Sentencia SOCIAL Nº 192/2020, Juzgado de lo Social - Ciudad Real, Sección 1, Rec 68/2020 de 29 de Junio de 2020

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 1

CIUDAD REAL

SENTENCIA: 00192/2020

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

C/ ERAS DEL CERRILLO, 3, PLANTA 4ª

Tfno:926 27 89.49

Fax:926 27 88 46

Correo Electrónico:

Equipo/usuario: MCA

NIG:13034 44 4 2020 0000157

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000068 /2020

Procedimiento origen: /

Sobre: DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña: Cosme

ABOGADO/A:FRANCISCO GUERRA RIVERA

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:COOPERATIVA AGRICOLA LA UNION

ABOGADO/A:JAVIER NIETO MORENO

PROCURADOR:MARIA DEL PILAR GAMERO ISAAC

GRADUADO/A SOCIAL:

Nº AUTOS: DEMANDA 68/2020.

En CIUDAD REAL a veintinueve de junio de 2020.

D/ña. Montserrat Contento Asensio, Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 1 de CIUDAD REAL tras haber visto los presentes autos sobre DESPIDO entre partes, de una y como demandante D. Cosme, que comparece asistida por el Letrado D. Francisco Guerra Rivera; y de otra como demandada COOPERATIVA AGRÍCOLA LA UNIÓN, representada por D. LORENZO SERNA BLANCO, y defendida por el letrado D. Javier Nieto Moreno.

EN NOMBRE DEL REY

Ha dictado la siguiente

SENTENCIA nº 192

Antecedentes

PRIMERO.-Presentada la demanda en fecha 22-1-20, correspondió su conocimiento a este Juzgado de lo Social, registrándose con el nº 68/20, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que consideró aplicables, terminó suplicando al Juzgado que tras los trámites oportunos, se dictara sentencia por la que se declare la IMPROCEDENCIA del despido de que ha sido objeto, condenando a la demandada a la readmisión, o a abonar la indemnización prevista en el art.56 del E.T..

SEGUNDO.-Admitida a trámite la demanda, se dio traslado a la parte demandada y citando a las partes para la celebración del correspondiente juicio oral, solicitando ambas partes sentencia de acuerdo a sus intereses, practicándose las pruebas que fueron declaradas pertinentes y elevando finalmente a definitivas sus conclusiones.

TERCERO:En el presente procedimiento se han cumplido las formalidades legales exigibles, salvo los plazos procesales debido al número de asuntos que se tramitan en el Juzgado.

Hechos

PRIMERO:El actor viene prestando servicios para la empresa demandada desde el 12-5-2008, con la categoría de Técnico, Grupo 6T, nivel II, percibiendo un salario mensual de 1.968,31 euros incluida prorrata de pagas extraordinarias, según consta en las bases de cotización de las nóminas aportadas; siendo de aplicación a la relación laboral el Convenio Colectivo de Industrias Vinícolas de Ciudad Real.

SEGUNDO: Con fecha 20 de diciembre de 2019, la empresa entrega carta de despido por causas económicas y productivas, al amparo del art.52.c) del Estatuto de los Trabajadores, en virtud de las causas que constan en la carta entregada, adjunta a la demanda, cuyo contenido se da por reproducido.

La empresa ha abonado al trabajador, las cantidades que se indican en la carta en concepto de indemnización, falta de preaviso, y liquidación.

TERCERO: La empresa dentro del desarrollo de su actividad realiza la molturación de uva para terceros, en un periodo de uno o dos meses, habitualmente en septiembre y octubre de cada año, para lo que contrata personal eventual de campaña. Tras la molturación, el producto es retirado en noviembre de las instalaciones, por la empresa que ha contratado el servicio.

La uva aportada por los socios, ha disminuido en la última campaña 2019/2020, pasando de 9.300.379 kilos de la campaña anterior, a 5.418.620. La elaboración de esta uva no solo abarca el periodo de molturación, sino que se requiere trabajos de tratamiento, maduración, filtrado..., a lo largo del año completo.

El trabajo en bodega se desarrollaba por el actor, y otro empleado D. Nicanor, que es quien en la actualidad se ocupa de esas tareas, indicando que solo puntualmente precisa ayuda.

CUARTO: El actor y D. Nicanor, llegaron a un acuerdo el 29 de agosto de 2018, con la Cooperativa para percibir un incentivo/rapel por vendimia, por uva molturada de socios, y no socios que percibirían de forma prorrateada en las nóminas de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero y febrero.

CUARTO:El actor no ostenta cargo de representación sindical.

QUINTO: Se celebró acto de conciliación con el resultado de sin avenencia.

Fundamentos

PRIMERO:Los hechos que se declaran acreditados se obtienen de los documentos presentados por las partes, y del interrogatorio del Presidente de la Cooperativa, y testifical del Gerente, y del trabajador compañero del actor, propuesto por este.

La cuestión objeto de debate en la presente litis, se centra en analizar si a la vista de las circunstancias concurrentes, y de los hechos que se declaran probados, y que se extraen de las pruebas aportadas, se ha de entender o no justificada la causa por la que se decide la extinción del contrato de trabajo del demandante por causas objetivas de índole económico y productivo, que han determinado la amortización de su puesto de trabajo.

SEGUNDO: En cuanto a los motivos de fondo en los que fundamenta la empleadora la extinción laboral operada, se ha analizar a la vista de los hechos que se consideran probados, la existencia de relación entre las causas alegadas por la empresa, su acreditación y la concreta rescisión contractual. Al respecto hay que señalar que el artículo 52.c) del Estatuto de los Trabajadores establece que el contrato de trabajo podrá extinguirse 'cuando exista la necesidad objetivamente acreditada de amortizar puestos de trabajo por alguna de las causa previstas en el artículo 51-1 de esta Ley y en un número inferior al establecido en el mismo. A tal efecto el empresario acreditará la decisión extintiva en causas económicas, con el fin de contribuir a la superación de situaciones económicas negativas, o en causas técnicas, organizativas o de producción, para superar las dificultades que impidan el buen funcionamiento de la empresa, ya sea por su posición competitiva en el mercado o por exigencias de la demanda, a través de una mejor organización de los recursos'. El art.51.1 E.T., en su actual redacción establece que '...Se entiende que concurren causas económicas cuando de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de su nivel de ingresos o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos.

Se entiende que concurren causas técnicas o productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de producción; causas organizativas cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal o en el modo de organizar la producción y causas productivas cuando se produzcan cambios, entre otros, en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el mercado....'.

A la luz de tal precepto, se ha señalado por la doctrina científica que no pueden situarse en el mismo plano la extinción por causas económicas en cuanto exigen la presencia de una previa situación negativa, que las técnicas, organizativas o de producción que parten ya no de una situación negativa, sino de un 'mal funcionamiento' de la empresa y que tienden a superar las dificultades que lo han provocado. Desde esta perspectiva, se ha señalado por la doctrina científica que no encuentran cabida en la actual regulación las medidas extintivas que puedan adoptarse con el único propósito de optimizar los recursos empresariales, sin referencia alguna a desórdenes o desajustes que incidan en el buen funcionamiento empresarial.' No obstante, también se ha dicho que, si bien las causas señaladas no necesitan resultados negativos toda vez que pueden operar aunque no haya pérdidas, sí que exigen un juicio de razonabilidad para esclarecer la conexión entre la causa y la medida, de modo que la empresa debe acreditar que tales dificultades existen y que la decisión extintiva se halla vinculada al mantenimiento de la posición competitiva de la empresa en el mercado o a las exigencias de la demanda. O lo que es lo mismo, la reorganización de la estructura empresarial, como causa justificativa del despido, sigue ligada a una determinada finalidad, cual es la del mantenimiento de la actividad empresarial, por lo que habrán de ofrecerse los términos de conexión entre una y otra para poder calificar de procedente la decisión extintiva de la empresa.

La doctrina del Tribunal Supremo al respecto, de la que puede citarse la sentencia de 29-9-08 RCUD, recoge: ' es preciso examinar la conexión funcional o instrumental entre la medida extintiva adoptada y el objetivo de hacer frente a la situación económica negativa, logrando un nuevo equilibrio que permita reducir las pérdidas o recuperar los beneficios. La doctrina de la Sala en la sentencia de contraste y en otras sentencias posteriores, como las de 15 de octubre de 2003 y 11 de junio de 2008 , tiende a considerar que cuando se acreditan pérdidas relevantes los despidos pueden tener un principio de justificación, pues con ellos 'se reducen directamente los costes de funcionamiento de la empresa, aumentando con ello las posibilidades de superación de su situación negativa', afirmándose también en ocasiones que 'si las pérdidas son continuadas y cuantiosas se presume en principio, salvo prueba en contrario, que la amortización de puestos de trabajo es una medida que coopera a la superación de la situación económica negativa'. Esta conclusión debe ser, sin embargo, matizada. Con carácter general es cierto que la reducción de los costes de personal contribuyen a reducir las pérdidas de una empresa. Pero esta conexión no es automática; no establece una relación directa entre el nivel de las pérdidas y el número de los despidos y tampoco puede verse como una presunción que desplace al trabajador despedido la carga de acreditar los hechos de los que pueda derivarse la falta de conexión entre la medida extintiva y el objetivo que ésta debe perseguir. Por ello, ni se puede presumir que la empresa por el solo hecho de tener pérdidas en su cuenta de resultados pueda prescindir libremente de todos o de alguno de sus trabajadores, ni tampoco se le puede exigir la prueba de un hecho futuro, que, en cuanto tal, no susceptible de ser acreditado, como sería el demostrar la contribución que la medida de despido pueda tener en relación con la situación económica negativa de la empresa. Lo que se debe exigir son indicios y argumentaciones suficientes para que el órgano judicial pueda llevar a cabo la ponderación que en cada caso conduzca a decidir de forma razonable acerca de la conexión que debe existir entre la situación de crisis y la medida de despido'.

TERCERO: Aplicada dicha doctrina al supuesto que nos ocupa, se ha de considerar acreditado que la entidad empleadora Cooperativa Agrícola, ha justificado los motivos que han llevado a amortizar el puesto de trabajo del actor.

Se aporta un informe elaborado por auditor externo, sometido a contradicción, sobre la facturación de kilos de uva, su disminución, y el impacto en la plantilla del personal de Bodega, sobre los resultados, que están publicados en el Registro de Cooperativas, informe que pone de manifiesto una considerable reducción de los kilos de uva aportados por los socios, actividad que exige el trabajo de molturación, mantenimiento, filtrado, tratamiento que se extiende durante la anualidad completa. Por lo que se concluye que 'si el volumen de elaboración que requiere el mantenimiento anual disminuye, también disminuyen las necesidades de personal fijo en bodega'.

La molturación de uva a terceros, como de forma unánime explicaron los dos testigos presentados por actor y demandada, trabajador de bodega como el actor, y Gerente de la Cooperativa, solo ocupa dos o a lo sumo tres meses tras la vendimia, pues en dos meses las empresas retiran su producto.

El compañero de trabajo del actor Sr. Nicanor, confirma una disminución de los kilos de uva que entran cada año, y que desde que se marchó el demandante, viene realizando solo el trabajo de Bodega, con ayudas que indicó como puntuales; explica, al igual que el Gerente, que los incentivos que perciben son por el trabajo de vendimia, que se limita a los meses propios, aunque se abone de forma prorrateadas hasta febrero de cada año. Explicando igualmente ambos, que en la nómina de junio se abonaron 414 euros, que se corresponde con trabajos extras de cereal.

Razones por las que se ha de estimar correcta, justificada y acorde a la normativa invocada la decisión adoptada por la empleadora.

Por el contrario ninguno de estos datos han sido desvirtuados por el trabajador, que tiene a su disposición en el Registro de Cooperativas los resultados de esta, para su examen y contradicción, sin que la mera negativa a las razones alegadas por la empresa, o la impugnación del informe de auditor externo, puedan invalidar la decisión tomada por la empresa, tendente a organizar la actividad, como indicó su Gerente, para mantener el resto de los puestos de trabajo de la Cooperativa.

Razones por las que se ha de considerar procedente el despido operado.

En cuanto al salario regulador, se ha de fijar vistas la manifestaciones de las partes al respecto, y no ofreciéndose el desglose concreto que lleva a cada uno de ellos a fijar los importes que respectivamente pretenden, en la cantidad de 1.968,31 euros mensuales, que se consigna en todas las nóminas aportadas, como base de cotización incluido el prorrateo de pagas extraordinarias.

CUARTO:La materia objeto de esta litis es susceptible de recurso de suplicación conforme a lo preceptuado en el art.191 LJS.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que desestimando la demanda entablada por D. Cosme, contra COOPERATIVA AGRICOLA LA UNIÓN, absuelvo a la demandada de las pretensiones ejercitadas en su contra.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin, surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidashasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendo carga procesal de las partesy de sus representantes mantenerlos actualizados. Asimismo, deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

MODO DE IMPUGNACIÓN: Se advierte a las partes que contra la presente resolución podrán interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia que deberá ser anunciado por comparecencia, o mediante escrito presentado en la Oficina Judicial dentro de los cinco días siguientes a la notificación de esta Sentencia, o por simple manifestación en el momento en que se le practique la notificación. Adviértase igualmente al recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, que deberá depositar la cantidad de 300 euros en la cuenta abierta en SANTANDER a nombre de esta Oficina Judicial con el núm. 1381 0000, debiendo indicar en el campo concepto 'recurso' seguido del código '34 Social Suplicación', acreditando mediante la presentación del justificante de ingreso en el periodo comprendido hasta la formalización del recurso así como; en el caso de haber sido condenado en sentencia al pago de alguna cantidad, deberá consignar en la cuenta de Depósitos y Consignaciones abierta la cantidad objeto de condena, o formalizar aval bancario a primer requerimiento indefinido por dicha cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista, incorporándolos a esta Oficina Judicial con el anuncio de recurso. En todo caso, el recurrente deberá designar Letrado para la tramitación del recurso, al momento de anunciarlo.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.