Sentencia Social 148/2023 Juzgado de lo Social de Ponferrada nº 2, Rec. 22/2023 de 27 de abril del 2023

PRIMERO.- Los referidos hechos probados han sido acreditados por la prueba practicada valorada en su conjunto. En particular:

El hecho primero por no resultar controvertido.

El hecho segundo y tercero por los documentos 2 y del ramo de prueba de la empresa.

El hecho cuarto por el documento 1 de la demandada, consistente en carta de despido.

El hecho quinto la testifical de doña Marcelina, empleada de la entidad bancaria CaixaBank, y conocedora directa de los hechos relativos a las claves.

El hecho sexto de los documentos 6 y 7 aportada por la actora en su ramo de prueba.

El hecho séptimo no fue discutido.

El hecho octavo por el acta de conciliación, aportada como documento 4 de la demanda.

SEGUNDO.- Es objeto de pretensión por la trabajadora la declaración de improcedencia de su despido por no ser ciertos los hechos de la carta de despido y la incorrecta subsunción de los mismo en el catálogo de sanciones convencionales.

La parte demandada se opuso defendiendo la procedencia del despido.

TERCERO.- Con carácter previo, la parte actora alegó que hubo un despido verbal por parte de la empresa, improcedente por falta de cumplimiento de los requisitos formales del ET.

Sin perjuicio de que no está acreditado el despido verbal, el artículo 55 del Estatuto de los Trabajadores, que regula la forma y efectos del despidos disciplinario, dispone en su apartado segundo que "Si el despido se realizara inobservando lo establecido en el apartado anterior, el empresario podrá realizar un nuevo despido en el que cumpla los requisitos omitidos en el precedente. Dicho nuevo despido, que solo surtirá efectos desde su fecha, solo cabrá efectuarlo en el plazo de veinte días, a contar desde el siguiente al del primer despido. Al realizarlo, el empresario pondrá a disposición del trabajador los salarios devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social".

En este caso, el despido verbal estaría subsanado con la carta posterior entregada a la trabajadora, que concreta los hechos y efectos de la extinción de la relación laboral, y toda vez que no consta que el empresario hubiera dejado de abonar salarios desde el 15-12-2022, ni que hubiera dado de baja a la trabajadora en la TGSS.

Subsidiariamente, la trabajadora alegó que la empresa hizo un despido objetivo, también improcedente por defectos formales.

Expuesto lo anterior, no hay ningún despido objetivo, hay un despido disciplinario, que no queda enervado por posibles errores posteriores de naturaleza administrativa.

CUARTO.- Resuelto lo anterior, y en cuando al despido disciplinario objeto de autos, la doctrina del Tribunal Supremo ha venido a sentar el criterio de que el despido disciplinario que contempla el art. 54 Estatuto de los Trabajadores únicamente procede cuando el trabajador haya incurrido en conductas de especial gravedad y trascendencia, porque no toda falta laboral o incumplimiento del mismo puede generar la sanción más grave que prevé el ordenamiento laboral que debe quedar reservada a aquellos comportamiento que evidencien una especial dosis de gravedad, en aplicación de la denominada teoría gradualista que obliga a guardar una adecuada proporcionalidad entre la sanción y la conducta sancionada, debiendo atenerse para su imposición a la entidad de la falta, así como a las circunstancias personales y profesionales de su autor, por el claro matiz subjetivista que la caracteriza ( Sentencia del Tribunal Supremo 16 de febrero de 1983 ), como obligan los más elementales principios de justicia, que exigen una perfecta proporcionalidad entre el hecho y su sanción , para buscar en su conjunción la auténtica realidad jurídica que de ella nace ( Sentencia del Tribunal Supremo 12 septiembre 1986 ); lo que recuerda la más reciente sentencias del Tribunal Supremo de 13 de noviembre de 2.000 , que se remite a la de 29 de enero de 1997, para poner de manifiesto como "las infracciones que tipifica el art. 54-2 del Estatuto de los Trabajadores para erigirse en causa que justifique la sanción de despido han de alcanzar cotas de culpabilidad y gravedad suficientes, lo que excluye su aplicación bajo nuevos criterios objetivos, exigiéndose análisis individualizados de cada conducta, tomando en consideración las circunstancias que configuran el hecho, así como los de su autor, ya que solo desde esta perspectiva cabe apreciar la proporcionalidad de la sanción "; y en el mismo sentido la de 10 de noviembre de 1.998 y 13 de noviembre de 2.000.

QUINTO.- En la carta de despido disciplinario la empresa imputó a la trabajadora, una falta de desobediencia y transgresión de la buena fe.

Los hechos en que se funda fueron la negativa "rotunda" de la trabajadora a aportar su DNI para que la entidad Caixa Bank pudiera tramitar las claves de acceso a las cuentas que la empresa tiene abiertas en dicho banco.

La empresa consideró que el acceso a las cuentas es partes fundamental de sus funciones de contable implicaba una negativa a realizar su trabajo, teniéndolo que hacer otro trabajador.

También se indicó en la carta que cuando el gerente le dijo que tendría que imprimir la información de no acceder ella a la cuenta, la trabajadora respondió diciendo "que eso era lo que tenía que hacer", lo que es considerado como una falta de respeto y consideración a un superior.

SEXTO.- Expuesto lo anterior, y teniendo en cuenta los hechos probados y lo relatado en la carta de despido, considero que la negativa de la trabajadora a facilitar físicamente su DNI, no constituye una desobediencia ni el incumplimiento de las obligaciones laborales.

En este sentido, la trabajadora venía prestando sus servicios sin necesidad de facilitar sus datos personales a un tercero para acceder a las cuentas bancarias.

Es cierto que esto venía haciéndolo con las claves que propias del gerente y que este le había facilitado, y que por motivo de una auditoria de protección de datos de 17-11-2022, la empresa decidió cambiar la práctica y solicitar al banco claves para el acceso como usuario de consulta para que la trabajadora pudiera seguir trabajando.

Expuesto lo anterior, la tarea fundamental de la trabajadora es el acceso a las cuentas, sin que conste acreditado que ese acceso tenga que ser virtual, es decir, en linea a través de la aplicación bancaria o similar, por lo que el titular de la cuenta puede no imprimir como se dice en la carta pero si volcar o descargar la información al dispositivo informático y que de esta forma la trabajadora pueda cumplir con su trabajo, sin necesidad de que esta tenga que facilitar a un tercero los datos personales que figuran en el DNI.

La empresa tampoco acreditó, mínimamente, que perjuicios, alegados en la carta de despido, le ocasiona que no sea la trabajadora quién acceda virtualmente a las cuentas, cuando existen otros modos de acceso, es cierto que indirectos, pero sin necesidad de facilitar sus datos personales a terceros.

En definitiva, se estima que la negativa de la trabajadora a facilitar su DNI a un tercero, en los términos expuestos en el hecho probado quinto y lo razonado en los párrafos anteriores, no puede subsumirse en una falta de desobediencia o de transgresión de la buena fe contractual.

Finalmente, considero que no está acreditada la falta de respeto o consideración debida que se imputa en la carta de despido.

En consecuencia, la demanda ha de ser estimada con la declaración de improcedencia del despido.

SÉPTIMO.- La declaración del despido como improcedente obliga a calcular la indemnización extintiva de acuerdo con el artículo 110.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011, de 10 de octubre); con el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre) y, al haberse iniciado la relación laboral con anterioridad al 12 de febrero de 2012, con la disposición transitoria undécima del Estatuto de los Trabajadores.

El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 05/05/2008 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución y como fecha final el día de extinción de la relación laboral 23/12/2023 El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo ( sentencias del TS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008, ECLI:ES:TS:2009:5261; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011 ECLI:ES:TS:2012:4645; y 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013, ECLI:ES:TS:2014:2125).

La indemnización correspondiente al periodo anterior al 12 de febrero de 2012 se calcula a razón de " cuarenta y cinco días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios anterior a dicha fecha, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año" ( disposición transitoria undécima del Estatuto de los Trabajadores). Ello significa que debemos contabilizar 46 meses en este primer periodo y que por cada uno de ellos se devengan 3,75 días indemnizatorios (45 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año). Debido a que los días indemnizatorios del primer periodo no superan los 720, también debe computarse el periodo de prestación de servicios posterior al 12 de febrero de 2012.

En el segundo periodo opera una indemnización de "treinta y tres días de salario por año de servicio por el tiempo de prestación de servicios posterior, prorrateándose igualmente por meses los periodos de tiempo inferiores a un año" ( disposición transitoria undécima del Estatuto de los Trabajadores). En consecuencia, debemos contabilizar 143 meses en el segundo periodo. Por cada uno de ellos se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año).

Sumando las indemnizaciones de ambos periodos, con el tope de 720 días, la indemnización por despido improcedente se cifra en 36.885,47 euros.

De esa cuantía debe deducirse la indemnización que por cese del contrato haya podido percibir la parte demandante.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,