Sentencia Social 319/2023 Juzgado de lo Social de Vigo nº 7, Rec. 86/2023 de 13 de septiembre del 2023

PRIMERO.-. Los hechos declarados probados se derivan de lo admitido sin discusión por las partes litigantes, así como de la prueba documental obrante en autos, y de la practicada en el acto del juicio, prueba toda ella valorada en su conjunto conforme a las reglas de la sana crítica, a tenor de lo previsto en el Art. 97 de la LRJS.

La parte actora interpone demanda de reclamación de cantidades y vulneración de derechos fundamentales, manteniendo en su escrito de demanda que la actora desde su primera contratación laboral ha venido realizando las mismas funciones en la mercantil Alonarti, que cuando fue contratada a través de Nortempo ETT SL, funciones que realizaba al igual que el resto de sus compañeros varones. Que desde su contratación a través de Nortempo su salario se ha visto mermado en relación con sus nóminas anteriores con respecto al resto de los trabajadores varones de la plantilla. Que fruto de ello, se le adeudan diferencias salariales existente entre categoría de oficial de 3 y la de almacenero, de octubre a diciembre de 2021 existe una diferencia salarial de 730,61 euros, y de enero a marzo de 2022 una diferencia de 1565,44 euros, adeudándosele la suma total de 2.296,05 euros. Mantiene, en demanda que la acorra era la una mujer en el almacén y la única en tener un contrato de puesta a disposición a través de una ETT, existiendo una discriminación por razón de género pues sus compañeros varones vienen cobrando un salario notablemente superior. Y existe una descremación en la igualdad de trato al ser abonados conceptos salariales distintos por la ETT, por lo que solicita una indemnización de daños y perjuicios por importe de 12.500 euros.

Por la representación de la demandada Nortempo ETT SL se opone a la demanda, mantiene que el salario fue debidamente cuantificado en el contrato de puesta a disposición según la retribución del convenio colectivo, que la actora percibió igual retribución que sus compañeros varones, negando la existencia de diferencias salariales reclamadas.

Por la representación de la mercantil demanda Alonarti Envases SA, se opone a la demanda, mantiene que la actora hace seis meses que terminó la relación laboral con la mercantil, que en ningún momento alego nada de que estuviese mal clasificada, pues en demanda por despido nada dijo. No existe trato discriminatorio, que la actora omite que en el convenio aparece la distinción de almacenero de 1ª y de 2ª, que tras la modificación de las tablas salariales desaparece dichas categorías y son ahora oficial de 2ª y oficial de 3ª, por cuanto se contrata a través de ETT se recoge la categoría de oficial de 3ª. No existe discriminación retributiva con respecto a sus compañeros varones.

SEGUNDO- Aunque sea de cita constante, sigue siendo obligado afirmar que (aparte de otras muchas sentencias del TSJ de Galicia de 24-01-96, 19-07-96, 15-11-96, 27-11-97, 26-01-98, 23-03-99, 20-04-01, 11-05-01, 26-06-01, 12-09-02, 3-04-03, 26-05-03, 11-02-04, y 10-03-04) que en la materia de la que tratamos es básica la afirmación de que no basta el simple alegato del componente lesivo de derechos fundamentales para justificar el desplazamiento de la carga probatoria a la empresa, obligada así a acreditar cumplidamente que su decisión se adopta desconectada de aquellas ilegitimas motivaciones, sino que esa inversión del "onus probandi", requiere que se acredite, por parte de quien lo afirme, un ambiente favorable al atentado contra el derecho fundamental. Con la consecuencia de que ese indicio de trato atentatorio contra los derechos fundamentales desplaza al empresario la carga de probar causas suficientes, reales y serias para calificar de razonable la decisión adoptada, tanto por la primacía de los derechos fundamentales y libertades públicas, cuanto por la dificultad que el trabajador tiene para acreditar la existencia de una causa lesiva de otros derechos fundamentales. (entre otras las SSTC 5/2003 de 20 de enero; 84/2002 de 20 de abril; 66/2002 de 21 de marzo, 41/2002 de 25 de febrero, 14/2002 de 28 de enero). De acuerdo con la misma doctrina, aunque es ciertamente claro que el empleador no tiene que demostrar un hecho negativo, verdadera prueba diabólica, de que no existía un móvil lesivo de derechos fundamentales, sino tan solo probar que su decisión obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito contario al derecho fundamental en cuestión y con entidad desde el punto de vista de la medida adoptada, acreditando que a misma es ajena a todo móvil atentatorio de un derecho fundamental, debiendo de alcanzar necesariamente el necesario resultado probatorio, sin que baste con intentarlo, de tal forma que es admisible la improcedencia de la decisión empresarial, que no su nulidad radical, cuando a pesar de los referidos indicios y de que la medida empresarial resultase antijurídica, por inadecuada, de todas formas si excluida la presencia de cualquier propósito atentatorio al derecho constitucional invocado, por alcanzarse la convicción de que la circunstancia supuestamente determinante de la alegada vulneración, la decisión, habría tenido lugar verosímilmente en todo caso, por existir causas suficientes reales y serias para entender que es razonable. Pero igualmente debe tenerse en cuenta que los indicios de los que habla el articulo 179.2 LPL, no son identificables con la mera sospecha, que cosiste en imaginar o aprehender algo por conjeturas fundadas en aprecias, sino que los indicios son señales o acciones que manifiestan de forma inequívoca algo oculto, ( STS de 25-03-98), por lo que la misma doctrina habla de razonables indicios, STC 101/2000 de 14 de abril por ejemplo, o de un mínimo de indicios suficientes, o un principio de prueba que genere razonablemente una apariencia o presunción sobre la realidad de la conducta empresarial que se denuncia, ( STC 41/1989 de 22 de marzo). Y la apreciación indiciaria supone para la jurisprudencia entre otras, STS 1-10-96, una valoración jurisdiccional provisional de carácter complejo, correspondiendo en principio al juez de instancia, que versa tanto sobre elementos de hechos (indicios) como sobre calificaciones o elementos de derechos (violación del derecho fundamental).

TERCERO- Señalar que según reiterada doctrina jurisprudencial contenida entre otras en sentencia del TS del 14 de febrero de 2013, es preciso que, por quien lo pretenda (igualdad retributiva) se justifique un trabajo de igual o semejante valor en atención a las funciones efectivamente encomendadas y formación exigida, sin olvidar las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo.

Pues bien, en el presente caso de autos, alega la parte actora discriminación por razón de género, pues sus compañeros varones vienen cobrando un salario notablemente superior. La parte actora no acredito, que realizase efectivamente las mismas funciones que sus compañeros varones, ni acredita que tenga la misma formación que ellos, ni su misma categoría profesional, ni su antigüedad. Insistimos nada se ha probado al respecto. De la prueba documental aportada por la Mercantil Alonarti Envases SA, (documentos nº 7, 8, 13, 13, 14) consistente en nóminas de la actora y de sus compañeros, queda acreditado que no existe discriminación salarial, pues la única comparativa en función de la categoría de la actora seria con sus compañeros don Erasmo y Eulogio, que ambos ostentan categoría de oficial de 3ª, sin olvidar que estos ostentan una antigüedad superior a la actora, y aun así no existe discriminación salarial. Por último, se alega discriminación en la igualdad de trato al abonarse un salario y conceptos salariales distintos según sea contratada por empresa directamente o por ETT. Pues bien, de prueba documental aportada consistente en nóminas y contratos de trabajo, quedo acreditado que la trabajadora contratada en octubre de 2021 hasta marzo de 2022 por ETT lo fue con la categoría de oficial de 3ª, y los contratos suscritos con la mercantil Alonarti Envases en abril de 2019 hasta febrero de 2021 lo fueron con la categoría de especialista de 2ª, y a partir de marzo de 2021 con la categoría de almacenero, quedando acreditado por los documentos nº 17,18 y 19 de los aportados por Alonarti Envases SA, que las categorías de almacenero de 1ª y de 2ª desaparecieron para ser oficial de 2º y 3ª respectivamente, por lo que no existe ningún tipo de discriminación. Indicar a mayor abundamiento, que no consta acreditado, que trabajadora hubiese reclamado durante su contratación, su disconformidad con la categoría.

Finalmente se reclama la suma total de 2.296,05 por diferencias salariase de octubre a diciembre de 2021 y de enero a marzo de 2022, existentes entre la categoría profesional de oficial de 3ª y la de almacenero.

De la prueba documental aportada por la mercantil Alonarti Envades SA, (documentos nº 9, 10, 17,18, y 19) queda acreditdo que, en las tablas salariales del Convenio Colectivo de Alonarti Envases SA, 2019, figura almacenero de 1º y almacenero de 2º. En las tablas salariales del 2020 se eliminan las categorías que figuraban en las tablas salariales del 2019, así en tabla salarial del 2019 figura almacenero de 1º y en tabla de salarial de 2020 ya no figura, manteniendo la de almacenero de 2º. En las tablas salariales de 2020 figuran en el mismo nivel 9, auxiliar administración, oficial de 3ª y almacenero de 2ª. En las nuevas tablas salariase del año 2021 del nuevo convenio colectivo publicado en fecha de 22 de marzo del año 2023, ya no figuran la denominación de almacenero de 2ª, y si aparece la de oficial de 3ª. Por lo expuesto al constar en nómina y contrato de la trabajadora la categoría de oficial de 3ª, y en atención a las tablas salariales y documentos anteriormente citados, procede desestimar la reclamación por diferencias salariales. Por todo lo anteriormente expuesto procede desestimar íntegramente la demanda.

CUARTO- Según lo dispuesto por el artículo 191.3.f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta sentencia pueden las partes interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.