Sentencia Social 467/2022 Juzgado de lo Social de Vigo nº 7, Rec. 1066/2021 de 19 de diciembre del 2022

PRIMERO.- Los hechos que han sido declarados probados se han inferido apreciando en conciencia la prueba practicada en el Juicio Oral, especialmente y dando cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 97 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, conforme a la documental aportadas por las partes el convenio Colectivo de aplicación, los correos electrónicos remitidos por CITROEN a los representantes de las secciones sindicales con representación y demás documental unida a autos, requerimiento la Inspección de Trabajo y de Seguridad Social; y testifical.

SEGUNDO.- Alegan las demandadas la excepciones de litisconsorcio pasivo necesario, inadecuación del procedimiento y íntimamente ligado con la anterior está el trámite de la comisión paritaria de convenio.

Antes de resolver dichas cuestiones es preciso indicar que la pretensión que ejercita la actora es de la nulidad de los acuerdos individuales de teletrabajo por entender que con la adopción de los mismos se ha vulnerado la libertad sindical.

Pues bien, -el procedimiento regulado en los arts. 177 y ss LJS permite recabar la tutela judicial de cualesquiera derechos fundamentales de los trabajadores, según se deduce del art. 177.1 LJS: entre otros, derechos de libertad sindical, derecho de huelga, derecho al honor y la dignidad y derecho al trato igual. Así mismo se podrá recabar la tutela frente al acoso. - Excepción. La tutela de los derechos fundamentales no se tramitará por el procedimiento de los arts. 177 y ss, cuando su lesión se invoque con motivo de una demanda sobre despido, las demandas por despido y por las demás causas de extinción del contrato de trabajo, las de modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo, las de suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, las de disfrute de vacaciones, las de materia electoral, las de impugnación de estatutos de los sindicatos o de su modificación, las de movilidad geográfica, las de derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral a las que se refiere el artículo 139, las de impugnación de convenios colectivos y las de sanciones impuestas por los empresarios a los trabajadores en que se invoque lesión de derechos fundamentales y libertades públicas. .

En estos procedimientos está legitimado activamente para incoarlos:

o Cualquier trabajador que invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados sus derechos fundamentales y libertades públicas ( art. 13 LOLS y art. 177.1 LJS). o El sindicato que invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados sus derechos fundamentales y libertades públicas. Dada la conexión existente entre las vertientes individual y colectiva de la libertad sindical existen supuestos en que el interés vulnerado es indiferenciado, por lo que serán sujetos legitimados tanto el sindicato legitimado como el trabajador.

Asimismo, en cuanto a la legitimación pasiva le corresponde al empresario o cualquier otro sujeto que resulte responsable de la lesión del derecho fundamental (administración pública, organización empresarial o sindical, otro trabajador de la empresa) ( art. 13 LOLS), con independencia del tipo de vínculo que le una al empresario. - Corresponderá a la víctima, que será la única legitimada en esta modalidad procesal, elegir la clase de tutela que pretende dentro de las previstas en la Ley, sin que deba ser demandado necesariamente con el empresario el posible causante directo de la lesión, salvo cuando la víctima pretenda la condena de este último o pudiera resultar directamente afectado por la resolución que se dictare; y si se requiriese su testimonio el órgano jurisdiccional velará por las condiciones de su práctica en términos compatibles con su situación personal y con las restricciones de publicidad e intervención de las partes y de sus representantes que sean necesarias (art. 177.4 LJS). .

Por lo tanto, de lo anterior se desprende y no cabe la estimación de la excepción procesal de litisconsorcio pasivo necesario. Y ello con independencia que la papeleta de conciliación presentada inicialmente fuera contra el resto de sindicatos con representación en el comité de empresa. Así entiende esta juzgadora que la relación jurídico procesal está perfectamente constituida por cuanto demanda una serie de trabajadores que creen vulnerado sus derechos fundamentales de libertad sindical.

Y lo mismo con relación a la excepción procesal de inadecuación del procedimiento, pues partiendo del suplico de la demanda y a pesar de la farragosa redacción de la misma, aquí los trabajadores que se consideran víctimas de actos de la empresa, en el presente caso por la implantación del trabajo, entienden vulnerado su derecho a la libertad sindical, por lo que el procedimiento es el adecuado.

Por ello al entender que el presente procedimiento se trata de una vulneración de derechos fundamentales y no una cuestión de conflicto colectivo no es precisa el trámite anterior de la comisión paritaria que prevé el Convenio.

Es más, a mayor abundamiento y sobre cuál es la modalidad procesal adecuada para el enjuiciamiento de los procedimientos en los que se alegue la lesión del derecho de libertad sindical señala la Sala Cuarta en sentencia de 27 de noviembre de 2019, recurso 95/2018 que "La petición de tutela judicial para el derecho de libertad sindical, no tiene por qué pasar necesariamente por la modalidad procesal específica [...], que es facultativa [...]." Y si bien dicha sentencia se pronuncia en relación con un procedimiento de conflicto colectivo, lo allí colegido resulta perfectamente extrapolable a otro tipo de procedimientos en los que se esgrime la lesión de dicho derecho fundamental pues precisamente determina allí nuestro alto Tribunal que "el cauce procesal de conflicto colectivo elegido es adecuado para deducir las pretensiones que contiene la demanda, puesto que la cuestión debatida tiene naturaleza colectiva y en ella se interfiere la denuncia de violación de un derecho fundamental", con lo que aún más lo será en un procedimiento individual de tutela. En definitiva, no apreciando la concurrencia de la infracción normativa denunciada, el motivo ha de ser desestimado.

TERCERO.- Resueltas las excepciones procesales planteadas y entrando a valorar el fondo del asunto es sabido es que en un proceso como el de tutela de derechos fundamentales, en el acto del juicio, una vez constatada la concurrencia de indicios de que se ha producido la violación del derecho fundamental, corresponderá al demandado la aportación de una justificación objetiva y razonable, suficientemente probada, de las medidas adoptadas y de su proporcionalidad (cfr. artículo 181.2 en relación con el 96.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social). Debemos, pues, analizar si la parte actora ha conseguido constatar los indicios de que se ha producido la violación de un derecho fundamental; y, desde luego, la respuesta debe ser absolutamente negativa.

Así el Tribunal Constitucional, señalando que "desde la STC 38/1981 la doctrina de este Tribunal viene resaltando la importancia de las reglas de distribución de la carga de la prueba para la efectividad de la tutela de los derechos fundamentales. En este sentido se ha señalado que, cuando se alegue que una decisión empresarial encubre en realidad una conducta lesiva de los derechos fundamentales, incumbe al empresario la carga de probar que su actuación obedece a motivos razonables, extraños a todo propósito atentatorio de un derecho fundamental. Si bien, para que juegue en el citado sentido la carga probatoria, el trabajador ha de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona sus derechos fundamentales ( SSTC 87/1998 y 74/1998, y las allí citadas). Es decir, no es suficiente la mera alegación de la vulneración constitucional. Al demandante corresponde aportar, cuando alegue que un acto empresarial ha lesionado sus derechos fundamentales, un indicio razonable de que tal lesión se ha producido, un principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en el caso, el motivo oculto de aquel acto ( SSTC 90/1997, 74/1998, 87/1998); a ello se refieren precisamente los arts. 96 y 179.2 de la Ley de Procedimiento Laboral, que precisan que de lo alegado por la parte actora se ha de deducir la existencia de indicios de discriminación".

La parte demandante denuncia "tres lesión do núcleo esencial do dereito á liberdade sindical ex. art. 28 CE, así como do seu contido adicional ou promocional protexido, por diferentes prácticas empresariais autónomas e substantivas de exclusión da representación unitariae sindical da regulación colectiva, do fluxo informativoe de vixilancia e control de condición de traballoe a falta de posta a disposición dos medio se sistemas informáticos, telemáticos e de telecomunicación preceptivos legalmente para o desenvolvemento da actividade sindical, todo isto en materia de implementación do traballo a distancia (teletraballo) na empresa."

En este sentido entiende que "1.- Denúnciase a lesión do dereito á liberdade sindical en conexión codereito á negociación colectiva ex. art. 37.1 CE, pola regulación unilateral por parte da mercantil das condicións de traballodaforma de "traballo a distancia", instauradona empresa a través da prohibida negociación individual en masa, coa imposición dun "acordo de traballo a distancia"estandarizadoe único para todos os traballadores e traballadoras que prestan este tipo de servizos,non sometido ánegociaciónindividual

receptiva legalmente.Impóñense a través do chamado contrato en masa ou contrato de adhesióncondicións laborais cuxa transcendenciaimpiden a seu desenvolvemento unilateral, pertencendo o seu desenvolvemento ao ámbito da negociación colectiva (convenio colectivo ouacordo de empresa). Invade así a empresa as competencias negociadoras da representación colectiva unitaria e sindical,excluíndoa estas representacións e por tanto á CUTda transformación máissubstantivada fisionomía dasrelaciónslaboraisque se producenaempresa dende hai décadas,en fuga dos mandatosconstitucionais en materia de negociación colectiva e dereito á liberdade sindical.II.Prodúcese unha lesión do dereito áliberdade sindical da CUT e os seus delegados e delegadas sindicais ao omitir a empresaante as reiteradas peticións do Sindicato o seu deber de información ex. art. 64 ETpara a vixía e control de condicións laborais, así como pola súa negativa a someter a audiencia e consultas aimplementación do sistema organizativo do teletraballo segundoo disposto no mesmo artigo.Así mesmo,a empresa incumpre especialmente as novas obrigas empresariais incorporadas pola Lei 10/2021, do 9 de xullo; non entregando en tempo e forma as copias dos acordos individuais de teletraballo, impedindo o exercicio da "súa actividade específica, istoé, o dereito a que os sindicatos realicen as funcións que deles é dable esperar, consonte o carácter democrático do Estado e coas coordinadas que a esta instituciónhai que recoñecer(por todas, STC núm. 75/1992, do 14 de maio).III.Finalmente, prodúcese unha lesión do dereito á liberdade sindical da CUTe dos seus delegados sindicais en relación cos apartados 2 e 3 do artigo 10 da Lei 10/2021, do 9de xullosobre traballo a distancia,pola falta da posta a disposición por parte da empresa dos "elementos precisos para o desenvolvemento daactividade representativa"como acceso a comunicaciónse enderezos electrónicos, ou a implantación dun taboleiro virtual, instrumentos imperativos e esenciais para garantir un exercicio eficazda actividade representativa e, por analoxía, da actividade

sindical.Tendo en conta ademais que está a piques de transcorrer un ano da efectividade do acordo de teletraballo."

Pues bien, para resolver la cuestión es necesario partir de que planteado el debate en estos términos es necesario traer a colación los artículos 177 y siguientes de la LRJS que disciplinan el procedimiento especial de "tutela de derechos fundamentales y libertades públicas" estableciendo el apartado primero del artículo 177 que "Cualquier trabajador o sindicato que, invocando un derecho o interés legítimo, considere lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso, podrá recabar su tutela a través de este procedimiento cuando la pretensión se suscite en el ámbito de las relaciones jurídicas atribuidas al conocimiento del orden jurisdiccional social o en conexión directa con las mismas, incluidas las que se formulen contra terceros vinculados al empresario por cualquier título, cuando la vulneración alegada tenga conexión directa con la prestación de servicios".

Por su parte el artículo 28.1 de la CE reconoce que "Todos tienen derecho a sindicarse libremente. La ley podrá limitar o exceptuar el ejercicio de este derecho a las Fuerzas o Institutos armados o a los demás Cuerpos sometidos a disciplina militar y regulará las peculiaridades de su ejercicio para los funcionarios públicos. La libertad sindical comprende el derecho a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, así como el derecho de los sindicatos a formar confederaciones y a fundar organizaciones sindicales internacionales o a afiliarse a las mismas. Nadie podrá ser obligado a afiliarse a un sindicato."

En el art. 28.1 CE se integra, pues, el derecho a llevar a cabo una libre acción sindical, comprensiva de todos los medios lícitos y sin indebidas injerencias de terceros ( STC 37/1983 ).

En el mismo sentido el actor entiende que se vulnera su derecho a la libertad sindical en cuanto a la negociación colectiva por no realizar consulta ni información previa a la RLT en relación a la implantación del teletrabajo y fori firma contratos individuales en masa con los trabajadores y la falta de puesta a disposición de los medios.

Pues bien, de la prueba articulada por la empresa demandada y especialmente ante la falta de prueba por la actora en ningún momento resulta ni tan siquiera acreditados indicios sobre esa posible vulneración del derecho de la libertad sindical alegada.

En este sentido, insiste la STC 326/2005 antes citada que "hemos declarado que dentro del contenido del derecho de libertad sindical reconocido en el art. 28.1 CE se encuadra el derecho del trabajador a no sufrir, por razón de su afiliación o actividad sindical, menoscabo alguno en su situación profesional o económica en la empresa (entre otras muchas, SSTC 44/2001, de 12 de febrero , FJ 3; 185/2003, de 27 de octubre , FJ 6; 44/2004, de 23 de abril, FJ 3 ; y 216/2005, de 12 de septiembre , FJ 4). Se trata de una "garantía de indemnidad retributiva" que veda cualquier diferencia de trato por razón de la afiliación sindical o actividad sindical de los trabajadores y sus representantes, en relación con el resto de los trabajadores (por todas, SSTC 17/1996, de 7 de febrero , FJ 4; 74/1998, de 31 de marzo , FJ 3; 214/2001, de 29 de octubre , FJ 4; 111/2003, de 16 de junio , FJ 5; 188/2004, de 2 de noviembre, FJ 4 ; y 17/2005, de 1 de febrero , FJ 2). En definitiva, el derecho a la libertad sindical queda afectado y menoscabado si la actividad sindical tiene consecuencias negativas para quien la realiza o si éste queda perjudicado por el desempeño legítimo de la actividad sindical ( SSTC 30/2000, de 31 de enero , FJ 2; 111/2003, de 16 de junio , FJ 5; 79/2004, de 5 de mayo, FJ 3 ; y 92/2005, de 18 de abril , FJ 3).

La protección contra el perjuicio de todo orden (también el económico) que pueda recaer sobre el representante viene exigido además por el Convenio núm. 135 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), relativo a la protección y facilidades de los representantes de los trabajadores en la empresa, ratificado por España, con la virtualidad hermenéutica que dicho Convenio tiene ex art. 10.2 CE . Pues bien, el citado Convenio establece en su art. 1 que dichos representantes "deberán gozar de protección eficaz contra todo acto que pueda perjudicarlos ... por razón de su condición de representantes, [y] de sus actividades como tales". Por su parte, la Recomendación núm. 143 de la OIT sobre la protección y facilidades de los representantes de los trabajadores en la empresa -que, a pesar de su falta de valor normativo, tiene proyección interpretativa y aclaratoria del Convenio núm. 135 ( STC 38/1981, de 23 de noviembre )- establece que los representantes tienen que disponer del tiempo necesario para el desarrollo de su función "sin pérdida de salario" (IV, 10.1 y 11.2; STC 92/2005, de 18 de abril , FJ 3).

Y proyectado lo anterior al presente supuesto no resulta acreditar dicha vulneración toda vez que los acuerdos de teletrabajo firmados por los trabajadores de la empresa demandada en todo momento tal como resulta de los correos electrónicos que aparecen aportados pro CITROEN documentos nº 2 al 12 unidos a autos y del resumen de temas tratados por el comité de empresa de 15/12/2020 sobre el teletrabajado resulta que han sido informados. Es más, de los correos electrónicos, sin que la parte actora acreditase lo contrario el sistema d teletrabajo se mantiene como ya existía únicamente con cambios al nuevo marco legal. La parte actora no ha practicado prueba alguna del vulnerado de libertad sindical por la adopción de los acuerdos de teletrabajo.

Por ello al desestimar la pretensión principal no cabe más que desestimar las pretensiones declarativas que pretende la actora a través del proceso de vulneración de derechos fundamentales que no olvidamos tal como se ha expuesto al principio del presente fundamento de derecho el objeto del mismo-

Por todo ello la demanda, por tanto, debe ser desestimada.

CUARTO.- Según lo dispuesto por el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, contra esta resolución pueden la partes interponer recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia.

Por todo lo expuesto, vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,