Sentencia Social Nº 107/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 7243/2008 de 12 de Enero de 2009

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

MDT

IL·LM. SR. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL

IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

IL·LM. SR. ENRIQUE JÍMENEZ ASENJO GÓMEZ

Barcelona, 12 de gener de 2009

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 107/2009

En el recurs de suplicació interposat per Ángel a la sentència del Jutjat Social 11 Barcelona de data 14 de maig de 2008 dictada en el procediment núm. 261/2008 en el qual s'ha recorregut contra la part -Ministerio Fiscal-, Bures, S.A. i Flora , ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ.

Antecedentes

Primer. En data 28.03.08 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament disciplinari, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 14 de maig de 2008, que contenia la decisió següent:

"Que estimando parcialmente la demanda formulada por don Ángel , en procedimiento en el que ha sido parte el MINISTERIO FISCAL, debo declarar y declaro improcedente, que no nulo radical, el despido articulado sobre el mismo, con efectos de 14/03/2008, y condenar a la empresa demandada BURÉS, S.A., a estar y pasar por la anterior declaración y a optar, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, entre readmitir al actor en el mismo puesto y condiciones de trabajo que regían antes de producirse el despido o a abonarle indemnización por despido en suma de 58.057,02 euros, entendiéndose que, caso de no optar, procederá la readmisión y, en todo caso, a abonarle también los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la notificación de la presente resolución a razón de salario mensual de 2.764,62 euros y que, al momento de su dictado ascienden a suma de 5.621,39 euros.

Y que debo desestimar la pretensión acumulada de indemnización por vulneración de derechos fundamentales y absolver libremente de la pretensión de condena que le fue dirigida a doña Flora . "

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

1º.- El actor don Ángel , titular de D.N.I. nº NUM000 , con una antigüedad que data de 05/04/1994, una categoría profesional de comercial de tercera y percibiendo salario mensual, con inclusión de prorrata de pagas extras y retribución variable media, por comisiones, de 2.764,62 euros, viene prestando servicios por cuenta y orden de la empresa BURÉS, S.A.

2º .- Presta los servicios en la mediación de los productos fabricados por la empresa, con visita personal a los clientes o potenciales clientes, desplazándose conduciendo vehículo facilitado por la empresa.

Normalmente sólo acude a las oficinas de la empresa la tarde de los viernes para reportar la actividad realizada y entregar las hojas de pedido de los clientes para su tramitación.

3º.- A principios del ejercicio económico de 2008 se implementó nuevo sistema informático para gestión comercial que impedía la aplicación de descuentos a los clientes no relacionados en el mismo.

Desde la implantación fueron frecuentes las disputas verbales, del actor, que pretendía mantenimiento del sistema tradicional de libre y discrecional aplicación de descuentos, con doña Alicia , encargada en el departamento comercial de la empresa de la tramitación administrativa de los pedidos, que siempre le exigió que se atuviese al nuevo sistema y le indicó que salvo autorización expresa no podía tramitar los pedidos en los que el actor había aplicado, indebidamente, descuentos.

4º .- Consta que es consumidor habitual de alcohol, al menos 34 gramos diarios, pero no que, en la conducción de vehículo a motor para el desarrollo de la prestación de servicios o en esta, tuviese abolidas o reducidas sustancialmente las capacidades volitivas y/o intelectivas.

Tampoco consta que acudiese, en alguna ocasión, al centro de trabajo en estado de embriaguez.

5º .- De la empresa aparece, tras la muerte de su padre, como titular del 98% del capital social -el 2% restante corresponde a su esposo- y administradora única la codemandada doña Flora .

6º .- En los dos últimos ejercicios la empresa ha visto reducida sustancialmente su facturación.

También la derivada de la intermediación del actor se ha visto sustancialmente minorada, al igual que las comisiones que percibe por la gestión comercial.

7º.- El 29/02/2008 sobre las 16:00 horas, cuando se encontraba en las oficinas del centro de trabajo, reproduciendo, verbalmente, disputa de análogo tenor que el referido en el hecho probado tercero, con doña Alicia , tomó, sorpresivamente, un rotulador fluorescente, de los utilizados para el subrayado, y lo lanzó a la cabeza de doña Estefanía , encargada de fábrica, que se encontraba sentada a escasa distancia del actor.

La alcanzó en una sien sin causar lesiones.

Cuando la reacción de la Sr. Estefanía fue de indignación y rechazo el actor le pidió perdón y le dijo que el móvil del lanzamiento había sido, exclusivamente, jocoso.

Aunque la Sra Estefanía aceptó las disculpas puso el incidente en conocimiento de la dirección empresarial.

8º.- La empresa acordó el despido disciplinario del actor, lo que le participó, mediante la entrega de carta datada el 14/03/2008, con iguales efectos, que dice, textualmente: "Muy Sr. nuestro: Por medio de la presente le notifica la decisión irrevocable de proceder a su despido disciplinario, con efectos desde esta fecha, por considerar constitutivos de faltas muy graves los siguientes hechos:

El pasado viernes día 29 de febrero de 2008 sobre las 16: 00 horas, se presentó Vd, en las instalaciones de la empresa en un evidente estado de embriaguez discutiendo sin causa alguna con sus compañeras de trabajo Dña. Alicia y Dña Estefanía discusión en el trascurso de la cual lanzó Vd. un bolígrafo a la cabeza de la Sra. Estefanía con el claro propósito de lesionarla, situación que fue presenciada por otros trabajadores de la empresa.

Desde hace tiempo se ha venido constatando por la empresa el excesivo consumo por su parte de bebidas alcohólicas que afectan de forma directa a su capacidad laboral en mayor medida si cabe por su condición de comercial de la empresa y trabajador que realiza su trabajo conduciendo diariamente un vehículo a motor. Constan en su expediente diversas amonestaciones verbales por dicho motivo que le fueron manifestadas por su superiores jerárquicos en cada momento.

Como consecuencia directa de la repercusión negativa que produce en su capacidad laboral el consumo habitual de bebidas alcohólicas , se ha detectado una disminución continuada y voluntaria en su rendimiento laboral ordinario , pasando de un volumen de ventas en las zonas que tiene asignadas en el año 2005 fue de 1.223.145,39 Euros , a un total de ventas en año 2006 de 913.282,52 Euros y un total de 696.101, 50 Euros en el ejercicio de 2007, lo que supone una pérdida de casi un 50% de su volumen anual de facturación.

Los hechos expuestos suponen incumplimientos contractuales graves y culpables que les son directamente imputables y encuadrables en lo que establece el art. 54 del Estatuto de los Trabajadores en sus apartados b) c) e)y f ). Los hechos sucedidos en día 29 de febrero suponen una clara manifestación de indisciplina en el trabajo, unida a ofensas físicas a una de sus compañeras de trabajo, siendo la disminución continuada y voluntaria en su rendimiento de trabajo provocada por un estado de embriaguez habitual, hechos de la suficiente entidad y gravedad para amparar la decisión empresarial de proceder a su despido disciplinario, despido que surtirá efectos desde la fecha de notificación de la presente comunicación.

Desde esta fecha tiene a su disposición en nuestras oficinas el oportuno documento de saldo y finiquito de la relación laboral que con esta fecha se extingue, haciéndole saber su derecho a interponer demanda contra el despido notificado ante el Juzgado de lo Social, en el plazo de veinte días hábiles.

9º.- No ostenta ni ostentó cualidad de representante legal de los trabajadores en le año inmediatamente anterior a la fecha del despido.

10º.- Formuló papeleta de conciliación ante organismo administrativo competente, el 27/03/2008, cuyo acto resultó celebrado sin avenencia, el 28/04/2008, y demanda, reproduciendo la pretensión, el 27/03/2008, que, en turno de reparto, correspondió a este Juzgado.

Tercer. Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER. Contra la sentència del primer grau, que ha declarat la improcedència de l'acomiadament de l'actor, desestimant la petició de nul litat, s'alça ara el demandant a través d'un primer motiu que, per la via de l' apartat c) de l'art. 191 TRLPL denuncia la infracció d'allò previst a l'art, 24.1 CE . La tesi del recurs, succintament narrada, passa per fer un resum de la STC 18/1981, i, aplicant-la, constatar que en cap moment s'ha incoat expedient disciplinari empresarial.

És obvi que el motiu ha de ser desestimat. En efecte, la citada sentència allò que contempla és l'exercici de la potestat sancionadora administrativa, que cap vinculació guarda amb l'acomiadament contractual laboral, per obvis motius. Volem recordar, en aquest sentit, que les sancions administratives s'inscriuen en el marc de l'exercici de les competències estatals, de tal manera que el possible efecte negatiu patrimonial que la resolució corresponent imposi s'emmarca dins el principi de legalitat, el que determina la tipificació i la seguretat jurídica. Tanmateix, l'exercici per l'empresari del seu poder disciplinari té un origen contractual -per bé que, lògicament, sotmès al marc legal regulador, per simple lògica de jerarquia normativa-. Des d'aquest punt de vista hem de rebutjar frontalment la reflexió continguda en el recurs respecte que les sancions que l'empresari imposi no són res més que l'exercici d'una potestat delegada del poder públic: la dita lògica en res s'acomoda al marc constitucional vigent, formant més part del model polític precedent a l'actual que, en la mesura que negava el conflicte social i l'autonomia col lectiva, delegava en l'empresari l'exercici de competències reglamentàries.

Certament res no impedeix a la negociació col lectiva -o, fins i tot, a l'autonomia individual a través de possibles condicions més beneficioses- regular l'obligatorietat de que l'empresari, abans de despatxar a l'assalariat, hagi de d'incoar un expedient contradictori. Tot i que no consta que la norma convencional reguladora estableixi la dita obligació (atès que desconeixement el conveni regulador), volem destacar que, en tot cas, l'omissió de l'esmentat tràmit comportaria, en la nostra ordenació, la qualificació d'improcedència de l'acomiadament i en cap cas, la nul litat, màxim quan difícilment hom pot deduir que la no observança d'aquest tràmit sigui contrària, per evidents motius, al dret a la tutela judicial efectiva. I és precisament la improcedència la qualificació feta en el primer grau jurisdiccional.

Al què, en tot cas, volem afegir que és antiga i consolidada la doctrina del TS en el sentit que la inexistència d'un marc legal de tràmit de prèvia audiència previst a l' art. 158 OIT a fi i efecte de que el treballador pugui fer valer el seu dret a la defensa, no resulta contrari a l'esmentada norma internacional, en existir les suficients tuteles ex post, inclosa la judicial.

Per tant, aquest motiu ha de ser desestimat.

SEGON. Per la mateixa via anterior es denuncia la infracció d'allò previst a l' art. 18 CE . La tesi del recurs passa per la consideració que la carta d'acomiadament conté una sèrie d'imputacions -singularment, les referides al possible enolisme del recorrent- que afecten el seu dret a l'honor i la pròpia imatge.

El motiu també està condemnat al fracàs. En efecte, volem recordar, en primer lloc, que la possible intromissió il legítima de l'empresa en l'honor i la pròpia imatge del treballador es produeix en la missiva extintiva. Per tant, la causa de l'acomiadament no és una conducta reactiva de l'empresa per l'exercici per part dels treballadors dels seus drets fonamentals o l'afectació al dret a la igualdad o a la no discriminació, que és allò que la nostra ordenació determina com elements constitutius de la nul litat. Pel contrari, com s'ha dit, la possible infracció dels esmentats drets contemplats a l' art. 18 CE , es produeix en la pròpia notificació. D'aquí que, en tot cas, el rescabalament judicial de la dita conducta haurà de produir-se en demanda autònoma i no en l'enjudiciament de l'extinció. Consideració -per ella mateixa suficient a efectes de l'anunciada desestimació-, a la què hem d'afegir que, en tot cas, les conductes imputades al treballadors formen part de les imputacions que fa l'empresari per tal d'extingir el contracte, en exercici de les seves competències disciplinàries, i han merescut una reflexió judicial en la què es considera que l'empresa no ha provat l'alcoholisme del treballador -per bé que el fet provat quart declara un consum habitual que no assoleix aquella qualificació-, però sí estima que existí el llançament d'un objecte a una càrrec superior, arribant a la conclusió que, no obstant, per aplicació de la teoria gradualista l'esmentada conducta no és suficient, en un lògic judici de proporcionalitat, per validar l'acomiadament. D'altra banda, és obvi que la imputació de baix rendiment difícilment s'incardina en la infracció de drets fonamentals. Per tant, ens trobem davant d'imputacions d'incompliments contractuals, amb un cert substrat fàctic, però que, no obstant, no són suficients per validar la decisió empresarial extintiva. No consta cap exteriorització fora de l'àmbit contractual de les expressades imputacions ( a diferència del supòsit que contempla la STC 282/2000, de 27 de novembre). Per tant, resta fora de qualsevol dubte raonable que, encara que acceptéssim que la demanda d'acomiadament és adequada a efectes de valorar les dites imputacions -el què no és el cas-, en cap cas, en l`àmbit del procediment d'acomiadament, podríem compartir la lògica del recurs, en la mesura que, en aquesta tessitura, tot acomiadament en el què constés una causa, que legalment ha de vincular-se amb un incompliment contractual greu i culpable, significaria una intromissió il legítima en els drets constitucional del treballador afectat i, per tant, tots els acomiadaments disciplinaris haurien de ser declarats nuls. Conclusió que, òbviament, no s'adequa al nostre marc jurídic vigent.

TERCER. I, finalment, per la mateixa via anterior es denuncia la infracció d'allò previst a l' art. 1.2 TRLET , en la mesura que no s'ha condemnat la persona física demandada que, es diu, és administradora i accionista pràcticament única.

Tampoc aquest motiu pot ser estimat. Cal recordar, d'entrada que la nostra ordenació limita la responsabilitat dels organismes societaris al capital de la pròpia mercantil, impermeabilitzant, "prima facie", el capital dels socis, accionistes o càrrecs societaris en relació als crèdits de la societat.

La dita dinàmica només es trenca en el dret mercantil en quatre supòsits específics respecte als administradors: a) l'acció social de responsabilitat de l' art. 134 LSA , en la què allò que s'està preservant és el patrimoni de la societat, per bé que pot exercir-se subsidiàriament també per tercers amb la dita finalitat; b) l'acció individual de responsabilitat de l' art. 135 LSA o responsabilitat directa per dany, c) la responsabilitat de l'administrador per incompliment del deure de promoure la dissolució de la societat i la no observació de les prescripcions legals "ad hoc" (262.5 LSA) o responsabilitat "ex lege", -i d) la responsabilitat per no adaptació a la normativa legal (DT 3era LSA).

Escau recordar, en aquest sentit, que abans de la LSA la interpretació judicial s'havia decantat clarament per negar competència d'aquest ordre jurisdiccional en matèria de responsabilitat individual (SSTS 19.06.1989 i 15.08.1989 i, especialment, la doctrina del desaparegut TCT) No obstant, l'entrada en vigor de la dita norma comportà la modificació d'aquest criteri d'atribució jurisdiccional. I, com es pot veure en varis pronunciaments del TS (entre d'altres, els de 15.01.1997, 28.10.1997, 31.12.1997, 13-04.1998, 21.07.1998, 17.01.2000, etc) escau diferenciar a aquests efectes entre l'acció individual canalitzada per la via de l' art. 262.5 LSA, la referent a la DT 3era LSA i la pròpia de l'art. 133 en relació al 135 . No té competència aquest ordre en els dos darrers, per bé que sí respecte els altres dos supòsits inicials. En la present litis allò que s'està exercint és l'acció individual de responsabilitat, respecte la qual, com s'ha dit, aquesta jurisdicció és incompetent.

Tot i no aparèixer massa clar en el recurs, hem de recordar que també en l'àmbit laboral és possible una extensió de responsabilitat als càrrecs societaris o als propis socis -o a d'altres empreses d'un mateix grup-, en aquells casos en els què s'apliqui la noció d'unitat d'empresa o grup d'empresa impropi. Es tracta, en definitiva, de la plasmació dels coneguts elements addicionals, entenent-se per a tals la confusió de plantilles (SSTS 29.03.1978, 06.01.1978, 06.05.1981, 04.03.1985, 03.03.1987, 08.06.1988, 01.07.1988, 01.07.1989, 07.12.1987, 08.06.1988, 24.07.1989, 30.12.90, etc.), la confusió de patrimonis (SSTS 28.03.1983, 28.06.1985, 17.07.1985, 11.12.1985, 10.11.1987, 25.07.1989, 30.01.1990, 19.11.1990, 03.05.1990, 31.01.1991, 30.06.1993, 26.01.1998, 18.05.1998, etc), la unitat de direcció (SSTS 06.02.1981, 06.05.1981, 08.10.1987, etc) i, en menor mesura, allò que es coneix com aparença externa d'unitat. Al que ha d'afegir-se la concreta valoració doctrinal en aquells casos d'empreses simplement aparents (STS 11.12.1985, 03.03.1987, 08.06.1988, 12.07.1988, 01.07.1989, 22.12.1989, 19.11.1990, 30.06.1993, 26.01.1998, etc) o aquells altres en els què el grup no té més finalitat que el frau de creditors, singularment en perjudici dels drets dels assalariats (SSTS 30.01.1990, 03.05.1990, 24.09.1990, 31.01.1991, 22.03.1991)

Del relat fàctic de la sentència únicament es desprèn que la persona física codemandada és titular d'un 98 per cent de les accions de l'empresa, sense que constin altres elements fàctics que ens puguin dur a qualsevol mena de reflexió sobre la concurrència dels dits elements addicionals, el que ha de comportar la desestimació, ja anunciada, d'aquest motiu i, amb ell, del recurs en la seva integritat.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per Ángel contra la sentència dictada pel Jutjat Social número 11 de Barcelona en data 14 de maig de 2008 , recaiguda en les actuacions 261/2008, en virtut de demanda deduïda per la dita part actora contra BURES, SA i Flora en reclamació per acomiadament i, en conseqüència, hem de confirmar i confirmem íntegrament la dita resolució.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a la unificació de la doctrina, que haurà de preparar-se davant aquesta Sala en els deu dies següents a la seva notificació, amb els requisits previstos en els números 2 i 3 de l'art. 219 de la Llei de Procediment Laboral

Notifiqueu aquesta sentència a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i lliuris testimoni que restarà unit al rotllo corresponent, incorporant-se l'original al corresponent llibre de sentències.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el Magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.