Sentencia Social 37/2023 Juzgado de lo Social de Vigo nº 5, Rec. 219/2022 de 09 de marzo del 2023

PRIMERO.- Impugna el trabajador accionante el despido disciplinario practicado por la empresa Bosch en el mes de febrero del pasado año 2022 al argumentar que en el desempeño de su actuación como teleoperador no ha incurrido en ninguna clase de comportamiento censurable y, desde luego, revestido de las preceptivas notas de gravedad y culpabilidad que se exigen para imponer esa medida extintiva. Alega dicho trabajador que en esa operativa de promoción comercial que tenía asignada no se ha apartado de las directrices o práctica habitual instaurada en la empresa, ya que era habitual que los agentes, como paso previo a remitir una oferta formal a través de un SMS, cumplimentasen el albarán consignando un número de cuenta propio o ficticio que tras su aceptación acababan rectificando al transferir esa operación para su cierre definitivo por parte del Departamento de Back Office.

La empresa, que no ha suscitado controversia en torno a la antigüedad, categoría profesional o salario invocados en demanda, rebate esa pretensión al ratificarse en las acusaciones de fraude o deslealtad expresadas en la carta de despido, tras descubrir esas ilícitas artes comerciales en que ese trabajador reincidía al tramitar las altas comerciales, quien, haciendo caso omiso a la formación recibida y expresas prohibiciones colgadas en la aplicación informática, se dedicaba a poner su propio número de cuenta en el espacio reservado a tal fin del albarán, con el delibrado afán de incrementar su ratio de productividad en detrimento de la calidad del servicio y de sus propios compañeros, sin que se haya acreditado que esa forma de actuar fuera compartida por otros compañeros tras hacer un testeo de sus llamadas.

SEGUNDO.- Valorando la prueba desenvuelta en el acto del juicio a través de la prueba documental mutuamente aportada a las actuaciones ha quedado certificado que el actor, perteneciendo en aquel momento a una ETT, el día 5 de febrero de 2021 fue instruido sobre la formación del albarán digital que tenía que cumplimentar a medida que avanzaba la llamada con el cliente, cuyos pasos aparecen definidos en ese documento nº 2 de los aportados por la parte demandada, pero sin que conste que el actor, que emite y no recibe llamadas, fuera efectivamente informado de ese aviso dirigido a los agentes de Inbound, esto es de llamadas entrantes, referente a que "no se puede pasar las ventas con una cuenta bancaria que no es" (documento nº 4), negando sus dos testigos (antigua coordinadora del servicio y teleoperadora de esa campaña que de manera interina hizo las veces de coordinadora o team leader en verano de 2021) tener noticia fehaciente de su contenido en torno a la existencia de una expresa prohibición.

Asimismo, el documento nº 5 confirma que el actor introducía en reiteradas ocasiones su número de cuenta personal al rellenar esa primera fase del formulario para poder generar un mensaje de SMS que sin la nota de ese campo no se podría enviar, como así ocurrió con el cliente con el que contactó el día 22 de diciembre de 2021 , el cual, transcurridos unos días de espera, realizó una rellamada al número de teléfono siendo atendido por otro agente, quien completó la venta con los datos que había registrado don Jesús Luis, incluido su número de cuenta personal, sin que la otra parte contratante hubiera reparado que ese IBAN pertenecía a otro titular.

Por lo demás, tras valorar los testimonios de las tres testigos que han depuesto en el acto del juicio, este juzgador confiere plena veracidad a las manifestaciones prestadas por las dos testigos traídas por el actor que trabajaban y despachaban directamente con él en la plataforma o front y que eran la coordinadora del servicio hasta el mes de mayo de 2021 (doña Luisa) y una teleoperadora que en verano de 2021 asumió provisionalmente ese cargo de team leader, las cuales de manera convincente han explicado que hasta el mes de febrero de 2021 los agentes para solventar esa dificultad de recabar el número de cuenta del cliente disponían de un IBAN ficticio que proporcionaba Repsol y que tras su retirada y ante la falta de alguna otra clave alternativa para poder continuar con el procedimiento cada agente hacía lo que podía siendo práctica común introducir su número de cuenta personal (doña Luisa), corroborando doña Margarita que esa operativa la seguía mucha gente y que incluso muchos coordinadores ofrecían o aconsejaban esa solución en las reuniones periódicas mantenidas con los agentes.

TERCERO.- Prescribe el artículo 54.1 del ET que "el contrato de trabajo podrá extinguirse por decisión del empresario, mediante despido basado en un incumplimiento grave y culpable del trabajador", enumerando expresamente como tal el apartado segundo "la transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo", falta muy grave que de forma semejante figura configurada en el artículo 67.4 del Convenio colectivo de ámbito estatal del sector de contact center bajo el enunciado de "falsedad, deslealtad, el fraude, el abuso de confianza y el hurto o robo, tanto a compañeros y compañeras de trabajo como a la empresa o a terceros relacionados con el servicio durante el desempeño de sus tareas o fuera de las mismas."

Los elementos básicos constitutivos de tal concepto jurídico indeterminado de trasgresión de la buena fe contractual aparecen perfectamente desarrollados, a título de ejemplo, en la Sentencia del Tribunal Supremo de 19 de julio de 2010 al señalar que la transgresión de la buena fe contractual constituye un incumplimiento que admite distintas graduaciones en orden singularmente a su objetiva gravedad, pero que, cuando sea grave y culpable y se efectúe por el trabajador, es causa que justifica el despido, lo que acontece cuando se quiebra la fidelidad y lealtad que el trabajador ha de tener para con la empresa o se vulnera el deber de probidad que impone la relación de servicios para no defraudar la confianza en el trabajador depositada, justificando el que la empresa no pueda seguir confiando en el trabajador que realiza la conducta abusiva o contraria a la buena fe, sin que la inexistencia de perjuicios para la empresa o la escasa importancia de los derivados de la conducta reprochable del trabajador, por una parte, o, por otra parte, la no acreditación de la existencia de un lucro personal para el trabajador, no tenga trascendencia para justificar por sí solos o aisladamente la actuación no ética de quien comete la infracción, pues basta para tal calificación el quebrantamiento de los deberes de buena fe, fidelidad y lealtad implícitos en toda relación laboral, aunque, junto con el resto de las circunstancias concurrentes, pueda tenerse en cuenta como uno de los factores a considerar en la ponderación de la gravedad de la falta, con mayor o menor trascendencia valorativa dependiendo de la gravedad objetiva de los hechos acreditados, careciendo igualmente de trascendencia y con el mismo alcance valorativo, la inexistencia de una voluntad específica del trabajador de comportarse deslealmente, no exigiéndose que éste haya querido o no, consciente y voluntariamente, conculcar los deberes de lealtad, siendo suficiente para la estimación de la falta el incumplimiento grave y culpable, aunque sea por negligencia, de los deberes inherentes al cargo. Concluye señalando que cuando se trata de supuestos de transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño del trabajo articulados como motivo de despido disciplinario no basta con la mera existencia de la transgresión o del abuso para declarar la procedencia del despido, sino que, como en los demás supuestos de incumplimientos contractuales, es igualmente necesario que pueda calificarse como un incumplimiento grave y culpable del trabajador, por lo que, como regla, pueden ponderarse las circunstancias concurrentes para agravar o para atenuar la conducta del trabajador, las que tendrán mayor o menor incidencia en la referida calificación atendida la gravedad objetiva de la conducta constitutiva del incumplimiento.

Tomando como guía esas pautas jurisprudenciales, este juzgador considera que la conducta del actor no puede tildarse de grave ni de culpable hasta el extremo de ser acreedora de esa máxima sanción por despido ejecutada por la empresa y ello por cuanto que el actor con su conducta de rellenar ese campo con su propio número de cuenta ni perseguía un ánimo defraudatorio contra su empresa, Repsol o el resto de sus compañeros de equipo, buscando simplemente una solución que le permitiese avanzar en la gestión de esa venta, ni tampoco era consciente que con ese parche estuviera transgrediendo la normativa de la empresa dado que, como han despejado sus dos testigos, era una solución alternativa que incluso recomendaban sus inmediatos superiores jerárquicos, conocidos como coordinadores o team-leaders.

Por tanto, procede acoger la acción ejercitada en demanda, calificando ese cese como improcedente con las consecuencias legales tasadas en el artículo 56 del ET, recayendo sobre la empresa la opción, bien por la readmisión del trabajador actuante con abono de los salarios de tramitación devengados entre la fecha del despido y la de notificación de esta Sentencia, o por la extinción definitiva del contrato con abono de una indemnización de 33 días por años de servicio, prorrateándose por meses los periodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades, conforme a un salario mensual de 777,51 euros y una antigüedad de 1 de junio de 2020.

CUARTO.- De conformidad con la letra a) del apartado tercero del artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, atendida la naturaleza del procedimiento suscitado, contra esta resolución cabe interponer en todo caso recurso de suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación, en nombre de S.M. EL REY,