Sentencia Social 207/2023 Juzgado de lo Social de Salamanca nº 1, Rec. 949/2022 de 16 de mayo del 2023

PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97-2 de la L.R.J.S., se hace constar que las circunstancias de la relación laboral, recogidas en los hechos probados, resultan de la prueba documental aportada por las partes y que ha sido debidamente relacionado, así como de la prueba de interrogatorio de la empresa demandada, la cual a pesar de ser citada al acto del juicio para la práctica de dicha prueba, no compareció ni alegó causa alguna que se lo impidiera, lo que permite tenerla por conforme con los hechos alegados en su contra en la demanda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92-1 de la citada Ley.

SEGUNDO.- A través de las demandas formuladas y que se han acumulados, los actores, ejercitan una acción de impugnación del despido, llevado a cabo por la empresa demandada en las mismas circunstancias respectos de ambos, al proceder a darles de baja en Seguridad Social el 8 de noviembre, para después comunicarles su despido, por motivos disciplinarios, remitiéndoles comunicación escrita, con efectos del día 11 de noviembre siguiente, instando como pretensión principal, la declaración de nulidad del mismo, y subsidiariamente su improcedencia, por no cumplir los requisitos formales el primero de los despido, y respecto del segundo porque no son ciertos los hechos que se les imputan. La empresa demandada no compareció al acto del juicio y por la defensa de FOGASA, se interesó una sentencia ajustada a derecho, adelantando la opción por la indemnización al estar la empresa cerrada y no ser posible la readmisión.

TERCERO.- Se trata en este caso de dos trabajadores que prestaban servicios para la empresa, y respecto de los cuales, la demandada, procedido a darles de baja en Seguridad Social, con efectos del día 8 de noviembre de 2022, y así consta en el informe de vida laboral aportado como documental, para después, comunicarles por escrito su despido, por motivos disciplinarios, con efectos del día 11 de noviembre siguiente.

El despido constituye una forma de extinción de la relación laboral por voluntad unilateral de la empresa, si bien esa manifestación de voluntad empresarial de poner fin a la relación laboral, puede hacerse de forma expresa o tácita.

Sobre la consideración del despido tácito cabe señalar que este despido no está regulado en el Estatuto de los Trabajadores, siendo el mismo producto de una elaboración jurisprudencial, debiendo admitirse que se está ante tal figura cuando de modo efectivo y por voluntad empresarial dejan de realizarse sin causa jurídica que lo justifique las prestaciones esenciales del contrato de trabajo» ( STS 12/05/1988); y en otras ocasiones (así, SSTS 26/02/90) se la describe como conducta empresarial obstaculizadora del cumplimiento propio de las obligaciones inherentes a la condición profesional del trabajador, habiéndose calificado como tal hallar cerrada la empresa donde se trabaja (SSTCT 05/11/85 y 25/11/86), no dar ocupación efectiva al trabajador ( SSTC 25/10/88 y 16/05/89) o la falta de ocupación efectiva y débito salarial prolongados ( SSTSJ Galicia 30/04/98 y 18/04/97; STCT 27/01/87).

La STS de 16 de noviembre de 1998 establece lo siguiente: "La jurisprudencia de esta Sala había establecido que con respecto a la determinación de la posible existencia de un supuesto de extinción contractual por voluntad unilateral empresarial, que: a) «El despido, al igual que el abandono, requiere voluntad resolutoria consciente del empresario, que si bien cabe entender existe cuando los actos u omisiones concurrentes permitan presumir voluntad en tal sentido, excluye tal conclusión en supuestos... en que dichos actos denotan de manera inequívoca la ausencia de la mencionada voluntad resolutoria, aunque manifiestan incumplimiento contractual, ante el que el trabajador puede reaccionar en los términos que permite el marco jurídico aplicable» ( STS/Social 4 julio 1988). b) «Para que pueda apreciarse la figura del despido tácito -en contraposición al expreso, documentado o no- es necesario que la decisión extintiva empresarial se derive de hechos concluyentes reveladores de la intención inequívoca de la empresa de poner fin a la relación jurídico-laboral, tratándose en definitiva de situar claramente en el tiempo la decisión resolutoria de la empresa y, en su caso, la inactividad impugnatoria del trabajador, a fin de evitar situaciones de inseguridad jurídica» ( SSTS/Social 2 julio 1985, 21 abril 1986, 9 junio 1986, 10 junio 1986, 5 mayo 1988). O dicho más sintéticamente, que para que exista despido tácito es necesario que concurran «hechos o conductas concluyentes» reveladores de una intención de la empresa de resolver el contrato ( SSTS/Social 5 mayo 1988, 4 julio 1988, 23 febrero 1990 y 3 octubre 1990). c) «Si bien la jurisprudencia examina con recelo la figura del despido tácito, que se pretende deducir de conductas equívocas de la empresa, por contrariar los principios de buena fe, básico en las relaciones contractuales y generar situaciones de inseguridad al trabajador, que, nunca, deben beneficiar a quien las ha provocado, su realidad y operatividad no deben excluirse, conforme también constante jurisprudencia, cuando existan hechos que revelen inequívocamente la voluntad empresarial de poner fin a la relación contractual» ( STS/Social 4 diciembre 1989)".

En definitiva, para que concurra el despido tácito la jurisprudencia exige que existan "hechos suficientemente concluyentes a partir de los cuales pueda establecerse la voluntad extintiva del empresario" ( sentencias del TS de 23 de septiembre de 2013, recurso 2043/2012; 29 de junio de 2017, recurso 2306/2016; y 30 de junio de 2017, recurso 3402/2015).

En este caso como se recoge en la relación de hechos probados, la empresa demandada procedió a dar de baja a los trabajadores en Seguridad Social, sin que conste comunicación previa sobre su decisión de poner fin a la relación laboral, con expresión de sus causas. Siendo así estamos ante una forma de proceder por parte de la empresa, claramente demostrativa de su voluntad de poner fin de forma unilateral a la relación laboral, lo que constituye un despido tácito, que al llevarse a cabo sin observar las formalidades legalmente establecidas y sin que concurra causa legítima que lo ampare, debe ser calificado de improcedente, pero no nulo como de forma principal se pretende en la demanda, al no concurrir causa legal que justifique tal efecto. El hecho de que con posterioridad se les remitiera comunicación por escrito, no desvirtúa el hecho de que con anterioridad, la empresa había procedido, de facto al despido, sin cumplir como decimos las formalidades legalmente establecidas, por lo que ha de estimarse como fecha de efectos del despido la del 8 de noviembre de 2022.

CUARTO.- En lo que respecta a los efectos de la declaración de improcedencia del despido, dispone el artículo 110-1 de la L.R.J.S. que "1. Si el despido se declara improcedente, se condenará al empresario a la readmisión del trabajador en las mismas condiciones que regían antes de producirse el despido, así como al abono de los salarios de tramitación a los que se refiere el apartado 2 del artículo 56 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores o, a elección de aquél, a que le abone una indemnización, cuya cuantía se fijará de acuerdo con lo previsto en el apartado 1 del artículo 56 de dicha Ley, con las siguientes particularidades: a) En el acto de juicio, la parte titular de la opción entre readmisión o indemnización podrá anticipar su opción, para el caso de declaración de improcedencia, mediante expresa manifestación en tal sentido, sobre la que se pronunciará el juez en la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 111 y 112...."

Al amparo de dicho precepto legal, la defensa de FOGASA, en el acto del juicio, adelantó la opción por la indemnización, para lo que está facultado, y así lo ha declarado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. La sentencia de fecha 5 de marzo de 2019, recurso 620/2018, señala a este respecto: "La Sala considera factible que el FOGASA pueda ejercitar el derecho de opción con efectos plenos en aquellos casos en los que concurran, simultáneamente, las siguientes circunstancias, de las que, como se ve, ya se ha dejado constancia a lo largo de cuanto se ha expresado precedentemente al enumerar las concurrentes en el presente caso: en primer lugar, que la empresa no haya comparecido en el acto del juicio; en segundo, que estemos en presencia de alguno de los supuestos previstos en el articulo 23.2 LRJS, esto es, que se trate de empresas incursas en procedimientos concúrsales, declaradas insolventes o desaparecidas, siempre que conste que la empresa ha cerrado sus actividades, siendo, en consecuencia, imposible o de difícil realización la readmisión; en tercero, que se trate de un supuesto en el que el titular de la opción fuere el empresario, pues no se puede sustituir el derecho de opción de quien no lo tiene; y, en cuarto lugar, que el FOGASA haya comparecido en el procedimiento en el momento de efectuar la opción. Y asi, resulta claro que el organismo de garantía puede instar que se anticipe dicha opción en tal sentido (indemnización) en un caso de las características del presente, donde la empresa, de hecho, se halla de todo punto imposibilitada de readmitir por su cierre mismo y por las demás circunstancias en las que se encuentra, ya enumeradas, de modo que no le quedarla más, de poder haberse manifestado, que instar que se señalase la indemnización pertinente, que va de suyo, al haber desaparecido, en efecto, toda posibilidad real y efectiva de readmisión, la cual, de haberla propuesto, supondría un ejercicio de absoluta incongruencia con la realidad si no de un hipotético intento fraudulento con no se sabe qué objeto, por lo que si el FOGASA, como subrogado en su lugar, lo que ha hecho ha sido cumplir con una previsión a la par que requisito material y procesal, ha de concluirse que le asistía todo el derecho -e incluso el deber- en ese sentido, velando así por los intereses públicos ( art 23.1 de la LRJS) cuya defensa tiene asignada".

En este caso, concurren los requisitos expuestos, ya que la empresa se encuentra cerrada, sin actividad y no tiene trabajadores en alta, además no compareció al acto del juicio, donde si lo hizo el FOGASA ejercitando la opción prevista en el al artículo 110.1. a) de la L.R.J.S.

En consecuencia, procede tener por ejercitada la opción por la indemnización, quedando extinguida la relación laboral a la fecha de efectos del despido y sin abono de salarios de tramitación. La indemnización en favor de la trabajadora Doña Mónica, con una antigüedad de 6 de septiembre de 2022 y el salario ya dicho de 53,92 euros al día, a la fecha del despido ascendería a la suma de 444,84 euros. En lo que respecta a Don Donato, con un salario de 52,60 euros al día, y una antigüedad de 26 de septiembre de 2022, será de 289,30 euros.

QUINTO.- Contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación, artículo 191-3-a) de la L.R.J.S.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación