Sentencia Social 162/2023 Juzgado de lo Social de Segovia Único, Rec. 587/2022 de 10 de julio del 2023

PRIMERO.- Los documentos aportados por la parte demandante, particularmente el contrato de trabajo y el documento de liquidación y finiquito, constituyen las fuentes de prueba que sustentan el anterior relato de hechos probados, a los efectos previstos en el artículo 97.2 LJS.

SEGUNDO.- En el presente procedimiento se ejercita por la parte demandante, al amparo de lo dispuesto en el artículo 55 ET, una acción dirigida a que se declare improcedente el despido efectuado por la empresa demandada, con fecha de efectos 09/04/2022, invocando falta de cumplimiento de los requisitos formales.

Se ha acreditado por el/la trabajador/a demandante el hecho constitutivo de su pretensión: la existencia de relación laboral con los perfiles que contribuyen a delimitarla, su antigüedad, la categoría profesional que ostentaba en la empresa y el salario que percibía, todo ello a través de la prueba documental.

Por aplicación del art. 91.2 L.R.J.S. se justifica el despido de facto del trabajador, por la vía de hecho, tal y como alega en su escrito inicial. No consta en estas actuaciones la causa de finalización del vínculo laboral, por lo que nos encontramos siendo estas las circunstancias del caso, ante un despido de facto, dando así lugar a un despido que debe calificarse ineludiblemente como improcedente por defectos de forma, como ordena el art.55.4 del Estatuto de los Trabajadores, al no haberse respetado por el empresario la forma escrita exigida en el párrafo 1º de ese mismo precepto legal.

El art. 55.2º del mismo cuerpo legal permite al empleador la posibilidad de subsanar el despido verbal realizado sin cumplir tales formalidades, siempre que cumpla con los dos requisitos que se le exigen: a) que esta subsanación se realice en los veinte días siguientes al despido defectuoso; y b) que al realizarlo, ponga a disposición del trabajador los salarios devengados en los días intermedios, manteniéndole durante los mismos en alta en la Seguridad Social.

En este caso no se ha procedido a subsanación alguna, por lo que se impone la estricta aplicación del art. 55 del E.T.. En su primer ordinal sienta que el despido deberá ser notificado por escrito al trabajador, haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos. En su ordinal 4º in fine se dice que el despido se considerará improcedente cuando en su forma no se ajuste a lo establecido en el apartado primero, por tanto, ha de ser estimada la pretensión de declaración de improcedencia del despido, con sus consecuencias legales, condenado a la demandada en los términos previstos para el despido disciplinario en el artículo 110, apartado 1 de la L.R.J.S. con las consecuencias previstas en el el apartado 1 del art. 56 ET "Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades.

TERCERO.- La declaración del despido como improcedente obliga a calcular la indemnización extintiva de acuerdo con el artículo 110.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social (Ley 36/2011, de 10 de octubre) y con el artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores (Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 octubre), ascendiendo a "treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades". Ello significa que por cada mes de prestación de servicios laborales se devengan 2,75 días indemnizatorios (33 días de salario anuales divididos por los 12 meses del año), con el tope de 720 días.

El cálculo de esta indemnización debe hacerse sobre la base del periodo en que la parte actora ha prestado servicios laborales para el empleador, tomando como fecha inicial el día 09/07/2021 correspondiente a la antigüedad reconocida en esta resolución y como fecha final el día de extinción de la relación laboral 09/04/2022. El prorrateo de los días que exceden de un mes completo se computa como si la prestación de servicios se hubiera efectuado durante toda la mensualidad: se considera como un mes completo (sentencias del TS de 20 de julio de 2009, recurso 2398/2008, ECLI:ES:TS:2009:5261; 20 de junio de 2012, recurso 2931/2011 ECLI:ES:TS:2012:4645; y 6 de mayo de 2014, recurso 562/2013, ECLI:ES:TS:2014:2125). Por consiguiente, debemos contabilizar 10 meses de prestación de servicios.

Aplicando el referido criterio, la indemnización total asciende a 1017,87 euros. De esa cuantía debe deducirse la indemnización que por cese del contrato haya podido percibir la parte demandante.

CUARTO.- Contra esta resolución cabe interponer recurso de suplicación conforme a lo dispuesto en el artículo 191 LRJS.

Vistos los preceptos legales citados, y demás de general y pertinente aplicación,