Sentencia SOCIAL Nº 120/2020, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 3, Rec 713/2019 de 25 de Febrero de 2020

Fundamentos

PRIMERO.- Frente a la sentencia de instancia que desestimó la demanda formulada por el demandante que pretendía que se declarara que había sido objeto de un despido improcedente por parte de la empresa INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS, se interpone el presente recurso de suplicación que tiene por objeto: a) la revisión de los hechos declarados probados por la sentencia de instancia, y; b) el examen de la infracción de normas sustantivas o de la jurisprudencia cometidas por la referida resolución.

SEGUNDO.- Mediante el primer motivo del recurso formulado al amparo del apartado b) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social interesa la recurrente la revisión del relato fáctico de la sentencia de instancia, concretamente, la adición de un nuevo ordinal con la siguiente redacción: ' El demandante intervino en las siguientes actividades:

ANEXO I: Actividades más relevantes Modesto:
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lo que basa en los documentos que obran a los folios 79 a 81 del ramo de prueba de la demandada.

La jurisprudencia viene exigiendo en numerosas sentencias de las que se citan las del Tribunal Supremo de fecha 5 de junio de 2011 (Recurso. 158/2010), 24 de febrero de 2014 (Recurso: 268/2011) y 25 de junio de 2014 (Recurso: 198/2013), que para estimar este motivo es necesario que concurran los siguientes requisitos:

1º.- Que se señale con precisión cuál es el hecho afirmado, negado u omitido, que el recurrente considera equivocado, contrario a lo acreditado o que consta con evidencia y no ha sido incorporado al relato fáctico, sin que en ningún caso bajo esta delimitación conceptual fáctica puedan incluirse normas de derecho o su exégesis.

2º.- Que se ofrezca un texto alternativo concreto para figurar en la narración fáctica calificada de errónea, bien sustituyendo a alguno de sus puntos, bien complementándolos.

3º.- Que se citen pormenorizadamente los documentos o pericias de los que se considera se desprende la equivocación del juzgador, sin que sea dable admitir su invocación genérica, ni plantearse la revisión de cuestiones fácticas no discutidas a lo largo del proceso, debiendo identificarse el documento y señalar el punto específico del contenido de cada documento que pone de relieve el error alegado, razonando así la pertinencia del motivo, mediante un análisis que muestre la correspondencia entre la declaración contenida en el documento y la rectificación que se propone; señalando la ley que el error debe ponerse de manifiesto precisamente merced a las pruebas documentales o periciales practicadas en la instancia.

4º.- Que esos documentos o pericias pongan de manifiesto, el error de manera clara, evidente, directa y patente; sin necesidad de acudir a conjeturas, suposiciones o argumentaciones más o menos lógicas, naturales y razonables, de modo que sólo son admisibles para poner de manifiesto el error de hecho, los documentos que ostenten un decisivo valor probatorio, tengan concluyente poder de convicción por su eficacia, suficiencia, fehaciencia o idoneidad.

5º.- Que la revisión pretendida sea trascendente a la parte dispositiva de la sentencia, con efectos modificadores de ésta, pues el principio de economía procesal impide incorporar hechos cuya inclusión a nada práctico conduciría, si bien cabrá admitir la modificación fáctica cuando no siendo trascendente es esta instancia pudiera resultarlo en otras superiores.

Se accede a incorporar el referido texto, pero no como un nuevo ordinal sino como segundo párrafo del ordinal sexto, pues el folio 81 forma parte del Informe pormenorizado que en el ese ordinal dice que obra a los folios 79 y 80 del ramo de prueba de la parte demandada y que se tiene aquí por reproducido y concreta las actividades o programas en los que intervino el actor.

TERCERO. -El último motivo del recurso, formulado al amparo del apartado c) del artículo 193 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social denuncia la infracción del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores y el artículo 2 del Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.

Sostiene en síntesis el recurrente que las tareas que desempeño para el INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL ESTEBAN TERRADAS que figuran en la cláusula adicional primera de su contrato referidas a la gestión técnica de programas consistentes en 'Revisar los programas de Certificación encomendados y controlar las posibles desviaciones que puedan afectar a los objetivos previstos. Controlar las evidencias técnicas proporcionadas por el solicitante correspondiente al programa de Certificación y Calificación. Gestionar las limitaciones propias del programa de Certificación y Calificación. Comprobar las interfaces que hubiere entre los sistemas. Asistencia a las reuniones y grupos de Trabajo en relación con el programa. Supervisar el estándar de seguridad de la aeronave y de las Bases de Certificación. Preparar la documentación final del proceso de certificación. Comprobar el estándar de Diseño de Tipo, el estándar de seguridad de la aeronave. Dar apoyo a los representantes del INTA en organizaciones tanto nacionales como internacionales anteriores.', realizadas en el marco del contrato comercial suscrito entre INTA y EADS CASA (AIM), que tenía por objeto la certificación y calificación de aeronaves de EADS CASA (AIM) por la demandada entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 no identifican la obra o servicio al que el contrato se refiere, por tratarse de tareas que tal y como recoge el ordinal sexto del relato fáctico han llevado a cabo también por otros empleados funcionarios o laborales fijos del Área de Aeronavegabilidad y Departamento de Certificación de Aeronaves del INTA, que siguen participando en la ejecución de programas, no tratándose por ello de tareas que estén acotadas en el tiempo y no teniendo autonomía dentro de la actividad de la empresa, concluyendo que no se ha singularizado la obra o servicio, que además habría superado el plazo legal.

El Tribunal Supremo en sentencia de 04 de octubre de 2007 (Recurso: 1505/2006) señala que '1.- Con carácter general se mantiene por la jurisprudencia que para que un contrato sea verdaderamente temporal o de duración determinada, no basta con la expresión en el texto del mismo de tal carácter temporal y la duración concreta que se le asigna, sino que tiene que cumplir inexorablemente todos los requisitos y exigencias que la Ley impone ( SSTS 22/06/90 - ril -; - SG- 17/12/01 -rco 66/01 -; - SG- 17/12/01 -rco 68/01 -; y 23/09/02 -rcud 222/02 -). Y más en concreto, tratándose del contrato para obra o servicio determinado, la doctrina unificada señala -en pronunciamientos cuya vigencia viene determinada por la identidad de regulación, en este punto, de los RRDD 2104/1984 [21/Noviembre], 2546/1994 [29/Diciembre] y 2720/1998 [18/Diciembre]- que son, de necesaria concurrencia simultánea: a) que la obra o servicio que constituya su objeto, presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; c) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; y d) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquélla o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas (así, desde las SSTS 30/11/92 -rcud 54/92 -; 21/09/93 -rcud 129/93 -; 26/03/96 -rcud 2634/05 -; 05/12/96 -rcud 1875/96 -; 10/12/96 -rcud 1989/95 - y 30/12/96 -rcud 637/96 -, hasta las más recientes de 21/03/02 -rcud 1701/01-; 23/09/02 -rcud 222/02-; 25/11/02 -rcud 1038/02-; 22/10/03 -rcud 107/03-; 22/06/04 -rcud 4925/03-; 15/11/04 -rcud 2620/03-; 23/11/04 - rcud 4924/03-; 30/11/04 -rcud 5553/03-; 31/01/05 - rec. 4715/03-; 11/05/05 -rec. 4162/03-; 24/04/06 -rec. 2028/04-; y 22/02/07 -rcud 4969/04 -).

2.- Muy singularmente se ha destacado la esencialidad de la identificación, porque al resultar decisivo que se acredite la causa de la temporalidad, de ahí la trascendencia de que se cumpla la previsión legal -art. 2.2 a) de los RRDD citados- que impone la obligación de identificar en el contrato, con toda claridad y precisión, cuál es la obra concreta o el servicio determinado que lo justifican. 'Este requisito es fundamental o esencial pues, si no quedan debidamente identificados la obra o servicio al que el contrato se refiere, no puede hablarse de obra o servicio determinados [...]; y si falta esta concreción o determinación es forzoso deducir el carácter indefinido de la relación laboral correspondiente, por cuanto que, o bien no existe realmente obra o servicio concretos sobre los que opere el contrato, o bien se desconoce cuáles son, con lo que se llega al mismo resultado' ( SSTS 26/09/92 -rcud 2376/91 -; 21/09/93 -rcud 129/93 -; 26/03/96 -rcud 2634/95 -; 14/03/97 -rcud 3660/96 -; 16/04/99 - rcud 2779/98 -; 31/03/00 -rcud 2908/99 -; 18/09/01 -rcud 4007/00 -; 21/03/02 -rcud 1701/01 -; 25/11/02 -rcud 1038/02 -; 22/06/04 -rcud 4925/03 -; 23/11/04 -rcud 4924/03 -; y 30/06/05 -rec. 2426/04 -).

3.- Y aunque se ha mantenido que el contrato para obra o servicio determinado se caracteriza - entre otras notas- porque la actividad a realizar por la empresa responde a necesidades autónomas y no permanentes de la producción, por lo que no cabe el recurso a esta modalidad contractual para ejecutar tareas de carácter permanente y duración indefinida en el tiempo, que han de mantenerse y perdurar por no responder a circunstancias excepcionales que pudieran conllevar su limitada duración, sino que forman parte del proceso productivo ordinario, de forma que ello acarrea que la contratación ha de reputarse fraudulenta [ art. 6.4 CC ] y que, consecuentemente, según lo dispuesto en el art. 15.3 ET , la primitiva relación laboral es indefinida ( SSTS 01/10/01 -rcud 3286/00 -; 22/04/02 -rcud 1431/01 -; y 22/02/07 -rcud 4969/04 -), sin embargo en el marco de las contratas y de empresas auxiliares, rectificando inicial criterio restrictivo ( SSTS 26/09/92 -rcud 2376/91 -; 17/03/93 -rcud 2461/91 -; 10/05/93 -rcud 1525/92 -; y 04/05/95 -rcud 2382/94 -), la vigente doctrina unificada admite la celebración de contrato para obra o servicio cuyo objeto sea la realización de actividad contratada con un tercero por tiempo determinado, extendiéndose su duración por el tiempo que abarca la contrata, aunque su celebración no esté expresamente prevista en el convenio colectivo, pero siempre que no medie fraude interpositorio ( SSTS 15/01/97 -rcud 3827/95 -; 25/06/97 -rcud 4397/96 -; 08/06/99 -rcud 3009/98 -; y 20/11/00 -rcud 3134/99 -); y aunque en tales casos es claro que no existe un trabajo dirigido a la ejecución de una obra entendida como elaboración de una cosa determinada dentro de un proceso con principio y fin, y tampoco existe un servicio determinado entendido como una prestación de hacer que concluye con su total realización, a pesar de ello existe una necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida, y ésa resulta - es importante subrayarlo- una limitación conocida por las partes en el momento de contratar y que opera, por tanto, como un límite temporal previsible en la medida en que el servicio se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga éste. Y al efecto se aduce que 'no cabe argumentar que la realización de este tipo de trabajos constituye la actividad normal de la empresa, porque esa normalidad no altera el carácter temporal de la necesidad de trabajo, como muestra el supuesto típico de este contrato [las actividades de construcción]. Y tampoco es decisivo para la apreciación del carácter objetivo de la necesidad temporal de trabajo el que éste pueda responder también a una exigencia permanente de la empresa comitente, pues lo que interesa aquí es la proyección temporal del servicio sobre el contrato de trabajo' ( SSTS 24/09/98 -rcud 1285/98 -; 18/12/98 -rcud 1767/98 -; 28/12/98 -rcud 1766/98 -; 08/06/99 -rcud 3009/98 -; 22/10/03 -rcud 107/03 -; 15/11/04 -rcud 2620/03 -; 30/11/04 -rcud 5553/03 -; 04/05/06 - rcud 1155/05 -; 06/10/06 -rcud 4243/05 -; y 02/04/07 -rcud 444/06 -).'.

En el presente caso entendemos que como señala el recurrente el contrato temporal suscrito lo ha sido en fraude de ley porque tal y como se ha señalado este tipo de contrato temporal exige que queden debidamente identificados la obra o servicio al que el contrato se refiere, convirtiendo en indefinido de la relación laboral esa falta esta concreción o determinación, pues la actividad contratada por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL se corresponden con las funciones de ese organismo tal que recoge el artículo 7 del Real Decreto 925/2015, de 16 de octubre, por el que se aprueba el Estatuto del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial 'Esteban Terradas' 'l) La certificación de material de defensa tanto a nivel nacional como para apoyo a la exportación, con arreglo a la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios.', y la empresa EADS CASA (AIM) es la única empresa aeronáutica militar que hay en España, por lo que necesariamente tendrá que realizar todas o prácticamente todas certificaciones de aquella y aunque es cierto que se puede acudir a esta modalidad contractual para ejecutar tareas de carácter permanente y duración indefinida en el tiempo en el marco de las contratas y en estos casos resulta indiferente que este tipo de trabajos constituya la actividad normal de la empresa, porque esa normalidad no altera esa necesidad de trabajo temporalmente limitada para la empresa y objetivamente definida, no es posible aceptarlo en los términos genéricos de este caso, otra cosa hubiera sido que se hubiera suscrito la contrata y como consecuencia el contrato del actor para alguno o algunos de los programas concretos a los que alude el párrafo sexto que se ha incorporado al relato fáctico, pero no para actividades certificación genéricas, a lo que hay que añadir que todos los programas en los que participó el actor habrían concluido en 2017, cuando resulta que el fue cesado en el mes de diciembre de 2018 y el único que se prolongó más allá de esa fecha tenía prevista su finalización en octubre de 2019, es decir, con posterioridad al cese del actor y además el contrato se prolongó más allá del plazo legalmente previsto, por todo lo cual se debe concluir que el actor estaba vinculado con la demandada por una relación laboral indefinida no fija por haber sido suscrito el contrato en fraude de ley y por ello el cese constituye un despido improcedente, debiendo tenerse por realizada la opción por la empresa que en el acto del juicio manifestó que optaba por la indemnización y lo reitera en el recurso - artículo 110 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social-, de la que se descontará la suma percibida en concepto de indemnización por la extinción del contrato temporal, pues como señala la Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de junio de 2018 (Recurso: 3510/2016) que matiza la recogida por el mismo Tribunal en la anterior sentencia de 9 de octubre de 2006 (Recurso: 1803/2005), si bien las indemnizaciones obtenidas tras cada extinción de contratos suscritos con carácter temporal que se han transformado, por existir fraude en indefinidos deben entenderse neutralizadas cuando el empleador persiste en la suscripción de vínculos temporales para tareas tildadas de permanentes, cabe la detracción sobre la indemnización abonada por extinción del último contrato temporal que ha sido objeto de la acción de despido.

VISTOSlos anteriores preceptos y los demás de general aplicación,

Fallo

Estimamos en parte el recurso de suplicación interpuesto por don Modesto , contra la sentencia de 5 de junio de 2019 dictada por el Juzgado de lo Social número 6 de los de Madrid de, en autos número 75/2019 , seguidos a instancia del recurrente contra el INSTITUTO NACIONAL DE TECNICA AEROESPACIAL, en materia de despido y en su consecuencia revocamos en parte aquélla, y con estimación en parte de la demanda declaramos que el cese del demandante constituye un despido improcedente y condenamos a la demandada a estar y pasar por la precedente declaración y a indemnizar al actor en la cantidad de 15.040, 85 euros, de la que se detraerá la suma de 5.122,32 € por la finalización de su contrato ya satisfecha, ascendiendo el total adeudado a 9.918, 53 Sin costas.

Incorpórese el original de esta sentencia, por su orden, al Libro de Sentencias de esta Sección de Sala.

Expídanse certificaciones de esta sentencia para su unión a la pieza separada o rollo de suplicación, que se archivará en este Tribunal, y a los autos principales.

Notifíquese la presente sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal Superior de Justicia.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se hace saber a las partes que contra esta sentencia cabe interponer recurso de casación para la unificación de doctrina que ha de prepararse mediante escrito presentado ante esta Sala de lo Social dentro del improrrogable plazo de DIEZ DÍAS hábiles inmediatos siguientes a la fecha de notificación de esta sentencia. Siendo requisito necesario que en dicho plazo se nombre al letrado que ha de interponerlo. Igualmente será requisito necesario que el recurrente que no tenga la condición de trabajador ,causahabiente suyo o beneficiario del Régimen Publico de la Seguridad Social o no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita, acredite ante esta Sala al tiempo de preparar el recurso haber depositado 600 euros, conforme al artículo 229 de la LRJS, y consignado el importe de la condena cuando proceda, presentando resguardos acreditativos de haber efectuado ambos ingresos, separadamente en la cuenta corriente nº 2828-0000-00-0713-19 que esta sección tiene abierta en BANCO DE SANTANDER sita en PS. del General Martinez Campos, 35; 28010 Madrid, pudiendo en su caso sustituir la consignación de la condena en metálico por el aseguramiento de la misma mediante el correspondiente aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por la entidad de crédito ( art.230.1 L.R.J.S).

Se puede realizar el ingreso por transferencia bancaria desde una cuenta corriente abierta en cualquier entidad bancaria distinta de BANCO DE SANTANDER. Para ello ha de seguir todos los pasos siguientes:

Emitir la transferencia a la cuenta bancaria siguiente: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274. En el campo ordenante, se indicará como mínimo el nombre o razón social de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible, el nif /cif de la misma. En el campo beneficiario, se identificará al juzgado o tribunal que ordena el ingreso. En el campo 'observaciones o concepto de la transferencia', se consignarán los 16 dígitos que corresponden al procedimiento 2828-0000-00-0713-19.

Una vez adquiera firmeza la presente sentencia, devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de su procedencia, dejando de ello debida nota en los Libros de esta Sección de Sala.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.