Sentencia Social 192/2023 Juzgado de lo Social de Segovia Único, Rec. 8/2023 de 05 de septiembre del 2023

PRIMERO.- Debe analizarse en esta litis si al decisión extintiva patronal ha de ser declarada improcedente, atendiendo a que la actora la impugna por entender que no existen los motivos que basan tal decisión.

Debe examinarse si en el caso se ha dado un incumplimiento de las normas dadas por el empresario, de modo que haya sido quebrantada la buena fe contractual, con justificación del despido. El/La trabajador/a ha de cumplir con las obligaciones inherentes a su puesto de trabajo de conformidad a las reglas de la buena fe, arts. 5 y 20.0 E.T., constituyendo la transgresión una actuación contraria a los especiales deberes de conducta que deben presidir la ejecución del contrato, siendo la buena fe consustancial al contrato de trabajo generando derechos y obligaciones recíprocos, que se traducen en una exigencia de comportamiento ético acorde a una serie de valores como la lealtad, honorabilidad, probidad y confianza, que limitan o condicionan el cumplimiento del contrato de trabajo.

La esencia del incumplimiento no está en la causación de un daño, sino en la vulneración de los anteriores valores, por lo que a pesar de la inexistencia de perjuicio alguno a la empresa -elemento que se debe considerar y ponderar en orden a la calificación de la gravedad de la conducta- no se enerva la transgresión, para cuya calificación también deben valorarse las condiciones personales y profesionales del trabajador y la confianza depositada en el mismo, no siendo tampoco necesario la concurrencia de dolo en la conducta, entendido como conciencia y voluntad en la realización de la conducta infractora, pues basta que los hechos se produzcan de manera culposa, si la culpa es grave e inexcusable, para estimar cometida la infracción ( sentencias del Tribunal Supremo de 18 de mayo de 1.987 , 30 de octubre de 1.989 , 14 de febrero de 1.990 y 26 de febrero de 1.991 ).

La transgresión de la buena fe contractual se entiende cometida aunque no se acredite la existencia de un lucro personal, ni haber causado daños a la empresa, pues basta para ello el quebrantamiento de los deberes de fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral, pues los daños y perjuicios causados son uno de los elementos a tener en cuenta para valorar la gravedad de la falta, pero no el único, pudiendo ponderarse otros como la situación objetiva del riesgo creada, la concurrencia de abuso de confianza, o el efecto pernicioso para la organización productiva ( sentencias de 26 de mayo de 1.986 y 26 de enero de 1.987 ). La esencia del incumplimiento no está en el daño causado, sino en el quebranto de la buena fe depositada y de la lealtad debida, al configurarse la falta por la ausencia de valores éticos y no queda enervada por la inexistencia de perjuicios. ( sentencias de Tribunal Supremo de 8 de febrero de 1.991 y 9 de diciembre de 1.986 ).

Por otra parte el abuso de confianza se conceptúa como una "modalidad cualificada de la transgresión de dicha buena fe contractual, de un mal uso o uso desviado por parte del trabajador, de las facultades que se le confiaron, con lesión o riesgo para los intereses de la empresa" , debiendo estarse para la valoración de la conducta que la empresa considera contraria a este deber, a la entidad del cargo de la persona que cometió la falta y sus circunstancias personales ( sentencia del Tribunal Supremo de 20 octubre 1983 ), sin que en la materia de pérdida de confianza pueda establecerse graduación alguna ( sentencia de 29 de noviembre de 1.985 y 16 de julio de 1.982 ), pues la deslealtad consiste en la eliminación voluntaria de los valores éticos que deben inspirar al trabajador en el cumplimiento de los deberes básicos que el nexo laboral le impone ( sentencias de 24 y 25 de febrero y 26 de septiembre de 1.984 ), pero también en abusar de la confianza recibida de la empresa, en razón del cargo desempeñado, rebasando los límites de éste, en provecho propio o de un tercero que no sea acreedor directo de las prestaciones empresariales ( sentencia de 25 de febrero de 1.984 ).

En definitiva, la relación laboral, exige una confianza entre las partes que se quiebra por la realización de conductas que producen un quebranto de la confianza en el trabajador que deberá valorar.

SEGUNDO.- En el presente caso la realidad de los hechos probados se extrae de la prueba documental obrante en las actuaciones, y de la valoración conjunta de la prueba testifical practicada en el acto del juicio así como del visionado de las grabaciones aportadas, conforme a las reglas de la sana crítica, lo que lleva a concluir la realidad de los hechos imputados, la adecuada tipificación de los mismos y su sanción; y es que la conducta del actor entraña una transgresión de la buena fe para con la empresa, falta que es sancionada, entre otras, con despido, sanción que no se considera desproporcionada ya que la conducta del actor ha de calificarse como grave, al haber provocado una importante desconfianza en la empresa, por lo que se ha de afirmar que se ha transgredido la buena fe contractual, así como los deberes de fidelidad y confianza que deben presidir las relaciones entre trabajadora y empresario, cuyas obligaciones asume el trabajador de conformidad con el artículo 5.a) y c) del Estatuto de los Trabajadores.

En el presente caso, ha probado la empresa la conducta que se imputa al trabajador en la comunicación de despido, consistente en el acceso de madrugada, cuando la empresa permanece cerrada, a las instalaciones de esta para sustraer combustible. Estos hechos se desprenden sin dificultad de la prueba de reproducción videográfica traída a los autos por la empresa demandada. Por el contrario, la declaración testifical practicada a instancia de la parte actora, en nada desvirtúa lo anterior, toda vez que el testimonio alude a los hechos acontecidos con anterioridad a los hechos imputados -el testigo llevaba al actor al trabajo en su vehículo entre los meses de marzo a junio de 2022-.

Esta conducta del trabajador supone una trasgresión de la buena fe contractual que habilita a la empresa para extinguir su contrato por falta de confianza derivada de la trasgresión de la misma, no pudiendo atenderse los argumentos del demandante manteniendo que cumplía órdenes del empresario pues ninguna prueba se ha aportado en tal sentido, todo lo cual conduce a estimar que la conducta imputada se ha de tipificar en el artículo 54.2.d) del Estatuto de los Trabajadores, y que la sanción de despido se halla plenamente justificada, lo que conlleva la íntegra desestimación de la demanda.

TERCERO.- Sentado lo anterior, y pese a dicha declaración, resta por analizar la cuestión de la responsabilidad solidaria de las empresas demandadas. Basa su pretensión la parte actora en el hecho de que deben considerarse a las demandadas un grupo de empresas.

Ha de analizarse, por tanto, si efectivamente las empresas demandadas conforman un grupo de empresas a efectos laborales, alcanzándoles una responsabilidad solidaria frente a la actora.

El Tribunal Supremo tiene indicado, que: "El grupo de empresas, a los efectos laborales, ha sido una construcción jurisprudencial que no siempre siguió una línea uniforme, pero que hoy se encuentra sistematizada en la jurisprudencia de esta Sala. Así, ya se afirmó que no es suficiente que concurra el mero hecho de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria respecto de obligaciones contraídas por una de ellas con sus propios trabajadores, sino que es necesaria, además la presencia de elementos adicionales ( Sentencias de 30 enero, 9 mayo 1990 , 7 30 enero 1993 (sic)). No puede olvidarse que como señala la sentencia de 30 junio 1993, los componentes del grupo tienen en principio un ámbito de responsabilidad propio como personas jurídicas independientes que son. La dirección unitaria de varias entidades empresariales no es suficiente para extender a todas ellas la responsabilidad. Ese dato será determinante de la existencia del Grupo empresarial. No de la responsabilidad común por obligaciones de una de ellas. Como dicho queda, para lograr tal efecto, hace falta un plus, un elemento adicional, que la jurisprudencia de esta Sala ha residenciado en la conjunción de alguno de los siguientes elementos:

1.- Funcionamiento unitario de las organizaciones de trabajo de las empresas del grupo ( SS de 6 mayo 1981 y de 8 octubre 1987)

2.- Prestación de trabajo común, simultánea o sucesiva, a favor de varias de las empresas del grupo ( SS 4 marzo 1985 y 7 diciembre 1987).

3.- Creación de empresas aparentes sin sustento real, determinantes de una exclusión de responsabilidades laborales ( SS 11 diciembre 1985, 3 marzo 1987 , 8 junio 1988 , 12 julio 1988 y 1 julio 1999).

4.- Confusión de plantillas, confusión de patrimonios, apariencia externa de unidad empresarial y unidad de dirección ( SS de 9 noviembre 1990 y 30 junio 1993). Y todo ello teniendo en cuenta que salvo supuestos especiales, los fenómenos de circulación del trabajador dentro de las empresas del mismo grupo no persiguen una interposición ilícita en el contrato para ocultar al empresario real, sino que obedecen a razones técnicas y organizativas derivadas de la división del trabajo dentro de/ grupo de empresas; práctica de lícita apariencia, siempre que se establezcan las garantías necesarias para el trabajador, con aplicación analógica del art. 43 ET ( SS de 26 de noviembre 1990 y 30 de junio 1993 , que expresamente se invoca)".

La STS de 23 de octubre de 2012 dice que: "La cuestión ha sido abordada por esta Sala en numerosas sentencias en las que viene manteniendo una constante doctrina. Así , en la sentencia de 8 de junio de 2005: " En el marco de la responsabilidad compartida por los integrantes del grupo, en la aludida sentencia, en la de 21 de diciembre de 2000 y otras posteriores, hemos declarado que para extender la responsabilidad no basta la concurrencia de que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo, para derivar de ello, sin más, una responsabilidad solidaria, sino que es necesaria la concurrencia de otros elementos adicionales, como la confusión de plantillas; la confusión de patrimonios sociales; la apariencia externa de unidad empresarial y la dirección unitaria de varias entidades empresariales; por consiguiente, los componentes del grupo tienen, en principio un ámbito de responsabilidad propio, como personas jurídicas independientes que son.

En síntesis, la unidad real del grupo como ente empresarial único requiere: unidad de actividades; trasvase de fondos y cesiones inmobiliarias; movilidad de los trabajadores en el seno del grupo; estrategia unificadora y prestaciones laborales indiferenciadas, es decir, que los trabajadores realicen su prestación de modo simultáneo e indiferenciado en varias sociedades del grupo".

A tenor de lo expuesto no puede afirmarse que estamos en presencia de un grupo en los términos definidos por dichas normas y doctrina jurisprudencial en base a las siguientes consideraciones: no existe prueba de que concurra una sociedad dominante y las otras sean subordinadas; la existencia de relación de parentesco entre los administradores o socios no es suficiente para ver en ello un grupo empresarial fraudulento. Y lo más relevante, no constan elementos que acrediten la circulación de trabajadores entre las empresas del grupo con ánimo defraudatorio. Es cierto que la empresa para la que el demandante prestaban servicios tienen similares actividades, pero estos extremos, por si solos, son insuficientes para declarar la responsabilidad solidaria, pues, aunque pueda existir una prestación indistinta de actividades de los demandantes para las sociedades del grupo, no se acredita que ello vaya más allá de criterios de técnica organizativa, de forma que exista un único empleador.

En definitiva, además, la posible existencia de grupo empresarial no conlleva, sin embargo, la existencia de una responsabilidad solidaria de todas las empresas de ese grupo empresarial pues no se han detectado esas especiales circunstancias que denoten el carácter patológico del conjunto formado por todas ellas.

CUARTO.- Contra esta resolución cabe interponer recurso de suplicación conforme a lo dispuesto en el artículo 191 LRJS.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general observancia,