Sentencia SOCIAL Nº 109/2022, Juzgado de lo Social - Ceuta, Sección 1, Rec 343/2021 de 21 de Abril de 2022

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 1

CEUTA

SENTENCIA: 00109/2022

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

C/ FERNÁNDEZ Nº 2. PARA INFORMACIÓN LLAMAR A SERVICIO INFORMACIÓN.

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NIG:51001 44 4 2021 0000361

Modelo: N02700

DFU DERECHOS FUNDAMENTALES 0000343 /2021

Procedimiento origen: /

Sobre: TUTELA DCHOS.FUND.

DEMANDANTE/S D/ña: Agueda, Olegario , Primitivo , Debora , Diana , Jose Antonio , Elvira , Encarna , Carlos Alberto , Eugenia , Victoriano , Luis Enrique , Jesús Luis , Florinda , Gabriela , Gloria , Gregoria

ABOGADO/A:RAMON JESUS LLADO GRANADO

DEMANDADO/S D/ña:DELEGACION DEL GOBIERNO EN CEUTA, DELEGACION DEL GOBIERNO EN CEUTA

ABOGADO/A:ABOGADO DEL ESTADO, ABOGADO DEL ESTADO

PROCURADOR:,

GRADUADO/A SOCIAL:,

SENTENCIA

En Ceuta a 21 de abril de 2022

La Iltma. Sra. Dª. MARIA FRANCISCA LORITE MARTINEZ, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 1 de Ceuta, dicta la presente sentencia EN EL NOMBRE DE S. M. EL REY, teniendo en cuenta lo siguiente:

Antecedentes

PRIMERO.- Agueda, Olegario , Primitivo , Debora , Diana , Jose Antonio , Elvira , Encarna , Carlos Alberto , Eugenia , Victoriano , Luis Enrique , Jesús Luis , Florinda , Gabriela , Gloria y Gregoria interpusieron demanda contra la Delegación del Gobierno de Ceuta, en la que tras exponer los Hechos y Fundamentos de Derechos que consideró aplicables, solicitaron que se dictase sentencia en el que se declarara la vulneración del principio de igualdad al adoptar la entidad demandada una conducta discrimintoria respecto al salario percibido en relación con los demás trabajadores laborales de la entidad demandada, así como el abono de una indemnización de 1.733,74 euros en concepto de lucro cesante y 6.251 euros por daños morales.

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, se convocó a las partes a juicio verbal, que tuvo lugar el día señalado con el resultado que obra en autos y que se da por reproducida.

Se dio traslado de la demanda al Ministerio Fiscal.

En el acto del juicio, la parte actora reiteró que no formulaba una reclamación salarial, por lo que desistía de la petición relacionada con los intereses de mora.

Realizada por las partes las alegaciones que su derecho convinieron sobre el resultado de la prueba practicada, se dio por terminada la vista, quedando los autos vistos para dictar sentencia.

Hechos

1.- El 17 de agosto de 2020 se dictó resolución por Servicio Público de Empleo Estatal en el que se aprobaba una convocatoria para la concesión de subvenciones en el ámbito de colaboración con órganos de la Administración General del Estado que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general.

Dicha resolución se publicó en el BOE el 15 de octubre de 2020.

2.- Se solicitó por la Delegación de Gobierno de Ceuta su concesión; remitiéndose al SPEE una memoria explicativa de los distintos proyectos planteados y el número de trabajadores propuestos.

Se dictó resolución el 30 de septiembre de 2020 en el que se concedía una subvención en el marco de la convocatoria antes referida praa la contratación de un toal de 861 trabajadores desempleados.

3- El 20 de octubre de 2020 se publicó en el BOCCE el listado provisional de los trabajadores que iban a participar en dicho plan y el 30 de octubre, el listado definitivo.

4.- De entre los seleccionados se encontraban los actores que formalizaron un contrato laboral temporal por obra y servicio determinado, a jornada completa.

Iniciaron la prestación el 1 de diciembre de 2020. Finalizaron el 30 de junio de 2021.

La categoría profesional de los actores era la de Oficiales. Especifidamente realizaban funciones de mecánico, albañil, electricista, carpintero, ayudante de archivo y biblioteca, cocinero, pintor, auxiliares administrativos y capataces. Todos estaban integrados en el grupo de cotización 6.

5.- El salario bruto percibido fue de 1.458,68 euros mensuales, en los que se incluía el salario base, la parte proporcional de las pagas extraordinarias, la indemnización por residencia cuantificada en 12,88 euros diarios y 1,21 euros diarios de parte prorrateada de la indemnización

6.- El IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado, estableció para el año 2020 y para el grupo profesional E1, un salario base de 13.628,28 euros y de 2. 271.38 euros ambas pagas extraordinarias.

Se aprobó mediante Real Decreto 2/2020 un incremento del 2% sobre las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2020. El R.D 11/2020 incrementó en un 0,9% las retribuciones de los mismos para el año 2021.

7.- No se les ha aplicado el referido convenio respecto a ningunas de las mejoras de las condiciones laborales especificado en el mismo.

Fundamentos

PRIMERO.- Fijación de los hechos no controvertidos.

La cuestión objeto de debate se centró en le exclusión a los los trabajadores del Plan de empleo 2020-2021 del IV Convenio Colectivo único para el personal laboral de la Adminsitración del Estado. Mantuvo la parte actora que su inaplicación por la entidad demandada suponía una actuación discriminatoria, al retribuirle un salario inferior respecto a los salarios de aquellos trabajadores que se rigen por el referido convenio; y al haberles sido privados de las mejoras indicadas en el referido convenio.

Son hechos no controvertidos que los demandantes formalizaron un contrato temporal por obra y servicio determinado a jornada completa con la entidad demandada; que dicho contrato se suscribió en virtud de la subvención otorgada por el SPEE; rigiéndose por la O.M de 19 de diciembre de 1997, publicada en el BOE el 30 de diciembre de 1997; que los mismos tienen como finalidad la de facilitar la práctica empresarial y mejorar la ocupabilidad del empleo, proporcionando a personas desempleadas una experiencia profesional necesaria lograr su reincorporación definitiva al mundo laboral.

No se puso en duda, que estaban integrados en el grupo de cotización 6 y que realizaron funciones de Oficial. Se fijó como hecho no controvertido la cantidad percibida mensual y que alcanza los 1.458,66 euros mensuales, que es la especificada en el contrato y que incluía el salario base, la parte proporcional de las pagas extraordinarias, el complemento de residencia, que se cuantificaba en 18,88 euros diarios y la parte prorrateada de la indemnización por despido, por importe de 1,21 euros diarios.

SEGUNDO.- Naturaleza y regulación del contrato suscrito entre las partes.

El contrato suscrito entre las partes deriva del Plan de empleo 2020-2021, cuyos principios generales se recogen en la OM 19 de diciembre de 1997, en la que se se establecen las bases reguladoras de la concesión de subvenciones públicas, por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito de la colaboración con órganos de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, Comunidades Autónomas, Universidades e instituciones sin ánimo de lucro, que contraten trabajadores desempleados para la realización de obras y servicios de interés general y social.

Su objeto está impregnado de características de naturaleza pública, ya que lo constituye la realización de una obra o servicio de interés general o social cuyo desarrollo compete a la Administración y por eso ha de enmarcarse necesariamente en el seno de los programas públicos que se determinen reglamentariamente, programas que sirven al contrato de base de funcionamiento imprescindible y justificación de su propia existencia y que cuentan con financiación de los servicios públicos de empleo a través de las correspondientes partidas presupuestarias. Asimismo, tiene una finalidad formativa para el trabajador, pues con la realización de esa obra o servicio de interés general o social, se pretende que sea un medio de adquisición de experiencia laboral, mejorando la ocupabilidad del desempleado participante, como de forma expresa se indica en el artículo 5 de la referida Orden.

Como punto de partida, debe indicarse que estos contratos, aunque presentan estas notas características, están integrados en el artículo 15.1 a) del ET; tras la reforma de dicho texto legal del año 2003. En consecuencia y a tenor de su mención unitaria, no tienen una naturaleza diferente a la de los restantes contratos laborales temporales por obra o servicio determinado que pueda suscribir cualquier empleador.

Nos encontramos, por tanto, ante un contrato por el que la Administración, actuando como un empleador privado, encomienda a una persona, que desarrolle una concreta actividad por tiempo determinado, bajo sus órdenes y supervisión a cambio de un salario.

La O de 19 de diciembre de 1997 no excluye la aplicación del convenio a los trabajadores contratados en virtud de dicha norma. De forma específica en el artículo 4 cuando se menciona la cuantía de la subvención se especifica en el módulo B, aplicable al presente caso, 'los costes salariales totales a subvencionar por los Servicios Públicos de Empleo ascenderán a dos veces el indicador público de renta de efectos múltiples (IPREM) vigente cada año, incluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias por importe equivalente cada una de ellas a una mensualidad de dicho IPREM o la cuantía prevista enconvenio colectivo de aplicación de ser ésta inferior,así como la correspondiente cotización a la Seguridad Social por todos los conceptos, referida en su aplicación a este modulo de subvención, por cada trabajador contratado en los grupos de cotización de la Seguridad Social 9 al 5, ambos inclusive'.

Dicho precepto establece una regla genérica para fijar el importe de las subvenciones y por ende el de los salarios de los trabajadores, siempre que la cuantía fijada en el convenio de aplicación no sea inferior. Ello implica, a sensu contrario, que necesariamente debe aplicarse el convenio correspondiente si éste fija un salario inferior; porque si no fuera así debería tomarse como índice referencial el IPREM. Por lo que siguiendo el mismo razonamiento, la OM del 19 de diciembre de 1997 no excluye la aplicación del Convenio Colectivo a los trabajadores que han sido contratados por la Administración y cuyos salarios se han subvencionado.

Por otro lado, el artículo 1 del IV Convenio Colectivo Unico para el personal laboral de la Administración General del Estado, se indica que éste 'será de aplicación al personal laboral de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos'. Si bien, en el apartado 2 del referido precepto y en el artículo 2 del mismo, se enumera de una serie de sectores que están excluidos del ámbito de aplicación del mismo; lo cierto es que en los mismos ni se menciona a los trabajadores regidos por la O 19 de diciembre de 1997 como excluidos de dicha regulación; ni en el contrato se hizo referencia expresa a la inaplicación del convenio, que pudiera considerarse otra causa de exclusión.

Si la Administración no ha aplicado el IPREM para efectuar el cálculo de los salarios; ni ha utilizado como criterio el SMI, a tenor de la cuantía del mismo y lo abonado a los trabajadores; si tampoco ha aplicado el IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos, (hecho admitido); nos encontramos con un grupo de trabajadores a quienes no se les ha aplicado norma alguna vigente que regula la relación entre el personal laboral de la Administración y la misma.

TERCERO.- Acreditación del trato discriminatorio respecto al personal laboral de la Administración general.

Planteado el marco legal; la siguiente cuestión a dilucidar es si realmente existe un trato desigual de los trabajadores en relación a aquellos que se rigen por el IV Convenio Colectivo Único.

En relación a trato relativo a la retribución de los trabajadores, debe estarse a la categoría profesional de los mismos.

El referido convenio realiza una nueva clasificación de categorías profesionales, del M3 , que es el más alto y que en consecuencia percibe una prestación superior al E0 que es la más baja.

Si acudimos a los diferentes contratos suscritos, comprobamos que los actores desarrollan funciones de capataces, auxiliares administrativos, cocineros y ayudantes de archivo y biblioteca. Asimismo, el IV Convenio Unico indica en su artículo 8 que se integran en el grupo profesional E1 aquellos que desarrollan funciones que exigen un título de graduado de educación secundaria obligatorio o título profesional básico o equivalentes; y el artículo 10 especifica que se integran en estos puestos de trabajo cuando el contenido de la prestación laboral se corresponda con una titulación específica de formación profesional de Grado básico.

En el presente caso, a tenor de las concretas funciones asumidas por los actores que tienen una responsabilidad mínima, no exigiéndose para su desempeño más que una formación profesional de grado básico, a tenor del contenido de sus prestaciones, determina que considere adecuado su encuadre en dicho grupo profesional.

En el Anexo III del IV Convenio Único se establece para este grupo profesional para un salario base de 15.899,66 euros anuales con inclusión de las pagas extraordinarias.

El R.D Real Decreto 2/20 estableció un incremento del 2% sobre las retribuciones del personal al servicio del sector público para el año 2020 respecto a las percibidas en el año 2019. Lo cual implica, que para el año 2020 el salario anual con inclusión del complemento de residencia alcanzó los 20.521,81 euros, ello se traduce a que a un salario mensual de 1.682,11 euros brutos.

Por otro lado, de la cantidad percibida mensualmente debe descontarse la partida correspondiente con la parte proporcional de la indemnización por despido al no tener naturaleza salarial. Por ello, la cantidad salarial realmente abonada por la Administración, asciende a 1.422,36 euros.

Realizada la correspondiente operación aritmética, la diferencia mensual alcanzó los 259,75 euros en diciembre de 2020.

Por R.D 11/2020 en el que se aprobó los Presupuestos Generales del Estado para el año 2021, se dispuso un incremento del 0,9% de las retribuciones salariales de los empleados públicos.

Ello determina, que el salario base para el año 2021 alcanzó los 20.706,5 euros anuales, que se traduce en 1.725,54 euros mensuales con inclusión de la parte proporcional de las pagas extraordinarias.

Partiendo de las cantidades abonadas por la Administración, con el descuento antes referido; el detrimento mensual alcanzó los 303,1 euros mensuales.

Pero es que además, debe tenerse en cuenta que a dichos trabajadores no se les ha aplicado el sistema clasificatorio profesional, por lo que no tienen derecho a percibir el correspondiente certificado de servicios, contenido en el artículo 24 del convenio de aplicación, y que es relevante de querer participar en una convocatorio pública de empleo público.

Tampoco tiene derecho a percibir la mejora de prestación de la Seguridad Social contenida en el artículo 70 derivada de una situación de IT; se les ha excluido se la posibilidad de obtener los permisos establecido en el artículo 75 del Convenio único, o del especial procedimiento sancionador indicado en el mismo.

Por tanto, existe un trato desigual entre los trabajadores a los que se les aplica en IV Convenio Colectivo Único y los salarios fijados por la Administración para los trabajadores del Plan de empleo de la categoría profesional y de las demás mejoras contenidas en el referido Convenio.

CUARTO.- Justificación del trato desigual entre los trabajadores.

La siguiente cuestión que debe debatirse es si la diferencia cuantitativa en los salarios derivada de la inaplicación del IV Convenio colectivo Único o del resto de las mejoras contenidas en el mismo podría justificarse por la especial situación de los trabajadores; por la actividad a la que están destinados; y la finalidad pretendida en última instancia, esto es la fomentar el empleo de personas desempleadas, dotándolas de experiencia profesional para lograr su contratación en futuro. Siendo ésta la argumentación mantenida por las partes demandadas que intervinieron en el acto del juicio.

Tal y como he referido con anterioridad, el artículo 1 del IV Convenio Colectivo único indica que éste será de aplicación 'al personal laboral de la Administración General del Estado y sus organismos autónomos'; no estando excluida su aplicación a los trabajadores cuyos contratos han sido subvencionados.

Debemos tener en cuenta, además el artículo 3.5 del ET que establece la irrenunciabilidad de los derechos reconocidos en el convenio colectivo por parte de los trabajadores, lo que impide que las partes puedan convenir libremente el marco normativo regulador de la relación laboral, al venir impuesto a los contratantes por las disposiciones legales, fundamentalmente el Estatuto de los Trabajadores y los convenios colectivos, cuya eficacia normativa se funda en el reconocimiento constitucional de la autonomía colectiva y del derecho a la negociación entre los representantes de los trabajadores y los empresarios ( artículo 37 de la CE).

En resumen, ni la O. de 19 de diciembre de 1997, ni el IV Convenio Colectivo Único, ni el Estatuto de los Trabajadores, a priori avalan la exclusión del referido convenio a los trabajadores del plan de empleo.

No obstante, el artículo 34 la Ley 62/2003 que incorporó la Directiva 2000/78 de no discriminación en el ámbito laboral, considera que no puede ser considerarse discriminación, cuando se produzcan distinciones 'debido a la naturaleza de la actividad profesional concreta de que se trate o al contexto en que se lleve a cabo, dicha característica constituya un requisito profesional esencial y determinante, siempre que el objetivo sea legítimo y el requisito proporcionado'.Por lo que deberá estudiarse si existe una causa que legitime dicha diferenciación.

El hecho de que el trabajador sea desempleado de larga duración, y que dichos contratos tengan como última finalidad que se adquiera la suficiente experiencia como para lograr su incorporación definitiva al ámbito laboral, no puede ser tenida en cuenta para justificar un desigual trato salarial. Debe tenerse en cuenta que la contratación de personas en situación de desempleo es lo que se produce habitualmente en el ámbito laboral, y porque los contratos previos son incluidos por los trabajadores que quieren acceder a un puesto de trabajo en su curriculum vitae para que la empresa lo valore positivamente a tenor de dicha experiencia.

La temporalidad en la contratación tampoco justifica dicha decisión, no solo porque el propio convenio no hace distingos entre contratos temporales o indefinidos; sino porque ello sería contraria a la reiterada y más reciente doctrina emitida por el TJUE que aunque en asuntos diferentes a los tratados en el presente caso, establece con absoluta claridad y taxatividad que imponer condiciones laborales diferentes a trabajadores temporales frente a las vigentes a los indefinidos es claramente discriminatorio.

En relación al carácter subvencionado del contrato, el Tribunal Supremo de forma tajante en sentencia del 22 de octubre de 2020, reiterando lo indicado en sentencia del Pleno de 6 de mayo de 2019, señala que la cuantía de una subvención, que 'como su nombre indica, es sólo una ayuda económica para el mantenimiento de una acividad y el fomento de empleo, no es una excusa para incumplir con la normativa laboral en materia de retribuciones'.

Por tanto, las razones alegadas por la empleadora no justifican, ni pueden ser consideras como una razón objetiva para que los trabajadores del Plan de Empleo perciban un salario inferior o se rijan por condiciones laborales más perjudiciales que el resto del personal laboral, por la exclusión de la aplicación del convenio debatido, respecto a aquellos otros que dentro de la misma categoría profesional; con la misma cualificación profesional, desarrollen una idéntica prestación, bajo la dependencia de la Administración General del Estado de forma indefinida.

No existiendo una razón objetiva, ni proporcional, ni legítima, la única conclusión posible es calificar la conducta de la Delegación del Gobierno como arbitraria y no justificada y en consecuencia considerarla como discriminatoria y atentatoria contra el principio de igualdad de trato, garantizado en el artículo14 de la CE.

QUINTO.- Cuantificación de la indemnización ocasionada por el lucro cesante.

Como punto de partida debe especificarse que no se formuló una reclamación por las diferencias salariales derivada de la inaplicación del IV Convenio Único, posibilidad que a tenor del tiempo transcurrido no sería posible al haber transcurrido el plazo de un año de prescripción.

Lo que se interesó por la parte actora es una indemnización para resarcir los perjuicios materiales derivadas que la conducta de la Administración le ha generado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182.1 d) de la LRJS.

Tal y como recuerda la sentencia del Tribunal Supremo de 17 de diciembre de 2013, la LRJS impone la obligación de expresar en la demanda no solo los hechos que fundamentan la pretensión, sino también la cuantía de la indemnización pretendida, en su caso con la adecuada especificación de los daños y perjuicios ocasionados, a los efectos de lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la LRJS.

La reparación indemnizatoria, que deriva del artículo 1.101 del código Civil exige no solo la existencia de una conducta negligente, en sentido amplio, sino que además la existencia de unos concretos daños y perjuicios, cuya existencia y prueba es una cuestión de hecho, correspondiendo al actor la carga de acreditarlos.

En el presente caso, el abono de una retribución inferior a la que habría obtenido de haberle sido aplicada la normativa adecuada, genera el derecho a obtener en concepto de indemnización los salarios que hubiera podido percibir.

Realizando las oportunas operaciones aritméticas, teniendo en cuenta el perjuicio ocasionado en diciembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2020, fecha de la extinción de la relación laboral; y lo interesado por la parte actora; el perjuicio material ocasionado alcanza los 1.733,74 euros.

SEXTO.- Indemnización derivada de los daños morales ocasionados.

Los demandantes también interesaron el abono de una indemnización derivada de los los daños morales.

Por daños morales debemos entender aquellos que no siendo susceptibles de ser evaluados patrimoniales, suponen un menoscabo en el ámbito moral estricto, y en el ámbito psicofísico;

El artículo 183 de la LRJS establece que cuando la sentencia declare la existencia de una vulneración de derechos fundamentales, el juez se pronunciará sobre la cuantía de la indemnización derivada tanto del daño moral, como de los daños y perjuicios adiccionales ocasionados.

Es jurisprudencia consolidada que la LISOS puede ser utilizada como criterio para cuantificar los daños morales; ello no dispensa a la parte actora a acreditar que se ha producido algún daño morales; teniendo en cuenta además que no existe automaticidad, ni una presunción a favor de la existencia de daños morales susceptibles de ser indemnizados.

Aunque la jurisprudencia en materia de vulneración de derechos fundamentales ha relajado tal exigencia, lo cierto es que se exige que la demanda debe aportar los elementos que acrediten su producción, (duración, gravedad, consecuencias, etc) a efectos de que el órgano juridicial pueda valorar y cuantificar la indemnización derivada de daños morales.

En el presente caso, lo cierto es que la parte actora ha puesto de manifiesto los daños morales derivados de la conducta de la Administración. De modo que ello ha motivado la exclusión de las diferentes mejoras relativas a las prestaciones de IT contenidas en el mismos; la imposibilidad de obtener las licencias indicadas en éste; o en obtener el correspondiente certificado donde se acreditara la realización de una determinada prestación para la Administración General en una concreta categoría profesional a efectos de ser valorados como méritos o prestación de servicios para la AGE, relevantes para la participación en una oposición o concurso de acceso a una plaza de dicha entidad.

Ello determina que estime cumplidos por la parte actora los requisitos indicados por la jurisprudencia en relación a la acreditación de los daños morales.

El artículo 8.12 de LISOS califica como infracciones muy graves aquellas decisiones unilaterales de la empresa que supongan discriminaciones direcas o indirectas. Asimismo, la parte actora en aplicación de la cuantía de la sanción fijada en el artículo 40 de la LISOS vigente al tiempo de producirse la conducta discriminatoria, solicitó una indemnización de 6.251 euros, correspondiente con la mínima sanción indicada en la referida norma.

Su cuantificación es acorde a los criterios establecidos por la jurisprudencia consolidada ya referida y por tanto es procedente su concesión en la cuantía indicada.

Vistos los preceptos citados y demás de pertinente y general aplicación

Fallo

Estimo parcialmente la demanda interpuesta por Agueda, Olegario , Primitivo , Debora , Diana , Jose Antonio , Elvira , Encarna , Carlos Alberto , Eugenia , Victoriano , Luis Enrique , Jesús Luis , Florinda , Gabriela , Gloria y Gregoria contra la Delegación del Gobierno de Ceuta, declarando que la conducta de no aplicar el IV Convenio Colectivo Único para el personal laboral de la Administración General del Estado supone una vulneración del principio de igualdad de trato y no discriminación contenido en el artículo 14 de la CE, condenando a la entidad a abonar a cada uno de los actores, 1.73133,74 euros en concepto de indemnización por el lucro cesante derivado de dicha conducta, y 6.251 euros en concepto de indemnización por los daños morales ocasionados.

Contra la presente resolución cabe recurso de suplicación para ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, a anunciar ante este Juzgado, bastando para ello manifestación de la parte, de su abogado o representante en el momento de hacerle la notificación o ulteriormente en el plazo de 5 días a la misma por comparecencia o por escrito.

Llévese el original de esta resolución al libro correspondiente, quedando en los autos testimonio de la misma.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidashasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partesy de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.