Sentencia Social 115/2025 Juzgado de lo Social de Murcia nº 9, Rec. 110/2021 de 24 de abril del 2025

PRIMERO.-El anterior relato de hechos probados resulta de la prueba documental que obra en el expediente administrativo, acta de infracción y documentación aportada por la empresa.

SEGUNDO.-Se impugna resolución confirmatoria de sanción derivada de Acta de Infracción de la Inspección de Trabajo, interponiéndose DEMANDA en impugnación de acto administrativo, desestimación presunta por silencio administrativo, frente al Recurso de Reposición formulado ante la Orden de la Consejería de Empleo, Investigación y Universidades de fecha 23/10/2020, alegando, en primer lugar, la NULIDAD DE PLENO DERECHO de la Orden citada al incurrir en infracción del ordenamiento jurídico, al no haberse tramitado el procedimiento sancionador especifico previsto en materia de orden social, regulado en el artículo 54 del RDL 5/2000, y por remisión del mismo en el R.D. 928/1998 (artículos 17 y siguientes), ni tan siquiera el general previsto en la Ley 39/2015; resultando que no se concedió a la empresa la audiencia del artículo 18 del R.D. 928/1998, no reactivándose tal trámite al levantarse la suspensión tras el procedimiento penal, generando un cúmulo de infracciones procesales y formales previstos en los artículos 19-23 del RD), privando a la empresa del derecho de defensa, del derecho al reconocimiento de la responsabilidad y de su derecho al pago voluntario de la sanción, por lo que debe considerarse que la resolución es nula de pleno derecho por haberse dictado la misma prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, dando asimismo vía para la interposición de un recurso erróneo, recurso de REPOSICIÓN, frente al correcto Recurso de Alzada. En segundo lugar, se aduce la NULIDAD DE PLENO DERECHO de la Orden impugnada por vulneración del principio NON BIS IN IDEM del artículo 31 de la ley 40/2015 y el artículo 3 de la LISOS, en relación con el artículo 47 de la ley 39/2015, lo que fue valorado en Sentencia que resuelve Recurso de Suplicación frente a la primera resolución que se dictó en la instancia, por lo que no puede ser objeto de nueva valoración. En cuanto al fondo, la empresa actuante argumenta la ausencia de infracción por su parte de normas en materia de seguridad y salud laboral; indica que el Juzgado de lo Social nº 8 de Murcia, en Autos SSS 597/2018, dicta Sentencia por la que, con estimación parcial de la demanda formulada por la empresa, revoca la resolución del INSS, reduciendo e imponiendo a la misma el recargo de prestaciones en su porcentaje mínimo 30%, por entender que el accidente de trabajo sufrido por Lucas fue debido entre otros motivos a una conducta imprudente de los trabajadores implicados en el accidente, sin que conste causa alguna que lo justifique, no observaron las instrucciones de trabajo que habían recibido por parte de la empresa, siendo de tal entidad dicha imprudencia que habría neutralizado cualquier medida de seguridad que se hubiera podido adoptar, concurriendo un alto grado de culpa en el trabajador accidentado y de su compañero en la producción del mismo, lo que confirma la Sala de lo Social del TSJ de Murcia por Sentencia de 16 de junio de 2020. Opone que la empresa cumplió con su cometido en materia preventiva, conforme a la evaluación, y planificación, así como a las directrices marcadas en el informe de adecuación. Se niegan asimismo las supuestas deficiencias técnicas del equipo de trabajo, con traslado de responsabilidades al fabricante correspondiente, así como achaca responsabilidad por eventuales deficiencias formativas de los trabajadores al Servicio de Prevención Ajeno DIRECCION001.

El Letrado de la CARM (a cuyos argumentos se adhiere la parte codemandada, herederos del trabajador) se opone a la demanda por estimar ajustados a Derecho los actos impugnados, alegando que con ocasión de la tramitación del expediente sancionador no se causa indefensión alguna; que el trámite de audiencia del artículo 18.4 del Reglamento General sobre Procedimientos para la Imposición de Sanciones por Infracciones de Orden Social se considera preceptivo cuando de las alegaciones al Acta se desprenda la invocación o concurrencia de hechos distintos a los reseñados en dicha Acta, lo que niega concurra en el presente caso, salvo las discrepancias jurídicas a las expuestas en el Acta, por lo que no era preceptivo ese trámite de audiencia y su ausencia no puede suponer la nulidad del procedimiento administrativo. En segundo lugar, niega error en la designación del recurso que procedía contra la Orden impugnada, toda vez que esa Orden fue dictada por el Consejero de Empleo, Investigación y Universidades, que es el competente para la imposición de sanciones en materia laboral y de prevención de riesgos laborales cuando la cuantía esté entre 123.000 euros y hasta 409.900 euros, cuyos actos agotan la vía administrativa y frente a la misma cabía interponer recurso potestativo de reposición o acudir directamente a la vía judicial correspondiente, en base al artículo 123 de la Ley 39/2015 en relación con el artículo 28 d) de la Ley 7/2004 de Organización y Régimen Jurídico de la Administración Pública de la Región de Murcia. En cuanto a la sostenida ausencia de infracción de normas en materia de seguridad y salud laboral, señala el Letrado de la CARM que, como sostiene la Inspección de Trabajo, señala a la empresa como responsable de los riesgos que su equipo de trabajo pueda representar para sus trabajadores, siempre que se trate de riesgos de comprobación directa y evidente, sin perjuicio de las acciones que pueda ejercitar frente al fabricante o suministrador del equipo; manteniendo la procedente imputación al empresario por un método de trabajo inadecuado, al no existir posibilidad de comunicación visual o verbal entre operarios, ni existir medidas complementarias de seguridad para eliminar el riesgo, por lo que cada trabajador actúa de manera independiente del otro bajo una falsa sensación de seguridad y corrección de su actuación individual, no constando siquiera que el equipo cuente con un marcado y declaración CE del conjunto del equipo, incumplimientos de la normativa de prevención constituyen la causa directa o inmediata de la producción del accidente, como consecuencia de un método de trabajo inadecuado en un equipo de trabajo que no contaba con todas las medidas de seguridad apropiadas al riesgo del mismo. En cuanto a las deficiencias formativas de los trabajadores, se opone que el deber de prevención corresponde en todo caso al empresario, sin que por el hecho de contratar un servicio de prevención ajeno quede exonerado de responsabilidad, siendo aquéllas causa indirecta en la producción del accidente, asimismo achacables a la empresa. En cuanto a la alegación relativa a la imprudencia temeraria del trabajador, se recuerda que el empresario es responsable del cumplimiento del deber de protección de sus trabajadores frente a los riesgos laborales, tanto a nivel individual como colectivo, no considerando acreditada imprudencia alguna por parte del trabajador en la producción del siniestro.

TERCERO.-El Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social dispone:

En su artículo 17.1: "Las actas de infracción serán notificadas al presunto sujeto o sujetos responsables en el plazo de diez días hábiles contados a partir del término de la actuación inspectora, entendiéndose por ésta la de la fecha del acta, advirtiéndoles que podrán formular escrito de alegaciones en el plazo de quince días hábiles contados desde el siguiente a su notificación, acompañado de la prueba que estimen pertinente, ante el órgano instructor del expediente y que, en caso de no efectuar alegaciones, el acta de infracción podrá ser considerada propuesta de resolución, con los efectos previstos en los artículos 18 y 18 bis".

En su artículo 18:

"Tramitación e instrucción del expediente sancionador en el ámbito de competencias de las Comunidades Autónomas.

1. La determinación de los órganos competentes para realizar los actos de instrucción y ordenación de la tramitación de los expedientes sancionadores competencia de las Comunidades Autónomas corresponderá a éstas. El órgano instructor del expediente deberá remitir la propuesta de resolución, junto con el expediente administrativo sancionador, al órgano competente para resolver con una antelación mínima de quince días al del vencimiento del plazo para dictar resolución, establecido en el artículo 20.3 de este Reglamento.

3. Si se formulasen alegaciones en plazo contra el acta de infracción, el órgano instructor podrá recabar informe ampliatorio, que se emitirá en quince días, del Inspector o Subinspector que practicó el acta. El citado informe será preceptivo si en las alegaciones se invocan hechos o circunstancias distintos a los consignados en el acta insuficiencia del relato fáctico de la misma, o indefensión por cualquier causa.

Recibidas las alegaciones, o transcurrido el plazo señalado para efectuar las mismas, el instructor podrá acordar la apertura del período de prueba, de conformidad con lo previsto en el artículo 17 del Reglamento del procedimiento para el ejercicio de la potestad sancionadora, aprobado por Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto".

De conformidad con estos preceptos, cabe deducir correctamente tramitado el expediente, cumplimentada correctamente audiencia a la empresa para alegaciones (HP segundo en relación con el 18.1 y 3). Sin que se aprecie una indefensión efectiva derivada de omisión de trámites administrativos, que determine la nulidad de pleno derecho que defiende la empresa demandante. En efecto, constando notificada el acta de infracción a la empresa en fecha 21/05/2014, haciéndole presente su derecho a formular escrito de alegaciones contra la misma en plazo reglamentario, la mercantil presenta alegaciones con fecha 7/6/2014; se le pone de manifiesto ya en aquel momento su derecho a manifestar el reconocimiento de responsabilidad y/o solicitar pago voluntario de la sanción propuesta en el acta de infracción.

Entendiendo por lo demás que, puesto que la resolución impugnada se remite al Acta de Infracción, que consigna como hechos comprobados, en virtud de la revisión y examen de la evaluación de riesgos, las generalidades que consigna, debe considerarse la resolución suficientemente motivada, y correcta la tipificación, graduación, y valoración de la sanción derivada.

CUARTO.-Entrando en cuanto al fondo, hay que partir de la presunción de certeza de las actas de la Inspección de Trabajo, en los términos que expone el artículo 15 del antes mencionado Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo: "Las actas extendidas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social tienen naturaleza de documentos públicos. Las actas formalizadas con arreglo a los requisitos establecidos en el artículo anterior estarán dotadas de presunción de certeza de los hechos y circunstancias reflejados en la misma que hayan sido constatados por el funcionario actuante, salvo prueba en contrario, de conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta.2 de la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social".

Con respecto a la presunción de certeza de que gozan las actas levantadas por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, reiterada doctrina unificadora del Tribunal Supremo ha declarado que la presunción de certeza alcanza no sólo a los hechos que por su objetividad son susceptibles de percepción directa por el Inspector, o a los inmediatamente deducibles de aquéllos, sino también a aquellos hechos que resulten acreditados por medios de prueba consignados en la propia acta, como pueden ser documentos o declaraciones incorporadas a la misma (Así, entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 6-10-1998). Lo que sin duda tiene su fundamento en la imparcialidad y especialización que, en principio, debe reconocerse al Inspector actuante, sin ningún interés particular, actuando en defensa del interés público.

QUINTO.-La Inspección de Trabajo considera causa directa del accidente de autos el incumplimiento del empresario de disposiciones en materia de seguridad y salud de los trabajadores, especialmente en materia de equipos de trabajo (1ª infracción), y el incumplimiento de las medidas de prevención de riesgos laborales (2ª infracción).

En concreto, en cuanto a la primera infracción, el artículo 13.10 del Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, prevé como infracción muy grave: "No adoptar cualesquiera otras medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo en ejecución de la normativa sobre prevención de riesgos laborales de las que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores".

El 12.8, en cuanto a la segunda infracción, dispone que constituye infracción grave "el incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente".

SEXTO.-Los artículos 14 a 17 de la Ley 31/95 de Prevención de Riesgos Laborales establecen los derechos y obligaciones de empresarios y trabajadores con respecto a los riesgos laborales. Apuntando al empresario como responsable del cumplimiento del deber de protección de sus trabajadores frente a los riesgos laborales, tanto a nivel individual como colectivo, lo que supone una especial, activa y exhaustiva atención en el establecimiento de medidas en evitación de cualquier riesgo; debiendo garantizar y velar por el uso adecuado de maquinarias y los equipos de protección, con vigilancia por el cumplimiento de las normas por parte de los empleados.

En este sentido, no pueden acogerse los argumentos de la empresa, descartando que el accidente de trabajo sufrido por Lucas fuese imputable a una conducta imprudente del propio trabajador accidentado o de su compañero.

Es sabido que el empresario tiene contraída con sus trabajadores una deuda de seguridad por el solo hecho de que éstos presten servicios bajo su ámbito organizativo, ex artículos 4.2. d) y 19.1 del Estatuto de los Trabajadores. El artículo 14.2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre establece: "En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta ley". En el apartado 3 señala que "el empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales". Por su parte, el artículo 17.1 establece "que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores".

SÉPTIMO.-De acuerdo con el vigente art. 96.2 LRJS en los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponde a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad. No puede apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira.

Por tanto, a la vista de lo anteriormente expuesto, una vez que se acredita la producción del daño, calificado como accidente de trabajo, el empleador únicamente puede exonerarse de responsabilidad civil cuando acredite que la causación del accidente de trabajo se debe, bien a la imprudencia temeraria del trabajador demandante, bien por fuerza mayor o caso fortuito.

Por tanto, el empresario debe acreditar que observó el estricto cumplimiento del deber de seguridad; considerando concurrente un deber genérico de seguridad para el desempeño de la actividad laboral por parte de la plantilla de los trabajadores, estando obligado el empresario a adoptar cuantas medidas sean necesarias, estén o no contempladas en una norma concreta, por ese plus de protección que debe garantizar, ex artículo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos Laborales, en proscripción de los riesgos que se pueden evitar. En virtud de todo ello, es exigible una conducta diligente del empresario (deber de medios, no tanto de resultados), a fin de procurar el máximo nivel de seguridad posible de forma permanente a sus trabajadores, y no sólo el reglamentariamente exigible.

No acredita en modo alguno la empresa con haber cumplido con su obligación de protección de su trabajador, resultando a todas luces que el accidentado trabajaba en un equipo de la empresa, verificando las tareas encomendadas, sin barreras físicas ni siquiera advertencias por el riesgo de acceso a zona de trabajo no protegida, a resultas del desplazamiento del tubo del equipo, lo que determinó el siniestro; sin posibilidad de comunicación entre ambos operarios que trabajaban en la maquinaria, ni posibilidad de conocimiento por parte del compañero del fallecido de la posición del otro en la zona peligrosa, con el riesgo adicional que plasma el acta de un retroceso del tubo por alteración de los topes de los hidráulicos, aun cuando no se hubiera activado el desplazamiento. No constando manual de instrucciones en el manejo del equipo; resultando más que probado, y no enervado de contrario, que el equipo de trabajo carecía de los elementos de seguridad necesarios en materia de seguridad, no contando con un marcado y declaración CE del conjunto del equipo. De lo que en cualquier caso debe responder la empresa como garante de la seguridad de sus empleados, sin perjuicio de una eventual reclamación frente a su proveedor de maquinaria.

OCTAVO.-Además, y en lo que respecta a la segunda infracción, se prueba que el trabajador no tenía la formación adecuada para la realización de la actividad y tareas que desempeñaba ni se le facilitaron instrucciones sobre su sistema de trabajo, llevando el accidentado apenas una semana en el puesto de trabajo en el que se produjo el accidente y apenas tres meses en la fábrica; habiendo recibido un único curso de formación de tres horas de duración, impartido fuera del centro de trabajo y en el centro de SPA, para el puesto de trabajo de "operario de inspección inicial", cuando la empresa le entraba el 7/11/13 información para un puesto distinto según Evaluación de Riesgos correspondiente, el de "operario de inspección visual final". No sirviendo de descargo empresarial imputar las eventuales deficiencias formativas de los trabajadores al Servicio de Prevención Ajeno DIRECCION001, sin perjuicio de la posibilidad de dirigir acciones aparte frente a este servicio, ajeno en esto autos por su mismo objeto. Resultando clara la obligación empresarial al respeto ex artículo 19, 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre y normativa concordante: "En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia preventiva, tanto en el momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad o duración de ésta, como cuando se produzcan cambios en las funciones que desempeñe o se introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo. La formación deberá estar centrada específicamente en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse a la evolución de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente, si fuera necesario".

NOVENO.-En virtud de lo expuesto, procede ratificar la resolución administrativa impugnada y con ella el Acta de la Inspección de Trabajo, y, por tanto, la comisión de las infracciones, su tipificación y sanción derivada, así como la responsabilidad empresarial.

En virtud de lo expuesto,