Sentencia Social 121/2025 Juzgado de lo Social de Palma nº 5, Rec. 716/2023 de 07 de abril del 2025

PRIMERO.El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración de los medios de prueba practicados en juicio, consistiendo estos en el expediente administrativo, así como de la documental aportada por ambas partes.

El demandante ejercita en la demanda dos pretensiones. Por una parte y como pretensión principal, impugna la resolución administrativa que revocó el reconocimiento de su derecho a percibir prestaciones por desempleo y declaró como indebidas las abonadas negando que, como afirma la Entidad Gestora en la resolución impugnada, hubiere existido concierto alguno entre el trabajador y la empresa mercantil que era su empleadora para extinguir de forma concertada la relación laboral que las unía. Sostiene la parte actora que la relación laboral previa a la solicitud de las prestaciones por desempleo se extinguió por despido y por ello, por causa ajena a la voluntad del demandante entendiendo que éste reunía los requisitos legales para acceder a las prestaciones por desempleo y rechazando la existencia de fraude alguno dirigido a lograr las prestaciones por desempleo inicialmente reconocidas. Así mismo, impugna la parte actora la resolución administrativa que denegó la capitalización de las prestaciones por desempleo. Argumenta la demanda que el actor decidió invertir en el desarrollo de una actividad económica que conocía por experiencia su propia prestación por desempleo mediante la capitalización de ésta con el objeto de generar autoempleo y empleo para terceros. En segundo lugar y por las mismas razones, impugna el demandante la resolución administrativa que denegó la solicitud de capitalización de las prestaciones por desempleo en un pago único.

SEGUNDO.Según resulta del expediente administrativo y de la documentación aportada por las partes, el demandante prestaba servicios por cuenta ajena en el establecimiento de heladería denominado "La Boutique del Gelato" sito en la Avenida Joan March Ordinas nº 8 bajos de Palma. En fecha 31 de enero de 2022 fue despedido por su empleadora y, alcanzado acuerdo ante el TAMIB, indemnizado, habiendo percibido de forma efectiva el importe indemnizatorio pactado, circunstancia este que no se cuestiona por el SEPE. El demandante además, alcanzó un acuerdo con su exempleadora para asumir por cuenta propia y mediante contrato de subarriendo la explotación del establecimiento que había constituido el centro de trabajo. Y así lo hizo. El demandante cursó el alta en el RETA y el alta censal en la actividad ante la AEAT, suscribió contrato de subarriendo sobre el local de negocio en el que se ubica el establecimiento de heladería, ha venido abonando las rentas correspondientes y ha contratado a una trabajadora durante la temporada estival de los años 2022 y 2023. Según se extrae de las declaraciones tributarias presentadas, ha desarrollado por cuenta propia y como trabajador autónomo una actividad productiva que es continuadora de la que su empleadora había venido desarrollando. Dicha documentación revela que el actor en la declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 2022 hizo constar rendimientos por razón del trabajo y rendimientos por razón de la actividad económica que desarrollaba, siendo el importe de los segundos muy superior a los del primero. Ello se corresponde con el corto periodo trabajado por cuenta ajena en 2022 y con el amplio periodo de actividad como trabajador autónomo que el demandante desarrolló tras su cese en Explotaciones Carmane S.L.U.. La declaración de IRPF correspondiente al ejercicio 2023 refleja únicamente ingresos derivados de la actividad económica y su importe es superior al consignado en la declaración presentada el ejercicio anterior. Ello unido a las declaraciones trimestrales de IVA aportadas constituyen claros indicios del ejercicio real de una actividad por cuenta propia.

La STS de 5 de abril de 2017 (Rcud) 694/2016 abordó un supuesto en el cual una trabajadora fue despedida por su empresa de la tintorería en la que trabajaba. La trabajadora, que solicitó las prestaciones por desempleo que le fueron reconocidas, al igual que la demandante, pretendió ejercer la misma actividad y en el mismo local en el que estaba empleada. Y al igual que sucede con la demandante, interesó la capitalización de las prestaciones por desempleo, que le fue denegada. Se trata, pues, de un supuesto de hecho muy similar al que nos ocupa. El objeto de la presente litis no es pronunciarse sobre la procedencia de la capitalización de las prestaciones por desempleo, pues en relación con esa cuestión la demandante interpuso una demanda separada, sino determinar si existió fraude en el despido que le pueda vedar el acceso a las prestaciones por desempleo. La sentencia citada se pronuncia en favor de la capitalización de las prestaciones por desempleo e, implícitamente, en la inexistencia de fraude por el mero hecho de que el trabajador por cuenta propia, una vez despedido, continue por cuenta propia como trabajador autónomo la actividad del que fue su empleador, de forma totalmente independiente de este, que es lo que sucede en el caso que nos ocupa.

A la hora de resolver la cuestión que se plantea en la demanda debe de tenerse en cuenta como señalan las SSTSJ Baleares de 17 de septiembre de 2014 (Rsu. 198/2014) y de 29 de septiembre de 2016 (Rsu. 76/2016) que el fraude de Ley no se presume sino que para su apreciación es necesaria la acreditación de hechos inequívocamente reveladores de la intención fraudulenta en el acto que se conceptúa como tal, no siendo el caso del supuesto analizado en el que tras un despido por causas objetivas el trabajador asume la posición de empresario haciéndose cargo de la actividad en la que había venido prestando servicios. En el caso presente, no se acredita la existencia de connivencia entre empresa y el trabajador para, mediante un despido fraudulento, permitir a este el acceso a las prestaciones por desempleo con el fin de sufragar el inicio de una nueva actividad por cuenta propia. En primer lugar, el hecho de que el demandante haya asumido por cuenta propia la explotación del centro de trabajo y de la actividad que venía realizando su empleadora evidencia que esta abandonó la realización de la actividad productiva. Explotaciones Carmane S.L. procedió al despido del demandante y con posterioridad a este hecho, éste y su exempleadora suscribieron contrato de subarriendo sobre el local de negocio en el que se asentaba la actividad, local de negocio. El demandante adquirió de su exempleadora algunos elementos materiales necesarios para el desarrollo de la actividad como son una vitrina de helados y una crepera. Nada apunta a que con anterioridad al despido, el demandante hubiera realizado actuación alguna dirigida a preparar el inicio de una nueva actividad profesional por cuenta propia. El SEPE incide en que el importe indemnizatorio que percibió el demandante fue muy inferior al legalmente establecido. Ello puede ser así, pero el hecho de que el actor hubiera aceptado un importe inferior al que podría corresponderle no significa que el despido fuera fraudulento, máxime teniendo en cuenta la larga tramitación que afecta a los procesos por despido que se siguen ante los Juzgados de lo Social. La realidad es que el demandante inició una actividad real y efectiva por cuenta propia con posterioridad al despido, siendo que la validez y legalidad del autoempleo, aun continuando la anterior actividad del empleador, es un fin legítimo compatible con la percepción de prestaciones por desempleo, como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia reiteradamente. Tampoco excluye esta convicción el hecho de que el actor hubiera causado baja en el RETA durante el periodo que media entre el 30 de noviembre de 2023 y el 8 de marzo de 2024 y desde el 31 de octubre de 2024 hasta la actualidad. La actividad económica que desarrolla el demandante tiene un marcado carácter estacional y es posible que haya considerado que mantener el negocio abierto durante los meses de invierno resulte improductivo. Lo que es relevante a los efectos que nos ocupa es que no concurren indicios que permitan considerar la existencia de una confabulación entre empresario y trabajador para permitir a este el acceso a las prestaciones por desempleo y que el actor ha venido realizando una actividad económica por cuenta propia real y verdadera contratando incluso a una trabajadora durante las temporadas estivales de 2022 y 2023.

Ello conduce a estimar la demanda por lo que respecta a la impugnación de la resolución administrativa que declaró la indebida percepción de las prestaciones por desempleo abonadas al actor y acordó el reintegro de éstas, pues conforme a lo razonado anteriormente, excluido el fraude en base al cual se adoptó la decisión plasmada en las resoluciones impugnadas en la demanda, el actor se hallaba en situación legal de desempleo y reunía los presupuestos legales necesarios para ser perceptor de las prestaciones que le fueron inicialmente reconocidas.

TERCERO.El demandante impugna también en la demanda la resolución administrativa que desestimó la solicitud de capitalización de las prestaciones contributivas por desempleo, desestimación que es consecuencia directa de la revocación de las prestaciones inicialmente reconocidas. Así, la resolución denegatoria de 8 de febrero de 2023 esgrime como único motivo de denegación no ser el actor beneficiario de las prestaciones por desempleo de conformidad con lo dispuesto en el Art. 1.1 del Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, por el que se regula el abono de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único. El reconocimiento del derecho del actor a percibir las prestaciones por desempleo que solicitó el 23 de febrero de 2022 en base las razones expuestas en el Fundamento de Derecho anterior ha de conducir a la estimación de la segunda de las pretensiones que se ejercitan en la demanda.

Por todo lo expuesto y razonado

Fallo