Sentencia Social 375/2024 Juzgado de lo Social de Palma nº 5, Rec. 160/2023 de 09 de diciembre del 2024

PRIMERO.El relato de hechos probados resulta de la libre y conjunta valoración de los medios de prueba practicados en acto de juicio consistentes en el expediente administrativo aportado por la Administración demandada, dentro de la que destaca la muy completa Acta de Infracción y la documentación aportada por la empresa demandada. Cabe decir que el hecho probado quinto, sobre el cual pivota el presente litigio no fue controvertido. El hecho probado primero, del que resultan los hechos que conforman las cuestiones litigiosas, resulta del contenido del Acta de Infracción. la Ley 23/2015, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social dispone en su Art. 23 que: " Los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que se formalicen en las actas de infracción y de liquidación, observando los requisitos legales pertinentes, tendrán presunción de certeza, sin perjuicio de las pruebas que en defensa de los respectivos derechos o intereses pueden aportar los interesados. El mismo valor probatorio se atribuye a los hechos reseñados en informes emitidos por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social como consecuencia de comprobaciones efectuadas por la misma, sin perjuicio de su contradicción por los interesados en la forma que determinen las normas procedimentales aplicables. No se verá afectada la presunción de certeza a que se refieren los párrafos anteriores por la sustitución del funcionario o funcionarios durante el periodo de la actuación inspectora, si bien se deberá comunicar en tiempo y forma a los interesados dicha sustitución antes de la finalización de aquella, en los términos que se establezcan reglamentariamente."

Esta presunción de certeza de los hechos constatados por los funcionarios de la Inspección de Trabajo que se formalizan en las actas de infracción y de liquidación se reitera en los Arts. 53.2 LISOS y en el Art. 15 del RD. 928/1998, que aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes de liquidación de cuotas de la Seguridad Social. Por otra parte, el Art. 151.8 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social consagra también la presunción de certeza "iuris tantun" de los hechos reflejados en las actas de infracción, así como de los los hechos constatados por los funcionarios a los que se reconoce la condición de autoridad, y que se formalicen en documento público observando los requisitos legales pertinentes. Ello no supone que la presunción de certeza de las actas invierta la carga de la prueba, mas bien lo que exige es la necesidad de actuar contra el medio de prueba aportado por la Administración ( STS 29/06/1998 Y 27/04/1998). Es también reiterada la jurisprudencia que ha limitado el valor atribuible a las Actas de Inspección, limitando la presunción de certeza de los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, a los inmediatamente deducibles de aquellos o a los acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma ( STS 24/06/1991, 14/12/1999 y 8/05/2000).

En el caso presente, la documentación aportada por la empresa demandante no desvirtúa la veracidad de los hechos que se reflejan en el Acta de Infracción.

SEGUNDO.Impugna la empresa demandante la sanción administrativa que le fue impuesta por la Dirección General de Treball i Salut Laboral de fecha 6 de septiembre de 2022, confirmada por la posterior de 5 de enero de 2023 alegando en primer lugar, la absoluta falta de motivación y la existencia de defectos formales en el Acta de Infracción en base a la cual se dictaron las resoluciones administrativas que se impugnan en la demanda. Expone la parte demandante que en el Acta de Infracción no se consigna cual es la jornada mensual que realizaron los trabajadores que se mencionan en el Acta, ni cual era su horario de trabajo ni cuando se realizaron la jornada de formación lo que impide conocer sí las horas de formación pueden tener carácter de extraordinarias y por lo tanto si la empresa hubo de haberlas retribuido y cotizado. También aduce la empresa demandante que el Acta no consigna si las horas que recoge en el punto Noveno que se dice abonadas en enero de 2022 en concepto de horas de formación corresponden a horas de formación del mes de junio o del mes de julio lo que resultaría relevante dado que la empresa realiza la liquidación semestral para calcular si ha habido horas extraordinarias derivadas de la formación. Invoca la parte demandante la vulneración de lo dispuesto en el Art.14.1.b) y 32 del Real Decreto 928/1998 que impediría conferir presunción de veracidad al Acta de Infracción. Tales defectos arrastrarían a las resoluciones administrativas impugnadas, de conformidad con lo prevenido en el Art. 88 de la Ley 39/2015, que adolecerían de defectos susceptibles de motivar la anulación de las mismas en base a lo dispuesto en los Art. 48.1 y 2 de la Ley 39/2015.

No comparte el Juzgador el razonamiento que expone la parte demandante. Tres hechos son esenciales para determinar si la empresa demandante incurrió en las infracciones administrativas que se le atribuyen en el Acta de Infracción: Los trabajadores realizan las horas de formación fuera de su jornada laboral; la empresa demandada solo retribuye las horas de formación como horas extraordinarias cuando el trabajador excede su jornada en cómputo anual; en este caso, la empresa demandada retribuye a sus trabajadores las horas de formación consideradas horas extraordinarias de forma semestral. Estos tres hechos son pacíficos y son los que determinan que la Inspección de Trabajo considere que la empresa demandante es autora de las dos infracciones sancionadas. El Acta de Infracción cuestiona completamente el "modus operandi" de la empresa demandada. Por lo tanto, resulta irrelevante conocer con exactitud la jornada laboral realizada por cada trabajador o en qué días concretos realizó cada uno de los trabajadores identificados en el Acta de Infracción las horas de formación. El Acta de Infracción, a la vista de la documentación que se aportó por la empresa a la funcionaria actuante y del resto de actuaciones que se detallan en el Acta, refiere que los trabajadores que se menciona en ella realizaron 20 horas de formación durante el mes de junio y julio de 2021. La empresa demandante no niega que ello fuera así y tampoco ha aportado documentación que acredite que dicho extremo es erróneo. Tampoco ha aportado la empresa demandante documentación que acredite los días y horas concretos en que dichos trabajadores realizaron las horas de formación obligatoria, si bien, como ya se ha dicho, ello carece de trascendencia pues ambas partes coinciden en que se realizaron fuera de la jornada laboral ordinaria de los trabajadores. Así mismo, el Acta de Infracción refiere que en la nómina de enero de 2022 se abonó o no, según los casos, como horas extraordinarias a los trabajadores las horas de formación realizadas. Este hecho tampoco fue discutido por la empresa demandante, quien aportó las nóminas correspondientes a los 20 trabajadores afectado, si bien no todas, correspondientes al año 2021, no a enero de 2022. Ello sin embargo, tampoco es trascendente pues es pacífico que la empresa solo abona las horas de formación como extraordinarias si el trabajador supera la jornada laboral anual fijada en el convenio de aplicación y que dicho abono se realiza por periodos semestrales.

En conclusión, estima el Juzgador que el Acta de Infracción reúne los requisitos de concreción y motivación necesarios para producir plenos efectos, debiendo desestimarse el primero de los motivos de impugnación de la sanción que se exponen en la demanda.

TERCERO.La primera de las sanciones impuestas por la Administración demandada viene referida a la practica empresarial de no considerar las horas de formación realizadas fuera de la jornada de trabajo como horas extraordinarias/complementarias, así como el abono semestral de la empresa de esas horas sólo en el caso de superación de la jornada anual de 1782 horas. El Acta de Infracción y, por ende, las resoluciones administrativas que se impugnan en la demanda aprecian que la conducta empresarial quebranta los Art. 4.2.h), 12.5 y 35 ET en relación con los Art. 21, 52.2 y 53 del convenio colectivo de aplicación. La infracción es tipificada como grave de acuerdo con lo previsto en el Art. 7.10 LISOS.

El Art. 21 del Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Seguridad establece en el Art. 21:

a)La formación de carácter obligatorio, incluidos los ejercicios de tiro, se retribuirá en los términos que se recogen en este artículo.

b)

....

Cuando se efectúe la actividad formativa obligatoria, en cualquiera de sus modalidades, fuera de la jornada laboral se abonarán al trabajador las horas empleadas en ella a precio de su hora extraordinaria

Por lo tanto, como es de ver de la dicción literal del precepto convencional de aplicación al caso, las horas de formación obligatoria realizadas fuera de la jornada laboral se abonarán al trabajador al precio de su hora extraordinaria. Obsérvese que las partes negociadoras no calificaron dichas horas de formación como horas extraordinarias, sino que estipularon como módulo de retribución de las mismas el precio de las horas extraordinarias. Consecuencia de ello es que el trabajador que realiza horas de formación obligatoria debe percibir la retribución correspondiente a dichas horas como si de horas extraordinarias se tratase y ello con independencia de la jornada anual o mensual que realice. Y teniendo en cuenta que las partes negociadoras del convenio colectivo tomaron como referencia remuneratoria de las horas de formación realizadas fuera de la jornada laboral ordinaria el precio de las horas extraordinarias, resulta de aplicación lo previsto en el Art. 53 que rige la forma de retribución de las horas extraordinarias. Por lo tanto, la practica empresarial de retribuir las horas de formación únicamente si el trabajador excede de su jornada laboral ordinaria carece de apoyo convencional y legal.

El Art. 53 establece con carácter general que "Las horas extraordinarias se compensarán en descansos o se abonarán de acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores "y añade: "Las horas extraordinarias habrán de ser abonadas de forma mensual en la nómina correspondiente al mes siguiente al de su realización. No cabe, en ningún caso, diferir el abono de las horas extraordinarias realizadas al momento en el que se hubieran realizado las horas de jornada ordinaria anual del trabajador".Por lo tanto, la practica empresarial de diferir el abono de las horas de formación a una liquidación semestral carece también de apoyo convencional y legal. Las horas de formación han de ser retribuidas al mes siguiente de su realización con independencia de la jornada laboral realizada por el trabajador o bien compensadas por descanso como prevé el Art. 35 ET y el mismo Art. 53.

Por lo tanto, comparte el Juzgador el parecer que se expresa en el Acta de Infracción. Teniendo en cuenta que el Art. 7.10 LISOS sanciona como falta grave "Establecer condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente o por convenio colectivo, así como los actos u omisiones que fueren contrarios a los derechos de los trabajadores reconocidos en el artículo 4 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores "y que este último precepto estatutario establece el derecho de los trabajadores a la percepción puntual de la remuneración pactada o legalmente establecida, estima el Juzgador que la practica empresarial examinada incurre en la infracción sancionada, no apreciándose error en la tipificación de la infracción. La empresa demandante justifica la legalidad de su forma de proceder en la existencia de un acuerdo con la representación legal de los trabajadores. Sin embargo, a tenor de la documentación aportada, ello no es así. Según consta en el documento aportado por la empresa, esta en fecha 30 de septiembre de 2021, esto es, cuando ya se venía aplicando la práctica que motivó la actuación inspectora, se limitó a "informar"a los delegados de personal "de las cuestiones relativas a la formación de nuestros vigilantes de seguridad",habiéndose elaborado el documento de forma conjunta desde los departamentos de Formación y Prevención y de Recursos Humanos de Sureste Seguridad. El documento expresa con claridad que su finalidad es "que los representantes mencionados y elegidos por los vigilantes, tengan conocimiento de las cuestiones que afectan a la gestión de la formación de nuestro personal y así mismo, le den traslado de esta información a sus representado".Cierto es que en el apartado quinto se menciona "Por acuerdo de Sureste con la representación de la empresa, la formación de los vigilantes se imputará en periodos semestrales, contabilizando las acciones formativas realizadas desde el 1 de enero hasta el 30 de junio, abonándose en el mes de julio de ese año. Para la formación del segundo semestre se contabilizarán las acciones formativas realizadas desde el 1 de julio hasta el 31 de diciembre, abonándose en el mes de enero del año siguiente".Pero no es menos cierto que, de referirse la expresión "la representación de la empresa" a la representación legal de los trabajadores en la empresa" tal acuerdo no se ha aportado, se desconoce la fecha en que se adoptó, quienes fueron las partes firmantes y los términos pactados, siendo que el documento fechado el 30 de septiembre de 2021 no tiene naturaleza de pacto u acuerdo. Cabe señalar también que la demanda, si bien menciona la existencia de un pacto suscrito con la RLT, no esclarece las cuestiones apuntadas, que permanecen en la oscuridad.

Estima el Juzgador que la práctica empresarial que es objeto de examen integra la infracción prevista en el Art. 7.10 LISOS. Por lo que respecta a la graduación de la infracción, el Art. 39.2 LISOS establece que estas se graduarán en atención a la negligencia e intencionalidad del sujeto infractor, fraude o connivencia, incumplimiento de las advertencias previas y requerimientos de la Inspección, cifra de negocios de la empresa, número de trabajadores o de beneficiarios afectados en su caso, perjuicio causado y cantidad defraudada, como circunstancias que puedan agravar o atenuar la graduación a aplicar a la infracción cometida. En el caso presente, la intencionalidad de la empresa resulta evidente y el beneficio económico obtenido también, pues dejó de retribuir como horas extraordinarias las jornadas de formación realizadas fuera de la jornada laboral por aquellos trabajadores que no superaron la jornada laboral máxima prevista en el convenio colectivo de aplicación. El número de trabajadores afectados fue de 23, lo que con independencia del número de trabajadores que integren la plantilla total de la empresa, número que se desconoce por otra parte, no es una cifra despreciable. La empresa demandante no ha cuestionado que la cifra de negocio valorada por la Inspección de Trabajo fuera incorrecta, siendo que este es uno de los criterios legalmente establecidos para la graduación de las sanciones. Finalmente, según consta en el Acta de Infracción, el Organismo inspector requirió a la empresa demandante el pago y cotización de las horas de formación consideradas como horas extras mediante diligencia cuyo contenido se reproduce en el Acta, sin que la empresa demandante diera cumplimiento a dicho requerimiento sin perjuicio de acudir ulteriormente a la vía judicial. Considera por todo lo expuesto el Juzgador correctamente graduada la primera de las sanciones impuestas a la empresa demandada, que debe ser confirmada.

CUARTO.La segunda de las actuaciones sancionadas se tipifica en el Acta de Infracción y en la resolución sancionadora conforme al Art. 8.1 LISOS como infracción muy grave consistente en el impago de los salarios debido conforme a lo previsto en el convenio colectivo de aplicación transgrediendo la empresa el derecho de los trabajadores que se enumeran en el Acta a percibir puntualmente la remuneración legalmente establecida. Frente a dicha sanción la empresa demandante alegó la vulneración del principio non bis in idem entendiendo que la Administración demandada impuso dos sanciones distintas por un mismo hecho. En relación con el principio non bis in idem se pronunció la STSJ Comunidad Valenciana de 22de septiembre de 2021, (Rec. 3080/2020) en los siguientes términos: Como señala la jurisprudencia constitucional, el principio "non bis in idem" tiene una doble dimensión: a) La material o sustantiva, que impide sancionar al mismo sujeto "en más de una ocasión por el mismo hecho con el mismo fundamento", y que "tiene como finalidad evitar una reacción punitiva desproporcionada ( SSTC 154/1990, de 15 de octubre, FJ 3 ; 177/1999, de 11 de octubre ; y ATC 329/1995, de 11 de diciembre , FJ 2), en cuanto dicho exceso punitivo hace quebrar la garantía del ciudadano de previsibilidad de las sanciones, pues la suma de la pluralidad de sanciones crea una sanción ajena al juicio de proporcionalidad realizado por el legislador y materializa la imposición de una sanción no prevista legalmente" ( SSTC 2/2003, de 16 de enero, FJ 3 a ); y 229/2003, de 18 de diciembre ). Y b), la procesal o formal, que proscribe la duplicidad de procedimientos sancionadores en caso de que exista una triple identidad de sujeto, hecho y fundamento, y que tiene como primera concreción "la regla de la preferencia o precedencia de la autoridad judicial penal sobre la Administración respecto de su actuación en materia sancionadora en aquellos casos en los que los hechos a sancionar puedan ser, no sólo constitutivos de infracción administrativa, sino también de delito o falta según el Código penal" ( SSTC 2/2003, de 16 de enero, FJ 3 c ); y 229/2003, de 18 de diciembre , FJ 3. SSTEDH de 29 de mayo de 2001, en el caso Franz Fischer contra Austria ; y de 6 de junio de 2002, en el asunto Sallen contra Austria ). De modo que el principio "non bis in idem" despliega sus efectos tanto materiales como procesales cuando concurre una identidad de sujeto, hecho y fundamento ( STC 188/2005, de 7 de julio ). Este principio general se recoge en el artículo 133 de la Ley 30/1992 cuando dispone que "No podrán sancionarse los hechos que hayan sido sancionados penal o administrativamente, en los casos en que se aprecie identidad del sujeto, hecho y fundamento".

En el caso presente, a juicio del Juzgador, la actuación de la empresa demandante dio lugar a la comisión de dos infracciones administrativas distintas: por una parte, la imposición a los trabajadores de condiciones de trabajo inferiores a las establecidas legalmente mediante convenio colectivo; y otra consistente en el retraso o impago de la retribución de las horas de formación realizadas fuera de la jornada laboral. Esta segunda infracción, que es la que nos ocupa, se fundamenta en que la actuación empresarial motivó que aquellos trabajadores que superasen la jornada laboral establecida por el convenio colectivo verían retribuidas las horas de formación como horas extraordinarias, pero no al mes siguiente de su realización, sino seis meses después. Y de la misma forma, aquellos trabajadores que no superasen la jornada máxima establecida en el convenio no percibirían retribución alguna. Como es de ver del Acta de Infracción el fundamento jurídico de las dos infracciones sancionadas es distinto, como lo es también el bien jurídico protegido por los preceptos legales y estatutarios quebrantados. En consecuencia, no concurre vulneración del principio non bis in idem puesto que el fundamento de cada una de las sanciones es distinto. Concurriría la vulneración de dicho principio si la Administración demandada hubiera incoado expediente sancionador y sancionado después a la empresa demandante como consecuencia de su actuación en relación con cada uno de los trabajadores afectados, pero este no es el caso.

Entrando en el examen de los hechos que motivaron la sanción, estos resultan acreditados y correctamente tipificados en el Acta de Infracción y en la resolución administrativa sancionadora. Por lo que respecta a la graduación de la sanción, la infracción fue aplicada en grado mínimo y tramo superior atendiendo al incumplimiento de advertencias previas y requerimientos de la Inspección, a la cifra de negocios de la empresa y al número de trabajadores afectados. Debe tenerse aquí por reproducidos los razonamientos que se exponen en el Fundamento de Derecho anterior en relación con la primera de las sanciones examinadas habida cuenta de que los criterios de graduación aplicados en relación con la segunda sanción por la Inspección de Trabajo son los mismos.

Por todo lo expuesto y razonado, proceder la desestimación de la demanda y la confirmación de las sanciones administrativas impugnadas en la demanda.

QUINTO.De conformidad con lo dispuesto en el art. 191.3.g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social contra la presente sentencia no cabe interponer recurso de suplicación.