Sentencia Social 264/2023 Juzgado de lo Social de Oviedo nº 5, Rec. 14/2023 de 06 de septiembre del 2023

PRIMERO.- El actor Augusto través de su representación legal ejercita la presente acción a fin de que se declare la nulidad y subsidiariamente la improcedencia del despido con los efectos legales así como la reclamación de cantidad e imposición de costas todo ello sobre la base de las alegaciones facticas y jurídicas que tuvo por conveniente y que por brevedad se dan por reproducidas. Por su parte el FOGASA niega la existencia de relación laboral y se opone a la acción de reclamación de cantidad de adverso formulada todo ello conforme a los hechos y fundamentos de derecho que en la misma constan y que por brevedad se dan por reproducidos.

SEGUNDO.- Se cuestiona la existencia de relación laboral, la definición del contrato de trabajo se deduce del Art. 1 del ET como el que liga a una persona que presta sus servicios a otra que los retribuye, organiza y dirige, siendo el objeto del contrato los servicios retribuidos, que conforman las dos obligaciones recíprocas en la relación laboral , la obligación del trabajador de trabajar , obligación de actividad y no de resultado , y la obligación del empleador de entregar un salario, configurándose como un contrato bilateral , conmutativo y sinalagmático, siendo fruto del acuerdo libremente aceptado y asumido por las partes, prestándose los servicios dentro del ámbito de organización y dirección de quien paga los salarios sugiriendo vagamente el contexto o marco empresarial en el seno del cual los contratos de trabajo se cumplen, apuntando así a la empresa como organización de producción a la que se accede y en la que se participa a través del contrato de trabajo, bastando con que el trabajador se halle comprendido en el círculo rector y disciplinario del empresario, sin que para ello sea preciso que esté sometido a jornada laboral predeterminada, ni a horario fijo ni a exclusividad en su tarea y además por cuenta ajena de forma que es el empresario el que adquiere la titularidad originaria sobre los frutos de ese trabajo, siendo esencial al contrato de trabajo la ajeneidad que los frutos se transfieren ab initio al empresario por el hecho del contrato y éste asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios, de manera que la posibilidad de beneficios o perdidas se imputan solo al empresario, existiendo para el trabajador una ajeneidad de los riesgos. Por otro lado la determinación de si una relación " inter partes" tiene naturaleza laboral no depende ni de cómo la denominen ni la conciban las partes, sino que se configura como una cuestión de hecho valorable por el órgano jurisdiccional, únicamente la realidad será la determinante de si puede afirmarse o no que el trabajo fue prestado por cuenta ajena retribuido como tal y dentro del ámbito de organización y dirección del empleador o empresario. Los contratos tienen la naturaleza jurídica que se derive de su contenido obligacional debiendo estarse a su auténtica naturaleza y a la realidad de su contenido manifestado por los actos realizados en su ejecución, analizando el contenido real de las prestaciones concertadas y de la concurrencia de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual. En el presente caso, el actor en su demanda indica que a través de la aplicación de INFOJOBS, localiza una oferta de empleo para un trabajo de mecánico en Asturias, figurando como ofertante GOLD RENT IBERICA, S.L. y que remitió su curriculum vitae y justificantes de méritos, siendo preseleccionado por tal empresa, llegando a tener una entrevista con los responsables, quienes se identifican la empresa como GAL RENT, dedicada al alquiler de vehículos sin conductor, quienes lo seleccionan, manifestando que su función y categoría será la de mecánico debiendo procurar mantener en buen uso tales vehículos y efectuar las reparaciones precisas, ya que la empresa cuenta con un taller para ello. Se le indica que se le va a hacer un contrato indefinido, pero con un período de prueba largo, de modo que lo puedan extinguir si, al final, no encaja. El actor indica que se incorporó el día 11 de Noviembre, con la jornada laboral de lunes a viernes de 8:30 a 13 horas y de 15 a19.30 y los sábados de 9 a 13 horas, haciendo referencia a que hay un exceso de horas semanales de 8 horas que se han de computar como extras. Tras indagar en la seguridad social, el día 23 de Noviembre de 2022 comprueba que no consta dado de alta en la seguridad social para tal empresa, y al pedir explicaciones al responsable cuyo nombre de pila es Jesús Manuel, quien le manifiesta que está todo regular, pero cuando termina su jornada a las 19.30 horas del mismo día, le sorprende diciendo que no está conforme con su trabajo y que le queda extinguido, solicitando la devolución de la ropa de trabajo y de cualquier documentación que haya tenido en su poder .Manifestándole que le va a mandar la nómina con la liquidación que le corresponde para su abono, pero siendo lo cierto que no le ha remitido tal documento, ni le ha abonado importe alguno. La parte actora en prueba de estos hechos aporta unos pantallazos del proceso selectivo y de WhatsApp, fotografías del taller, así como páginas de Facebook de Galrent competición. La parte actora justifica esta reclamación y la fundamenta sobre la base del contenido de unos pantallazos de WhatsApp que se aportan en el ramo de prueba como documental 3,4y 5. Esta prueba fue impugnada por el FOGASA que la considera inválida para acreditar el exceso de jornada reclamada. No obstante la existencia de la relación laboral debe ser declarada por la práctica de la prueba de interrogatorio de parte que se realizó en ausencia del legal representante de la empresa citado legalmente lo que conlleva la aplicación de las consecuencias preceptuadas en el art. 91.2 del TRLRJS dándose por reconocidos y ciertos los hechos aducidos en la demanda formulada.

TERCERO.-Por extinción del contrato de trabajo entendemos la terminación del vínculo que liga a las partes con la consiguiente cesación definitiva de las obligaciones de ambas partes, siendo una de las causas de extinción del contrato de trabajo la voluntad unilateral del empresario, en concreto el despido, exigiéndose para que ello opere la existencia de una causa, una circunstancia obstativa a la continuación del contrato que dé fundamento jurídico a la voluntad resolutoria del empresario y que no consiste en una mera discreción, en cuanto que el contrato de trabajo como contrato bilateral que constituye no puede dejarse su cumplimiento al arbitrio de una de las partes Art. 1256 del C. Civil, de forma que para el trabajador constituye en un derecho de no poder ser despedido sin justa causa enlazado con lo dispuesto en el Art. 35,1 de la Constitución, de forma que cuando el despido se produce sin alegación de la prueba de la causa o con alegación de prueba que no sea suficiente para justificar la consecuencia de la extinción de la relación laboral o sin reunir los requisitos de forma exigidos este debe ser considerado como ilegitimo o antijurídico, aparejando las consecuencias que legalmente se establecen. La entidad demandada debidamente citada no ha comparecido al acto del juicio y no se ha desplegado prueba alguna a los fines de acreditar los hechos que motivaron el despido del trabajador, al que no consta que le fuera notificada causa alguna de despido, por lo que procede la declaración de improcedencia del despido al no concurrir causa de nulidad y la aplicación del R. D. Legislativo 2/2015, 23 de octubre por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores y en concreto la Disposición Transitoria Undécima. Indemnizaciones por despido improcedente. 1. La indemnizacion por despido prevista en el articulo 56.1 sera de aplicacion a los contratos suscritos a partir del 12 de febrero de 2012.2. La indemnizacion por despido improcedente de los contratos formalizados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 se calculara a razon de cuarenta y cinco dias de salario por ano de servicio por el tiempo de prestacion de servicios anterior a dicha fecha, prorrateandose por meses los periodos de tiempo inferiores a un ano, y a razon de treinta y tres dias de salario por ano de servicio por el tiempo de prestacion de servicios posterior, prorrateandose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un ano. El importe indemnizatorio resultante no podra ser superior a setecientos veinte dias de salario, salvo que del calculo de la indemnizacion por el periodo anterior al 12 de febrero de 2012 resultase un numero de dias superior, en cuyo caso se aplicara este como importe indemnizatorio maximo, sin que dicho importe pueda ser superior a cuarenta y dos mensualidades, en ningun caso.3. A efectos de indemnizacion por extincion por causas objetivas, los contratos de fomento de la contratacion indefinida celebrados con anterioridad al 12 de febrero de 2012 continuaran rigiendose por la normativa a cuyo amparo se concertaron. En caso de despido disciplinario, la indemnizacion por despido improcedente se calculara conforme a lo dispuesto en el apartado 2 .El Art. 56,1 y 2 E.T dispone Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo.En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación. Se fija la indemnización en CIENTO CUARENTA € CON DIECISIETE CÉNTIMOS DE € (140,17€) y para el caso de que la empresa opte por la readmisión del trabajador a pagar a la actor los salarios de tramitación que se devenguen desde el día del despido 23 de noviembre de 2023 hasta la notificación de sentencia o hasta que hubiere encontrado otro empleo si tal colocación fuere anterior a esta sentencia a razón de 50,97 €/diarios.

CUARTO.- Por la parte actora se acumula a la acción de despido la acción de reclamación de cantidad. De conformidad con lo dispuesto en el Art.26.3 apartado segundo de la Ley 36/2011 10 de octubre Reguladora de la Jurisdicción Social, el trabajador podrá acumular a la acción de despido la reclamación de la liquidación de las cantidades adeudadas hasta esa fecha conforme al apartado 2 del Art. 49 del ET, que a su vez indica que el empresario, con ocasión de la extinción del contrato al comunicar a los trabajadores la denuncia o en su caso el preaviso de la extinción del mismo, deberá acompañar una propuesta del documento de liquidación de las cantidades adeudadas . La empresa no abonó al actor el salario por la prestación de servicios durante 13 días siendo el importe adeudado por este concepto 662,61 €. Y realizó un exceso de jornada de 9 horas, una hora más cada uno de los días de lunes a viernes y ocho horas más en dos sábados, lo que da un exceso de jornada de 17 horas, fijándose en 326,57 € el importe adeudado por el concepto de horas extras a lo que hay que sumar el importe de 50,97 € por el concepto de vacaciones siendo el total de la deuda MIL CUARENTA € CON QUINCE CÉNTIMOS DE € ( 1.040,15€) más el 10 % de interés de mora en aplicación del art. 29 del TRET.

QUINTO.-De conformidad con el Art. 33 del TRET 1. El Fondo de Garantía Salarial, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Empleo y Seguridad Social, con personalidad jurídica y capacidad de obrar para el cumplimiento de sus fines, abonará a los trabajadores el importe de los salarios pendientes de pago a causa de insolvencia o concurso del empresario.A los anteriores efectos, se considerará salario la cantidad reconocida como tal en acto de conciliación o en resolución judicial por todos los conceptos a que se refiere el artículo 26.1, así como los salarios de tramitación en los supuestos en que legalmente procedan, sin que pueda el Fondo abonar, por uno u otro concepto, conjunta o separadamente, un importe superior a la cantidad resultante de multiplicar el doble del salario mínimo interprofesional diario, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias, por el número de días de salario pendiente de pago, con un máximo de ciento veinte días 2. El Fondo de Garantía Salarial, en los casos del apartado anterior, abonará indemnizaciones reconocidas como consecuencia de sentencia, auto, acto de conciliación judicial o resolución administrativa a favor de los trabajadores a causa de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 , 51 , 52 , 40.1 y 41.3 de esta ley , y de extinción de contratos conforme a los artículos 181 y 182 del Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo , por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Concursal, así como las indemnizaciones por extinción de contratos temporales o de duración determinada en los casos que legalmente procedan. En todos los casos con el límite máximo de una anualidad, excepto en el supuesto del artículo 41.3 de esta norma que el límite máximo sería de 9 mensualidades, sin que el salario diario, base del cálculo, pueda exceder del doble del salario mínimo interprofesional, incluyendo la parte proporcional de las pagas extraordinarias. El importe de la indemnización, a los solos efectos de abono por el Fondo de Garantía Salarial para los casos de despido o extinción de los contratos conforme a los artículos 50 y 56 de esta ley , se calculará sobre la base de treinta días por año de servicio, con el límite fijado en el párrafo anterior.

SEXTO.- Dispone el Art. 75.4.LRJS Todos deberán ajustarse en sus actuaciones en el proceso a las reglas de la buena fe. De vulnerarse éstas, así como en caso de formulación de pretensiones temerarias, sin perjuicio de lo dispuesto en el número anterior, el juez o tribunal podrá imponer mediante auto, en pieza separada, de forma motivada y respetando el principio de proporcionalidad, ponderando las circunstancias del hecho, la capacidad económica y los perjuicios causados al proceso y a otros intervinientes o a terceros, una multa que podrá oscilar de ciento ochenta a seis mil euros, sin que en ningún caso pueda superar la cuantía de la tercera parte del litigio. Aquel al que se hubiere impuesto la multa prevista en el párrafo anterior podrá ser oído en justicia. La audiencia en justicia se pedirá en el plazo de los tres días siguientes al de la notificación de la multa, mediante escrito presentado ante el juez o tribunal que la haya impuesto. La audiencia será resuelta mediante auto contra el que cabrá recurso de alzada en cinco días ante la Sala de Gobierno correspondiente, que lo resolverá previo informe del juez o Sala que impuso la multa. De apreciarse temeridad o mala fe en la sentencia o en la resolución de los recursos de suplicación o casación, se estará a lo dispuesto en sus reglas respectivas. Art. 97.3 LRGS La sentencia, motivadamente, podrá imponer al litigante que obró de mala fe o con temeridad, así como al que no acudió al acto de conciliación injustificadamente, una sanción pecuniaria dentro de los límites que se fijan en el apartado 4 del artículo 75. En tales casos, y cuando el condenado fuera el empresario, deberá abonar también los honorarios de los abogados y graduados sociales de la parte contraria que hubieren intervenido, hasta el límite de seiscientos euros. La imposición de las anteriores medidas se efectuará a solicitud de parte o de oficio, previa audiencia en el acto de la vista de las partes personadas. De considerarse de oficio la posibilidad de dicho pronunciamiento una vez concluido el acto de juicio, se concederá a las partes un término de dos días para que puedan formular alegaciones escritas. En el caso de incomparecencia a los actos de conciliación o de mediación, incluida la conciliación ante el secretario judicial, sin causa justificada, se aplicarán por el juez o tribunal las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 66. En el presente concurren los requisitos legales para la imposición de costas a la demanda ya que l actor interpuso papeleta de conciliación ante el UMAC presentada en fecha 19 de diciembre de 2022 celebrándose el acto de conciliación el día 5 de enero de 2023 con el resultado de intentado y sin efecto. Procede la imposición de costas por importe de 300€.

SÉPTIMO.- Por la situación irregular de la empresa GOLD RENT IBÉRICA S.L. la cual no estaba de alta en Seguridad social durante el período de prestación de servicios del trabajador y por la situación de irregularidad del actor durante el período indicado procede un ve firme esta sentencia remitir testimonio a la T exoraría General de la Seguridad social a los efectos correspondientes.

OCTAVO.- Contra la presente sentencia cabe interponer recurso de SUPLICACIÓN para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, en virtud de lo dispuesto en el artículo 191. 3 a) de la Ley 36/2011 de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social en concordancia con la Disposición Transitoria Primera 1 de la citada Ley.

Vistos los preceptos legales y demás de general y pertinente aplicación