Sentencia Social Nº 104/2014, Tribunal Superior de Justicia de Comunidad Valenciana, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1609/2013 de 23 de Enero de 2014

TERCERO.- Que contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la parte demandante Ezequiel . Recibidos los autos en esta Sala, se acordó la formación del rollo correspondiente y pase al Ponente.

Fundamentos

PRIMERO.- 1.-Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda presentada en materia de incapacidad permanente, interpone la parte actora recurso de suplicación. El recurso se articula en un único motivo que se dice redactado al amparo del ' art. 192-a) de la Ley de Procedimiento Laboral ', -deberá entenderse referido al art. 193-a) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , conforme a su DT 2ª-, solicitando la nulidad de la sentencia de instancia por infracción del art. 24 de la Constitución . Sostiene el recurrente que en la demanda se indicaron las labores especificas del actor y se aportaron los documentos 40 a 49 relativos al profesiograma del puesto de trabajo, practicándose prueba testifical, y que la sentencia omite hacer referencia a las exigencias del puesto de trabajo del actor, interesando la nulidad de la sentencia a fin de que se dicte otra en la que se indiquen las labores especificas que desarrollaba el actor.

De acuerdo con una constante doctrina jurisprudencial, las pautas para analizar la nulidad de actuaciones solicitada son, entre otras las siguientes: a) ha de aplicarse con criterio restrictivo evitando inútiles dilaciones, que serían negativas para los principios de celeridad y eficacia, por lo que sólo debe accederse a la misma en supuestos excepcionales. En este sentido, se recuerda en la STS 11-12-2003 (recurso 63/2003 que 'la nulidad es un remedio último y de carácter excepcional que opera, únicamente, cuando el Tribunal que conoce el recurso no puede decidir correctamente la controversia planteada'; b) ha de invocarse de modo concreto la norma procesal que se estime violada, sin que sean posibles las simples alusiones genéricas; c) ha de justificarse la infracción denunciada; d) debe tratarse de una norma adjetiva que sea relevante; e) la infracción ha de causar a la parte verdadera indefensión, o sea, merma efectiva de sus derechos de asistencia, audiencia o defensa, sin que la integridad de las mismas sea posible a través de otros remedios procesales que no impliquen la retracción de actuaciones.

Pues bien, en el presente caso, se declara probado en el hecho primero de la sentencia que la profesión habitual del actor es la de operario textil, y en el hecho quinto las dolencias y limitaciones que las mismas causan al actor, razonándose en la fundamentación jurídica la conclusión alcanzada, por lo que la sentencia da respuesta a la pretensión deducida, cumpliendo así con la tutela judicial efectiva prevista en el art. 24 de la Constitución , sin que se haya causado indefensión al recurrente, pues dispone de los cauces previstos en las letras b ) y c) del art. 193 de la LRJS para combatir la sentencia. Debiéndose tener en cuenta que tal como dispone el art. 137 de la LGSS , 'A efectos de la determinación del grado de la incapacidad, se tendrá en cuenta la incidencia de la reducción de la capacidad de trabajo en el desarrollo de la profesión que ejercía el interesado o del grupo profesional, en que aquélla estaba encuadrada, antes de producirse el hecho causante de la incapacidad permanente', y que tal como señala la jurisprudencia, por todas STS de 4-12-12 (rec. 258/12 ), 'La profesión habitual no se define en función del concreto puesto de trabajo que se desempeñaba, ni en atención a la delimitación formal del grupo profesional, sino en atención al ámbito de funciones a las que se refiere el tipo de trabajo que se realiza o puede realizarse dentro de la movilidad funcional. Este criterio profesional no significa que las decisiones en materia de calificación de la incapacidad deban depender de las que, en función del estado del trabajador, puedan haberse adoptado en la relación de empleo: el sistema de calificación es independiente de las incidencias que puedan producirse en esa relación. A efectos de la calificación de la incapacidad permanente han de tenerse en cuenta todas las funciones que integran objetivamente la profesión'; por lo que en definitiva, dado que lo determinante a efectos del litigio es valorar las funciones de la profesión o el grupo profesional, en que la misma esta encuadrada, en relación con las limitaciones orgánicas y funcionales que pacede el actor, y constando probado que la profesión habitual del actor es la de operario textil, el recurso, planteado en los términos expuesto, deberá ser desestimado, por no concurrir causa alguna de nulidad de la sentencia.

Fallo

Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto en nombre de Ezequiel , contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social nº.5 de los de Valencia, de fecha 2-mayo-2013 , en virtud de demanda presentada a su instancia contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL; y, en consecuencia, confirmamos la sentencia recurrida.

Notifíquese la presente resolución a las partes y al Ministerio Fiscal, indicando que contra la misma cabe recurso de Casación para la unificación de doctrina, que podrá prepararse dentro del plazo de los DIEZ DÍAS hábiles siguientes a la notificación, mediante escrito dirigido a esta Sala, advirtiendo que quien no tenga la condición de trabajador, no sea beneficiario del sistema público de la Seguridad Social o no tenga reconocido el derecho de asistencia jurídica gratuita, deberá depositar la cantidad de 600' ºº € en la cuenta que la Secretaría tiene abierta en el Banco Español de Crédito, cuenta 4545 0000 35 1609 13.Asimismo, de existir condena dineraria, deberá efectuar en el mismo plazo la consignación correspondiente en dicha cuenta, indicando la clave 66en lugar de la clave 35. Transcurrido el término indicado, sin prepararse recurso, la presente sentencia será firme.

Una vez firme esta sentencia, devuélvanse los autos al Juzgado de lo Social de referencia, con certificación de esta resolución, diligencia de su firmeza y, en su caso, certificación o testimonio de la posterior resolución que recaiga.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- En el día de hoy ha sido leída la anterior sentencia por el/a Ilmo/a Sr/a Magistrado/a Ponente en audiencia pública, de lo que yo, el /a Secretario/a judicial, doy fe.