Sentencia Social 136/2025 Juzgado de lo Social de Vigo nº 7, Rec. 38/2024 de 27 de marzo del 2025

PRIMERO.- Los hechos que han sido declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el Juicio Oral, especialmente y dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , conforme a la documental.

Antes de entrar a resolver en el fondo del asunto y de las excepciones planteadas por la parte demandada, es necesario manifestar qué esta juzgadora sólo resuelve en la presente resolución judicial las pretensiones que ejercitó el actor en su escrito de demanda y; posteriormente en el escrito de aclaración. Por lo que no cabe , ni entra esta jugadora a resolver , ninguna pretensión distintas de las recogidas en la aclaración a la demanda. Y ello por cuanto posteriormente el actor en fase de conclusiones en juicio efectúa una serie de alegaciones qué deben quedar fuera del presente procedimiento, toda vez que no cabe una vez presentada la demanda y ampliada la misma modificar en el acto de juicios las pretensiones ejercitadas de conformidad con el art. 85.1 de la LRJS . Y ello por cuanto genera una total indefensión a la parte contraía.

SEGUNDO.- La parte actora en su escrito de aclaración a la demanda interesa a través del presente procedimiento según tenor literal que "declare la existencia de la lesión de derechos fundamentales de especial protección, como son los comportamientos discriminatorios, y sus consecuencias, la falta de igualdad de oportunidades enfatizada por la ausencia de ajustes razonables, declare la nulidad de los traslados, establezca que la articulación de los traslados voluntarios eliminen los obstáculos y contenidos discriminatorios, seotorgue una indemnización reparadora por las consecuencias económicas derivadas de la disuasión y exclusión empresarial hacia esta parte, así como por los daños morales y por atentar contra la dignidad debida".". Si atendemos al escrito de aclaración pide en su hecho primero que "las Bases de las Convocatorias de traslados de la entidad pública S.M.E. Correos y Telégrafos, S.A., junto los criterios de aplicación, atentan contra la dignidad y al derecho a ser tratado con respeto e igualdad de oportunidades y en virtud de la ley - artículo 10.1 CE -, y tienen el efecto de vulnerar el derecho a la igualdad de oportunidades en el acceso a la movilidad voluntaria - artículo 14 CE -, por razón de discapacidad, lo que afecta directamente a la integridad moral y al. bienestar psicológico y emocional, bajo una situación de acoso económico". Estableciendo en su hecho tercero que se "Se insta la nulidad del sistema de traslados desde el momento en que se excluyó a esta parte bajo motivos discriminatorios, y falta de ajustes razonables, y que sería desde el día desde la convocatoria del 6 de octubre de 2020, como también indica la empresa en su escrito de 2 de noviembre de 2022, y hasta el último de ellos, por ahora, de fecha 3 de abril de 2024."

A la vista de dicho escrito la Abogacía del Estado señala que se opone a la demanda, al impugnar las bases de concurso y anulación de adjudicación de puestos. Alega que dicha impugnación no se puede realizar a través del cauce de tutela de derechos fundamentales; si no que, en todo caso dicho cauce sería el procedimiento de impugnación de conflicto colectivo, para el que el actor no estaría legitimado. Y en todo caso alega la entidad demanda la falta de competencia del orden social debiendo ser competente la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que si pretende anular las bases de la convocatoria y anular los traslados producidos, en cuanto las mismas afectan a personal laboral como a funcionarios, no sería competente el orden jurisdiccional social.

Antes de entrar a resolver sobre la competencia, decir qué tal cómo ha manifestado la representación de Correos a la vista de la demanda y la aclaración a la demanda presentada por la actora, tras requerimiento del juzgado, consta una demanda confusa en muchos puntos. Pero aún así, entiende esta juzgadora que de la redacción de la demanda y su aclaración , la parte demandante pretende a través del presente proceso -por entender vulnerados sus derechos fundamentales de igualdad de trato y oportunidad- que se declare la nulidad de las bases de las convocatorias de traslados promovida por CORREOS desde octubre de 2020 y por ende qué se declare la nulidad de traslados y adjudicación de puestos de trabajo. Pues bien tal cómo consta en las actuaciones que los concursos de traslados y bases de convocatorias qué ahora impugna la demandante, afectan -como ha manifestado el Abogado del estado- en juicio, tanto a personal laboral como al personal de funcionarios de Correos.

Por ende para resolver las cuestiones sobre la competencia formuladas de contrario es necesario indicar que la D.A. 7º de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa establece que: " Los juzgados y tribunales del orden Contencioso- Administrativo también conocerán de las cuestiones que se promuevan entre Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A., y los empleados de ésta que conserven la condición de funcionarios y presten servicios en la misma, en los mismos términos en que conocen las cuestiones que se plantean entre los organismos públicos y su personal funcionario, atendiendo a la naturaleza específica de esta relación".

Por otro lado el artículo 1 de la LRJS establece que la jurisdicción social conocerá de las pretensiones que se promuevan dentro de la rama social del Derecho y que versen sobre materias laborales, y el artículo 3 e) de la LRJS excluye del conocimiento de la jurisdicción social el conocimiento de pactos acuerdos que sean de aplicación conjunta a personal funcionario y laboral.

A la vista de lo anterior y , siendo la demanda de tal amplitud , señalando qué pretende la impugnación de las bases de convocatorias de traslados emitidas por CORREOS desde el 6 de octubre de 2020 y, en cuanto tales traslados afectan tanto al personal laboral como al personal funcionarios; entiende esta juzgadora que debe acogerse la falta de competencia del orden jurisdiccional social.

En este mismo sentido ha resuelto, tal cómo alega la Audiencia nacional , Sala de lo Social de 6 de junio de 2018 en una sentencia de impugnación de conflicto colectivo presentado frente a la ahora demanda que "La excepción debe estimarse, ya que si bien el art. 2 g) de la LRJS atribuye el conocimiento a los órganos de la jurisdicción social de las pretensiones relativas a conflicto colectivo, (incluidas las impugnaciones de las prácticas que puedan adoptar las entidades que conforman el sector público relativas al personal laboral a su servicio), en los casos de que las mismas afecten tanto a personal laboral como a personal funcionario, a través del art. 3.e) de la propia LRJS , el legislador ha optado por atribuir el conocimiento de tales pretensiones a los órganos del orden contencioso- administrativo.

Dicha doctrina aparece recogida en la STS de 21-11-2017 ( rcud 2267/2015 ) de en los términos que acabamos de exponer, y literalmente señala: " Como recordábamos en la STS/4ª de 14 octubre de 2014 (rec. 265/2013 ) - reiterada en la STS/4ª de 9 marzo 2015, rec. 119/2014 ) -, a tenor de lo dispuesto en los arts. 1 ) y 2 a ), b ) y e ) a i) LRJS , los órganos judiciales de lo Social son competentes para conocer de la impugnación de las decisiones de la Administración pública empleadora respecto de los trabajadores a su servicio.

La excepción a esta regla general se produce cuando tales decisiones afecten conjuntamente al personal laboral y al funcionarial y/o estatutario, en cuyo caso la LRJS ha optado por atribuir el conocimiento de la impugnación de tales actos en materia laboral o sindical (materia de derechos de libertad sindical y huelga, pactos o acuerdos ex EBEP o laudos arbitrales sustitutivos) al orden contencioso-administrativo ( art. 2 f ) y h ) y art. 3 c ), d ) y e) LRJS ) -con la salvedad, a su vez, de la materia relativa a la prevención de riesgos laborales de competencia plena del orden social ( arts. 2 e ) y 3 b) LRJS )-.

Por ello, cuando en un supuesto de alcance colectivo, como es el presente, exista esa afectación conjunta, habrá de afirmarse que la impugnación de la decisión, acuerdo o práctica de la Administración empleadora está atribuida al orden jurisdiccional contencioso-administrativo."

Alegándose en la propia demanda y constando en los HHPP de esta resolución que la práctica que se impugna afecta tanto a personal funcionario como laboral, cabe concluir como arriba anunciábamos que la pretensión ejercitada no se encuentra atribuida al conocimiento de los órganos del orden social de la jurisdicción sino al contencioso-administrativo."

A la vista de lo expuesto, procede desestimar la demanda, sin entrar a valorar le fondo del asunto . Y por ello por cuanto se declara la excepción planteada en la vista la incompetencia de la jurisdicción social para conocer de este procedimiento.

TERCERO.-Según lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , contra esta resolución pueden la partes interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, de conformidad con lo establecido por el articulo 117 de la Constitución , en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el Pueblo Español,