Sentencia Social 249/2025 Juzgado de lo Social de Murcia nº 9, Rec. 665/2023 de 11 de septiembre del 2025

PRIMERO.-El anterior relato de hechos probados resulta del expediente administrativo, al que se remiten ambas partes.

SEGUNDO.-Se impugna resolución confirmatoria de sanción derivada de Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo, alegando la actora que no ha incurrido en los incumplimientos sancionados. Opone que la Resolución impugnada, confirmando el Acta y la sanción impuesta, se emite cinco años después de que a la parte se le notificara, haciendo constar el íter del procedimiento administrativo sancionador, con emisión del Acta de Infracción en fecha 20/10/2017, Resolución de fecha 17/04/2018 confirmatoria del Acta de infracción, interposición de Recurso de Alzada en fecha 16/05/2018 y resolución del Recurso de Alzada en fecha 06/07/2023 (cinco años despues de la interposición del mismo), resultando que las infracciones en el orden social prescriben a los tres años contados desde la fecha de la infracción conforme dicta el artículo 7.1 del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de las Sanciones por Infracciones de Orden Social y para los Expedientes Liquidatarios de Cuotas de la Seguridad Social, así como el artículo 4.3 LISOS. Sosteniendo que, en mayo de 2021, las supuestas infracciones cometidas por la empresa estaban prescritas conforme a la normativa aplicable y reseñada, computando el plazo de tres años tanto desde la supuesta comisión de la infracción (20 de octubre de 2017), como de la fecha de interposición del recurso de alzada; esgrime asimismo el artículo 7, en su apartado tercero, del RD 928/98, que dispone la prescripción de cinco años de las sanciones impuestas, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción", con prescripción asimismo de la sanción, con inactividad de la Administración durante CINCO AÑOS hasta la resolución del recurso de alzada en fecha de julio de 2023. En cuanto al fondo, esta resolución se remite a los argumentos del escrito de demanda, que viene a reproducir lo alegado durante el expediente administrativo, que no se trascribe por economía procesal, impugnando la empresa el planteamiento realizado por la Inspección de Trabajo a fin de la comprobación de los hechos y constatación de la infracción; así como su resultado entendiendo cometida cesión ilegal de trabajadores.

El Abogado de la CARM interesa la confirmación del acto administrativo impugnado, dada la presunción legal de certeza del Acta de la Inspección, que ha de prevalecer sobre las alegaciones de la parte, que viene a reproducir las vertidas en el expediente administrativo. Asimismo, la confirmación de la tipificación de la infracción y de la sanción. Refiere que los contratos de trabajo por obra y servicio realizados a los largo del periodo estudiado con las empresas usuarias carecen de autonomía y sustantividad propia en los términos del artículo 15 ET, siendo los contratos de puesta a disposición celebrados fraudulentos para la cobertura de puestos de trabajo fijos, para la realización de actividad propia de la empresa usuaria, de explotaciones y comercializaciones agrícolas. Que la ETT es responsable solidaria de la infracción de la usuaria de conformidad con la STS de 19/02/2009. Niega la prescripción ya que el computo de la prescripción según STSs de 2021, 2022 y 2024 es de 5 años teniendo que excluir del cómputo de plazos el período de 82 días de suspensión plazos por motivo del COVID-19.

TERCERO.-En relación a la prescripción de infracción y sanción, la reciente STS, Social sección 1 del 25 de junio de 2024 (SENTENCIA: 927/2024, Recurso: 4240/2021), tras verificar recorrido por la jurisprudencia más reciente ( STS IV de 24 de marzo de 2021, STS IV de 13 de octubre de 2021, SSTS 342/2021, de 24 de marzo (rcud 3457/2019); 756/2021, de 7 de julio (proc. 1/2018); y 795/2021, de 19 de julio (rcud 4160/2018), STS IV de 9 de marzo de 2023, rcud. 417/2020, STS IV de 6 de julio de 2023, rcud. 1136/2020, STS IV nº 184/2023, de 9/03/2023) recuerda que la regla general sobre la prescripción de infracciones y sanciones, regulada en el art. 30.1 de la Ley 40/2015, es subsidiaria a las disposiciones sobre prescripción, establecidas en las normas que establezcan las infracciones y sanciones, como se desprende de la propia literalidad del precepto; debiendo considerar que en el supuesto de una sanción impuesta por la comisión de falta muy grave (como es el caso actual) es patente que la norma aplicable es el art. 7.3 del RD 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, que establece que "las sanciones impuestas prescribirán a los cinco años, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción; resultando que el plazo prescriptivo más amplio que contempla el art. 7.3 del Reglamento (cinco años) no debe ceder en favor del de tres años contemplado en una ley de aplicación subsidiaria, al concurrir una disposición especial para la específica materia de sanciones e infracciones en el orden social. Se señala, de otra parte, que la LISOS contempla en su articulado la prescripción de las infracciones, que no de las sanciones; y que la LISOS no deroga el RD 928/1998, Reglamento general para procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, que, de manera específica, estableció que "las sanciones impuestas prescribirán a los cinco años, a contar desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impone la sanción".

Concluyendo la prevalencia del plazo específico regulatorio de la prescripción, en materia sancionadora en el orden social, del art. 7 del RD 928/1998 sobre los plazos generales del art. 132.1 de la Ley 30/1992 (posterior art. 30 de la Ley 40/2015).

Así, hay que partir en estos autos de un plazo de prescripción a aplicar de 5 años, por el mismo tenor del artículo 30.1 de la Ley 40/2015: "Las infracciones y sanciones prescribirán según lo dispuesto en las leyes que las establezcan. Si éstas no fijan plazos de prescripción, las infracciones muy graves prescribirán a los tres años, las graves a los dos años y las leves a los seis meses; las sanciones impuestas por faltas muy graves prescribirán a los tres años, las impuestas por faltas graves a los dos años y las impuestas por faltas leves al año". Fijado en 5 años el plazo para la prescripción de las infracciones muy graves y de las sanciones por el artículo 7.1 y 7.3 de del Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, siendo esta la legislación obviamente especial y preferente por tanto en su aplicación en los expedientes sancionadores, a esta normativa hay que estar.

En este caso, el plazo de prescripción de la sanción debe empezar a computarse desde el 17/08/2018, fecha en que se entendería desestimado por silencio administrativo el Recurso de Alzada no resuelto por el transcurso de 3 meses ( artículo 21.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas; y 23.2 RD 928/1998); siendo la notificación de la resolución del RA a la empresa el 7/7/23, un mes antes del transcurso de los 5 años. Además, habría que descontar del cómputo los 82 días de suspensión de plazos acordada por Real Decreto 463/2020 de 14 de marzo.

Con inadmisión de tal motivo de prescripción.

CUARTO.-En cuanto al fondo, los datos que recoge la Inspección de Trabajo son estadísticos y están documentados, siendo por ello incontrovertidos. La empresa demandante no prueba nada en contra, esgrimiendo de forma gratuita, sin aportar prueba, que la cesión de trabajadores es legal y por acuerdo entre empresas, con puesta a disposición de trabajadores por una ETT a la usuaria. Sin embargo, en este supuesto, la empresa cedente no verificó si los trabajos agrícolas a realizar por los trabajadores puestos a disposición tenían carácter de permanentes en el contexto de la estructura productiva de la empresa usuaria; resultando que las contrataciones no cumplen la exigencia señalada en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal, que dispone que "podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores". Precepto, el del artículo 15 ET, que proscribe la utilización de contratos temporales o por obra o servicio determinado sin que se haya justificado ningún hecho determinante de temporalidad, debiendo referirse la naturaleza del contrato al tipo de trabajo que constituye su objeto, entendiendo celebrado en fraude de ley si no se acredita el carácter temporal del trabajo que se vaya a realizar y su duración total prevista o estimada. Considerando, en el contexto de autos, siendo estructural el trabajo que motiva las contrataciones controvertidas a la ETT por parte de la empresa usuaria, consistente en lo que conforma su objeto social, y no cumpliendo los requisitos indicados, procede corroborar la incurrencia en la infracción y, por tanto, la sanción.

Resulta en este sentido esclarecedor que el coste económico por trabajadores cedidos sea ampliamente superior al coste de los trabajadores propios, lo que descarta el argumento de una necesidad puntual o determinada, concluyendo que la contratación a través de la puesta a disposición, en su modalidad de obra o servicio determinado, cubre en este caso una permanente necesidad de personal para realización de labores agrícolas en el campo.

Como expone el Tribunal Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª) en Sentencia de 4 de julio de 2006: "... En todo caso resultará integrante de cesión ilegal la que lo sea con carácter permanente o para cubrir necesidades permanentes de mano de obra, supuestos en los que el CPD se manifiesta claramente fraudulento e incurso en la previsión del artículo 6.4 CC".

La Inspección, por lo expuesto, con correcto razonamiento fáctico y jurídico, concluye que las contrataciones controvertidas han cubierto puestos de trabajo fijos, carentes de las notas esenciales que permitirían acudir a una contratación temporal de las contempladas en el artículo 15.1 ET a través de Empresas de Trabajo Temporal, dando lugar a la cobertura de puestos de trabajo con trabajadores cedidos por aquellas. Se descarta que pueda calificarse este razonamiento de mera opinión subjetiva de los funcionarios de la Inspección de Trabajo, que aplican correctamente el silogismo jurídico expuesto. Debiéndose estar a la presunción de veracidad del Acta de la Inspección de Trabajo, ex artículo 151.8 LRJS y artículo 53.2 del Real Decreto Legislativo 5/2000 de 4 de agosto; sin prueba en contrario en cuanto a la real temporalidad de los trabajos y las necesidades meramente puntuales de la empresa de los trabajadores cedidos.

Considerando, por tanto, que las tareas que realizan los trabajadores puestos a disposición de las empresas usuarias por parte de la demandada, en las diferentes campañas de las usuarias, son las correspondientes a su objeto social, constituyendo trabajos de carácter cíclico y permanente en la actividad de la usuaria, esto es, labores agrícolas, figurando en los contratos referencias a actividades agrícolas, con fórmulas genéricas que se utilizan como causa de todos los contratos de puesta a disposición.

Contratando en el período examinado las usuarias, a través de la E.T.T. hoy actuante, a más trabajadores que con los que cuenta de plantilla para labores agrícolas, sin justificar las circunstancias concretas que motivan la contratación, realmente temporales y no estructurales propias de la actividad de la empresa, ni en cuanto a la cantidad ni en cuanto al tipo. Lo que, según los datos que maneja la IT, en efecto se verifica para tareas agrícolas en las mismas fincas y durante prácticamente todos los meses del año a lo largo de varios años, sin acreditarse que las circunstancias de contratación se refieran a una situación excepcional, temporal, singular y determinada que haya podido concurrir en cada caso para que quede justificado el uso de los contratos de puesta a disposición. Tratándose en las 3 usuarias, en numerosos casos, de los mismos trabajadores, contratados año tras año en varias ocasiones parar realizar los mismos trabajos. Entendiendo que las usuarias así, en connivencia con la ETT, soslayan la obligación de atender con contratación indefinida los trabajos habituales con trabajadores de plantilla, utilizando en fraude de ley una fórmula legal (cesión de trabajadores por parte de empresas de trabajo temporal) sólo permitida para trabajos temporales, puntuales, esporádicos, para atender trabajos habituales y estructurales, lo que no está amparado por el ordenamiento jurídico y es, por tanto, ilegal.

Siendo responsable solidaria de la conducta de la usuaria la ETT hoy demandante de conformidad con la doctrina de la STS de 19/02/2009.

QUINTO.-Al respecto de la tipificación de la conducta, la reciente STS, Social sección 1 del 20 de marzo de 2024 (Sentencia: 512/2024, Recurso: 134/2022), defiende contemplar la incurrencia en la infracción prevista en el art. 8.2 de la LISOS en lo relativo a las ETT en caso de fraude en el contrato de puesta a disposición.

En efecto, una vez se entiende acreditada, en los términos del Acta, la existencia de una cesión ilegal en los contratos de puesta a disposición, mediante el encadenamiento de contratos de forma continua, sin causa temporal justificada y para cubrir necesidades permanentes de la demandante, resulta adecuada tal tipificación de la conducta y la sanción derivada.

Expone la indicada Sentencia:

"El art. 43 del ET dispone lo siguiente: "1. La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los términos que legalmente se establezcan.

2. En todo caso, se entiende que se incurre en la cesión ilegal de trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario".

El art. 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal (LETT) establece que " Podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Asimismo, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de trabajo en prácticas o un contrato para la formación y el aprendizaje conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores".

El art. 8 señala los casos en los que no podrán celebrarse contratos de puesta a disposición. Por su parte, el art. 8.2 de la LISOS, dentro de la Sección destinada a las infracciones en materia de relaciones laborales, califica como infracción muy grave "la cesión de trabajadores en los términos prohibidos por la legislación vigente". La LISOS, en la Sección destinada a las infracciones en materia de ETT y empresas usuarias, destina el art. 18 a las correspondientes a la ETT y el art. 19 a la empresa usuaria, calificando sus apartados 2 c) y 2 b), respectivamente, "Formalizar contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de junio".

Con este marco normativo, la doctrina que se recoge en las sentencias de esta Sala que hemos identificado anteriormente, viene a decir que el legislador:

-Ha dispuesto que la cesión temporal de trabajadores solo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal, siempre que estén debidamente autorizadas y actúen en los términos establecidos legalmente.

-Ha tipificado como falta muy grave la cesión ilegal en los términos prohibidos por la legislación vigente, aunque autoriza que exista cesión cuando se efectúe por medio de ETT debidamente autorizada, siempre y cuando lo hagan en los términos legalmente establecidos, por lo que "cuando la empresa de trabajo temporal ceda trabajadores a la empresa usuaria sin respetar los términos establecidos legalmente, también se producirá cesión ilegal de trabajadores, lo que constituye una falta muy grave, de conformidad con el art. 8.2 LISOS , que sanciona como tal a la cesión ilegal de trabajadores, fueren quienes fueren sus responsables"".

Y sigue: "En definitiva, la jurisprudencia de esta Sala parte de que se está sancionando una conducta de la empresa ETT y empresa usuaria por la que la primera no pone a disposición de la segunda trabajadores en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada, de formación o de aprendizaje, conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del ET ( art. 6.2 de la Ley 14/1994) sino que han sido contratados para atender necesidades estructurales de la usuaria. Como ha dicho esta Sala, en las sentencias que cita la recurrente, "resulta ilegal la cesión de trabajadores no solamente cuando es llevada a cabo por empresas que no estén debidamente autorizadas como ETT, sino también cuando el contrato no se hubiese concertado en "los términos que legalmente se establezcan"; esto es, en los supuestos de contratación temporal legalmente autorizados, por así imponerlo la interpretación literal, sistemática e histórica del art. 43 ET [para más detalles, la STS 04/07/06 -rcud 1077/05 -]. Lo que significa que el CPD no puede ser una vía para alterar el régimen general de la contratación temporal, sino únicamente un instrumento para trasladar la temporalidad del ámbito de contratación de la empresa usuaria a la empresa de trabajo temporal". Siendo ello calificado como cesión ilegal, en tanto que se ha utilizado fraudulentamente un contrato de puesta a disposición que es calificado como tal, indudablemente encaja, dentro del ámbito sancionador, en el art. 8.2 de la LISOS ".

Concluyendo que pudiera "hacerse la afirmación general de que en todo caso resultará integrante de cesión ilegal la que lo sea con carácter permanente o para cubrir necesidades permanentes de mano de obra, supuestos en los que el CPD se manifiesta claramente fraudulento e incurso en la previsión del art. 6.4 CC ".

En virtud de lo expuesto,