Sentencia Social 389/2024 Juzgado de lo Social de Mieres Único, Rec. 496/2024 de 06 de agosto del 2024

ÚNICO.- Respecto del principal motivo de oposición aducido por la Administración y consistente en la excepción de caducidad de la acción, conocida jurisprudencia viene reiterando que dicha institución es una medida excepcional del ordenamiento que, para proteger el interés derivado de la pronta estabilidad y certidumbre de situaciones jurídicas pendientes de modificación que, imponiendo la decadencia de determinados derechos o facultades por el mero transcurso del tiempo, no puede ser objeto de interpretaciones extensivas que cierren la posibilidad de un examen material del fundamento de la pretensión cuando el ejercicio de ésta no resulta claramente extemporáneo. Y esta orientación jurisprudencial ha de relacionarse, a su vez, con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre los criterios de proporcionalidad que, en garantía del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva consagrado en el artículo 24.1 de la Constitución, han de aplicarse para valorar la trascendencia de los defectos procesales.

Desde estos cánones generales se ha interpretado la exigencia del término establecido en el art. 138 LJS. La STS de 29 de mayo de 2018, rec. 60/2017, recuerda que: "Al respecto y en relación con las acciones en materia de modificación sustancial de las condiciones laborales, esta Sala ha señalado, con cita de la STS 21 mayo 2013 (rec. 23/2012), que "la importancia de esa notificación como garantía de seguridad jurídica para aplicar un plazo perentorio de caducidad tan breve e impeditivo del ejercicio de la acción, razón por la que no cabe aplicar el plazo de caducidad de 20 días previsto en la norma, al no darse el presupuesto para el inicio del cómputo".

Igualmente se ha dicho que "El mismo artículo 59.4 ET establece un único día inicial para el cómputo del plazo de caducidad (la fecha de notificación de la decisión empresarial). Surgía la duda de qué sucede cuando no concurre ese presupuesto, pudiendo pensarse que o bien no se inicia el cómputo, o bien comienza en el momento en que se sabe con certeza el alcance de la MSCT" [ STS 30/2017, 12/01/2017]. Fue ella resuelta en la actual redacción del art. 138.1 que expresis verbiestablece que el plazo de caducidad "no comenzará a computarse hasta que tenga lugar dicha notificación", esto último con referencia a la exigida "notificación por escrito de la decisión a los trabajadores o a su representante"; dando lugar entonces esa omisión formal a la aplicación del plazo de prescripción anual del art. 59.2. No se ha discutido que los efectos de lo que la demanda sostiene como modificación sustancial se han producido en el mes de enero del corriente; tampoco se ha controvertido la forma en que se ha producido la comunicación individual a la trabajadora, y en todo caso no se ha aportado como prueba por la Administración el recurso documental correspondiente. La demanda se interpone en el mes de mayo y en consecuencia excluida el término que pretende la Administración, se ha ejercitado la acción en el tiempo hábil que previene el precepto estatutario ya citado.

No parece necesario reproducir la fundamentación de la sentencia recaída en los autos 145/2024 respecto de otra compañera de trabajo de igual categoría y centro que la ahora demandante, cuya identidad en cuanto a las premisas de hecho de la litis ya resuelta no se pone en cuestión, debiendo en consecuencia simplemente reiterarse que por aquellas razones ya conocidas debe concluirse que es incontrovertible que nos hallamos ante derecho adquirido como condición más beneficiosa, y su modificación con invocación de una norma jurídica de 1992 o convencional del año 2005 que carecen de toda virtud para alterar un derecho que se adquiere por causa de relación laboral y desprovista de cualquier expresión causal de la índole de las contempladas en el art. 41 ET, omisión que se agrava en el caso pues no se ha producido ninguna notificación expresiva de las causas de lo que se participa únicamente de modo verbal. En consecuencia, la modificación operada ha de estimarse injustificada, lo que determina la estimación de la demanda rectora de autos.

Acumulada la acción de resarcimiento de perjuicio derivado directamente de la modificación, finalmente no ha habido cuestión en cuanto a la cuantificación de tal crédito, aceptando la actora la valoración ofrecida por la Administración en la cuantía de 535,89 € (f.17), módulo del perjuicio derivado del no uso del comedor, al que propiamente es ajeno el tributo del IVA, salvo que se hubiera acreditado que la trabajadora recurrió para suplir la condición de la que se privaba a una manutención en un centro de restauración que le hubiera repercutido dicho impuesto, lo que no ha sido el caso.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,