimotercero resulta de la documentación aportada por la parte demandada. La oposición de la organización sindical que representa a la demandante al convenio colectivo recientemente firmado no ha sido controvertida. El hecho decimocuarto resulta de la documentación aportada por la empresa demandada, debiendo señalarse que no consta probada la intervención de la demandante en el inicio de las actuaciones inspectoras. El hecho probado decimoquinto resulta de la documentación aportada por la parte actora no habiendo sido controvertida la intervención de la demandante como testigo en el juicio celebrado ante el Juzgado de lo Social Nº 3. El hecho probado decimosexto resulta de la documentación aportada por la parte demandada no habiendo suscitado controversia entre las partes. El hecho probado decimoséptimo resulta de documentación aportada por ambas partes. El hecho pronado decimoctavo resulta de la documentación aportada por la parte actora y de la declaración testifical prestada por D. Juan Antonio.

Impugna la parte demandante la adscripción de Dña. Elsa al puesto de trabajo de Oficial de Explotación Profesional A efectuado por la empresa demandada con efectos de 18 de noviembre de 2024 entendiendo que la decisión empresarial ha acarreado una modificación de las funciones de la trabajadora que califica como modificación sustancial de sus condiciones de trabajo conforme a lo previsto en el Art. 41.1 ET. Razona la parte demandante que la causa real de la decisión empresarial no se halla en las razones que se exponen en la comunicación escrita fechada el 30 de octubre de 2024 si no en la voluntad de represaliar a la trabajadora demandante, Presidenta del Comité de Empresa, por su actuación frente a la empresa en el desempeño de su cargo y por su afiliación al sindicato Confederación Sindical de Comisiones Obreras. En base a ello, la parte actora alega la vulneración de los Art. 24.1 y 28 CE e interesa la calificación de la decisión modificativa como nula, así como la condena de la empresa al pago de una indemnización que cuantifica en 10.000€. Subsidiariamente, la parte actora rechaza la concurrencia de las causas organizativas y productivas alegadas por la empresa demandada, causas que a su juicio no justifican la desaparición de la categoría profesional de Oficial Químico Profesional A ni el cambio de puesto de trabajo. Ello, sostiene la parte actora, unido a la omisión del trámite negociador previsto en el Art. 11 del Convenio Colectivo de Tirme S.A. publicado en el BOIB de 20 de noviembre de 2021 habría de dar lugar a que la modificación de las condiciones laborales de la actora que se impugna en la demanda fuera declarada injustificada.

La parte demandada se opuso a la demanda alegando, en primer lugar, que la adscripción de la demandante al puesto de trabajo de Oficial de Explotación Profesional A, adscripción que la demandante aceptó voluntariamente, no constituye una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la actora dado que el puesto de trabajo que esta venía desempeñando, Oficial Químico, y su nuevo puesto de trabajo pertenecen al mismo grupo profesional, Profesional A, razón por la que su adscripción a dicho puesto de trabajo se encuadra dentro del marco de la movilidad funcional regulada en el Art. 39 ET y forma parte del "ius variandi" empresarial. Subsidiariamente y para el caso de que se entendiera que la asignación de la demandante al puesto de trabajo de Oficial de Explotación Profesional A constitutiva una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, la parte demandada dujo que esta estaría justificada por la concurrencia de las causas expresadas en la comunicación escrita entregada a la demandante el 30 de octubre de 2024, habiéndose respetado en todo caso los requisitos de forma previstos en el Art. 41 ET. La parte demandada rechazó en todo caso que se hubiesen vulnerado los derechos fundamentales de la demandante dado que las causas que motivaron la amortización del puesto de trabajo de Oficial Químico que la demandante venía desempeñando ninguna relación guardaban con la actividad sindical y representativa que la demandante viene desarrollando.

SEGUNDO.La primera cuestión que debe resolverse es determinar si la adscripción de la demandante al puesto de trabajo de Oficial de Explotación Profesional A supuso o no una modificación sustancial de sus condiciones de trabajo de tal suerte que haya de ser de aplicación el régimen jurídico previsto en el Art. 41 ET.

La demandante venía prestando servicios en el Departamento de Laboratorio desempeñando un puesto de trabajo incluido dentro de la categoría profesional de Oficial Químico, La demandante llevaba a cabo las funciones que para dicha categoría profesional se describen en el hecho probado décimo. El Departamento de Laboratorio se encontraba integrado por un responsable, dos oficiales de laboratorio y tres técnicos distribuidos en ambas áreas. La empresa Urbaser, accionista mayoritario de Tirme S.A. encomendó a la empresa consultora Capgemini Invent en el año 2021 llevar a cabo estudios dirigidos a mejorar la productividad y el rendimiento de los procesos operativos y de reducción de los costes de explotación mediante la aplicación del método Lean de excelencia operacional y mejora en diferentes plantas de tratamientos de residuos ubicadas en España y en otros países. En el mes de febrero de 2024 Capgemini Invent inició el estudio de la planta de residuos gestionada por Tirme S.A. en Mallorca. A tal fin, analizó la operativa de la planta (estructura organizativa, procesos, modelo de gestión operativa e identificación de oportunidades de mejora de eficiencia) en varios departamentos de la empresa, siendo uno de ellos el Departamento de Laboratorio. Capgemini Invent a la conclusión de su estudio elaboró un informe, que obra en autos, en el que, y en relación con el Departamento en el que prestaba servicios la demandante, entre otras iniciativas, la amortización del puesto de oficial reduciendo la plantilla a 4 FTEs y redistribuyendo las tareas de los técnicos favoreciendo la polivalencia entre operarios, y optimizar los tiempos de muestreo y análisis.

A raíz del informe de Capgemini Invent Tirme S.A. resolvió amortizar los dos puestos de trabajo de Oficial de Laboratorio, procediendo al despido por causas objetivas, organizativas y productivas, de D. Iván. La demandante, por razón de su condición de representante legal de los trabajadores y de conformidad con lo dispuesto en los Art. 52.c) y 68.b) disfrutada de prioridad de permanencia en la empresa y por dicha razón, como se expresa en la carta de 30 de octubre de 2024 la empresa demandada, a la vez que le comunicó razonadamente la amortización de su puesto de trabajo con prolija exposición de las causas que motivaban la decisión, le informó de que, salvo manifestación expresa en contrario, con efectos de 18 de noviembre de 2024 pasaría a desempeñar el puesto de trabajo de Oficial de Explotación Profesional A. La comunicación entregada a la demandante dio cumplimiento, para el caso de que esta no aceptara el puesto de trabajo ofrecido y, por lo tanto, se produjera la extinción de su contrato de trabajo por amortización del puesto que venía desempeñando, a los requisitos de forma que el Art. 53 ET establece para el despido objetivo.

La demandante manifestó su aceptación al ofrecimiento empresarial y con efectos de 28 de noviembre de 2024 pasó a desempeñar el puesto de trabajo de Oficial de explotación Profesional A y a desempeñar las funciones que para dicho puesto de trabajo se enumeran en el hecho probado décimo. Ambos puestos de trabajo, el de Oficial Químico y el de Oficial de Explotación pertenecen al mismo Grupo Profesional, Profesional A. La parte actora no ha puesto en cuestión este hecho que se acredita también por el informe emitido por la Inspección de Trabajo que expresamente señala que la modificación del puesto de trabajo se ha producido dentro del mismo grupo profesional. La demandante, que se halla recibiendo formación específica a cargo de la empresa para su nuevo puesto de trabajo, no ha visto alterado ni su horario ni su jornada laboral. Tampoco ha visto modificadas sus retribuciones salariales y continua prestando servicios en el mismo centro de trabajo.

Como ha venido declarando la jurisprudencia, pudiendo citarse la SSTS de 4 de diciembre de 2018(Rec. 245/2017) y de 3 de abril de 2018 (Rec. 106/2017) sólo los cambios en las condiciones de trabajo que tengan carácter sustancial quedan sometidos al procedimiento previsto en el Art. 41 ET. Las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo son aquellas que afectan a determinadas condiciones laborales y que solo se justifican por la concurrencia de alguna de las causas establecidas por el Legislador. No toda decisión empresarial que altere la prestación de servicios del trabajador constituye una modificación sustancial. La configuración de lo que se entiende por tal se fundamenta en la delimitación del poder de gestión y organización empresarial, por lo que la limitación a las facultades del empleador tiene en cuenta, tanto el tipo de condición laboral afectada -partiendo de que la lista del párrafo primero del Art. 41 es meramente ejemplificativa y no exhaustiva. )-, como la intensidad de la misma modificación. La STS de 29 de noviembre de 2017 (Rec. 23/2017) recopiló la doctrina sobre esta materia declarando que por modificación sustancial de las condiciones de trabajo hay que entender aquéllas de tal naturaleza que alteren y transformen los aspectos fundamentales de la relación laboral, entre ellas, las previstas en la lista "ad exemplum" del Art. 41.2 pasando a ser otras distintas, de un modo notorio, mientras que cuando se trata de simples modificaciones accidentales, éstas no tienen dicha condición siendo manifestaciones del poder de dirección y del "ius variandi" empresarial. Y a tal efecto ha de valorarse la importancia cualitativa de la modificación impuesta, su alcance temporal y las eventuales compensaciones pactadas, pues de tales circunstancias dependerá que la intensidad del sacrificio que se impone al trabajador, haya de ser calificado como sustancial o accidental, lo que conlleva que, en cada caso habrá que analizar las circunstancias concurrentes.

No constituyendo toda modificación de las condiciones de trabajo una modificación sustancial en el sentido que prevé el Art. 41 ET, hemos de recordar que el empresario tiene un poder de dirección, dentro del que se enmarca la posibilidad de movilidad funcional regulada en el Art. 39 ET, y que solamente cuando este marco regulatorio es rebasado se está en una situación de modificación sustancial de condiciones de trabajo en materia de alteración de las funciones a desempeñar por la persona trabajadora. El Art. 39 ET que se refiere precisamente a la "Movilidad Funcional" tiene el siguiente contenido en lo que a esta litis interesa:

1.La movilidad funcional en la empresa se efectuará de acuerdo a las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y con respeto a la dignidad del trabajador

2. La movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, no correspondientes al grupo profesional solo será posible si existen, además, razones técnicas u organizativas que la justifiquen y por el tiempo imprescindible para su atención. El empresario deberá comunicar su decisión y las razones de esta a los representantes de los trabajadores.

(...)

4. El cambio de funciones distintas de las pactadas no incluido en los supuestos previstos en este artículo requerirá el acuerdo de las partes o, en su defecto, el sometimiento a las reglas previstas para las modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo o a las que a tal fin se hubieran establecido en convenio colectivo.".

De la regulación transcrita se extraen dos conclusiones. Primera, que la movilidad funcional es libre dentro de los límites del grupo profesional, siempre salvando las limitaciones derivadas, en su caso, de las titulaciones académicas o profesionales precisas para el ejercicio de la prestación laboral, así como el límite del no menoscabo de la dignidad del trabajador. Segunda, que excede el límite de la movilidad funcional aquella que comporta el desempeño de funciones superiores o inferiores a la del grupo profesional, que lo será posible si concurren razones técnicas u organizativas que la justifiquen y solo durante el tiempo imprescindible para su atención. De ello cabe colegir que la movilidad funcional dentro del mismo grupo profesional se encuadra dentro de la movilidad funcional regulada en el Art. 39 ET y no posee el presupuesto de sustancialidad que da lugar a la aplicación del régimen jurídico que establece el Art. 41 ET.

Así lo expresó la STSJ País Vasco de 12 de diciembre de 2024 (Rec. 2790/2024): Por tanto, ha de rechazarse la concurrencia de modificación sustancial de condiciones de trabajo, pues en modo alguno se han rebasado los límites que, para la movilidad funcional, prevé el artículo 39 ET al no constar alteración del grupo profesional al que pertenece el demandante, en relación a las previsiones del Convenio aplicable, que acabamos de expresar.

A su vez, la STSJ Baleares de 7 de febrero de 2022 (Rec. 409/2021) declaró: "Ciertamente, el artículo 39.4 ET remite a las reglas previstas para la modificación sustancial de condiciones de trabajo cuando se produce un cambio en las funciones pactadas no incluido en los supuestos previstos en los apartados anteriores.

Sin embargo, la movilidad funcional para la realización de funciones, tanto superiores como inferiores, correspondientes al grupo profesional está incluida en el apartado 1 del art. 39 ET y solo está limitada por las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral y el respeto a la dignidad de la persona trabajadora.

Por tanto, dentro de los mencionados límites no es necesario acudir al procedimiento de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Por el contrario, el respeto a la dignidad de las personas trabajadoras no puede sortearse acudiendo a las reglas de modificación sustancial de condiciones de trabajo.

Tanto la movilidad funcional vertical u horizontal dentro del grupo, como la modificación de funciones sometida a los trámites del artículo 41 ET deben respetar el derecho consagrado en el artículo 4.2.e) ET .

En cambio, cuando nos encontramos en supuestos como el presente de movilidad vertical dentro del grupo para la realización de funciones inferiores no es preciso seguir los trámites legalmente establecidos para la modificación sustancial de condiciones de trabajo siempre que se produzca dentro de los límites establecidos en el artículo 39.1 ET .

Que se trate o no de un puesto de trabajo respecto del cual la empresa pueda designar libremente a la persona que consideren más apta no es una cuestión determinante a la hora de aplicar las facultades que confiere al empresario el artículo 39.1 ET ".

En consecuencia, habiendo sido adscrita la demandante a un puesto de trabajo perteneciente al mismo grupo profesional que el que había venido desempeñando y que fue amortizado, sin que se haya modificado ninguno de los elementos esenciales de la relación laboral -horario, jornada laboral, retribución salarial-, no nos hallamos ante una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, sino ante un supuesto de movilidad funcional regida por el Art. 39 ET cuyos límites se encuentran en el respeto a la dignidad personal del trabajador y en las titulaciones académicas o profesionales precisas para ejercer la prestación laboral, circunstancias estas que no se han puesto en cuestión por la parte demandante.

Debe realizarse una puntualización que no afecta al pronunciamiento realizado. El hecho que obedeció de forma directa a la concurrencia de las circunstancias organizativas y productivas que la empresa expuso en la comunicación de 30 de octubre de 2024 fue la amortización de los dos puestos de trabajo de la categoría profesional de Oficial Químico, siendo uno de ellos el de la demandante. Amortizado el puesto de trabajo de la demandante y disfrutando esta de prioridad de permanencia en la empresa, la demandada le ofreció continuar prestando servicios desempeñando en puesto de trabajo de Oficial de Explotación, perteneciente también al grupo profesional A, ofrecimiento que la actora aceptó, sin que dicha decisión le haya privado de la acción que ejercita en el presente procedimiento. Ahora bien, el objeto del presente procedimiento es la variación funcional de la demandante que la parte actora ha calificado como modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, no la amortización del puesto de trabajo que venía desempeñando con anterioridad. Solo en el caso de que se apreciase que la asignación de la actora a su nuevo puesto de trabajo supuso uno modificación sustancial de sus condiciones de trabajo, lo que la presente sentencia rechaza por las razones ya expuestas, cabría enjuiciar dicha amortización como razón causal de la modificación y a los efectos previstos en el Art. 41 ET. Y del mismo modo, tampoco resulta de aplicación la previsión negociadora contemplada en el Art. 11.h) del Convenio Colectivo de empresa dado que dicho precepto exige la previa comunicación y/o negociación previa con la representación social cuando la empresa introduzca sistemas de organización que comporten modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, fundamentadas en razones técnicas, productivas, económicas u organizativas. Dicho precepto sería aplicable si la variación funcional experimentada por la demandante tuviera la consideración de modificación sustancial de condiciones de trabajo, lo que no ha sucedido.

TERCERO.La cuestión que resta por analizar es la referente a la acción de vulneración de derechos fundamentales que la demandante ejercitó de forma acumulada a la acción de modificación sustancial de condiciones de trabajo. Cabe decir que la demanda anuda la modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la demandante a su condición de Presidenta del Comité de Empresa, delegada de prevención y afiliada al sindicato Confederación Sindical de Comisiones Obreras. Según resulta del relato fáctico que se expone en la demanda, la causa real de la variación funcional de la que fue objeto la demandante se hallaría en una voluntad de represaliar a la demandante por el ejercicio de una actividad sindical y representativa contraria a los intereses de la empresa, lo que infringiría la garantía de indemnidad que tutela el Art. 24.1 C.E. y el derecho a la libertad sindical amparado por el Art. 28 C.E..

Como recuerda la STSJ Baleares de 14 de septiembre de 2017 (Rec. 269/2017) con cita de la doctrina que se contiene en la STS de 4 de marzo de 2013 (Rec. 928/2012), "el «derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface ... mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza ... En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos» ( SSTC 14/1993, de 18/Enero ; 125/2008, de 20/Octubre y 92/2009, de 20/Abril . SSTS 17/06/08 -rcud 2862/07 - y 24/10/08 -rcud 2463/07 -).

De lo que «se sigue la consecuencia de que una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y radicalmente nula por contraria a ese mismo derecho fundamental» [tutela judicial], ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo ( art. 4.2 apartado g ET ] ( SSTC 76/2010, de 19/Octubre ; 6/2011, de 14/Febrero y 10/2011, de 28/Febrero ).

Precisamente para facilitar el rechazo judicial de la censurable conducta empresarial represaliante, el legislador ha instrumentado un mecanismo de defensa del derecho fundamental, cual es la inversión probatoria prevista en el art. 179.2 LPL , actual art.182.2 LRJ, en que se establece lo siguiente:

En el acto del juicio, una vez justificada la concurrencia de indicios de que se ha producido violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad. En el mismo sentido el art. 96.1 de la vigente Ley Reguladora de la Jurisdicción social establece que en los procesos de vulneración de un derecho fundamental o libertad pública cuando de las alegaciones de la parte actora se deduzca la existencia de indicios fundados de discriminación (...) corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad".

En el caso presente la parte demandada ha desplegado en juicio una actividad probatoria suficiente para considerar que la decisión empresarial que se combate en la demanda, decisión que como ya se ha razonado no constituyó una modificación sustancial de las condiciones de trabajo de la actora, no guardó relación alguna con la actividad sindical y representativa desarrollada por la demandante ni con las vicisitudes que rodearon la negociación y firma del nuevo convenio colectivo. La decisión empresarial de amortizar el puesto de trabajo de Oficial Químico Profesional A y el ofrecimiento a la demandante del desempeño del puesto de trabajo de Oficial de Explotación Profesional A tuvo su origen en una decisión externa a Tirme S.A.. La empresa Urbaser S.A., accionista mayoritario de la empresa Tirme S.A., encomendó a la empresa consultora Capgemini Invent en el año 2021 llevar a cabo estudios dirigidos a mejorar la productividad y el rendimiento de los procesos operativos y de reducción de los costes de explotación mediante la aplicación del método Lean de excelencia operacional y mejora en diferentes plantas de tratamientos de residuos ubicadas en España y en otros países. En el mes de febrero de 2024, esto es meses antes de que se hiciera entrega a la demandante de la carta de 30 de octubre de 2024, Capgemini Invent inició el estudio de la planta de residuos gestionada por Tirme S.A. en Mallorca. A tal fin, el equipo dirigido por D. Nemesio inició un proyecto de 8 semanas de duración en el cual analizó la operativa de la planta (estructura organizativa, procesos, modelo de gestión operativa e identificación de oportunidades de mejora de eficiencia). El proyectó afectó a varios departamentos de la planta (Laboratorio, Báscula, Metacompost, Cintas, Servicios subcontratados) y comprendió el análisis de consumos y de averías recurrentes. El estudio se llevó a cabo analizando el perfil de cada puesto de trabajo (rol) sin conocimiento de la identidad de los trabajadores que ocupaban los puestos de trabajo examinados y sin relación alguna con ellos. Como relató D. Nemesio no tuvieron contacto ni conocimiento de la identidad de los trabajadores que desempeñaban los puesto de trabajo analizados.

El informe elaborado por Capgemini Invent consta en autos como documento nº 17 de la parte demandada y se da aquí por reproducido. El informe plantea una serie de iniciativas dirigidas a mejorar la productividad y a optimizar el rendimiento de los departamentos, servicios y gastos examinados. Uno de los departamentos afectados fue el de Laboratorio, pero no fue el único y tampoco fue el único en el que se produjeron amortizaciones de puestos de trabajo. El informe elaborado por Capgemini Invent propuso amortizar los dos puestos de trabajo de Oficial Químico, pero también de la báscula a las necesidades reales de la planta reduciendo amortizando dos puestos de trabajo como consecuencia de la automatización de la báscula de PVE y la organización de los tres puestos de trabajo restantes en tres turnos para la gestión de la báscula de PVE. Y así, la empresa demandada procedió a comunicar la extinción de su contrato de trabajo por causas organizativas y productivas a D. Iván, Oficial Químico Profesional A, como la demandante y la Basculista D. Maximiliano y a la vez suscribió acuerdos de novación contractual con los trabajadores D. Nicanor, Dña. Adela, D. Arsenio y D. Mario mediante los cuales dichos trabajadores, Básculistas, pasaron a desempeñar otros puestos de trabajo.

Por lo tanto, las causas que motivaron la amortización del puesto de trabajo de la demandante fueron las mismas que motivaron la extinción del contrato de trabajo del Sr. Iván quien, si bien era afiliado al sindicato Confederación Sindical de Comisiones Obreras, según refirió en juicio, no consta que hubiera realizado actividad sindical o representativa alguna. Y lo mismo puede decirse del trabajador D. Maximiliano, de quien se desconoce que tuviera afiliación sindical alguna.

La empresa demandada, en aras a respetar el derecho de prioridad de permanencia en la empresa del que disfruta la demandante, le ofreció en la carta de fecha 30 de octubre de 2024 continuar prestando servicios con la categoría profesional de Oficial de Explotación Profesional A, ofrecimiento que la demandante aceptó perviviendo la relación laboral sin incidencia alguna.

Comparte el Juzgador el razonado criterio que expuso el Ministerio Fiscal en su informe. La decisión empresarial no guardó relación alguna ni con la persona de la demandante, ni con el desempeño por su parte de funciones de representación sindical y legal de los trabajadores. Es más, dicha circunstancia determinó que le fuera ofrecida la continuación de la relación laboral en otro puesto de trabajo perteneciente al mismo grupo profesional. No apreciando el Juzgador indicios de vulneración de los derechos invocados en la demanda, la acción ejercitada por la demandante debe ser desestimada.

VISTOSlos preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.