Sentencia Social 361/2024 Juzgado de lo Social de Ceuta Único, Rec. 942/2023 de 10 de octubre del 2024

PRIMERO.-La parte actora instó la nulidad de la decisión de RTVCE de omitirla en el llamamiento para la celebración de contratos temporales, alegando que dicha conducta vulneraba el derecho a la igualdad, y no discriminación garantizado en el art. 14 de la CE.

La entidad alegó la prescripción de la acción ejercida, entendiendo que el plazo de un año indicado en el art. 59 del ET había transcurrido sin que la actora hubiera ejercitado acción alguna.

Como ha reiterado el Tribunal Supremo en sentencia del 29 de mayo de 2024, el plazo para el ejercicio de la acción resacitoria por la violación de los derechos fundamentales es de prescripción de 1 año, contenida en el art. 59.1 del ET.

Asimismo, en reiteradas sentencias, a las que hace mención la sentencia antes referida, y que parte además de la sentencia del Tribunal Constitucional 7/1983 del 14 de febrero, se parte del hecho de que hace referencia a que los derechos fundamentales son "permanentes e imprescriptibles"; lo que es compatible, no obstante, con que "el ordenamiento limite temporalmente la vida" de las acciones concretas que derivan de las lesiones infligidas a tales derechos. La reciente sentencia del TS al que hemos hecho referencia específica "De esta manera dichas acciones prescriben y se agotan, sin que se extinga por ello el derecho fundamental, "que el ciudadano podrá continuar ejerciendo y que podrá hacer valer en relación con cualquier otra lesión futura". La propia STC 7/1983 declara que corresponde al legislador, a la hora de regular los distintos derechos fundamentales, la determinación del período de tiempo dentro del cual se podrá reaccionar frente a supuestas o reales vulneraciones de estos, lo que nos conduce, en casos como el presente, a las normas legales existentes sobre los plazos de la prescripción extintiva".

La sentencia dictada el 3 de abril de 2024 hace referencia a la consolidada jurisprudencia que especifica que el plazo de prescripción inicia su cómputo desde el momento en que deja de producirse vulneradora del derecho fundamental.

En la demanda se hace refererencia, tras la matización introducida en el acto del juicio, de 11 contratos que podrían haberse celebrado vulnerando un derecho fundamental. De estos, el más antiguo al que se hace referencia en la demanda es el el iniciado el 2 de julio de 2022 y el más reciente vigente desde el 12 de mayo al 28 de mayo de 2023.

Si tenemos en cuenta la doctrina antes expuesta, el momento en el que finalizó la acción que se expone es vulneradora de un derecho fundamental, fue el último de los contratos celebrados, que se extinguió el 28 de mayo de 2023. Planteada la demanda el 14 de diciembre de 2023, resulta claro que el plazo de 1 año indicado en el precepto antes referido a efectos de prescripción no había transcurrido cuando se interpuso la demanda que dio origen al presente procedimiento.

SEGUNDO.-Centrándonos en el fondo del asunto son hechos no controvertidos que la Sra. Enma se encuentra incorporada a la bolsa de trabajo temporal de la entidad demandada desde el 16 de julio de 2020, fecha en la que se constituyó y que además ocupaba la NUM001 posición, habiéndose excluido las tres personas que la antecedía.

A tenor de su incorporación a las actuaciones como prueba documental esencialmente con la aportación de las bases publicadas en el BOCCE el l 3 de marzo de 2020 que rigen la bolsa de trabajo temporal de la entidad con la categoría de redactor- presentador, se acredita que dicha bolsa se regía por un sistema rotativo en el llamamiento de los candidatos. Asimismo, se establece un período máximo de contratación de seis meses por año trabajado, de modo que finalizado el período máximo contractual el candidato pasa a ocupar el último lugar en la lista de los integrantes de la bolsa, debiendo permanecer 6 meses sin ser llamado.

Asimismo, a tenor de la aportación de la copia del acuerdo suscrito en la Mesa de Negociación celebrada el 22 de febrero de 2021 por la Comisión Paritaria de RTVCE S.A.U y la declaración de los diferentes testigos, representantes de los trabajadores que estuvieron presentes en dicha reunión, considero acreditado que se acordó la la contratación de personal temporal con la categoría profesional de redactor a través de SEPE, tan solo y de forma absolutamente exclusiva, cuando no pudiera optarse por las personas integradas en la bolsa de trabajo temporal; bien porque estuvieran prestando ya servicios para la entidad, bien porque habían sido contratadas por el tiempo máximo indicado en las bases reguladoras de las mismas. De modo, que los criterios para ser seleccionadas por el SEPE serían los mismos que los que se tuvieron en cuenta para elaborar el listado de los trabajadores integrantes de la bolsa de trabajo temporal.

Para aclarar este punto, por tanto debemos comparar los contratos suscritos por la actora y los diferentes contratos suscritos para los que no fue llamada la actora y que fueron indicados por la entidad demandada, y no fueron puestos en duda por la parte actora.

Como punto de partida, debe indicarse que la actora comunicó a la entidad el 19 de mayo de 2022, tras un período sin actividad profesional, que quería permanecer en la bolsa de la entidad y que en lo venidero mi disponibilidad sería inmediata. Dicho correo fue la contestación de otro enviado a su vez por la Sra. Inmaculada en la que se le preguntaba sobre su disponibilidad. El 9 de junio de 2022 la actora le indicó vía wasapp, a la Sra. Inmaculada que el contrato de Melilla finalizaba a finales de junio de 2022.

Dichos mensajes, en consecuencia, acredita que la entidad demandada tenía conocimiento de que al menos a partir del 1 de julio de 2022, la actora tendría plena disponibilidad y podría ser llamada nuevamente para la celebración de contratos temporales.

Pese a ello, no fue llamada para celebrar los contratos que finalmente se suscribieron con personas seleccionada a través del SEPE. Especificamente el iniciado el 1 de septiembre de 2022 con la Sra. Flora; el 24 de octubre de 2022 en relación al Sr. Casimiro; y fechado el 3 de abril de 2023 con la Sra. Ramona.

El acuerdo al que se llegó en el seno de la empresa respecto al llamamiento de personas a través del SEPE, como se ha acreditado con su aportación como prueba documental, exigía de forma absoluta que no hubiera candidatos libres en la bolsa de trabajo temporal. A pesar de que la Sra. Enma, en algunas ocasiones renunció a determinados contratos, ello únicamente tenía como consecuencia el posicionamiento de la actora en el NUM003 lugar de la lista de la bolsa (última posición), pero no implicaba que tuviera ser excluida definitivamente de la lista o que se omitiera para su contratación de no poder los candidatos situados por encima de la misma. Por lo que al tiempo de celebrar estos tres contratos lo cierto es que existía una candidata en la bolsa de trabajo a la que necesariamente tendrían que haber llamado para ofertarle dicha contratación.

De modo que el único contrato que respecto a la Sra. Enma estaba justificado que se acudiera al Sepe, fue el suscrito por la Sra. Adelaida desde el 10 de marzo de 2023 al 31 de mayo de 2023; porque según consta a través de los mensajes aportados al procedimiento, a la Sra. Enma se le ofreció dicho contrato y ésta lo rechazó.

En relación a los contratos celebrados con sus compañeros de la bolsa de trabajo temporal, lo cierto es que a través de los mensajes aportados consta que se ofreció el 4 de agosto, a la actora un contrato que iniciaba su vigencia el 8 de agosto y la finalizaría el 5 de noviembre de 2022 y dicho contrato fue rechazado por ésta. Lo cual suponía que pasaba a ocupar el último lugar de la lista de la bolsa. De ahí que el contrato suscrito por su compañero el Sr. Olegario el 12 de septiembre de 2022 y el 26 de diciembre de 2022, fue ajustado a derecho, porque éste ocupaba en ese momento una posición preferente respecto a la de la Sra. Enma y aún no había cumplido el período máximo de trabajo indicado en las bases.

Igual criterio debe aplicarse en relación a los contratos celebrados con el Sr. Sixto el 12 de septiembre de 2022 y con la Sra. Josefina el 27 de dicciembre de 2022, por las mismas razones antes expuestas, esto es Dña. Enma tras la renuncia ocupaba la posición más baja de la lista y en consecuencia estos candidatos tenían preferencia sobre ella para ser llamadas.

A la Sra. Enma el 14 de abril de 203 se le envio un mensaje en el que se le ofrecía otro contrato temporal cuya vigencia iba a iniciarse el 24 de abril y que inalizaría el 30 de septiembre de 2023 y la actora renunció a dicho contrato, como se ha acreditado con los mensajes aportados y no impugnados. Lo que conlleva que los siguientes contratos ofertados se hicieran a sus compañeros de bolsa, que le habían adelantado en la posición de la lista, cumpliéndose las normas que rigen la bolsa de trabajo. Esto es lo que ocurrió respecto a los contratos suscritos con el Sr. Olegario y la Sra. Josefina el 12 de mayo de 2023.

Por tanto y en relación a los compañeros integrantes de la bolsa de trabajo temporal su llamamiento con preferencia a la Sra. Enma cumplió con todas las normas vigentes en ese momento sobre dicha cuestión.

Existen además dos contratos para los que la actora no fue llamada y que fueron acordados el 12 de diciembre de 2023 en una reunión de la la Comisión Paritaria de RTVCE S.A.U con la presencia de los delegados de los trabajadores y representantes de la de empresa y en que se aprobó, porque no había candidatos disponibles para cubrir esa plaza y de forma expresa así se indicó.

Una de ellas fue el Sr. Baltasar, que fue contratado del 18 al 19 de diciembre de 2023 con la categoría de reportero gráfico, esto es con una categoría diferente a la de la bolsa en la que está integrada la actora, por lo que carece de relevancia. La segunda persona fue la Sra. Sonia del 26 de diciembre al 5 de enero de 2024 con la categoría profesional de redactor presentador, esto es con la misma categoría que la actora.

Ahora bien, si se comprueba los contratos suscritos con la actora, se puede llegar a la conclusión de que el 26 de diciembre de 2023, la misma inició otro un contrato con la entidad demandada con la misma duración que la ofertada a la Sra. Sonia, por lo que dicho llamamiento se efectuó ajustándose a las normas acordadas en el 2021 relativas a la oferta pública de trabajo temporal a través del SEPE.

A tenor de lo especificado con anterioridad, considero acreditado que tres contratos se celebraron vulnerando las normas que rigen las bolsas de contratación temporal y el acuerdo suscrito por la Mesa Negociadora el 22 de febrero de 2021, toda vez que éstos se suscribieron con personas no vinculadas con la bolsa, pese a que la Sra. Enma podía ser llamada para celebrarlos.

TERCERO.-Acreditada la conducta ilícita de la entidad, por cuanto incumple las bases reguladoras de las bolsas de trabajo temporal de la entidad y el acuerdo adoptado por los representantes de la empresa y de los trabajadores en el 20212, lo determinante es establecer si dicha conducta es contraria al derecho de igualdad.

La entidad demandada se limitó a indicar en el acto del juicio que dicha contratación se ajustaba a las normas que regían la contratación de la entidad; hecho que a tenor de lo referido con anterioridad no es ajustado a lo acontecido, porque pese a lo especificado por la entidad, la Sra. Enma estaba libre y cumplía las condiciones exigidas para haber sido llamada.

Partiendo de dicha premisa, lo que establece el artículo 181 de la LRJS es que justificada la concurrencia de una serie de indicios sobre si se ha producido una violación del derecho fundamental o libertad pública, corresponderá al demandado acreditar una justificación objetiva y razonable de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad.

Dicho precepto impone, por tanto una primera obligación al trabajador que es el de aportar un indicio de que el acto empresarial lesiona un derecho fundamental. Indicio que como ha puesto de manifiesto la jurisprudencia del Tribunal Supremo, no consiste en la mera alegación de la vulneración del derecho constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que ésta se haya producido. Lo que implica que el demandante debe desplegar una actividad suficientemente precisa y concreta para poner de manifiesto unos indicios de la existencia de discriminación. Solo alcanzado por el actor este resultado, surgirá en la parte demandada la carga de probar la existencia de causas suficentes, reales y serias para calificar de razonable y ajena a todo propósito lesivo del derecho fundamental, la decisión de poner fin a la relación laboral con el trabajador.

En el supuesto enjuiciado, lo cierto es que existe un hecho que he considerado acreditado y es que se omitió a la actora, sin respetarse las normas que rigen la contratación temporal, frente a otra candidata/candidato, que fue finalmente contratada.

Como es sobradamente conocido, el principio de igualdad de trato y no discriminación ostenta las mismas garantías constituticionales que los demás derechos fundamentales y libertades públicas. Supone, tal y como de forma reiterada ha establecido el TC la ausencia de toda discriminación directa o indirecta, por razón del origen racial o étnico, la religión, o convicciones, la discapacidad, la edad o la orientación sexual, condición o circunstancia personal o social.

Tradicionalmente de distingue entre una discriminación directa o indirecta y ésta última se produce cuando una disposición legal o reglamentaria, una cláusula convencional o contractual, un pacto individual o una decisión unilateral, aparentemente neutros, puedan ocasionar una desventaja particular a una persona respecto de otras por razón de origen racial o étnico, religión o convicciones, discapacidad, edad y orientación sexual, siempre que objetivamente no respondan a una finalidad legítima y que los medios para la consecución de esta finalidad no sean adecuados y necesarios (TJUE 20-10-11; TCo 61/2013 ). Ésta es, por tanto, la discriminación que mantiene la parte actora se ha producido en el presente caso.

Sobre ello, debemos traer a colación la sentencia del TC la sentencia del Tribunal Constitucional 253/2004 de 22 de diciembre, recoge la doctrina sobre el mismo en los siguientes términos: "«a) no toda desigualdad de trato en la Ley supone una infracción del art. 14 de la Constitución , sino que dicha infracción la produce sólo aquella desigualdad que introduce una diferencia entre situaciones que pueden considerarse iguales y que carece de una justificación objetiva y razonable; b) el principio de igualdad exige que a iguales supuestos de hecho se apliquen iguales consecuencias jurídicas, debiendo considerarse iguales dos supuestos de hecho cuando la utilización o introducción de elementos diferenciadores sea arbitraria o carezca de fundamento racional; c) el principio de igualdad no prohíbe al legislador cualquier desigualdad de trato, sino sólo aquellas desigualdades que resulten artificiosas o injustificadas por no venir fundadas en criterios objetivos suficientemente razonables de acuerdo con criterios o juicios de valor generalmente aceptados; d) por último, para que la diferenciación resulte constitucionalmente lícita no basta con que lo sea el fin que con ella se persigue, sino que es indispensable además que las consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción sean adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que la relación entre la medida adoptada, el resultado que se produce y el fin pretendido por el legislador superen un juicio de proporcionalidad en sede constitucional, evitando resultados especialmente gravosos o desmedidos»".

En el supuesto enjuiciado, nos encontramos ante una situación de desigualdad entre la Sra. Enma y las personas que celebraron los contratos indicados y que no tenían derecho a ser llamadas con preferencia respecto a la actora.

Por tanto, nos encontramos ante una decisión adoptada por la entidad pública demandada, que excluyó a la actora del llamamiento para la celebración de un contrato a favor de una tercera persona que no podía ser llamada a celebrar contrato, aplicando de forma desigual las normas que regulan el contrato de trabajo temporal en la entidad, llevado a cabo incumpliendo las bases genéricas y los acuerdos suscritos en el ámbito de la entidad, utilizando un criterio de exclusión inexistente y arbitrario.

En definitiva, nos encontramos ante una desigualdad derivada de una actuación de la Entidad, que no puede ser considerada ni justificada, ni razonable. Por tanto, la conducta de la sociedad no uede sino ser calificada como discriminatoria y atentatoria contra el principio de igualdad de trato, garantizado en el artículo14 de la CE.

CUARTO.-Se interesó el abono de una indemnización correspondiente al lucro cesante por la omisión de la entidad al llamamiento efectuado.

Se celebraron tres contratos de forma arbitraria y generando discriminación a la actora, el primero del 1 de septiembre al 10 de enero de 2023, que suscribió la Sra. Flora; el segundo del 24 de diciembre de 2022 al 21 de abril de 2023, suscrito por la Sra. Matilde y el último del 3 de abril al 30 de junio de 2023 que no fue ofertado a la actora, sino a la Sra. Ramona.

Para fijar la indemnización de los daños ocasionados, debe tenerse en cuenta los rendimientos que hubiera tenido la actora de haber celebrado los contratos para los que fue ilicitamente omitida.

Se han aportado las nóminas de la Sra. Flora emitidas para dicho contrato y en consecuencia podemos considerar acreditado que las retribuciones que hubiera percibido la actora de haberlo suscrito le hubieran supuesto un total de 15.036,44 euros.

Dicho contrato tuvo una duración de 132 días, lo que implica que aun podía ser llamada para celebrar otro contrato temporal hasta alcanzar los 180 indicados en las bases de cotización. El siguiente contrato suscrito, toda vez que el ofertado a la Sra. Matilde no podría haberse suscrito por la actora de aplicarse las bases correctamente, porque estaría prestando servicio para la entidad en ese momento, fue el celebrado el 3 de abril y finalizó el 30 de junio de 2023 con la Sra. Ramona, y ésta de conformidad con las nóminas aportadas obtuvo 10.814,34 euros en total.

A partir del 1 de julio de 2023 la actora tendría que haber esperado unos 6 meses para que pudiera ser nuevamente llamada, en virtud de las bases de contratación. Esto es hasta diciembre de 2023 y precisamente fue a partir del 26 de diciembre de 2023 cuando la actora fue nuevamente llamada para la celebración de un contrato temporal sin que a partir de dicha fecha se haya argumentado por la parte actora que se hubiera realizado llamamientos omitiendo a la actora.

La demandante alegó que dicha conducta impidió que se le adjudicara una plaza fija en el concurso oposición para cubrir tres plazas de redactora publicado en el BOCCE el 24 de noviembre de 2023 y alegó que debería tomarse en consideración dicha consecuencia a efectos de fijar una indemnización por el daño material ocasionado.

No obstante, dicha alegación no puede ser tenida en cuenta al tratarse de una argumentación carente de base alguna al ignorarse si efectivamente la actora se hubiera posicionado dentro de los tres primeros en el concurso de oposición.

Para llegar a dicha conclusión, debe tenerse en cuenta que la actora renunció a dos contratos con la entidad demandada, por lo que su falta de contratación no es achacable a la entidad demandada. Asimismo, la Sra. Enma fue valorada con 64,59 puntos en el referido concurso oposición, quedando situada en el NUM003 posición. Las bases otorgaban a cada mes de trabajo para la entidad 0, 60 puntos, sin tener en cuenta los meses fraccionados, de modo que en el primer contrato se computarían cuatro meses íntegros y en el segundo dos meses íntegros, lo que supondría 3,6 puntos adicionales.

Si los mismos se suman a los 64,59 puntos obtenidos, como máximo y de forma muy magnánima, la Sra. Enma hubiera obtenido 68,19 puntos; mientras que la Sra. Josefina, la tercera nota más alta, 68,85 puntos, esto es aún se situa por encima de la actora.

Por tanto y como únicos perjuicios que se han acreditado, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1.101 del Codigo Civil son los 25.850,78 euros, que son la suma de los salarios que hubiera efectivamente percibido la actora de haberse cumplido las normas vigentes de la bolsa.

QUINTO.-Los daños morales deben ser calificados como aquellos que no son susceptibles de ser evaluados patrimonialmente por consistir en un menoscabo cuya sustancia puede recaer no sólo en el ámbito moral estricto, sino también en el ámbito psicofísico de la persona y consiste, paradigmáticamente, en los sufrimientos, padecimientos o menoscabos experimentados que no tienen directa o secuencialmente una traducción económica.

El artículo 183 de la LRJS obliga al Tribunal, cuando declare la vulneración del derecho fundamental a pronunciarse sobre la cuantía de la indemnización, atribuyendo al mismo plena responsabilidad en cuanto a su cuantificación, determinándolo "prudencialmente cuando la prueba de su importe exacto resulte demasido difícil o costosa".

Es jurisprudencia consolidada que la LISOS puede ser utilizada como criterio para cuantificar los daños morales; pero ello no dispensa a la parte actora a acreditar que se ha producido algún daño moral; teniendo en cuenta además que no existe automaticidad, ni una presunción a favor de la existencia de daños morales susceptibles de ser indemnizados.

Asimismo, la sentencia del TS dictada el 20 de abril de 2022 dictada en unificación de doctrina, señala que la aplicación de la referida norma no es automática, sino que debe ir acompañada de una valoración de las circunstancias concurrentes en el caso concreto. Aspectos tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, su persistencia temporal, la intensidad del quebrantamiento y las consecuencias que provoquen en la situación personal o social del trabajador, así como la posible reincidencia de conductas vulneradoras, deben valorarse a efectos de la cuantificación de la indemnización.

En el presente caso, no se ha aportado dato alguno sobre dichos elementos por la parte actora y ello porque si bien se alegó que como consecuencia de la conducta de la entidad la actora tuvo que cambiar de localidad, dicha afirmación no solo no se ha acreditado, sino que lo que deriva de las pruebas aportadas es que la Sra. Enma cambió de lugar de residencia a Melilla antes de que se atribuyera por la misma esa conducta discriminatoria.

No obstante se ha producido una conducta vulneradora de un derecho fundamental que se ha ocasionado en tres ocasiones, respecto a una trabajadora que mantiene una relación laboral, si bien de forma intermitente desde el año 2016, es decir por tiempo suficientemente largo, lo que determina que estime que se han producido unos daños morales al menos por importe de 1.500 euros.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación