Sentencia SOCIAL Nº 172/2019, Juzgado de lo Social - Ávila, Sección 1, Rec 462/2019 de 11 de Diciembre de 2019

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 1

AVILA

SENTENCIA: 00172/2019

-

C/RAMON Y CAJAL N 1 (ESQUINA VALLESPIN)

Tfno:920359030 920359031

Fax:920359009

Correo Electrónico:

Equipo/usuario: AGA

NIG:05019 44 4 2019 0000470

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000462 /2019

Procedimiento origen: /

Sobre: DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña: Socorro

ABOGADO/A:MANUEL CARLOS MARTIN DELGADO

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO

ABOGADO/A:

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

SENTENCIA

En la ciudad de Ávila, a once de diciembre de dos mil diecinueve.

Vistos por mí, Ángel Marcos Gómez Aguilera, Juez sustituto del Juzgado de lo Social nº 1 de Ávila, los presentes autos de Despido nº 462/19, seguidos a instancia de Dª Socorro, asistido del letrado D. Manuel Carlos Martín Delgado, contra AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO, representado por la Procuradora Doña Beatriz González Fernández, y asistido del letrado D. Julián Cachón Hernando, sobre Despido, en los que constan los siguientes,

Antecedentes

PRIMERO.- Tuvo entrada en este Juzgado demanda suscrita por la parte actora Socorro contra AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO en la que, después de alegar los hechos y fundamentos de derecho que consideró le asistían, terminó suplicando que se dictara sentencia por la que se declare la nulidad o subsidiariamente la improcedencia del despido.

SEGUNDO.- Señalados día y hora para la celebración de los actos de conciliación y juicio, éstos tuvieron lugar el día 03.12.2019, compareciendo ambas partes. En trámite de alegaciones la parte actora se afirmó y ratificó en su escrito de demanda, y la parte demandada se opuso a la demanda solicitando la desestimación de la misma. Se practicaron a continuación las pruebas propuestas y admitidas, consistentes en interrogatorio de parte demandada y documental, propuesta por la parte demandante; y documental propuesta por la parte demandada. En conclusiones las partes sostuvieron sus puntos de vista y solicitaron de este Juzgado que se dictase una Sentencia de conformidad con sus pretensiones, quedando los autos vistos para sentencia.

TERCERO.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales.

Hechos

PRIMERO.-Que Dª Socorro ha venido prestando servicios para la parte demandada mediante la suscripción de un contrato temporal de obra o servicio determinado, a tiempo completo, desde la fecha de 11 de marzo de 2013, con la categoría profesional de vigilante/ordenanza y con un salario de 1.174,13 euros al mes, que incluye el salario base fijo (1.006,40) más la prorrata de pagas extraordinarias (167,73) (Documento 1 de la demanda).

Desde 1 de septiembre de 2018 a 10 de septiembre de 2019, la demandante ha percibido 449,61 euros de incentivos, lo que supone una media mensual de 37,47 Euros en los últimos doce meses. (Nominas aportadas por la demandada).

En las nóminas de enero de 2019 a mayo de 2019 la demandante percibió el Plus de Productividad establecido en Convenio Colectivo en la cuantía de 50 euros al mes. Total plus productividad: 250 euros, que prorrateado en doce meses computa la cantidad de 20,83 euros de media mensual.

SEGUNDO.-Que en fecha de 27 de agosto de 2019 se hace entrega a la demandante por la demandada de una carta en la que se indica en su primer párrafo: 'Que el próximo día 10 de septiembre de 2019 finaliza el contrato de trabajo de duración determinada a tiempo completo suscrito con Ud en fecha 11/03/2013, y por una duración total de 66 meses y por el motivo de fecha fin de contrato a término'(Documento unido a la demanda)

TERCERO.-Que a la relación laboral le es de aplicación el convenio colectivo de personal laboral del Excmo. Ayuntamiento de El Tiemblo, aprobado por Resolución de fecha 29 de junio de 2004 de la oficina territorial de Trabajo de Ávila (BOPA de 14 de julio de 2004). Documento 1 de la demandante.

CUARTO.-Que con fecha de 31 de julio de 2019 la demandante a instancias de la demandada causó baja en la empresa y recibió la cantidad de 3718,10 euros netos en pago de finiquito de la relación laboral(aportado como documental por la parte demandada).

QUINTO.-Que la demandante suscribió 1ª prórroga del contrato de trabajo con fecha de 10/09/2013 con una duración de la misma hasta la fecha de 10/09/2014. Con fecha de 10/09/2014 suscribió 2ª prórroga hasta la fecha de 10/09/2015. Con fecha de 10/09/2015 suscribió 3ª prórroga hasta la fecha 10/09/2016. Con fecha de 10/09/2016 suscribió 4ª prórroga hasta la fecha de 10/09/2017. Con fecha de 9/09/2017 suscribió 5ª prórroga hasta la fecha de 10/09/2019 (Documentos de prórroga de contrato acompañados a la demanda).

SEXTO.- Que el contrato de trabajo de la demandante es el de 'servicio de vigilancia de centro médico y ordenanza dependencias municipales'. (Contrato de trabajo acompañado a la demanda).

SEPTIMO.-La demandante no ostenta la condición de representante legal de los trabajadores ni se encuentra afiliada a ningún sindicato. (Hecho no controvertido).

Fundamentos

PRIMERO.- En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97.2 LRJS se hace constar que los anteriores hechos probados son el resultado de la valoración de la prueba documental practicada en el acto del juicio. Y más concretamente en cuanto a lo reflejado en el hecho primero, la antigüedad y categoría, se debe estar a lo efectivamente manifestado en la demanda, puesto que se trata de un hecho pacífico.

En lo que respecta al salario regulador a efectos del despido se ha de estar al salario realmente recibido por el demandante, y consistente en la suma del salario base y prorrata de pagas extras, que con carácter fijo, percibe la demandante todos los meses, en la cuantía de 1.174,13 euros, más la suma de la media mensual de los incentivos percibidos en los último doce meses, esto es, la cantidad de 37,47 euros, a lo que hay que adicionar la prorrata mensual del plus de productividad percibido por la trabajadora, esto es la cantidad de 20,83 euros. El total de la base reguladora a efectos del despido es de 1.232,43 euros/mes. No se computa a estos efectos el plus de transporte ni el plus de mantenimiento por cuanto se reconoce en el artículo 9 de Convenio Colectivo que dichos conceptos son complementos extrasalariales.

El cómputo de los incentivos se realiza en atención a la doctrina jurisprudencial consolidada sobre el pago en nómina de distintos incentivos o complementos en función del tiempo trabajado al mes (STSJ (Gra) Andalucía de 7 de febrero de 2019 -EDJ 2019/563716-, que aplica la doctrina del STS 27-9-2004, STS de 26-1-2006, R. 3813/2004 (FJ 5º)).

Los hechos probados segundo a sexto se coligen de la documental aportada por la demandante, así como finiquito aportado por la demandada. Sin perjuicio de que son hechos pacíficos.

El hecho probado quinto se infiere del contenido del informe emitido por la sección de personal del Ayuntamiento demandado (documento 1 de la demandada).

El hecho probado sexto, relativo a las diversas funciones, en distintos puestos de trabajo desempeñados por la demandante, se extrae de la valoración de la prueba testifical de la Sra. Socorro, pues la misma, que ha venido prestando servicios durante 10 años para el Ayuntamiento, ha coincidido en el tiempo con la demandante.

El hecho séptimo no es objeto de controversia.

SEGUNDO.-Es objeto de la presente litis el examen sobre la procedencia de la decisión extintiva llevada a cabo por la demandada del contrato de trabajo suscrito con la demandante, y basado en la comunicación efectuada por la demandada en fecha de 27 de agosto de 2019 con efectos del 10 de septiembre de 2019.

De manera previa se hace constar que si bien la demandante en su demanda solicita la nulidad del despido lo cierto es que no se argumenta nada en lo relativo a dicha calificación pretendida, ni consta indicio alguno entre los hechos probados por lo que proceda valorar la posible nulidad del despido (art. 55.5 TRET). Por lo que en base a ello no se acoge la pretensión de nulidad del despido.

Limitado el asunto a la pretendida por la demandante calificación de la improcedencia de la decisión extintiva se ha de estar a la posible existencia de fraude de ley en la contratación temporal de la demandante, así como a las causas de la contratación temporal (art. 15 TRET). La parte demandante sostiene que la improcedencia del despido deriva de la contratación de la demandante, que fue realizada por el Ayuntamiento en fraude de ley. A lo que se opone la parte demandada. Lo que obliga a examinar el contrato de trabajo puesto que de sobra es conocido que en la contratación temporal debe derivar de una causa tasada y conforme a la regulación legal del contrato temporal. Pues de lo contrario se ha de concluir que la relación laboral es de carácter indefinido, no siendo, en consecuencia, conforme a Derecho la extinción del contrato si el mismo no cumple con su correspondiente regulación legal.

Todo ello conforme con el artículo 15 TRET en relación con el artículo 6.4 del Código Civil. Y en interpretación de los artículos citados cabe mencionar la jurisprudencia consolidada, como la que se contiene en la STS de 25 de enero de 2011: ' La doctrina de la Sala en orden a los requisitos de la contratación temporal, se plasmaron, entre otras, en la sentencia de 21 de marzo de 2002 (rec. 2456/2001 ) en los siguientes términos: 'La validez de cualquiera de las modalidades de contratación temporal causal, por el propio carácter de esta, exige en términos inexcusables, que concurra la causa objetiva específicamente prevista para cada una de ellas. Lo decisivo es, por consiguiente, que concurra tal causa. Pero la temporalidad no se supone. Antes al contrario, los artículos art. 8.2 y 15.3 del ET , y 9.1 del Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre que lo desarrolla, establecen una presunción a favor de la contratación indefinida. De ahí que en el apartado 2.a) de los artículos 2 , 3 y del R.D citado , se imponga la obligación, en garantía y certeza de la contratación temporal causal, de que en el contrato se expresen, con toda claridad y precisión, los datos objetivos que justifican la temporalidad: la obra o servicio determinado, las circunstancias de la producción, o el nombre del trabajador sustituido y la razón de la sustitución'.

Se deduce del hecho primero de la demanda, y del propio contrato de trabajo aportado a las actuaciones, que el mismo se celebró bajo la modalidad de contrato de obra o servicio determinado para la realización de los servicios de 'de vigilancia de centro médico y ordenanza dependencias municipales' (documento 1 de la demandante), por un tiempo INICIAL DE 6 meses. Si bien posteriormente se suscribieron hasta cinco prórrogas, situando la duración del contrato de trabajo de obra o servicio determinado en 66 meses.

A la vista de lo anterior se dan dos circunstancias fácticas que permiten concluir que el contrato de trabajo formalizado no es conforme a la regulación legal específica del contrato de obra o servicio determinado, según la exigencia que impone el artículo 15 TRET, como es la necesidad de sustantividad propia y de duración incierta. Pues las labores a desempeñar para un municipio como el que gestiona el Ayuntamiento de El Tiemblo son labores que constituyen una de las actividades principales de dicho ente local conforme dispone la Ley de Bases de Régimen Local (incluida la vigilancia de las dependencias municipales, en el contrato aportado por la demandante se específica los servicios de vigilancia de un centro médico y de ordenanza municipal). Por lo que las funciones contratadas no son una actividad con sustantividad propia susceptibles de un contrato de obra o servicio determinado. Que, por otro lado, dicha actividad mal compagina con una fecha cierta de 6 meses, como la que se estipula en el contrato. Máxime si tenemos en cuenta que la relación contractual se mantuvo durante 66 meses, -superando el tope máximo de la contratación temporal. Sin perjuicio, además, de que el fin del servicio no se ha producido ( art. 26.a) del Convenio Colectivo del Ayuntamiento de El Tiemblo).

Por lo que procede acoger la pretensión de declaración de la improcedencia de la decisión extintiva en tanto que el contrato de obra o servicio determinado se hizo en fraude de ley. Por lo tanto, la relación contractual se considera de duración indefinida. Por consiguiente, la decisión tomada por la demandada de poner fin al contrato por 'fin del término' no es ajustada a Derecho.

Como consecuencia de lo anterior, y por virtud de lo establecido en los artículos 56.1 del T.R.E.T. y 108 de la L.R.J.S., procede calificar el despido como improcedente, con efectos de la fecha de 10 de septiembre de 2019, con las consecuencias inherentes a dicha calificación que se concretan en el fallo de la presente Sentencia.

TERCERO.-Que de conformidad con el artículo 191 de la LRJS, contra la presente Sentencia cabe interponer Recurso de Suplicación.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación

Fallo

Que estimando como estimo la demandainterpuesta por la parte actora Dª Socorro frente a la parte demandada AYUNTAMIENTO DE EL TIEMBLO, sobre despido, debo declarar y declaro la improcedencia del mismo, con efectos de 10 de septiembre de 2019, condenando a la parte demandada a que, a su opción, readmita a la parte actora en su puesto de trabajo o la indemnice en la cantidad de 8.691,16 euros, con abono, en caso de que opte por la readmisión, de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la readmisión y a razón de 40,52 euros brutos diarios; advirtiéndose que, la antedicha opción, deberá efectuarse ante este Juzgado en el plazo de cinco días siguientes a la notificación referida.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, anunciándolo ante este Juzgado por comparecencia o por escrito en el plazo de los cinco días hábiles siguientes al de la notificación del presente fallo, siendo indispensable que al tiempo de anunciarlo acredite la parte que no ostente el carácter de trabajador y no goce del beneficio de justicia gratuita haber consignado el importe íntegro de la condena en la cuenta de depósitos y consignaciones de este Juzgado; depositando además la cantidad de 300 euros y sin cuyos requisitos no podrá ser admitido el recurso.

Así, por ésta, mi sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutelar o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjuicio, cuando proceda.