Sentencia Social Nº 178/2016, Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Leon, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 128/2016 de 15 de Marzo de 2016

Encabezamiento

T.S.J.CASTILLA-LEON SALA SOCIAL 1

BURGOS

SENTENCIA: 00178/2016

RECURSO DE SUPLICACION Num.:128/2016

PonenteIlmo. Sr. D. Carlos Martínez Toral

Secretaría de Sala:Sra. Carrero Rodríguez

SALA DE LO SOCIAL

DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE

CASTILLA Y LEÓN.- BURGOS

SENTENCIA Nº:178/2016

Señores:

Ilma. Sra. Dª. María José Renedo Juárez

Presidenta

Ilmo. Sr. D. Carlos Martínez Toral

Magistrado

Ilmo. Sr. D. Santiago Ezequiel Marqués Ferrero

Magistrado

En la ciudad de Burgos, a dieciséis de Marzo de dos mil dieciséis.

En el recurso de Suplicación número 128/2016, interpuesto por DON Rafael , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Segovia, en autos número 580/2015, seguidos a instancia del recurrente, contra, JUNTA DE CASTILLA Y LEON- CONSEJERIA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL- y CENTRO SOCIEDAD COOPERATIVA ALCAZAR DE SEGOVIA, en reclamación sobre Cantidad. Ha actuado como Ponente el Ilmo. Sr. Don Carlos Martínez Toral,que expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- En el Juzgado de lo Social de referencia, tuvo entrada demanda suscrita por la parte actora en la que solicita se dicte sentencia en los términos que figuran en el suplico de la misma. Admitida la demanda a trámite y celebrado el oportuno juicio oral, se dictó sentencia con fecha 17 de diciembre de 2015 , cuya parte dispositiva dice: Que, desestimando la demanda promovida por D. Rafael frente a la CONSEJERIA DE EDUCACION DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON, y frente a CENTRO SOCIEDAD COOPERATIVA ALCAZAR DE SEGOVIA, debo absolver y absuelvo a la referida parte demandada de las pretensiones formuladas en su contra en este proceso.

SEGUNDO.- En dicha sentencia, y como hechos probados, se declaraban los siguientes: PRIMERO.- D. Rafael presta sus servicios en el Colegio Sociedad Cooperativa Alcázar de Segovia, centro concertado del que es titular la citada cooperativa, desde el 01-01-1979, con la categoría profesional de Profesor del primer ciclo de educación Secundaria Obligatoria, percibiendo un salario mensual de conformidad con el Convenio colectivo de aplicación, 24 horas lectivas semanales. SEGUNDO.-El 6 de noviembre de 2002 se suscribió el Acuerdo social entre la Consejería de Educación y las organizaciones patronales y sindicales más representativas de la enseñanza privada concertada, en el que se establecía, en el ámbito de la enseñanza concertada, la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado de los centros privados sostenidos con fondos públicos, al objeto de alcanzar la equiparación salarial con el personal docente de centros públicos. TERCERO.-Con fecha 30 de junio de 2006 se suscribió el Acuerdo Social para la Mejora de la Calidad y el empleo en el sector de la enseñanza madrileña, entre la Consejería de Educación y las organizaciones patronales y sindicales más representativas de la enseñanza privada concertada, en el que se establecía, en el ámbito de la enseñanza concertada, la mejora de las condiciones laborales y retributivas del profesorado de los centros privados sostenidos con fondos públicos, al objeto de alcanzar la equiparación salarial con el personal docente de centros públicos. CUARTO.-Este último acuerdo se establecía lo siguiente: 'Hacer extensivo al personal de la enseñanza concertada el 96% de las mejoras retributivas que el personal docente de la enseñanza pública tenga en los años 2006, 2007 y 2008 como consecuencia del Acuerdo de 19 de mayo de 2006'. QUINTO.-Con fecha 17 de agosto de 2013 se publicó en el B.O.E. el VI Convenio Colectivo de Centros de enseñanzSEXTO.-El importe del complmento reclamado en el periodo de 2009 a octubre de 2014 asciende a la cantidad de 3.350,14 €, con porcentaje del 96%. SEPTIMO.-Ha sido agotada la vía administrativa previa.

TERCERO.- Contra dicha sentencia, interpuso recurso de Suplicación DON Rafael , siendo impugnado de contrario. Elevados los autos a este Tribunal y comunicada a las partes la designación del Ponente, le fueron, a éste, pasados los autos para su examen y resolución por la Sala.

CUARTO.- En la resolución del presente recurso se han observado, en sustancia, las prescripciones legales vigentes.

Fundamentos

PRIMERO: Frente a la sentencia de instancia, que ha desestimado las pretensiones de la demanda, se recurre en Suplicación por la representación de la actora, con tres motivos de recurso, todos ellos con amparo en el Art. 193 c) LRJS e interrelacionados entre sí, denunciando, entre otros, infracción por inaplicación de los Anexos IV de las sucesivas y posteriores leyes de Presupuestos Generales del Estado, entendiendo que el fallo de instancia, las infringe y resulta contrario al principio de jerarquía normativa que recoge el Art. 3 del ET , en relación con el Art. 134 y 135 de la CE . Se argumenta que las Leyes de Presupuestos tienen un contenido mínimo, necesario e indisponible y un contenido posible, no necesario y eventual que puede afectar a materias distintas a ese núcleo esencial constituido por la previsión de ingresos y habilitación de gastos. Concluyendo que la sentencia impugnada, al no reconocer la eficacia jurídica de dicha norma, está infringiendo los preceptos denunciados.

La denuncia se fundamenta, igualmente, en la infracción de la Doctrina del T.C recogida en la Sentencia 27/1981 , Sentencia 76/1992 y 195/1994 . Infracción que se reitera en el segundo y tercer motivo del recurso y que pasamos a examinar conjuntamente, para evitar repeticiones innecesarias. En el Segundo motivo , de forma específica y con idéntico fundamento se denuncia la infracción de la Disposición Adicional Segunda de las tablas salariales de 2009 y 2010 del VI Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, argumentado que la citada Disposición Adicional, 2º se recogía: ' Con este fin, se negociaran los respectos acuerdos autónomicos entre las organizaciones sociales representativas del sector y las Administraciones educativas competentes',pero, y se sigue argumentado, 'el derecho que se discute y se reclama por el actor lo crea la Ley de Presupuestos Generales del Estado y en la subordinante del Convenio'.

SEGUNDO: En el presente caso, se solicita en la demanda el reconocimiento del derecho al abono de la cantidad pretendida en concepto de complemento salarial de equiparación de Maestros de 1º y 2º de ESO hasta la fecha del mes de octubre de dos mil catorce, mas los intereses por mora. Esa cantidad corresponde al importe del complemento reclamado en el periodo 2009 a octubre de 2014 en un porcentaje del 96% (del ordinal sexto).-

Con fecha 17 de agosto de 2013, se publicó en el BOE el VI Convenio Colectivo de Centros de Enseñanza sostenidos total o parcialmente con fondos públicos, con efectos económicos retroactivos al 1 de enero de 2009. En sus Tablas salariales se establece una progresiva equiparación retributiva a los profesores de 1º y 2º de la ESO de la enseñanza pública con la previsión a tal fin de una negociación de la administración y los interlocutores sociales, es decir, un acuerdo específico que complete la equiparación, que constituiría la premisa básica para el reconocimiento del derecho al cobro/ obligación de pago, del complemento que aquí se reclama.

Esta afirmación que sustenta el fallo desestimatorio en la instancia está avalada por los hechos declarados probados, incombatidos ante esta Sala, concretamente en la vigencia y aplicación del Acuerdo de 30 de Junio de dos mil seis. (ordinal tercero), que establecía la posibilidad de hacer extensiva al personal de la enseñanza concertada el 96% de las mejoras retributivas que el personal docente de la enseñanza pública tenga en los años 2006, 2007, y 2008, como consecuencia del Acuerdo de 19 de mayo de dos mil seis ( ordinal cuarto ).

En cuanto a ello, se comparte el criterio establecido por la Sala de lo Social del TSJ de Castilla y León, Valladolid, en S. 3-6-2015, que se remite a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de fecha 29 de octubre de 2014 (Rec. 6128/2012 ), en la que se dice: ' La obligación de pago que las normas citadas imponen a la Administración está, sin embargo, condicionada por imperativo legal. Porque el artículo 49.1 LODE , en consonancia con el mandato del artículo 133.4 CE , dispone que «la cuantía global de los fondos públicos destinados al sostenimiento de los centros concertados se establecerá en los Presupuestos Generales del Estado y, en su caso, en los de las Comunidades Autónomas» (en iguales términos, artículo 76.1). Es claro, pues, que la responsabilidad de la Administración queda limitada a la cuantía global fijada en las Leyes de Presupuestos, que son las que cuantifican «el modulo económico por unidad escolar, a efectos de la distribución de aquella cuantía global» (Arbs. 49.2 LODE y 76. 2 LOCE). Quiere ello decir que la Administración solo podrá asumir las cargas salariales de los centros concertados hasta la cuantía máxima global fijada en las Leyes de Presupuestos para los módulos concertados. Y que, por consiguiente, las posibles alteraciones salariales que se puedan producir mediante pactos colectivos entre empresas y trabajadores bien para incrementar los conceptos retributivos previstos en la fecha de suscripción del concierto, bien para crear otros nuevos, solo podrán ser asumidas por la Administración si no superan el citado límite legal. Así lo enuncian, con carácter negativo, los artículos 49.6 LODE y 76.6 LOCE; y con carácter positivo, el artículo 13. 2 del RD 2377/85 ; así como la doctrina jurisprudencial. En definitiva, el legislador ha determinado, a través de los módulos, el límite máximo de la responsabilidad que incumbe a la Administración; y dicho límite no puede ser alterado por una decisión tomada por las partes negociadoras del Convenio Colectivo. Estas podrán pactar las modificaciones retributivas que estimen oportunas, pero sabiendo que en lo que excedan de las cuantías fijadas en los módulos, el pago del importe excedido habrá de correr exclusivamente a cargo de las empresas empleadoras;lo cual podrá suponer, indudablemente que parte de los adeudos salariales no estén cubiertos solidariamente por la XG (en lo que exceda de las partidas presupuestarias), sino exclusivamente por el centro concertado'.

En la misma dirección, S. 5-2-2015la sentencia del mismo Tribunal de 5 de febrero de 2015 ,donde se recoge:

' La administración no puede asumir alteraciones en los salarios derivados de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes, fijadas presupuestariamente; que entre los gastos variables, que incluyen ( ...) ( en ese caso era un complemento de dirección) 'y que la administración autonómica no queda vinculada al convenio colectivo más allá de lo establecido en las concretas normas autonómicas que resulten de aplicación'.Es cierto que se constituye un cuerpo de Doctrina inalterado la establecida por el Tribunal Supremo, el alcance de la Responsabilidad de la Administración Pública en el pago ( como pago delegado) de retribuciones del personal de los centros de enseñanza concertada y de las deudas salariales generadas por la actividad laboral y docente de los profesores, aun cuando no asuma el papel de empresario y no sea, por tanto, parte de la relación laboral, limitándose su obligación a un pago delegado( STS de 3 de febrero -Rec.1881/1992 -, 4 de febrero -Rec. 1683/1991 -, y 28 de mayo -Rec. 1784/1992 -, y 1 de julio -Rec. 2379/1992 -, y 16 de julio de 1993 -Rec. 1685/1992 -; 3 de julio de 1995 -Rec. 1405/1994 -; 21 de febrero de 1996 -Rec. 2567/1995 -; 10 de febrero de 2002 -Rec. 1285/2001 -; 31 de octubre de 2005 -Rec. 6669/2003 -, entre otras) citadas en la Sentencia de 21 de septiembre de dos mil nueve .

Pero también lo es que esta afirmación ' de la obligación de la Administración no lleva aparejada la asunción en todo caso de cualquier concepto retributivo del personal docente de los centros privados de educación concretada. La indicada obligación no es ilimitada. Así se indicó en la sentencia de esta Sala de 20 de julio de 1999 (Rec. 3482/1998 ) que recordaba que el límite que determina el ámbito de la responsabilidad de la Administración en estas materias, en relación con cada empresa o centro de trabajo concreto, viene dado por la cuantía que resulta de multiplicar el módulo económico correspondiente al año de que se trate por el número de unidades escolares existentes en esa concreta empresa o centro. A ello se añadía que 'el referido límite no se establece de una manera unitaria, sino que dentro de él se determinan varios grupos distintos de responsabilidad, produciendo la consecuencia de que, en realidad, más que un límite único aplicable a la responsabilidad citada de la Administración, operan varios límites diferentes, cada uno de los cuales se aplica a determinada clase de objetivos o débitos'.

En esa misma línea, nuestra sentencia de 7 de febrero de 2006 (Rec. 1688/2005 ) reiteraba que 'la obligación no es absoluta, sino que está limitada por la cuantía de la que están dotados los módulos, a cuyo pago se compromete la Administración y aceptan los centros privados que deciden acogerse al régimen de conciertos'. Tal limitación lleva a que la Administración no pueda responder más allá del importe legalmente fijado por las normas presupuestarias, aun cuando se produzcan alteraciones salariales mediante convenio colectivo que incrementen los importes de los conceptos retributivos de estos trabajadores (en este sentido, STS de 7 de febrero de 2006 , antes citada). En el último de los preceptos legales citados por el recurrente se disponía que 'La Administración no podrá asumir alteraciones en los salarios del profesorado, derivadas de convenios colectivos que superen el porcentaje de incremento global de las cantidades correspondientes a salarios a que hace referencia el apartado 3' Dicha norma fue derogada por la L.O. 10/2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, y, finalmente, ésta lo fue por la L.O. 2/2006 , cuyo Art. 117.6 reproduce el mismo mandato.

Cabe afirmar, en consecuencia, la preeminencia de las disposiciones legales presupuestarias sobre los pactos y convenios colectivos, al ser aquéllas las que ostentan el monopolio normativo del límite máximo de responsabilidad de la Administración en materia de enseñanza obligatoria, aun cuando los centros educativos privados, como cualquier otro empresario, establezcan las condiciones salariales que estimen conveniente, en virtud de la negociación individual o colectiva. Tales acuerdos llevarán implícitos, en todo caso, la obligación de la empresa empleadora de asumir en exclusiva las cantidades que excedan de aquellos módulos legales, al no existir norma que obligue a la Administración a ampliar el límite presupuestario establecido'.

Conforme, pues, a dicha doctrina expuesta: de un lado, no se ha acreditado, en forma, existan partidas presupuestarias concretas para hacer frente a todo el período reclamado, desde el año 2009 a Octubre de 2014. De otro lado, no pueden vincular a la Administración Autonómica afectada unos pactos sucritos, exclusivamente, entre la patronal y los trabajadores, sin una negociación previa y adecuada con la misma, en definitiva, responsable del pago de las cantidades pretendidas.

Es pues, conforme a todo lo expuesto, que procede, desestimando el recurso interpuesto, la confirmación de la sentencia recurrida. Sin costas.

Por lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad conferida por el pueblo español,

Fallo

Que debemos desestimar y desestimamos el Recurso de Suplicación interpuesto por DON Rafael , frente a la sentencia dictada por el Juzgado de lo Social de Segovia, en autos número 580/2015, seguidos a instancia del recurrente, contra, JUNTA DE CASTILLA Y LEON- CONSEJERIA DE SANIDAD Y BIENESTAR SOCIAL- y CENTRO SOCIEDAD COOPERATIVA ALCAZAR DE SEGOVIA, en reclamación sobre Cantidad. y, en su consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia recurrida. Sin costas.

Notifíquese la presente resolución a las partes y a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la forma prevenida en el artículo 97 de la L.R.J.S . y 248.4 de la L.O.P.J . y sus concordantes, haciéndoles saber que contra esta resolución cabe recurso de Casación para la Unificación de Doctrina para ante el Tribunal Supremo, significándoles que dicho recurso habrá de prepararse ante esta Sala en el plazo de los DIEZ DIAS siguientes a la notificación, mediante escrito ajustado a los requisitos legales contenidos en los artículos 220 y 221 de la L.R.J.S ., con firma de Abogado o de Graduado Social Colegiado designado en legal forma conforme al art. 231 de la citada Ley .

Se deberá ingresar como depósito la cantidad de 600 € conforme a lo establecido en el artículo 229.1.b de la L.R.J.S ., asimismo será necesaria la consignación por el importe de la condena conforme a los supuestos previstos en el art. 230 de la mencionada Ley , salvo que el recurrente estuviera exento por Ley o gozare del beneficio de justicia gratuita.

Dichas consignación y depósito deberán efectuarse en la cuenta corriente de esta Sala, bajo la designación de Depósitos y Consignaciones, abierta en la entidad Banesto, sita en la c/ Almirante Bonifaz nº 15 de Burgos, -en cualquiera de sus sucursales, con el nº 1062/0000/65/0000128/2016.

Se encuentran exceptuados de hacer los anteriormente mencionados ingresos, los Organismos y Entidades enumerados en el punto 4 del artículo 229 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.