Sentencia Social 232/2023 Juzgado de lo Social de Palencia nº 2, Rec. 606/2022 de 05 de julio del 2023

PRIMERO. - Los hechos que se declaran probados se han obtenido de la valoración conjunta de la prueba practicada conforme a las reglas de la sana crítica, concretamente de la documental aportada por las partes, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO. - Posiciones de las partes.- Se ejercita por la demandante una única acción dirigida a que se declare la IMPROCEDENCIA de su despido disciplinario que la empresa demandada le comunicó con efectos desde el 3/10/2022, por entender, resumidamente que, no ha habido por su parte ningún incumplimiento grave y culpable de sus obligaciones contractuales que justifique el despido, afirmando que las circunstancias concurrentes en el caso de autos impiden calificar su conducta como fraudulenta, desleal o trasgresora de la buena fe contractual

Contesta la empresa demandada, manifestando su oposición a la demanda e interesando su íntegra desestimación. Manifiesta su conformidad con la antigüedad de la actora que consta en la demanda, no así con el salario, que fija en 4.062,89€/mes en base a las últimas 12 nóminas que aporta; y, en relación al fondo del asunto, ratificándose en lo ya manifestado en el Expediente Disciplinario que aporta a los autos con su ramo de prueba, reiteró que el hecho de que la actora hubiera desarrollado tareas propias de su profesión estando en situación de IT suponía una clara transgresión de la buena fe contractual y un abuso de confianza, recalcando su condición de Médico de Mutua cuya función es, precisamente, controlar y evitar el fraude en situación de IT.

TERCERO.- Con carácter previo a entrar en el fondo del asunto, conviene recordar que, el despido disciplinario constituye una decisión unilateral del empresario dirigida a la extinción del contrato de trabajo por incumplimiento grave y culpable del trabajador. Figura en la lista legal de causas de extinción del contrato de trabajo con la denominación de «despido del trabajador» [ art. 49.1.k) ET ] y se regula en diversos preceptos de la legislación laboral sustantiva ( arts. 54, 55, 56 y 57 ET ) y de la legislación procesal laboral (a propósito del proceso de despido en los arts. 103 a 113 LRJS , y a propósito de la ejecución en los arts. 278 a 286 y 297 a 302 LRJS ). Se trata de la sanción más grave que puede imponer el empresario al trabajador. También conecta con la técnica de resolución del contrato por incumplimiento de la otra parte propia del derecho común ( art. 1124 CC ).

Con carácter general, el incumplimiento sancionable con el despido debe ser contractual, grave y culpable ( art. 54.1 y 2 ET ):

a)contractual, porque debe tratarse de un incumplimiento producido en el marco de la relación de trabajo. El trabajador debe incumplir las obligaciones que derivan del contrato de trabajo o de las normas que sean de aplicación al mismo; el incumplimiento del trabajador generalmente estará referido a normas, reglas o instrucciones laborales, pero también puede afectar a normas extralaborales que incidan en las condiciones de trabajo o en el desarrollo de la relación laboral;

b) grave, en cuanto que debe ser un incumplimiento que perjudique al empresario de manera excesivamente onerosa; de este modo, la gravedad hace referencia a la índole o importancia de la obligación laboral quebrantada y al grado en que el trabajador la ha quebrantado por lo que se construye sobre elementos de índole fundamentalmente objetiva. Para determinar la gravedad del incumplimiento, el art. 54.2 del ET utiliza algunos calificativos (ejemplo: la disminución del rendimiento debe ser «continuada»); y la jurisprudencia utiliza distintos criterios para graduar la gravedad atendiendo a las circunstancias concurrentes y cuidando de que exista la adecuada proporcionalidad entre los hechos y la sanción que se impone; la jurisprudencia aplica la doctrina gradualista en la valoración de las causas de despido, buscando que la sanción sea justa, utilizando para ello criterios de proporcionalidad y adecuación entre el hecho sancionado y la entidad de la sanción;

c) culpable, porque el incumplimiento debe ser imputable al trabajador por dolo, culpa o negligencia; la culpabilidad se asienta en el reproche que atendidas las circunstancias del caso afectan subjetivamente al trabajador (elemento subjetivo; no es necesario que sea consecuencia de un deliberado acto de voluntad del trabajador. Para determinar la culpabilidad el art. 54.2 ET también utiliza algunos calificativos (ejemplo: las faltas de asistencia deben ser «injustificadas»); la culpabilidad puede manifestarse tanto por un proceder doloso, con intención y ánimo deliberado de infringir los deberes primordiales de toda relación laboral, con conciencia y a sabiendas de que con su conducta estaba conculcando alguno de ellos, así como por negligencia, carencia de atención, falta de cuidado en la actividad objeto de reproche, si dicho incumplimiento está tipificado en el art. 54.2 del ET ( STS 12-2-1987 [RJ 1987, 843]).

Para que el despido merezca el calificativo de procedente, la jurisprudencia exige que concurran todo y cada uno de los requisitos a que se ha hecho referencia los cuales podrán ser apreciados "ponderando todos los aspectos, objetivos y subjetivos, concurrentes en la conducta, teniendo presentes los antecedentes, de haberlos, valorando en particular las circunstancias personales y de índole profesional de su autor, y las circunstancias coetáneas ( SSTS 26-1-1987 [RJ 1987, 129] ; 27-2-1987 [RJ 1987, 1133] , 22-2-1988 [RJ 1988, 747] , 18-7-1988 [RJ 1988, 6171] y 31-10-1988 [RJ 1988, 8189]). Esta conjunción de elementos subjetivos y objetivos del incumplimiento y demás elementos circunstanciales al mismo es lo que la doctrina y los tribunales denominan la doctrina gradualista, y exige que el enjuiciamiento de los incumplimientos laborales deba abordarse analizando, tanto a efectos exculpatorios como agravatorios las circunstancias del caso concreto, ponderando de forma particularizada todos los aspectos concurrentes, de tal manera que hechos idénticos pueden ser tratados de forma distinta según las circunstancias subjetivas y objetivas concurrentes en el mismo ( SSTS 8- 10-1987 [RJ 1987, 6972) ]; 17-11-1988 [ RJ 1988, 8598], 30-1-1989 [RJ 1989, 316] y 16-1-1990 [RJ 1990, 128]); pues los más elementales principios de justicia exigen proporcionalidad y adecuación entre el hecho imputado, la sanción y el comportamiento del asalariado ( STS 7-6-1988 [RJ 1988, 5239]).

Pero, en todo caso, es necesario partir de que en los procesos por despido, conforme a lo dispuesto en el artículo 105 de la LRJS , corresponde al demandado -es decir a la empresa que ha procedido al despido del trabajador-, probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido, como justificativos del mismo ( artículo 105.1 LRJS ); de modo que para justificar el despido, al demandado no se le admitirán en el juicio otros motivos de oposición a la demanda que los contenidos en la comunicación escrita de dicho despido ( artículo 105.2 LRJS ).

CUARTO.- Valoración de la prueba.- Partiendo de lo expuesto, y descendiendo ya al caso de autos, esta Juzgadora considera que, de la prueba practicada en el acto del juicio oral y la documental obrante unida a los autos, la demanda no puede ser acogida, debiendo declarar el despido procedente, por entender que han quedado perfectamente acreditados en el acto del juicio, todos los extremos alegados en la carta de despido como fundamentación del mismo, entendiendo que la empresa ha cumplido sobradamente los requisitos necesarios para su validez, tanto de forma, que en cualquier caso no se denuncian, como de fondo, habiendo cumplido con su parte de la carga de la prueba y entendiendo que en el incumplimiento sancionado concurren todos los requisitos exigidos por nuestra Jurisprudencia, al ser contractual, grave y culpable, considerando que el comportamiento de la actora supone una transgresión de la buena fe contractual así como un abuso de confianza en el desempeño de su trabajo.

Así, ha quedado acreditado:

· que la actora, médico de profesión, presta sus servicios como, precisamente, médico asistencial de una entidad colaboradora con la Seguridad Social, como lo es FRATERNIDAD MUPRESPA, lo que presupone, como bien sostiene la empresa, que la actora tiene un sobrado conocimiento de la normativa reguladora de la prestación económica de incapacidad temporal, cuyo desconocimiento no puede alegar en ningún caso, pues su trabajo diario consiste precisamente en controlar su cumplimiento por terceros, lo que a juicio de esta Juzgadora es un dato sumamente relevante a efectos de la declaración de la procedencia del despido, en lo relativo a acreditar la trasgresión de la buena fe contractual y el abuso de confianza alegado por la empresa. Y,

· que, la actora, estando en situación de baja laboral por IT ha realizado trabajos propios de su profesión, sin dar cuenta a su empleadora de tal hecho, ni comunicarle su voluntad de incorporarse a trabajar dada su mejoría y evidente capacidad para ello. Antes al contrario, la actora sostiene como base de su defensa, que su actuación se debe a un simple acto de compañerismo, habiendo sido todo un cúmulo de casualidades.

Pues bien, esas casualidades que alega la actora, y que son tres, no han quedado suficientemente acreditadas a juicio de esta Juzgadora. Así, sostiene la actora que ese día, 8/08/2022, se encontraba casualmente en el Centro Médico Psicotécnico Castilla, haciendo una visita a unos amigos y compañeros de profesión, cuando casualmente una de ellas, Felicisima, sufrió un síncope que le obligó a abandonar el Centro, yéndose a su casa a recuperarse, apareciendo casualmente poco después, una compañera de trabajo, Lorena, a la que al verla decidió por compañerismo hacerla el reconocimiento médico.

La actora ha pretendido acreditar tales casualidades únicamente con el testimonio de los dos médicos que estuvieron con ella el día de autos, DOÑA Felicisima, a la que le dio el síncope, y D. Evelio. Ambos amigos de la actora y compañeros de profesión, ratificaron la escueta versión de hechos mantenida por ella, y digo escueta porque llama la atención de esta Juzgadora la escasa precisión del relato de hechos que mantiene la actora y que presentó como alegaciones en el Expediente Disciplinario. Un relato de hechos, desde luego claro, pero excesivamente pueril, casi telegráfico. Así, por ejemplo, cuando describe como le dio el síncope a la que ella misma llama "amiga", dice: "4.- sobre las 10:30 horas de ese día mi amiga Felicisima, médica del centro, sufre un síncope. En ese momento yo me encontraba en el centro. La asistí junto con mi compañero médico Evelio. Al persistir la sintomatología fue necesario que abandonase el centro", sin mayor precisión sobre qué le ocurrió a Felicisima, mas allá de afirmar que sufrió un síncope, o sobre qué atención la tuvieron que prestar, o cómo se fue a casa, o con quién; no precisa tampoco la hora en que se fue, ni si al día siguiente volvió. Es como si, permítaseme la atención, no quisiera meter la pata con demasiadas explicaciones, ni comprometer a nadie mas de lo estrictamente necesario. Y, se pregunta esta Juzgadora, si la actora estaba allí de visita, se entiende para ver precisamente a esa amiga, Felicisima, quien afirmó que solía ir para cambiarse libros, puede que también al otro médico, Evelio, y esa amiga sufre un síncope que le obliga a irse a su casa, por qué la actora no se fue con ella si no tenía otra cosa que hacer y había ido precisamente a verla a ella, por qué no le acompañó a su casa si tan mal estaba, por qué decidió quedarse en el Centro. Y, decidió quedarse en el Centro a hacer exactamente qué, porque según su relato de hechos, aquel día ella solo atendió a Lorena, y según su relato de hechos también, Lorena no estaba cuando Felicisima sufrió el síncope, Lorena llegó, según reconoce la actora en su escrito de alegaciones, "poco después".

No ha quedado acreditado tampoco, pues ninguna prueba se ha practicado al respecto, (lo que hubiese sido fácil con la presentación del registro de reconocimientos médicos efectuados ese día, y de un estudio comparativo de unas semanas antes y después), que aquel día el Centro Médico estuviera desbordado de trabajo. Según se recoge en la declaración jurada de DOÑA Lorena, cuando ella llegó al centro "al entrar en el centro, la administrativa me tomó los datos, indicándome que me quedara en la sala de espera, no había nadie mas.".

A esto debe unirse el hecho de que el trabajo que aquel día desempeñó la actora, y que ha sido reconocida por ella desde un principio, fue un simple reconocimiento médico cuyo fin era renovarse el carnet de conducir, lo que no requiere ninguna urgencia, por lo que su actuación como médico el día de autos no está justificada por ninguna puntual razones sanitarias urgentes. La actora aquel día se limitó a efectuar parte de un simple y rutinario reconocimiento médico carente de toda urgencia y que perfectamente podría haberse demorado unos minutos, o incluso trasladado a otra fecha.

Por otra parte, mantiene la actora que aquel día intervino por compañerismo, al parecer hacia la que luego acusa de haberla denunciado por haberla ganado en unas elecciones sindicales celebradas cinco años antes, en el 2017, elecciones que se acreditan con la documental del ramo de prueba de la actora, sin mas justificación de tal acusación que su propia afirmación, por lo que la misma no merece mayor examen, ni valoración.

Tanto la actora como DOÑA Lorena, afirmaron que el día de autos la actora le manifestó a Lorena su voluntad de reincorporarse a trabajar, pero lo cierto es que en la demanda la actora se limita a afirmar que el 8/09/2022 el INSS le dio el Alta médica, sin aportar dicha Resolución, por lo que se desconocen los motivos de ello, constando en la carta de despido que el 7/09/2022 el Centro Directivo remitió copia de la declaración jurada de DOÑA Lorena al Departamento de Prestaciones Económicas de la Mutua, siendo que el 8/09/2022 ese Departamento procedió a comunicar la anulación del derecho de subsidio de IT con fecha 8/09/2022, constando como motivo "que se ha detectado una actitud fraudulenta, por cuando la Mutua ha sido conocedora de que Vd, ha estado realizando trabajos incompatibles con su situación de IT", habiendo declarado el Director Provincial de la Mutua, D. Evaristo, que la demandante no le comunicó nada, que no han hablado en absoluto, ni siquiera cuando tomaron la decisión. De todo lo expuesto deduce esta Juzgadora que la declaración jurada de Lorena precipitó la vuelta forzosa al trabajo de la actora, aunque, sí es cierto, por poco tiempo. El hecho de que el día de autos la actora desempeñara los mismos trabajos para los que se encontraba legalmente en situación de IT, lo que ella misma ha reconocido, pone de manifiesto su ánimo de engañar a la empresa, al no volver a trabajar cuando era evidente que podía hacerlo y así lo hizo. Y, si podía hacerlo como lo hizo el 8/08/2022 en un Centro de Trabajo diferente al suyo, aunque solo fuera una vez y por compañerismo, es claro que podía desarrollarlo con plena eficacia en su propio Centro de Trabajo el 9/08/2022, o por lo menos habérselo comunicado así a su empresa, máxime teniendo en cuenta en qué consistía su trabajo, evitar los fraudes laborales en situación de IT, y cual ha sido la conducta que le ha hecho merecedora del despido, un fraude laboral en situación de IT.

Por tanto, la única realidad acreditada es que el día 08/08/2022, la actora, Médico Asistencial de una entidad colaboradora con la SS, con una larga experiencia profesional, estando en situación de baja laboral por IT, realizó trabajos propios de su profesión en un Centro distinto al suyo y sin comunicárselo a su empresa, conducta reprochable e inadmisible, lo que supone una transgresión de la buena fe contractual al traicionar la confianza de su empresa que como toda empresa tiene el derecho a confiar en que el trabajador en IT esta precisamente en tal situación por no poder trabajar, y tiene el derecho a que no trabaje para su pronta recuperación laboral para poder volver a trabajar con ella, siendo obligación del trabajador que está en IT, cuidar el curso de su enfermedad, y si el impedimento que determinó la declaración de IT ha cesado, ponerse a disposición de la empresa, lo que no ha ocurrido en el caso de autos.

Por todo lo dicho, se desestima íntegramente la demanda por entender que la conducta de la trabajadora es constitutiva de un incumplimiento contractual grave y culpable por la existencia de la causa disciplinaria prevista en el artículo 54.2. d) del ET, es decir, por entender que dicha conducta, reprochable e inadmisible, es constitutiva de una transgresión de la buena fe contractual y de un abuso de confianza en el desempeño de su trabajo.

QUINTO.- Contra esta sentencia cabe interponer recurso de Suplicación de conformidad con lo prevenido en el artículo 191 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Social.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,