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Última revisión
19/08/2021
Sentencia SOCIAL Nº 137/2021, Juzgado de lo Social - Murcia, Sección 6, Rec 284/2020 de 21 de Abril de 2021
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Orden: Social
Fecha: 21 de Abril de 2021
Tribunal: Juzgado de lo Social Murcia
Ponente: CLAVO GARCIA, MARIA TERESA
Nº de sentencia: 137/2021
Núm. Cendoj: 30030440062021100018
Núm. Ecli: ES:JSO:2021:1511
Núm. Roj: SJSO 1511:2021
Encabezamiento
SENTENCIA: 00137/2021
UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO
AVDA. DE LA JUSTICIA, S/N - CIUDAD DE LA JUSTICIA - FASE I - 30011 MURCIA -DIR3:J00001068
Equipo/usuario: L
Modelo: N02700
Procedimiento origen: /
Sobre: DESPIDO
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
En MURCIA, a 21 de abril de 2021.
Vistos en juicio oral y público por la Iltma. Sra. Dª. Mª. Teresa Clavo García, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social número Seis de Murcia, los presentes autos con el número anteriormente referenciado, sobre DESPIDO, seguidos a instancia de Dª. Piedad, representada por el Letrado D. Angel Hernández Martín, contra la empresa 'Tana, S.A.', representada por el Letrado D. Juan Antonio Gálvez Peñalver, con citación del Fondo de Garantía Salarial, no comparecido, y con citación del Ministerio Fiscal, representado por el Ilmo. S. Fiscal D. Antonio Vivo, se procede a dictar la presente Resolución.
Antecedentes
Hechos
En la referida Escritura la demandante es nombrada Consejera Delegada, delegándose en la misma todas las facultades legales y estatutarias del Consejo de Administración.-
.
Fundamentos
El Ministerio Fiscal manifestó que se reservaba su derecho a informar en fase de conclusiones, e interesó el recibimiento del pleito a prueba. En fase de conclusiones interesó se declarase la incompetencia de la jurisdicción social al no existir relación laboral entre la demandante y la mercantil demandada.-
Y al efecto, es de indicar que de sobra es sabido que existe relación laboral cuando concurren los siguientes requisitos; ajeneidad, retribución y dependencia a los que se refiere el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, esto es, que la prestación de servicios retribuidos se realice dentro del ámbito organizativo y rector de la empresa.-
El art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores dispone que 'la presente ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona física o jurídica, denominada empleador y/o empresario.-
Por su parte el art. 8.1 del mismo cuerpo legal determina que el contrato de trabajo se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y del que lo recibe a cambio de una retribución.-
Y determinado lo anterior, hemos de partir de la base de que la relación laboral existe, como indica el Tribunal Supremo entre otras, en Sentencia, de 15 de febrero de 1988, desde el momento en que dos partes coinciden en que una de ellas, trabajador, prestará sus servicios a la otra, empresario, dentro de su ámbito de organización y dirección, y este le abonará la retribución convenida.
Son cuatro, pues, los elementos que configuran la relación laboral, a saber, voluntariedad, retribución, ajeneidad y dependencia como al efecto lo proclaman innumerables Sentencias del Tribunal Supremo, entre otras, Sentencias de 7 de mayo de 1987 y 27 de mayo de 1992.-
Y en relación a tales requisitos, y siguiendo la doctrina al efecto establecida por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictada el 28 de abril de 2000, es de indicar:
-La nota de la voluntariedad aparece reflejada en el art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores para excluir de su régimen a las prestaciones personales obligatorias.-
-Respecto a la retribución, constituye un elemento que si bien es común a la mayoría de los contratos permite distinguir la relación jurídico laboral de otras figuras de prestación de servicios basados en la mera liberalidad o en la costumbre, esto es, lo que los apartados d) y e) del párrafo 3 de dicho precepto llama trabajos de amistad, benevolencia, buena vecindad y familiares.-
-La ajeneidad consistente en la atribución 'ab initio' de los frutos del trabajo al empresario, esto es, que el producto de aquel no pertenece al operario sino que directamente se incorpora al patrimonio del empleador. En palabras del Tribunal Supremo se trabaja para otro, no por cuenta de otro, quedando así esta idea enlazada con la de la asunción del riesgo.-
-La dependencia, equiparada comunmente con la subordinación, supone la sujeción del trabajador a las órdenes del empleador- por supuesto dentro del ámbito estricto del objeto de la prestación., como dispone el art. 5 c) y dentro del ámbito estricto de organización y dirección de otra persona física o jurídica ( art.1.1 del Estatuto de los Trabajadores), y que la doctrina científica denomina nota o criterio de dependencia.-
Así pues, y como indica la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco de 17 de marzo de 1998, quien invoque la existencia de una relación laboral debe de acreditar los siguientes extremos básicos: realización de un quehacer productivo para el empresario, sometido al criterio rector de este y percepción de una cantidad remuneratoria del mismo. Si no se prueban esas realidades no puede operar la presunción del art. 8.1 del Estatuto de los Trabajadores, teniendo en cuenta la reiterada doctrina plasmada por el Alto Tribunal, que ha venido a señalar que sólo puede afirmarse la existencia de un contrato de trabajo cuando en la relación jurídica se localizan las notas de voluntariedad, retribución, servicio por cuenta ajena y sobre todo la integración en una empresa, de forma tal que la actividad voluntaria y retribuida para otro se produzca dentro del ámbito de organización y dirección de quien paga los salarios que es el empleador o empresario.-
Por su parte, el Real Decreto 1382/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral de carácter especial del personal de alta dirección en su art. 1.2 previene que se considerará personal de alta dirección a aquellos trabajadores que ejercitan poderes inherentes s la titularidad jurídica de la empresa, y relativos a objetivos generales de la misma, con autonomía y plena responsabilidad sólo limitadas por los criterios e instrucciones directas emanadas de la persona o de los órganos superiores de gobierno y administración de la Entidad que respectivamente ocupe aquella titularidad.-
Sentados tales parámetros, qué duda cabe que en las presentes actuaciones, debe de tener favorable acogida la excepción de falta de competencia de la jurisdicción laboral que invoca la entidad demandada, al no concurrir los requisitos anteriormente expuestos, ya que de lo expuesto y la prueba practicada, esta Juzgadora entiende que no existe entre las partes litigantes relación laboral alguna, pues la demandante lejos de ser una trabajadora asalariada que prestaba sus servicios por cuenta y orden de la empresa demandada o un personal de alta dirección, perteneció al Consejo de Administración de la misma, en el que fue Consejera Delegada, Presidenta y Vicepresidenta, siendo, además; junto con el resto de familiares (habida cuenta que la mercantil demandada era una empresa de carácter familiar integrada por los miembros de tres familias); socia y accionista, sin que ninguno de los mismos, incluida la demandante, tuviesen una participación social superior al 15%, junto a todo ello, es de destacar que la actora no sólo representaba legalmente a la sociedad realizando contratos en su nombre o contratando personal asalariado, sino que también ejercía poderes de dirección y control como miembro del Consejo de Administración, ya que este no era un órgano meramente consultivo, sino ejecutivo, sin que ni el hecho de que firmase un contrato en el que figura que la categoría profesional de la demandante era de 'economista', ni el que estuviese encuadra en la Seguridad Social en situación asimilada a trabajadora, ni en que las nóminas constase que era Directora Financiera, ni se retribuyese el cargo de Consejera es óbice a nada de lo expuesto, pues nada de ello acredita que existiese dependencia o subordinación al círculo rector de la empresa, nota o requisito esencial que ha de presidir toda relación laboral.-
En consecuencia, y como ya se anticipado, la excepción esgrimida por la empresa demandada debe de ser estimada.-
Resulta exponente, de lo indicado la doctrina establecida por La Sala de Social del Tribunal Supremo en Sentencia, entre otras, dictadas, en fechas 29-9-1998, 21 de mayo, 13 de mayo y 3 de junio y 18 de junio de 1991, 27-2-92, 11 de marzo de 1994, 22-12-1994, 16-6-98, 20-11-2002 y 26-12-07 y que han establecido que 'en supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias del Consejo de Administración de la sociedad, y de alta dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la calificación de la relación laboral como mercantil o laboral, no es el contenido de las funciones que se realizan sino la naturaleza del vínculo...., por lo que si existe una relación de integración orgánica, en el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que conlleva a que, como regla general, sólo en caso de relaciones de trabajo en régimen de dependencia, pero no calificables de alta dirección son comunes, cabría admitir el desempeño de cargos de administración de la sociedad y de una relación de carácter laboral'.-
Asimismo, La Sentencia dictada por La Sala de Lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma Valenciana dictada en fecha 4 de marzo de 2008 declara al respecto de esta cuestión lo siguiente: 'Para tal cuestión es necesario examinar la doctrina jurisprudencial en la materia. Esta aparece expuesta en múltiples Sentencias del Tribunal Supremo, entre las que se puede destacar por su carácter reciente y glosa que realiza de los anteriores pronunciamientos la dictada en fecha 20-11-2002, que obliga a revisar el sentido de algunos pronunciamientos dictados por esta misma Sala en supuestos semejantes en que se había defendido la relación de laboralidad. Se dice en ella lo siguiente 'las sentencias de 2 de enero ( J 1991,65), 13 de mayo (RJ 1991, 3906) y 3 de junio (RJ 1991, 5123) y 18 de junio de 1991 ( RJ 1991, 5152), 27-1-92 (rec. 1368/1991 [RJ 1992,76]) y 11 de marzo de 1994 (rec. 1318/1993 [RJ 1994, 2287]), han establecido que en supuestos de desempeño simultáneo de actividades propias del Consejo de Administración de la Sociedad, y de alta dirección o gerencia de la empresa, lo que determina la calificación de la relación como mercantil o laboral, no es el contenido de las funciones sino la naturaleza del vínculo, por lo que si existe una relación de integración orgánica, en el campo de la administración social, cuyas facultades se ejercitan directamente o mediante delegación interna, la relación no es laboral, sino mercantil, lo que conlleva como regla general, sólo en los casos de relaciones de trabajo, en régimen de dependencia, no calificables de alta dirección, sino como comunes, cabría admitir el desempeño simultáneo de cargos de administración de la Sociedad y una relación de carácter laboral.-
Pues como se desprende de los hechos probados en la sentencia de instancia, se desprende, que la actora, desde junio de 1995, es accionista de la sociedad, junto con su padre y hermanos, que la actora desde octubre -95 formaba parte del Consejo de Administración, que en junio -96 es nombrada Consejera Delegada, con facultades solidarias junto con otros dos miembro del Consejo, que en mayo -00 es nombrada, además, Presidenta de la Junta General de Accionistas, que en febrero-01 la actora y uno de sus hermanos son nombrados Consejeros Delegados solidarios, que en marzo-01 se nombra administrador único a uno de sus hermanos, que en junio -01 se nombra a la actora y a uno de sus hermanos administradores solidarios, que en junio-02 se cesa a los administradores solidarios y la actora es nombrada miembro del Consejo de Administración, que en noviembre de-02 se le otorgan facultades mancomunadas, acordándose que la actuación del órgano de administración sea retribuida, que en junio-06, se nombra a la actora y a uno de sus hermanos, administradores mancomunados hasta el 2-5-07 en que los accionistas aprueban la venta de la nave y nombran administrador único al Sr. Dionisio, que la parte actora tenía una participación social de 1,391% hasta el 16-12-02 en que asume el 16,23%, ostentando actualmente el 25%.-
Siendo éstos los hechos básicos declarados probados por la sentencia recurrida, la conclusión a la que se alcanza es que la relación laboral que la actora mantenía con la empresa no puede ser calificada como laboral. En efecto, como se dice en la sentencia del Tribunal Supremo de 22-12-1994 (recurso 2889/1993 [RJ 1994,10221]) al interpretar el art. 1.3 c) del Estatuto de los Trabajadores (RCL 1995, 9979 ' hay que tener en cuenta que las actividades de dirección, gestión, administración y representación de la sociedad son las actividades típicas y específicas de los órganos de administración de las compañías mercantiles, cualquiera que sea la forma que estos revistan, bien se trate de Consejo de Administración, bien de dirección, bien de cualquier otra forma admitida por la Ley, y así en el ámbito de la sociedad anónima, los órganos de esta clase, que se comprendían en los artículos 71 a 83 de la Ley de 17 de julio de 1951 (RCL 1951, 811, 9459) y actualmente se recogen en los artículos 123 a 143 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas aprobado por Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre (RCL 1989, 2737 y RCL 1990, 2069), tienen precisamente como función o misión esencial y características la realización de esas actividades, las cuales están residenciadas fundamentales en tales órganos, constituyendo su competencia particular y propia.-
Por ello, es equivocado y contrario a la verdadera esencia de los órganos de administración de la sociedad entender que los mismos se han de limitar a llevar a cabo funciones meramente consultivas o de simple consejo u orientación, pues, por el contrario, les compete la actuación directa y ejecutiva, el ejercicio de la gestión, la dirección y la representación de la compañía. Por consiguiente, todas estas actuaciones comportan 'la realización de cometidos inherentes' a la condición de administradores de la sociedad, y encajan plenamente en el 'desempeño del cargo de consejero o miembro de los órganos de administración en las empresas que revistan la forma jurídica de sociedad' de ahí que se encardinen en el mencionado artículo 1.2 c) del Estatuto de los Trabajadores 8RCL 1995,997)'. En definitiva, pues, siendo que en el presente caso la actora reúne las condiciones de Consejera Delegada hasta marzo-01, y nuevamente desde junio-01 hasta junio-02, continuando formando parte del Consejo de Administración, con facultades mancomunadas desde noviembre-02, y administradora mancomunada desde junio-06 hasta mayo-07, con participación en la sociedad familiar junto con sus hermanos, con las facultades atribuidas al órgano de administración de la sociedad, en los periodos indicados, no se puede entender que la relación que le unía con la empresa demandada fuera de naturaleza laboral, sino mercantil, lo que supone que el orden jurisdiccional social no es el competente para conocer las cuestiones litigiosas que, como la presente, se susciten entre ambas partes, y en consecuencia, el recurso deberá de ser desestimado, y la sentencia de instancia confirmada'.-
Fallo
Que estimando la excepción de incompetencia de la jurisdicción laboral esgrimida por la entidad 'Tana, S.A.', debo declarar y declaro la falta de competencia de este Juzgado para conocer las pretensiones de la presente Litis, y en consecuencia, debo desestimar y desestimo en la instancia, sin entrar a conocer sobre el fondo de la litis, la demanda interpuesta Dª. Piedad contra la empresa 'Tana, S.A.', absolviendo a esta última de todas las pretensiones deducidas en su contra.-
Hágase saber a la parte actora que podrá hacer uso de sus derechos en el orden jurisdiccional competente.-
Incorpórese la presente Sentencia al libro correspondiente, expídase testimonio para su unión a los autos, y hágase saber a las partes que contra ella cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia. Este recurso, en su caso, habrá de anunciarse ante este Juzgado en el plazo de cinco días, a contar desde el siguiente al de su notificación, debiendo señalarse un domicilio en Murcia a efectos de notificaciones.-
Y en cuanto a la condenada al pago, para hacer uso de este derecho, siempre que no fuere trabajador, o beneficiario del Régimen Público de la Seguridad Social, o causahabiente suyo, deberá ingresar las cantidades a que el fallo se contrae, en la cuenta abierta en este Juzgado ante la entidad bancaria 'Banco de Santander' y a disposición del mismo, acreditándolo mediante el oportuno resguardo de ingreso en el momento del anuncio del recurso, o formalizar aval bancario por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, sin cuyo requisito no le será admitido el recurso; y, asimismo, al interponer el citado recurso, deberá constituir un depósito de TRESCIENTOS EUROS (300 euros) en la cuenta abierta bancaria. En todo caso, el recurrente deberá designar letrado para la tramitación del Recurso.-
Así por esta mi Sentencia la pronuncio, mando y firmo.-