Sentencia Social Nº 1924/2009, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 317/2008 de 04 de Marzo de 2009

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

JSP

IL·LM. SR. ANDREU ENFEDAQUE MARCO

IL·LM. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

IL·LMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT

Barcelona, 4 de març de 2009

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 1924/2009

En el recurs de suplicació interposat per Salvadora a la sentència del Jutjat Social 14 Barcelona de data 13 de juny de 2008 dictada en el procediment núm. 317/2008 en el qual s'ha recorregut contra la part Prosegur Compañia de Seguridad, S.A., MINISTERIO FISCAL i Castellana de Seguridad, S.A.

(CASESA), ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.

Antecedentes

Primer. En data 17 d'abril de 2008 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Acomiadament en general, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 13 de juny de 2008 , que contenia la decisió següent: " Que, desestimando en los términos expuestos la demanda formulada por Doña Salvadora , contra "PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.", "CASTELLANA DE SEGURIDAD S.A." (CASESA) habiendo sido citado el MINISTERIO FISCAL, debo absolver a los codemandados de las pretensiones en su contra formuladas "

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

PRIMERO.- La actora Doña Salvadora ha prestado sus servicios, a tiempo completo, para la sociedad codemandada "PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.", dedicada a servicios de investigación y seguridad, encuadrada en el convenio colectivo estatal de las empresas de seguridad 2005-2008 (BOE 10-6-2005), con categoría profesional de vigilante de seguridad, antigüedad de 1 de octubre de 2.002, y salario mensual bruto con inclusión de la parte proporcional de gratificaciones extraordinarias de 1.192,83 ? (encabezamiento y hecho primero de la demanda en extremos aceptados por la referida codemandada, acto de juicio folio 45 y 46 y soporte de grabación; documental hojas de salario folios 73, 78 a 107 que se dan por reproducidos; contrato de trabajo folios 76 a 78 que se dan por reproducidos; informe vida laboral obrante a folios 49 y 50).

SEGUNDO.- La actora, desde el día 1 de diciembre de 2.006, prestaba servicios en el centro de trabajo de calle Ávila nº 35 de Barcelona donde estaba ubicada la empresa "ONO", en virtud del contrato de arrendamiento de servicios de vigilancia y seguridad suscrito entre "PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A." y la entidad "Cableeuropa, S.A.U." (ONO), que finalizó el día 31 de marzo de 2.008, al haberse adjudicado el servicio a la entidad codemandada "CASTELLANA DE SEGURIDAD S.A.", dedicada a empresa de seguridad (contrato de arrendamiento de servicios folios 81 a 87 que se dan por reproducidos; informe Inspección Trabajo folio 61 y 62 que se dan por reproducidos; alegaciones hecho segundo y noveno de la demanda en lo no opuesto por las codemandadas; contestación a la demanda de PROSEGUR acto de juicio y soporte de grabación).

TERCERO.- La sociedad "PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A.", optó por no subrogar a su personal a la nueva empresa adjudicataria (contestación a la demanda de ambas sociedades acto de juicio folio 46; interrogatorio en juicio de los legales representantes de ambas sociedades folio 47 y soporte de grabación).

CUARTO.- En fecha 26 de marzo de 2.008 la sociedad "CASTELLANA DE SEGURIDAD S.A." entregó comunicación escrita a la actora en la que se le indicaba: " Lázaro con DNI..... Como delegado de CASESA Barcelona certifica que les serán respetados todas las condiciones que tenían en su anterior empresa" (documento folio 64 que se da por reproducido, reconocido en interrogatorio en juicio por legal representante de CASESA folio 47 y soporte de grabación).

QUINTO.- En fecha 28 de marzo de 2.008 la actora remitió fax a "PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A." solicitando la baja voluntaria, "la cual será efectiva desde el día 31 de marzo de 2.008" y que "por ello y una vez finalizada mi relación laboral con ustedes, les ruego que a la mayor brevedad posible, dentro de los plazos legalmente establecido, hagan las gestiones oportunas a fin de que me sean liquidadas todas las cantidades y conceptos establecidos en el convenio colectivo de empresas de seguridad" (documento folio 68, 69, 70 y 114 que se dan por reproducidos).

A las 17,58 horas del día 31 de marzo de 2.008 la actora remitió fax a "PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A." indicando que "el pasado día 28 de marzo de 2.008 remití vía fax la comunicación de baja voluntaria la cual sería efectiva desde el día 31 de marzo de 2.008" y que "la presente es para solicitar que dicha baja voluntaria quede sin efecto. Gracias anticipadas" (documentos folios 65 a 67 que se dan por reproducidos; interrogatorio en juicio del legal representante de PROSEGUR folio 47).

SEXTO.- "PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A." no aceptó dejar sin efecto la baja voluntaria de la actora (interrogatorio en juicio del legal representante de PROSEGUR folio 47).

SÉPTIMO.- La actora no ha llegado a iniciar la prestación de servicios a partir de su baja en "Prosegur" para "CASESA" (interrogatorio en juicio del legal representante de CASESA folio 47 y alegaciones de la actora en la demanda).

OCTAVO.- La actora había prestado servicios para "CASTELLANA DE SEGURIDAD S.A." como vigilante de seguridad, al menos en el período 1-diciembre-2000 a 10-julio-2002 (informe vida laboral folio 50) y presentó en su momento ante los juzgados de lo social demanda contra la referida sociedad en reclamación de modificación sustancial de condiciones de trabajo en fecha 23 de abril de 2.002 y sobre movilidad geográfica-traslado en fecha 2 de julio de 2.002, habiéndose dictado sentencias estimatorias de sus pretensiones ( sentencia 17-6-2002 autos 341/2002 Jdo Social 19 Barcelona y sentencia 29-10-2002, autos 554/2002 Jdo Social 19 Barcelona folios 51 a 60 que se dan por reproducidos ).

NOVENO.- La codemandada "CASTELLANA DE SEGURIDAD S.A." contrató, en fecha 1 de abril de 2.008, un vigilante de seguridad que había prestado sus servicios para "PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A." en el mismo centro de trabajo que lo había efectuado la actora, suscribiendo un nuevo contrato de trabajo con periodo de prueba y en el que no consta subrogación ni mantenimiento de la antigüedad que ostentaba aquél en la anterior empresa (alegaciones "CASTELLANA DE SEGURIDAD S.A." en acto juicio y contrato de trabajo obrante a folios que se dan por reproducidos).

DÉCIMO.- La actora ha prestado servicios para terceras sociedades no demandadas los días 30-04-2008 y 03-05-2008 a 08-05-2008 y a partir del día 12-05-2008, con un salario equivalente al que recibía con anterioridad (informe vida laboral folio 49 y 50; interrogatorio en juicio de la actora folio 46 y 47).

UNDÉCIMO.- La papeleta de conciliación extrajudicial se presentó por la actora en fecha 15 de abril de 2.008, el intento conciliatorio sin avenencia con respecto a "PROSEGUR COMPAÑÍA DE SEGURIDAD S.A." e intentado sin efecto con respecto a "CASTELLANA DE SEGURIDAD S.A." que no compareció, tuvo lugar el día 19 de mayo de 2.008 (folio 35 y 75); y la demanda objeto del presente procedimiento tuvo entrada el 16 de abril de 2.008 (folio 1).

Tercer. Contra aquesta sentència la part demandant va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER. Contra la sentència que desestima la demanda d'acomiadament presenta recurs de suplicació la part actora i al lega, com a únic motiu la infracció de normes substantives i jurisprudència, per la via de l' article 191 c) de la LPL . Indica el recurrent que s'infringeix l' article 49.1, 55, 56 del Estatut dels Treballadors i 1265 i 1269 del Codi Civil.

Admet el recurrent el relat fàctic en la seva integritat, del qual es dedueix que la demandant, que prestava serveis des del dia 1 d'octubre de 2002, com a vigilant de seguretat, des del dia 1-12-2006, estava destinada al c/ Avila, empresa "ONO", en virtut de contracte d'arrendament del servei de vigilància entre la destinatària i Prosegur. Que el citat contracte d'arrendament finalitzà el dia 31 de març de 2008, en haver-se adjudicat el contracte "Castellana de Seguridad SA" (CASESA) Que Prosegur va optar per no traspassar el seu personal a l'adjudicatària. En data 26 de març de 2008, no obstant, Castellana de Seguridad, SA va lliurar una carta a l'actora en la que s'indicava que li serien respectades totes les condicions que tenia en la nova empresa. El mateix dia la demandant va enviar FAX a l'empresa Prosegur, sol.licitant la baixa voluntària, que seria efectiva des del dia 31 de març de 2008. No obstant això, la demandant, el mateix dia 31 de març de 2008, sobre les 17,58 hores, va indicar que demanava quedés sense efecte la baixa voluntària cursada anteriorment. La demandant no va arribar a incorporar-se a la plantilla de CASESA. Anteriorment havia prestat serveis per compte de CASESA, concretament en el període de 1-12-00 a 10-07-02, i havia demandat a aquella empresa en dos procediments judicials en els que va obtenir sentències estimatòries en matèria de modificació substancial de condicions de treball i de movilitat geogràfica. CASESA va contractar un vigilant de seguretat per a cobrir el lloc de treball de l'actora.

Aquests fets provats són l'únic punt de partia a valorar, sense que es puguin tenir en compte les al legacions de la recurrent, en el sentit de introduir en la valoració jurídica altres elements que no han resultat provats, ni es demanda que s'introdueixin en el relat fàctic per la única via possible en aquest recurs especial de suplicació, que és la del article 191 b) de la LPL .

Al lega la recurrent l'existència d' engany en la promesa de contracte que rep la demandant per part de CASESA, que és la que motiva la baixa a PROSEGUR. Que en el moment en que vol deixar sense efecte la baixa encara no havia estat donada de baixa en la seguretat social per aquella darrera empresa, ja que era el mateix dia assenyalat com d'efectes del cessament. Que fins el moment en què constata que ha contractat CASESA a una persona nova per a cobrir el seu lloc de treball no podia imaginar que no seria contractada. Que el propòsit de la baixa no era quedar sense feina a PROSEGUR, sinó mantenir el lloc de treball, passant a l'empresa que assumia la contracta, caient en l'error de confiar en la paraula escrita de la nova companyia, així com que la no contractació per aquella era una represàlia contra les sentències favorables que havia obtingut anys enrere, per la qual cosa demana la declaració de nul litat de l'acomiadament per vulneració del principi de tutela judicial efectiva, concretament en la garantia de indemnitat. En definitiva, indica la demandant que va ser objecte de un engany, quan la seva voluntat era mantenir el lloc de treball. I efectivament, la carta de l'empresa CASESA reconeixent els drets derivats del contracte anterior, té el valor jurídic de compromís de subrogació d'acord amb el que disposa l' article 14 del Conveni Col lectiu d'empreses de seguretat , i les obligacions que genera a l'empresa que adopta el compromís no poden ser deixades sense efecte sense causa aparent. Encara més, si tenim en compte que no costa cap comunicació a l'actora - no es dedueix del relat fàctic - en el sentit de què l'empresa Prosegur hagués decidit no subrogar al seu personal. En conseqüència, es dedueix dels fets provats que el motiu de la decisió de baixa voluntària a Prosegur no va ser altre que la carta de subrogació de la nova adjudicatària, que obligava a aquella empresa a un compromís de respecte a les condicions adquirides pel contracte de treball, en base al article 44 del ET , que no podia ser posteriorment ignorat per la nova companyia.

SEGON. S'ha de tenir en compte que s'al lega també pel recurrent, la vulneració de la garantia de indemnitat, ja que la demanda es presenta per acomiadament nul, per vulneració del dret a la tutela judicial efectiva, aduïnt que la negativa a contractar a la demandant es deu a una represalia per les sentències favorables obtingudes en anys anteriors en què també va treballar per CASESA.

Tal com ha declarat la doctrina del TS i del TC, que recull aquesta Sala en sentència de STSJC de 07-07-2005, recurs 2647-05, quan indica:

"Se remite la STC de 19 de abril de 2004 a una consolidada doctrina del propio Tribunal (manifestada, entre otras, en sus pronunciamientos de 18 de enero de 1993, 13 de octubre de 1998, 22 de julio de 1999 y 27 de septiembre de 2001) al recordar como "la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se produce por irregularidades acaecidas dentro del proceso que ocasionen privación de garantías procesales, sino que tal derecho puede verse lesionado también cuando su ejercicio, o la realización por el trabajador de actos preparatorios o previos necesarios para el ejercicio de una acción judicial, produzca como consecuencia una conducta de represalia por parte del empresario. El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface, pues, mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no pueden seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza".

"En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce, así, "en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos"; garantía que, y en relación al despido, concreta el artículo 5c del Convenio núm. 158 de la OIT al excluir entre las causas válidas de extinción del contrato de trabajo "el haber planteado una queja o participado en un procedimiento entablado contra un empleador por supuestas violaciones de leyes o reglamentos o haber presentado un recurso ante las autoridades administrativas competentes".

"A la posterior sentencia del mismo Tribunal de 10 de mayo de 2004 se remite la de la Sala de 15 de junio de ese mismo año para reiterar su consolidado criterio según el cual "la prevalencia de los derechos fundamentales del trabajador y las especiales dificultades probatorias de su vulneración en aquellos casos constituyen las premisas bajo las que la jurisprudencia constitucional ha venido aplicando la específica distribución de la carga de la prueba en las relaciones de trabajo (hoy recogida en los arts. 96 y 179.2 LPL -SSTC 38/1981, 37/1986, 47/1985, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 180/1994 y 136/1996 , entre otras-). La finalidad de la prueba indiciaria -señala- no es sino la de evitar que la imposibilidad de revelar los verdaderos motivos del acto empresarial impida declarar que éste resulta lesivo del derecho fundamental (STC 38/1981 , FFJJ 2 y 3), finalidad en orden a la cual se articula el doble elemento de la prueba indiciaria. El primero, la necesidad por parte del trabajador de aportar un indicio razonable de que el acto empresarial lesiona su derecho fundamental (STC 38/1986 , FJ 2), principio de prueba dirigido a poner de manifiesto, en su caso, el motivo oculto de aquél; un indicio que, como ha venido poniendo de relieve la jurisprudencia de este Tribunal, no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla se haya producido (así, SSTC 166/1987, 114/1989, 21/1992, 266/1993, 293/1994, 180/1994 y 85/1995 ). "

"Sólo una vez cubierto este primer e inexcusable presupuesto, añadíamos, "sobre la parte demandada recae la carga de probar que su actuación tiene causas reales absolutamente extrañas a la pretendida vulneración de derechos fundamentales, así como que aquéllas tuvieron entidad suficiente como para adoptar la decisión, único medio de destruir la apariencia lesiva creada por los indicios. Se trata de una auténtica carga probatoria y no de un mero intento de negar la vulneración de derechos fundamentales -lo que claramente dejaría inoperante la finalidad de la prueba indiciaria (STC 114/1989 )-, que debe llevar a la convicción del juzgador que tales causas han sido las únicas que han motivado la decisión empresarial, de forma que ésta se hubiera producido verosímilmente en cualquier caso y al margen de todo propósito vulnerador de derechos fundamentales. Se trata, en definitiva, de que el empleador acredite que tales causas explican objetiva, razonable y proporcionadamente por sí mismas su decisión, eliminando toda sospecha de que aquélla ocultó la lesión de un derecho fundamental del trabajador (reflejan estos criterios las SSTC 38/1981, 104/1987, 114/1989, 21/1992, 85/1995 y 136/1996, así como también las SSTC 38/1986 166/1988, 135/1990, 7/1993y 17/1996 ). La ausencia de prueba trasciende de este modo el ámbito puramente procesal y determina, en último término, que los indicios aportados por el demandante despliegan toda su operatividad para declarar la lesión del propio derecho fundamental del trabajador (SSTC 197/1990, FJ 1; 136/1996, FJ 4, así como SSTC 38/1981, 104/1987, 166/1988, 114/1989, 147/1995 ó 17/1996 )."

Aplicant aquesta doctrina s'ha exigit que l'acomiadament o cessament en la relació laboral, que en el cas que ens ocupa seria tàcit, s'ha d'acreditar que obeeixi a motius raonables o estranys als propòsit contrari als drets fonamentals, i en cas contrari s'ha d'entendre que la decisió extintiva serà nul la per haver estat una represàlia al exercici de les accions judicials del treballador cessat (STSJ de Galicia de 14 de maig de 2002;STSJ de Madrid de 12 d' abril de 2002; STJC Cat 7 de novembre 2008; STSJ Madrid 5.05.2008, ).

Aplicant aquesta doctrina al cas jutjat, resulta una absència total de prova de l'extinció de la relació laboral, que no sigui la decisió de la treballadora voluntariamente expressada dirigida a Prosegur. No obstant no pot tenir efectes aquesta decisió respecte a la continuadora del servei que va ser CASESA. Per tant aquest motiu, que valdria per exhonerar a Prosegur de les conseqüències de la decisió, empresa en la que no existeixen els antecedents d'accions judicials, en cap cas pot justificar la negativa a la contractació per part de la nova adjudicatària, quan aquesta ja havia estat acceptada prèviament, amb una carta de compromís de manteniment de les condicions de treball, sense que els indicis aportats per la demandant en el sentit de possible existència de vulneració de la garantia de indemnitat, per haver obtingut dues sentències condemnatòries en els anys anteriors, hagin estat ponderats com a tals, exigint la càrrega a l'empresa de aportar una justificació objectiva i raonable de la decisió adoptada i de la seva proporcionalitat. És més, la decisió d'apartar a la demandant del lloc de treball que ocupava des de feia anys, donant continuïtat al contracte, apareix sense cap altre causa que la lliure voluntat de l'empresa demandada CASESA, que, sense cap element raonable, substitueix el lloc de la treballadora per una altre contractació, realitzant un acomiadament tàcit, sense causa.

TERCER. Arribat a aquest punt, s'ha de valorar quin és l'efecte de la comunicació de la subrogació empresarial. Al igual que la dimissió del treballador, que és un negoci jurídic que causa uns efectes que es poden considerar irrevocables en la discontinuïtat del contracte; equivalent valor negocial, en sentit invers, s'ha de donar a la comunicació de successió en el contracte per part de la nova arrendatària del servei, que ha de vincular a l'empresa cedent amb totes les conseqüències, tal com disposa l' article 44 del ET .

Tal com al lega el recurrent l'acte negocial de la demandant respecte a la baixa a Prosegur, va ser induït per la comunicació de subrogació en el contracte de CASESA, que tenia el seu suport en la adjudicació del nou arrendament de serveis i en el conveni col lectiu del sector. La conseqüència d'aquesta decisió era la vinculació de l'empresa adjudicatària en el contracte a la contractació de la demandant, ja que si bé es pot admetre la doctrina de la no revocació del acte negocial de cessament, per una elemental qüestió de seguretat jurídica en el compliment del contracte, tampoc es pot admetre la retracció de CASESA en la subrogació dels drets del contracte de treball de la demandant, que és el que en el fons conclou la sentència de instància, sense valorar-ho de manera expressa. La eficàcia negocial de la subrogació ha d' operar des del moment en què ha estat comunicada a la part afectada, amb la conseqüència d' haver de assumir el contracte amb totes els drets derivats de la subrogació. No es pot considerar un précontracte de treball, en el que la activitat no ha estat iniciada, com si es tractés de una nova contractació, ja que aquesta no és la conseqüència que disposa l'ET en el seu article 44. Una altra conclusió interpretativa comportaria deixar a la lliure disposició de les empreses subrogades la no contractació efectiva dels treballadors en la mateixa data en que inicien els serveis, sense les conseqüències gravoses que comporta l'acomiadament. Si l'ET disposa una norma de continuïtat en el servei, amb la interpretació de que opera una novació contractual en la persona de l'empresari, mantenint les característiques bàsiques de la contractació del treballador, no es pot arribar a la conclusió que la comunicació de respecte de drets i deures té la mateixa condició de pré-contracte i atribuir a la negativa a la incorporació a la feina habitual de la treballadora una decisió no equivalent a l'acomiadament, quan no ha existit una solució de continuïtat real entre la prestació de servei de la demandant i l' extinció del contracte per decisió de la nova empresa successora. En conseqüència, la valoració de que no existeix acomiadament ja que l'activitat no s'havia iniciat no es pot considerar ajustada a dret i ha de ser revocada i estimada la demanda, considerant que va existir un acomiadament tàcit, doncs la treballadora va deixar de prestar serveis en el lloc de treball que ocupava, en prendre la decisió la companyia de contractar una tercera persona.

QUART. Per altra banda addueix el recurrent la infracció de l' article 1265 del Códi Civil que disposa que: "será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo" .

Tal com valora la magistrada de instància, la sentència del TS, de 27-06-2001 (RJ 20016840), fa referència a la prova de la dimissió del treballador, com a causa extintiva, indicant que aquesta dimissió vincula quan la voluntat ha estat expressada de una manera :

"clara, concreta, consciente, firme y terminante, reveladora de su propósito; puede ser expresa o tácita; pero en este caso ha de manifestarse por hechos concluyentes, es decir, que no dejen margen alguno para la duda razonable sobre su intención y alcance" (STS 10 diciembre 1990 [RJ 19909762]) (...): para que exista la causa extintiva en examen es preciso que "..., de manera expresa o tácita, pero siempre clara y terminante, demuestre su deliberado propósito de dar por terminado el contrato, lo que requiere una manifestación de voluntad en este sentido o una conducta que de modo concluyente revele el elemento intencional decisivo de romper la relación laboral". Per altra banda, altres sentències del TS, entre elles la de 26 d'abril de 1991, que cita la magistrada del jutjat social, estableixen el caràcter irrevocable de la comunicació de dimissió i la ineficàcia de la retracció posterior, ja que la decisió ha causat estat.

A la llum de la citada doctrina, s'ha de valorar la decisió de l'actora, que va ser clara en relació a la continuïtat del lloc de treball amb la successora juntament amb la coherent decisió de finalitzar la relació laboral amb PROSEGUR. Decisió que, com es dedueix dels fets provats, va ser directament motivada pel compromís escrit de "respecte de totes les seves condicions de treball" per l'empresa successora en el servei. En conseqüència, tal com al lega la recurrent, es podria apreciar el vici en la formació de la voluntat consistent en l'error, doncs va ser un compromís de successió el que va donar lloc a la dimissió del contracte, no la voluntat de no seguir treballant. No obstant això, està clar que aquella empresa no ha de patir les conseqüències del incompliment contractual de la codemandada, que és la que havent adquirit el compromís de contractació de l'actora, per subrogació en el contracte, es retracta posteriorment i decideix l'extinció del contracte, amb la substitució de la demandant per una altra persona. En conseqüència, com s'ha valorat anteriorment, la decisió extintiva de la codemandada empresa successora és la que s'ha de considerar un acte d'acomiadament tàcit, que forçosament ha de ser declarat nul, conforme a l' article 55.5 del ET , ja que no s'ha provat la causa justificativa de la decisió empresarial, havent-se aportat els indicis per l'actora de discriminació per vulneració de la garantia de indemnitat. Aquesta conclusió comporta la condemna exclusiva de l'empresa CASESA i amb absolució de l'empresa codemandada PROSEGUR, ja que la seva decisió extintiva va venir únicament motivada per la lliure decisió de la treballadora de passar a la plantilla de l'empresa successora, un cop acceptada aquesta per escrit, cosa que era suficient garantia de continuïtat del lloc de treball, que estava basada en l' aplicació del conveni col lectiu del sector.

CINQUÈ. Respecte a la indemnització addicional interessada per la recurrent, no es pot atendre la petició, ja que ni en la demanda ni en l'escrit de recurs es fa cap referència a la forma de càlcul ni a la ponderació concreta del dany moral o material patit per la demandant, sense que la decisió sobre la indemnització hagi de apreciar-se de forma automàtica per constatació de vulneració de drets fonaments ( art. 180 LPL , STC de 24 de juliol de 2006, número 247/2006; STS 17-05- 2006, RCUD 4372/2004), ja que en el cas concret ni es precisa, encara que genèricament fos compatible amb la condemna a la reparació del acte declarat nul. Per altra banda, respecte als salaris deixats de percebre ha d'operar la compensació, dels períodes que consten treballats en una tercera empresa, d'acord amb el valor que s'acrediti en execució de sentència, per aplicació del article 55.6 en relació al 56.1.b) del ET .

SISÈ. No procedeix la imposició de costes, ja que la part vençuda de que parla l' artícle 233.1 de la Llei de Procediment Laboral es solament la recurrent que no té el beneficio de justicia gratuïta quan resulta íntegrament desestimada la seva pretensió.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació

Fallo

Que estimem en part el recurs de suplicació interposat per Salvadora contra la sentència dictada pel jutjat del social 14 de Barcelona, en data 13-06-08, recaiguda en les actuacions 317-2008 , en virtut de demanda deduïda per la citada actora contra les empreses CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A. i PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. i el MINISTERI FISCAL, en reclamació per acomiadament nul, per vulneració de drets fonamentals, i, en conseqüència, hem de revocar i revoquem la sentència dictada i amb estimació de la demanda, declarem nul l'acomiadament de l'actora, amb efectes del dia 31 de març de 2008, i condemnem a CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A. a que readmeti a la demandant en el seu lloc de treball i li aboni els salaris deixats de percebre, amb descompte dels dies treballats d'acord amb el valor que s'acrediti en execució de sentència.

Amb absolució de PROSEGUR COMPAÑIA DE SEGURIDAD, S.A. de totes les peticions de la demanda i a la codemandada CASTELLANA DE SEGURIDAD, S.A. de la petició indemnizatòria interessada en la demanda.

Sense costes.

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a la unificació de doctrina, que s'ha de preparar en aquesta Sala en els deu dies següents a la notificació, amb els requisits previstos als números 2 i 3 de l'article 219 de la Llei de procediment laboral .

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui,la Magistrat/ada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.