Sentencia Social 214/2024 Juzgado de lo Social de Ceuta Único, Rec. 746/2023 de 10 de junio del 2024

PRIMERO.-La parte actora solicitó que se declarara el derecho de los trabajadores que prestan sus servicios en el Complejo Deportivo José Ramón López Díaz-Flor de Ceuta que tenían derecho a percibir el complemento de residencia y el de vinculación a la bonificación, en virtud de las tablas salariales aplicables a cada una de las categorías profesionales.

La existencia de un total de 11 trabajadores afectados, integrado por 5 socorristas y 6 auxiliares de control no fue objeto de debate en el presente procedimiento.

SEGUNDO.-Por la entidad demandada se puso de manifiesto la falta de legitimación del sindicato accionante, al entender que no había acreditado que el mismo tuviera una implantación suficiente para plantear un procedimiento de conflicto colectivo, como deriva del artículo 154 de la LJS. Afirmaron que desconocían el número de afiliados a éste, que no tenían constancia de la existencia de un delegado sindical y que no estaba representada en el comité de empresa.

El hecho de que no forma parte ningún representante de la entidad demandante en el Comité de empresa, tras las elecciones celebradas el 23 de enero de 2020 se ha acreditado con la aportación de las actas de las elecciones de las que resulta que fueron elegidos representantes del sindicato CCOO; y del laudo arbitral que resuelve la impugnación realizada por UGT sobre la unificación de diferentes centros de trabajo en la celebración de estas elecciones, y que la desestimó, entendiendo que se había la unificación de diversos centros de trabajo, entre los que se encontraba Ceuta, era adecuada a derecho.

De forma constante la jurisprudencia, específicamente hago mención a la más reciente de 11 de marzo de 2020; reconoce la legitimación ad causam a los sindicatos, siempre que reúnan dos requisitos; el respeto al principio de correspondencia, que en el presente caso no se discute; y el cumplimiento del principio de implantación suficiente en el ámbito del conflicto. Como establece la sentencia del TC 164/2003 un sindicato con la necesaria implantación tiene un interés real y directo en que todos los trabajadores que se encuentren en las condiciones legal y convencionalmente previstas, puedan acceder a los derechos que le reconozca un convenio colectivo y que el Sindicato pueda, por tanto, defender el cumplimiento de la normativa pactada en Convenio Colectivo o norma legal, pues, en definitiva, una decisión estimatoria de la pretensión formulada, caso de tener éxito, reportaría una ventaja o utilidad con una innegable trascendencia colectiva por su proyección o alcance general y de evidente conexión con la función institucional del sindicato ( artículo 7 de CE) .

Asimismo, como indica las sentencias del TS de 7 de junio de 2017 y 5 de mayo de 2020, para valorar la implantación suficiente en el ámbito del conflicto, no hay una norma única y general que pueda actuar como regla inequívoca o cuasi matemática a tal efecto, sino que habrá de estarse a las específicas circunstancias de cada caso y a los hechos y elementos de juicio que hayan sido acreditados en orden a demostrar el efectivo nivel de implantación del sindicato en el ámbito del que se trate, siendo uno de ellos el nivel de afiliación en el ámbito afectado por el conflicto colectivo planteado.

Como premisa debe partirse del dato de que el sindicato demandante no ostenta representación alguna en el comité de empresa, hecho al que ya he hecho referencia con anterioridad. Por lo que habrá que estar al número de afiliados para poder determinar si la entidad demandante tiene legitimación para instar un procedimiento de conflicto colectivo en el ámbito de los trabajadores que prestan servicio en el Complejo Deportivo indicado en la demanda.

En este sentido, la entidad demandante no aportó prueba alguna al respecto sobre dicha cuestión; es más ni siquiera precisó que trabajadores afectados por el conflicto colectivo interesados están afiliados al sindicato. Dicho dato tampoco puede inferirse de las nóminas de los 11 trabajadores afectados que han sido aportadas al procedimiento, porque en las mismas no consta que se estuviera deduciendo directamente la cuota sindical a alguno de los trabajadores.

Si no se ha acreditado con cuantos afiliados cuenta el sindicato en la entidad demandada; tampoco se ha acreditado cuando se habría producido tal afiliación. Dato que es determinante a efectos de establecer si al tiempo de interponer la demanda y por tanto cuando deben concurrir los requisitos exigidos en el artículo 154 de la LRJS; el sindicato estaba legitimado para iniciar el procedimiento de conflicto colectivo al ostentar la implantación exigida.

Dicha omisión debe relacionarse con el hecho acreditado de que el comité de empresa constituido en el año 2020, tras las oportunas elecciones está integrado exclusivamente por representantes de CCOO.

En resumen y a tenor de lo indicado con anterioridad ni se ha acreditado el número de afiliados a la entidad sindical Confederación sindical en el momento de interponerse la demanda, el 20 de octubre de 2023; o al tiempo de celebrarse las vistas; ni posteriormente durante la tramitación del procedimiento.

La carga de acreditar estos datos corresponde a la entidad demandada, por lo que no existiendo dicha acreditación, no puedo considerarla con la legitimación necesaria para iniciar el procedimiento de conflicto colectivo, objeto del presente procedimiento.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación