Sentencia Social 243/2023 Juzgado de lo Social de Oviedo nº 6, Rec. 280/2023 de 10 de julio del 2023

PRIMERO.-Impugna la demandante las bases de la convocatoria realizada, interesando en el Suplico de la demanda que se anule la resolución del Rector de la Universidad por la cual se desestimó el Recurso de Reposición interpuesto, así como las bases segunda y tercera de la convocatoria realizada; y subsidiariamente interesa se condene a la Universidad a que se adecúe la base tercera de la convocatoria a la Orden ECC/566/2015 de 20 de marzo, por la que se establecen los requisitos de capacitación que deben cumplir los aspirantes; y si bien no se especifica en el Suplico el sentido de la modificación, remitiéndonos al contenido de la demanda cabe entender que se está refiriendo a que en la Base Tercera donde se hace referencia al requisito de estar en posesión del certificado de manipulación de animales de experimentación, en su lugar debe exigirse estar en posesión de la capacitación para la realización de procedimientos (C) y eutanasia (B) según la Orden ECC566/2015 por la que se establecen los requisitos de capacitación que debe cumplir el personal que maneje animales utilizados, criados o suministrados con fines de experimentación y otros fines científicos, incluyendo la docencia (sic).

Se opone la entidad demandada a tal pretensión, alegando en primer lugar la excepción de falta de legitimación activa, ya que la demandante no ostenta ningún interés en el asunto planteado, ya que fue admitida al concurso convocado, se presentó al primer examen y lo suspendió; y en todo caso la única persona que lo aprobó sí tiene la titulación que la propia demandante considera que sería la exigible; en segundo lugar se alega una desviación procesal en relación con lo interesado en la vía administrativa previa, en la cual la demandante no cuestionaba la base segunda de la convocatoria, cosa que ahora sí hace; y además modifica el contenido que debería tener la base tercera, por lo que se está desviando de los motivos de impugnación planteados en sede administrativa; y en cuanto al fondo, la RPT no exige para ocupar el puesto ostentar la titulación que la demandante refiere, ya que de hecho solamente se exige la de Técnico Especialista en Laboratorio; no obstante y en aplicación de lo dispuesto el artículo 56.3 del EBEP, se exigió una titulación adicional y complementaria consistente en el certificado de manipulación de animales de experimentación, que actualmente está contemplada en el vigente RD 53/2013 de 1 de febrero, ajustándose la convocatoria a las previsiones contenidas en el mismo; por todo ello interesa la total desestimación de la demanda.

En primer lugar debe dejarse constancia de que se aprecia una incongruencia en el contenido del Suplico de la demanda, por cuanto se interesa se deje sin efecto la resolución del recurso de reposición resuelto por el Rector, así como las bases segunda y tercera de la convocatoria; lo cual en la práctica supone que habría que anular la totalidad de la convocatoria, ya que no puede esta celebrarse sin determinarse previamente las características de la plaza, funciones, y requisitos de los aspirantes; por tanto no es posible anular las bases citadas y mantener vigente la convocatoria, porque ambos planteamientos son incompatibles.

En segundo lugar, la parte actora admite que los requisitos de la plaza se ajustan al contenido de la RPT, en el sentido de que esta última no exige ninguna titulación especial; pero a partir de ese dato cuestiona el contenido de la RPT al considerarla no ajustada a derecho, ya que debería incluir la exigencia de la titulación que la demandante pretende que se incluya en la convocatoria; sin embargo el contenido de la RPT no es objeto de este procedimiento, por lo que no puede entrarse a considerar la titulación que se debería o no incluir en la RPT para la plaza objeto de la convocatoria.

Entrando en los motivos de oposición, no cabe apreciar la desviación procesal denunciada ya que la vía administrativa previa es de carácter potestativo, por lo cual no es preciso realizar denuncia previa alguna en esa sede para impugnar la decisión en vía judicial, ni por tanto condiciona lo que se alegue en el recurso administrativo previo a lo que se pueda plantear en el procedimiento judicial; y en cuanto a la falta de legitimación activa, efectivamente se ha producido una pérdida sobrevenida del objeto, por cuanto la demandante se presentó a la convocatoria y fue admitida pero suspendió el primer ejercicio; y la única aspirante que superó todas las pruebas ostenta la titulación que la actora plantea como exigible en este caso, por lo cual la actora carece de interés en el asunto planteado, ya que aunque se estimase procedente la inclusión de la titulación que pretende la demandante, ello en nada modificaría el resultado del concurso- oposición, por lo que sería un pronunciamiento meramente declarativo sin trascendencia alguna ni para la parte actora ni para terceros; motivo por el cual decaería ya la demanda presentada.

Entrando en el fondo del asunto, la titulación exigida es la que actualmente está contemplada en el RD 53/2013 de 1 de febrero, cuya Disposición transitoria cuarta establece: " Categorías reconocidas conforme al Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre.

Las personas facultadas por los órganos competentes para realizar las funciones correspondientes a las categorías establecidas conforme a las disposiciones del derogado Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, mantendrán dicha facultad en referencia a las mencionadas funciones, sin perjuicio de los requisitos de adaptación a la nueva normativa que puedan adoptar dichos órganos.

Disposición transitoria quinta. Personal capacitado para realizar las funciones relacionadas en el artículo 15.

En el plazo de 12 meses a partir de la publicación del presente real decreto, el Ministerio de Economía y Competitividad, previo informe de los Ministerios de Educación, Cultura y Deporte y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente desarrollará los requisitos de la formación del personal a que se refiere el artículo 15. A tales efectos podrá asistirse de un grupo de trabajo, establecido en el marco del Comité establecido en el artículo 44, en materia de educación, formación y capacitación del personal. En tanto en cuanto no se desarrollen los mencionados requisitos:

1. Se consideran capacitados para realizar las funciones del artículo 15.2.a) al personal reconocido u homologado como categoría A según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre .

2. Se consideran capacitados para realizar las funciones del artículo 15.2.b) al personal reconocido u homologado como categoría A, B, y D2 según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre .

3. Se consideran capacitados para realizar las funciones del artículo 15.2.c) al personal reconocido u homologado como categoría B y C según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre . En este último caso se requiere que el personal haya recibido instrucción en una disciplina científica pertinente para el procedimiento realizado y tenga un conocimiento específico de las especies involucradas

4. Se consideran capacitados para realizar las funciones del artículo 15.2.d) al personal reconocido u homologado como categoría C según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre y además hayan recibido una instrucción en una disciplina científica pertinente para el trabajo realizado y tenga un conocimiento específico de las especies involucradas.

5. Se considera capacitados para realizar las funciones del artículo 15.2.e) al personal reconocido u homologado como categoría D1 según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre .

6. Se considera capacitado para realizar las funciones del artículo 15.2.f) al personal reconocido u homologado como categoría D2 según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre ".

Y en desarrollo de tal Real Decreto se dictó la Orden ECC/566/2015, cuya Disposición transitoria primera establece: " Categorías reconocidas conforme al Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre .

1. Las personas que a la entrada en vigor del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero, estuviesen facultadas por los órganos competentes para realizar las funciones correspondientes a las categorías establecidas conforme a las disposiciones del derogado Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, mantendrán dicha facultad, sin limitación de especie, en referencia a las mencionadas funciones, de acuerdo a lo siguiente:

a) Se considera capacitado para asumir la función de cuidado de los animales al personal reconocido u homologado como categoría A según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre.

b) Se considera capacitado para asumir la función de eutanasia de los animales al personal reconocido u homologado como categorías A, B y D2 según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre.

c) Se considera capacitado para asumir la función de realización de los procedimientos al personal reconocido u homologado como categoría B y C según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre.

d) Se considera capacitado para asumir la función de diseño de los proyectos y procedimientos al personal reconocido u homologado como categoría C según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre.

e) Se considera capacitado para asumir la función de supervisión «in situ» del bienestar y cuidados de los animales al personal reconocido u homologado como categoría D1 según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre.

f) Se considera capacitado para asumir la función de veterinario designado al personal reconocido u homologado como categoría D2 según se establece en el anexo I del Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre.

2. Las reglas contenidas en el apartado 1 de esta disposición transitoria primera se aplicarán también al período comprendido desde la entrada en vigor del Real Decreto 53/2013, de 1 de febrero , hasta la entrada en vigor de esta orden ministerial.

Los cursos de formación que conforme al Real Decreto 1201/2005, de 10 de octubre, habilitasen para la adquisición de la capacitación y que se hubiesen impartido en el período al que se refiere el párrafo anterior surtirán efectos para el reconocimiento de la capacitación.

Igual efecto tendrán los cursos que en el momento de la entrada en vigor de esta orden estuviesen en proceso de impartición o tuviesen fecha prevista de impartición en un plazo no superior a seis meses.

3. Al personal afectado por esta disposición transitoria primera le será de aplicación lo previsto en el artículo 20 sobre el mantenimiento de la capacitación, debiéndose contar el período de ocho años desde la fecha de entrada en vigor de esta orden ministerial".

Y en lo que a la capacitación se refiere, el artículo 15 del citado RD 53/2013 establece como requisitos aplicables al personal, que " 1. Los criadores, suministradores y usuarios dispondrán de suficiente personal in situ.

2. Las personas que realicen las funciones siguientes deberán poseer la capacitación previa adecuada:

a) Cuidado de los animales.

b) Eutanasia de los animales.

c) Realización de los procedimientos.

d) Diseño de los proyectos y procedimientos

e) Asumir la responsabilidad de la supervisión in situ del bienestar y cuidados de los animales.

f) Asumir las funciones de veterinario designado.

3. El personal que realice las funciones indicadas en las letras a), b) y c) del apartado 2 deberá reunir los requisitos de capacitación conforme a lo establecido en el apartado 6.

...

5. El personal que realice las funciones indicadas en las letras e) y f) del apartado 2 deberá reunir los requisitos de capacitación conforme a lo establecido en el apartado 6.

...

6. Los órganos competentes garantizarán por medio de autorización u otros medios adecuados, la capacitación del personal para llevar a cabo las funciones relacionadas en el apartado 2".

Por tanto, la exigencia de una cualificación o titulación genérica consistente en estar en posesión del certificado de manipulación de animales de experimentación, incluye tanto la cualificación obtenida con arreglo a la normativa actualmente vigente como la obtenida con arreglo a la precedente que se mantiene también vigente por equiparación; con lo cual la inclusión de la redacción que la demandante pretende, en realidad conllevaría una exclusión del personal que ostentase la titulación habilitante con arreglo a la normativa precedente, lo que sí infringiría los preceptos citados anteriormente y supondría una restricción injustificada del derecho al acceso a un cargo público en condiciones de igualdad.

Por todo ello no se considera que la resolución impugnada infrinja ninguna norma ni doctrina aplicable al caso, por lo que procede la total desestimación de la demanda.

SEGUNDO.-A tenor de lo establecido en el artículo 191.3 g) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra la presente Resolución puede interponerse Recurso de Suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, al no ser la cuestión planteada susceptible de valoración económica.

Vistos los artículos citados, y demás preceptos de general y pertinente aplicación,