Sentencia Social 90/2025 Juzgado de lo Social de Segovia Único, Rec. 26/2025 de 07 de mayo del 2025

PRIMERO.- El actor formula contra la Dirección Provincial de Educación de Segovia y contra el Conservatorio Profesional de Música de Segovia, demanda de reclamación de daños y perjuicios derivados de la falta de una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, solicitando una indemnización por incumplimiento el deber de prevención del riesgo laboral al que ha estado sometido desde 2022 hasta el último año de prestación de servicios en 2024.

Centrado el objeto procesal en la acción de responsabilidad articulada en la demanda, la presente resolución no puede valorar si el actor ha sido objeto de trato vejatorio por parte de sus superiores jerárquicos. Y ello porque la acción ejercitada se funda en vulneración de las normas de prevención de riesgos laborales y porque esta Jurisdicción social carece de competencia para ello. El demandante es funcionario interino de la Junta de Castilla y León, de manera que el conocimiento de la acción de responsabilidad patrimonial contra la administración por actos contrarios a su dignidad (acoso laboral) compete en exclusiva a la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se articula una pretensión que tiene encaje en el art. 2.e) de la LRJS , según el cual los Órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de la cuestiones litigiosas que se promuevan " para garantizar el cumplimiento de las obligaciones legales y convencionales en materia de prevención de riesgos laborales, tanto frente al empresario como frente a otros sujetos obligados legal o convencionalmente, así como para conocer de la impugnación de las actuaciones de las Administraciones públicas en dicha materia respecto de todos sus empleados, bien sean éstos funcionarios, personal estatutario de la servicios de salud o personal laboral, que podrán ejercitar sus acciones, a estos fines, en igualdad de condiciones con los trabajadores por cuenta ajena, incluida la reclamación de responsabilidad derivada de los daños sufridos como consecuencia del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales que forma parte de la relación funcionarial, estatutaria o laboral...".

La normativa a tener en cuenta, por tanto, es la siguiente: La CE en su art.15, proclama que "todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral", señalando el art. 40. 2 que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo, estableciendo el art. 14 l) del EBEP /2015 en concordancia con el mandato constitucional, que el empleado público tiene derecho a recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El art. 2 de la LPRL señala que el objeto de la misma es prevenir la seguridad y la salud de los trabajadores mediante la aplicación de medidas y el desarrollo de las actividades necesarias para la prevención de riesgos derivados del trabajo.

El art. 4.2 de la Ley 31/1995 , define que se entenderá como "riesgo laboral" la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado daño derivado del trabajo. Para calificar un riesgo desde el punto de vista de su gravedad, se valorarán conjuntamente la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad del mismo. Por tanto, el riesgo laboral es la posibilidad de que ocurra un siniestro o se contraiga una enfermedad en el trabajo.

El art. 15.1.g) de la LPRL dispone que la prevención se ha de planificar buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el trabajo, en aras a la protección integral de la salud de los trabajadores.

El art. 14.1 de la LPRL establece que los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo, lo que supone, no sólo que tienen derecho a que se adopten medidas que garanticen su seguridad y salud, sino que éstas han de ser eficaces. En correlación con el derecho de los trabajadores, el mismo precepto impone al empresario el deber de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales.

Este deber de protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones públicas respecto del personal a su servicio.

En cumplimiento de dicho deber, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo, tal como señala el art. 14.2 de la LPRL . El empresario deviene en garante de la seguridad y salud de los trabajadores en todos los aspectos, circunstancias o condiciones de trabajo. En consecuencia, el empresario ha de adoptar cuantas medidas sean necesarias para asegurar la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, desarrollando una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes, adaptando las medidas de protección a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que inciden en la realización del trabajo.

El art. 16.1 de la LPRL contempla el Plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva y para ello señala; "Este plan de prevención de riesgos laborales deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos en la empresa, en los términos que reglamentariamente se establezcan".

El art. 16.2 de la LPRL regula los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos, que podrán ser llevados a cabo por fases de forma programada, son la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva a que se refieren los párrafos siguientes y en concreto: a)... La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas.

b) Si los resultados de la evaluación prevista en el párrafo a) pusieran de manifiesto situaciones de riesgo, el empresario realizará aquellas actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Dichas actividades serán objeto de planificación por el empresario, incluyendo para cada actividad preventiva el plazo para llevarla a cabo, la designación de responsables y los recursos humanos y materiales necesarios para su ejecución.

El empresario deberá asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando para ello un seguimiento continuo de la misma.

Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el párrafo a) anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos.

Por su parte, el art. 5.1 del Real Decreto 39/1997 que aprueba el Reglamento de los servicios de prevención, establece que "a partir de la información obtenida sobre la organización, características y complejidad del trabajo"... se procederá a la determinación de los elementos peligrosos y a la identificación de los trabajadores expuestos a los mismos, valorando a continuación el riesgo existente en función de criterios objetivos de valoración, según los conocimientos técnicos existentes, o consensuados con los trabajadores, de manera que se pueda llegar a una conclusión sobre la necesidad de evitar o de controlar y reducir el riesgo.

El art. 37.3 b) del RD 39/1997, de 17 de enero , establece: 3. Las funciones de vigilancia y control de la salud de los trabajadores señaladas en el párrafo e) del apartado 1 serán desempeñadas por personal sanitario con competencia técnica, formación y capacidad acreditada con arreglo a la normativa vigente y a lo establecido en los párrafos siguientes:

b) En materia de vigilancia de la salud, la actividad sanitaria deberá abarcar, en las condiciones fijadas por el artículo 22 de la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales :

1. Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos riesgos para la salud.

2. Una evaluación de la salud de los trabajadores que reanuden el trabajo tras una ausencia prolongada por motivos de salud, con la finalidad de descubrir sus eventuales orígenes profesionales y recomendar una acción apropiada para proteger a los trabajadores.

3. Una vigilancia de la salud a intervalos periódicos.

SEGUNDO.- Atendiendo a esta normativa, la deuda de seguridad se conceptúa como un derecho del trabajador a que su actividad productiva no tenga riesgo, y el desarrollo de los ámbitos de producción/reproducción sean igual de seguros. Pero, lo indica la Ley 31/95 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, el nuevo enfoque de la Protección de la Seguridad en el Trabajo no es el de la ordenación de las obligaciones y responsabilidades de los actores directamente relacionados con el hecho laboral, sino "ante todo la prevención", con el propósito de fomentar una auténtica cultura preventiva, mediante la promoción de la mejora de la educación en esta materia y con un compromiso de toda la sociedad. La proyección la configuración actual de la seguida en el trabajo no es la "simple corrección a posteriori de situaciones de riesgo ya manifestadas" (Exposición de Motivos de la Ley 31/1995), sino el diseño de una evaluación previa, con una ordenación de un conjunto coherente y globalizador de medidas de acción preventiva que se correspondan con los riesgos detectados, concurriendo una efectividad en el control de las medidas.

Además, la protección de las personas trabajadoras frente a los riesgos psicosociales en el trabajo forma parte de la deuda genérica de seguridad con sustento constitucional en los artículos 15 y 40.2 de la Constitución Española, y en la legalidad ordinaria establecida en los artículos 4.2.d) y 19.1 del Estatuto de los Trabajadores, así como en los artículos 4.2.d) y 19.1 del Estatuto de los Trabajadores, y en los artículos 14 y concordantes de la Ley de prevención de riesgos laborales.

El artículo 14 de la LPRL dispone, para lo que aquí nos interesa, que " 1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo.

El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. (...)

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la integración de la actividad preventiva en la empresa y la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades que se recogen en los artículos siguientes en materia de plan de prevención de riesgos laborales, evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios en los términos establecidos en el capítulo IV de esta Ley.

El empresario desarrollará una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva con el fin de perfeccionar de manera continua las actividades de identificación, evaluación y control de los riesgos que no se hayan podido evitar y los niveles de protección existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las circunstancias que incidan en la realización del trabajo.

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre prevención de riesgos laborales."

Por otro lado, la acción de responsabilidad por daños y perjuicios ejercitada en los presentes autos pivota sobre tres requisitos esenciales:

a) Incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales por el Ayuntamiento empleador,

b) Daño sufrido por el empleado demandante, y

c) Nexo de causalidad entre ambos.

TERCERO.- Analizando la concurrencia de estos requisitos, en cuanto al daño, resulta de los hechos probados que el actor, funcionario interino del cuerpo docente de la Junta de Castilla y León, inició un proceso de IT el día 15-02-2023 que concluyó el 21-06-2023 con diagnóstico trastorno de ansiedad generalizada, con recaídas de 16-01-2024 a 30-01-2024 y de 15-02-2024 a 30-04-2024. Fue tratado por el MAP con tratamiento farmacológico.

Por otra parte, existe una relación temporal tras el periodo del primer periodo de IT en el primer semestre de 2023, y los acontecimientos posteriores: falta de acceso a la aplicación claustro Teams y falta de información sobre la actividad del centro tras la reincorporación e inicio de expediente sancionador por falta de asistencia en el mes de septiembre de 2023 a iniciativa del director del centro (prueba documental obrante en el expediente administrativo) y el inicio de las nuevas situaciones de incapacidad temporal por recaída en 2024, que pudieran ser causa de la materialización de riesgos psicosociales en el actor. Esta situación era conocida por la Dirección Provincial de Educación, Inspección de Educación, desde el mes de septiembre de 2023. El actor remitió mail el 11-09-2023 a la Inspectora de Educación, comunicándole que desde marzo no tiene acceso a Teams, "me siento excluido de mi trabajo".

En octubre de 2023 el actor se reunió con la Inspección Educativa de la Dirección Provincial de Segovia, en la que participó el Jefe de Inspección Educativa, el Inspector de educación del centro de trabajo, y dos delegados sindicales del centro, en la que el actor trasladó hechos acaecidos desde junio de 2023 motivos de desacuerdo y descontento, desde la dirección del CPM, que suponen "trato desigual, que repercute muy negativamente en mi salud, en mis derechos y en el ejercicio de mi profesión". En fecha 24-10-2023 el actor remite a la Inspección Educativa escrito, que divide en dos apartados que denomina "HECHOS". El primero de ellos lo denomina "TEAMS" y el segundo al "HORARIO", Respecto a ''TEAMS'', manifiesta que no fue incluido en grupo de TEAMS del centro cuando se reincorporó a su puesto de trabajo en el mes de junio, tras recibir el alta médica, y porque inspección no hizo nada al respecto pese a que él informó por teléfono y vía email.

No consta actuación alguna por parte de la administración empleadora demandada, a través de la Dirección Provincial de Educación, cuando debió identificar la presencia de posibles riesgos psicosociales originados en el puesto de trabajo del actor que se materializasen en daño, y en su caso que hubieran podido ser evitados o minimizados por la Junta de Castila y León. La emisión de dos informes por parte de la Inspección de Educación, referidos en los hechos probados, sobre la adecuación normativa de la adjudicación de horarios y aulas y apreciación de falta de trato discriminatorio, no cumple con la normativa expuesta de prevención de riesgos laborales, área riesgo psicosocial.

No constituye el hecho litigios aquí la observancia de normas sobre adjudicación de horarios y aulas, si las mismas se cumplen por los profesores o por la dirección el centro, sino el hecho de que en el centro de trabajo existan riesgos psicosociales, su evaluación, su materialización en el puesto de trabajo del actor, y la adopción por parte de la entidad demanda de las oportunas medidas preventivas.

Sí consta la existencia de esos riesgos, pues se desprenden de la mera lectura de los hechos probados que se extraen del expediente administrativo, de la prueba documental aportada en el acto del juicio y de la testifical practicada.

También se ha acreditado el nexo causal entre la infracción y el daño pues sin el incumplimiento en materia preventiva por parte de la empleadora, el daño no se habría producido o prolongado en el tiempo, pese a que el actor puso en conocimiento de la Dirección Provincial de Educación hechos que no fueron valorados desde la perspectiva preventiva en atención al riesgo psicosocial concurrente, culminando con la extinción de la relación funcionarial accediendo a otro centro de trabajo.

Lo expuesto evidencia un incumplimiento básico de las normas de prevención de riesgos laborales, puesto que justamente la evaluación de riesgos es parte de la gestión integrada de la actividad preventiva dentro de la propia actividad empresarial, según prevé el art. 14.2 Ley 31/1995 (LPRL) y desarrolla el RD 39/1997. La evaluación de riesgos está regulada como uno de los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del plan de prevención de riesgos. Es el instrumento que tiene por objeto, una vez puesto de manifiesto la existencia de una concreta situación de riesgo, la realización por el empresario de la actividades preventivas necesarias para eliminar o reducir y controlar tales riesgos. Es decir, identificado el riesgo en la citada evaluación, el mismo ha de ser abordado para evitar, combatir o reducir tales riesgos según los principios de la acción preventiva del art. 15 en otro instrumento, como es la planificación de la actividad preventiva. Teniendo en cuenta, por último, que el empresario debe asegurarse de la efectiva ejecución de las actividades preventivas incluidas en la planificación, efectuando un seguimiento continuo de la misma.

Queda así acreditado el incumplimiento de la Administración demandada en materia de prevención de riesgos, toda vez que pese a que desde septiembre de 2023 era conocedora de una eventual situación de riesgo, no procedió a su identificación, evaluación y eventual implantación de medidas preventivas. En suma, hubo por parte la Dirección Provincial de Segovia incumplimiento de obligaciones básicas en materia de prevención de riesgos en relación al puesto de trabajo del actor.

Como dice la sentencia del TSJ del Pais Vasco de fecha 6 de octubre de 2015: " A la hora de determinar la causalidad del incumplimiento empresarial sobre el daño del trabajador son valorables distintos factores. Pero entre ellos no está el introducir previsiones hipotéticas o de futuro. (...) La cuestión es la inversa: los riesgos psicosociales se han estudiado y protocolizado de manera que evitan en muchos casos el deterioro de la salud del trabajador. Cuando se agotan en su desarrollo es cuando el empleador queda libre de su responsabilidad, pero si no los articula lo que habrá que presumir es que su omisión ha sido un elemento coadyuvante del perjuicio final; pues lo lógico es pensar que si los hubiese actuado lo hubiese mitigado, soslayado o reducido. Si en nuestro caso la empresa prácticamente nada realiza (y se le ha requerido para ello), difícilmente podemos conocer si la situación final del trabajador hubiese sido la que ha acontecido u otra. Pero como nada ha llevado a cabo sobre la prevención del riesgo la institución demandada lo lógico es pensar que ha sido su inactividad causa del deterioro, o bien en una parte del mismo".

En efecto, ante los hechos puestos de manifiesto, tanto por el actor, como a través de los escritos del director del centro sobre falta de asistencia que desembocaron en expediente sancionador y sobre incumplimientos horarios, la Dirección Provincial de Educación se limitó a emitir dos informes que nada tienen que ver con la evaluación del riesgo psicosocial. Por otra parte, el plan de prevención de riesgos laborales confeccionado por ASPY, que no evalúa el riesgo psicosocial del puesto de trabajo el actor, incluye en el Anexo 2 como situación de riesgo genérica del centro de trabajo: "Se refleja un porcentaje considerable en la frecuencia de conflictos interpersonales" se proponen las siguientes medidas: informar y poner a disposición de los empleados públicos el Procedimiento PE SST11 Resolución de conflictos mediante mediación, informar y ejecutar las medidas de PE SST 10, participación en los cursos del plan anual de riesgos laborales relacionados con la resolución de conflictos, establecer e implantar un código ético de conducta en el centro. No se tiene constancia de que se hayan llevado a cabo ninguna de estas medidas.

No cabe sino declarar la insuficiencia de esta actuación, puesto que, existiendo un conflicto vivo y manifiesto en el centro educativo, las medidas deberían ir dirigidas a la resolución efectiva del mismo. En el ámbito de esta conflictividad laboral, debe presumirse que cada una de las partes implicadas actúa en la creencia de que le asiste la razón en sus reclamaciones, en la que ni siquiera ha existido una mediación. En la oposición y actuación de la parte demandada late que se han cumplido las normas que rigen el desenvolvimiento de la actividad docente, pero, incluso en dicho supuesto que aquí no se evalúa, debiera de haber adoptado medidas preventivas concretas para evitar la continuación del conflicto evidente entre la dirección y el actor. Y es que, dicha situación de conflicto, ocasionaron a las partes implicadas un deterioro de su ámbito de trabajo, con las consecuencias derivadas del mismo en cuanto a la salud del trabajador.

No podemos considerar que la Dirección Provincial de Educación hubiera hecho todo lo que tenía a su alcance para evitar daños al actor, pues lo principal, que era identificar la presencia de posibles riesgos psicosociales originados por los conflictos interpersonales en el puesto de trabajo que se materializasen en daño, no lo hizo antes del proceso de incapacidad temporal del actor ni posteriormente, pues de los hechos probados se infiere que esos riesgos no estaban identificados en la evaluación de riesgos, pues la demandada dispone de evaluación general de riesgos.

En consecuencia, la demanda debe ser estimada declarándose el incumplimiento de la obligación de Prevención de Riesgos Laborales por parte de la CONSEJERIA DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN, DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SEGOVIA, condenando a la parte demandada a la adopción de las medidas necesarias para atender a los riesgos psicosociales derivados del conflicto existente en el centro de trabajo.

También se ha acreditado el nexo causal entre la infracción y el daño pues sin el incumplimiento en materia preventiva de la administración, el daño (periodos de IT por trastorno adaptativo con predominio de ansiedad y cambio de centro de trabajo), no se habría producido.

CUARTO.- Queda por analizar la cuantificación de los daños y perjuicios solicitados. La parte demandante interesa la condena de la parte demandada al pago de 80.000 € por daños morales.

Atendiendo a dos datos fácticos relevantes que son: las situaciones de incapacidad temporal iniciadas por el actor en 2023 y 2024 y la decisión de cambiar de centro de trabajo, se estima adecuada la suma de 20.000 €, como resarcimiento proporcionado y adecuado, no habiéndose acreditado otros perjuicios.

VISTOS los preceptos legales citados, sus concordantes y demás disposiciones de general y pertinente aplicación.