Sentencia Social Nº 2506/2012, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 8005/2011 de 30 de Marzo de 2012

Encabezamiento

Procedimiento: Recurso de suplicación

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

F.S.

IL·LM. SR. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL

IL·LM. SR. AMADOR GARCIA ROS

IL·LM. SR. JOAN AGUSTI MARAGALL

Barcelona, 30 de març de 2012

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 2506/2012

En el recurs de suplicació interposat per Augusto a la sentència del Jutjat Social 1 Terrassa de data 27 d'abril de 2011 dictada en el procediment núm. 538/2010, en el qual s'ha recorregut contra la part Sociedad Mercantil Estatal Corporación RTVE, S.A., ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. JOAN AGUSTI MARAGALL.

Antecedentes

Primer.En data 28-5-10 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre acomiadament en general, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 27 d'abril de 2011 , que contenia la decició següent:

Que, estimando de forma parcial la demanda interpuesta por DON Augusto contra CORPORACIÓN RTVE S.A.,

1.Declaro la improcedencia del despido del demandante producido el 8 de mayo de 2010.

2.Condeno a la demandada a que, a su opción que deberá realizar en los cinco días siguientes a la notificación de esta sentencia mediante escrito o comparecencia ante la Secretaría de este Juzgado, proceda a la readmisión del actor en las mismas condiciones anteriores al despido, o le abone la indemnización de 623,93 euros.

3.Condeno a la demandada a que, en cualquier caso, abone al demandante los salarios dejados de percibir desde el despido hasta la fecha de notificación de esta sentencia, a razón de un importe diario de 55,46 euros, con deducción de las sumas percibidas por el actor en su posterior empleo reflejado en los hechos probados.

Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:

1.DON Augusto ha prestado servicios por cuenta y bajo la dependencia de CORPORACIÓN RTVE S.A. con una categoría profesional de técnico superior de realización y un salario bruto mensual de 1.686,74 euros.

2.El demandante ha prestado servicios para la empresa demandada en los siguientes periodos y en función de los siguientes contratos de trabajo:

- 2 de enero de 2008 a 1 de abril de 2008. El actor prestó servicios en este periodo en función de un contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción en el que se señalaba como causa del mismo «atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en atender transitoriamente las necesidades de personal producidas por la aplicación del vigente ERE en el Grupo RTVE». En el indicado contrato se establecía una cláusula adicional 2ª que indicaba que «en este acto, el contratado/a se considera preavisado en cuanto a la fecha de finalización del presente contrato (1.04.08), por lo que, desde ese momento, quedará plenamente extinguida la relación laboral dimanante del mismo».

- 9 de febrero de 2009 a 8 de agosto de 2009. El actor prestó servicios en este periodo en función de un contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción en el que se señalaba como causa del mismo «atender exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de tareas o exceso de pedidos, consistentes en atender las necesidades de personal resultantes del último ERE, en tanto se cubran regularmente con personal fijo». En el indicado contrato se establecía una cláusula adicional 2ª que indicaba que «en este acto, el contratado/a se considera preavisado en cuanto a la fecha de finalización del presente contrato (8.08.09), por lo que, desde ese momento, quedará plenamente extinguida la relación laboral dimanante del mismo».

- 9 de febrero de 2010 a 8 de mayo de 2010. El actor prestó servicios en este periodo en función de un contrato de trabajo eventual por circunstancias de la producción en el que se señalaba como causa del mismo «atender transitoriamente las necesidades de personal producidas por la puesta en marcha de la emisión 24 horas de Teledeporte, la incorporación del nuevo formato 16:9, la transmisión en directo en Teledeporte y en el nuevo canal en pruebas de Alta Definición (HD) de los JJ.OO de Vancouver». En el indicado contrato se establecía una cláusula adicional 2ª que indicaba que «en este acto, el contratado/a se considera preavisado en cuanto a la fecha de finalización del presente contrato (08.05.2010), por lo que, desde ese momento, quedará plenamente extinguida la relación laboral dimanante del mismo».

3.En todos los periodos indicados el demandante ha ocupado el mismo puesto, perteneciendo al departamento de continuidad y emisiones. En los intervalos existentes entre el cese del actor y su siguiente contratación, la empresa demandada concertó contratos eventuales con otros trabajadores para cubrir el mismo puesto del demandante. Tras el último cese del actor la empresa demandada ha concertado contratos eventuales para realizar las mismas funciones que desarrollaba el actor. En la actualidad el puesto correspondiente a las funciones que desarrollaba el actor está ocupado por un trabajador fijo.

4.En los años 2008, 2009, 2010 e incluso en la actualidad, el número de trabajadores adscritos a realización en el departamento de continuidad y emisiones ha sido siempre el mismo (6 personas).

5.En noviembre de 2006 la Dirección General de Trabajo acordó en el ERE nº 29/06 autorizar a la empresa Ente Público RTVE y sus sociedades filiales RNE S.A. y TVE S.A. a extinguir los contratos de trabajo de hasta un máximo de 4.150 trabajadores de su plantilla pertenecientes a los distintos centros de trabajo de la empresa. Las condiciones de las rescisiones serían las recogidas en los documentos incorporados a los acuerdos firmados entre las partes, que figuraban en el acta final del periodo de consultas, de fecha 24 de octubre de 2006. Las extinciones de contratos que se autorizaban se llevarían a efecto a partir del último trimestre de 2006 hasta el 1 de enero de 2009.

6.En el periodo de consultas relativo al mencionado ERE se habían alcanzado los acuerdos contenidos en el «Texto Articulado Plan de Empleo RTVE», que obra a los folios 360 y siguientes de los autos y que se da por reproducido. En dicho texto, y entre otras muchas cosas, se indicaba lo siguiente: «De conformidad con lo establecido en el 'Acuerdo para la constitución de la Corporación RTVE' de 12 de julio de 2006, a la par que se establece una plantilla objetivo de futuro para la Corporación RTVE, consistente en 5.900 trabajadores fijos y hasta 500 trabajadores temporales, se contempla un excedente actual en la plantilla del Grupo RTVE (Ente Público RTVE, TVE, S.A., RNE, S.A.) de 4.150 trabajadores. Este número representa las necesidades de adecuar cuantitativamente la plantilla al dimensionamiento derivado del nuevo modelo, a la vez que: Posibilita llevar a cabo acciones de adecuación interna. Facilita la generación suficiente de nuevo empleo y rejuvenecimiento de plantillas. Permite generar un sistema para la incorporación de personal con relación laboral temporal».

7.El 14 de mayo de 2007 se acordó la convocatoria general 1/2007 para la provisión de plazas de puestos fijos en la plantilla de la empresa demandada. En la mencionada convocatoria se ofertaron 24 plazas de técnico superior de realización de TV.

8.El 7 de mayo de 2010 se publicó una convocatoria para la cobertura de diversos puestos de trabajo y, entre ellos, dos plazas de técnico superior de realización en Barcelona. Dichas plazas fueron adjudicadas el 22 de julio de 2010.

9.El canal de televisión «Teledeporte» opera desde el centro de producción de programas de TVE de Sant Cugat del Vallés y emite las 24 horas del día; esa emisión en 24 horas se ejecuta por el personal de TVE (continuidad y emisiones) desde febrero de 2010. En junio de 2010 TVE HD pasó a depender del departamento de continuidad y emisiones de la demandada. No obstante, puesto que se automatizó la continuidad, la incorporación de los indicados canales no supuso un incremento del volumen de trabajo en el departamento de continuidad; de hecho, su gestión resultaba más sencilla.

10.La continuidad de Teledeporte y de TVE HD se gestiona desde el centro de Sant Cugat.

11.El 21 de abril de 2010 el demandante presentó ante el servicio administrativo correspondiente una papeleta de conciliación frente a la empresa demandada, en materia de reconocimiento de derecho, en la que, entre otras cosas, pretendía la existencia de una relación laboral fija y, subsidiariamente, indefinida. La papeleta de conciliación obra a los folios 165 y siguiente de los autos, que se dan por reproducidos.

12.La demandada recibió la citación al acto de conciliación el día 27 de abril de 2010.

13.El acto de conciliación relativo a la mencionada papeleta se celebró el 7 de mayo de 2010, resultando intentado sin efecto.

14.El 20 de abril de 2010 el actor interpuso ante los Juzgados de lo Social de Barcelona demanda en materia de reconocimiento de derecho contra la empresa demandad.

15.El demandante cesó en la prestación de servicios el 8 de mayo de 2010, fecha en la que fue dado de baja en la Seguridad Social.

16.El 23 de junio de 2010 el demandante percibió de la demandada la suma de 1.599,76 euros brutos «en concepto de saldo y finiquito». El actor suscribió el documento obrante al folio 396 de los autos, que se da por reproducido, si bien escribió «no conforme pendiente de revisión».

17.El demandante ha prestado servicios por cuenta y bajo la dependencia de un tercero entre el 1 de junio de 2010 y el 30 de junio de 2010, percibiendo un salario de 800 euros al mes.

18.El demandante no ostenta la condición de representante legal o sindical de los trabajadores, ni la ha ostentado en el último año.

19.Se ha intentado sin efecto la conciliación previa.

Tercer.Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària que el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.-El demandant, tècnic superior de realització, interposa recurs contra la sentència d'instància, que amb estimació parcial de la demanda contra RTVE, declarà que el cessament del seu darrer contracte temporal constituïa un acomiadament improcedent.

Per la via de l'apartat c) de l' art. 191 TRLPL es denuncia la infracció dels articles 15.1.a ) i 55.5 ET , article 3.2.b) del RD 2720/98 i dels artciles 108.2 i 179.2 LPL , ambdós en relació a l' art. 24 CE (dret a la tutela judicial efectiva, que integra la garantia d'indemnitat), així com de la jurisprudència del Tribunal Suprem relativa a aquesta darrera garantia, concretada a les sentències de la Sala Social de dates 18.2.08 i 26.2.08 .

Sosté el recurrent, en síntesi, que la sentència d'instància havia d'haver apreciat la lesió de la garantia d'indemnitat i declarat la nul.litat de l'acomiadament a la vista dels indicis aportats i dels fets declarats provats.

Segons reiterat i consolidada doctrina del Tribunal Constitucional,'El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface, pues, mediante la actuación de los Jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no puede seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas para la persona que los protagoniza ... En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos (SSTC 7/1993,14/1993,54/1995)'.

A la llum d'aquesta doctrina, específicament invocada pel demandant tan a l'escrit inicial de la demanda com en el seu recurs, el primer que escau en procediments en els que es denuncia la vulneració d'un dret fonamental, com ara la garantia d'indemnitat, és -en primer lloc- establir si es constata la concurrència d'indicis de la pretesa vulneració, en els termes establerts a l' art. 179-2 LPL . La doctrina constitucional relativa a aquest necessari 'test indiciari' ve recollida a la recent STS de 14.2.12 en els següents termes:

'- Sin embargo, y esto es lo determinante, para que opere este desplazamiento al empresario del onus probandi no basta simplemente con que el trabajador afirme su carácter discriminatorio [STC 266/1993, de 20/Septiembre, F. 2), sino que ha de acreditar la existencia de indicio que «debe permitir deducir la posibilidad de que aquélla [la vulneración constitucional] se haya producido» (SSTC 114/1989, de 22/Junio,F. 5 ; 85/1995, de 06/Junio,F. 4 ; 144/2005, de 06/Junio, F. 3; y171/2005, de 20/Junio, F. 3), que genere una razonable sospecha, apariencia o presunción en favor de semejante afirmación; es necesario que por parte del actor se aporte una «prueba verosímil» (STC 207/2001, de 22/Octubre, F. 5) o «principio deprueba» revelador de la existencia de un panorama discriminatorio general o de hechos de los que surja la sospecha vehemente de una discriminación por razón de sexo, sin que sea suficiente la mera afirmación de la discriminación (por todas,SSTC 308/2000, de 18/Diciembre,F. 3 ; 41/2002, de 25/Febrero,F. 3 ; 17/2003, de 30/Enero,F. 3 ; 98/2003, de 02/Junio,F. 2 ; 188/2004, de 02/Noviembre,F. 4 ; 38/2005, de 28/Febrero,F. 3 ; 175/2005, de 04/Julio,F. 4 ; 326/2005, de 12/Diciembre,F. 6 ; 138/2006, de 08/Mayo,F. 5 ; 168/2006, de 05/Junio,F. 4 ; 342/2006, de 11/Diciembre, F. 4; y74/2008, de 23/JunioF. 2).

Además, ese indicio no consiste en la mera alegación de la vulneración constitucional, sino que debe permitir deducir la posibilidad de la lesión (SSTC 21/1992, de 14/Febrero,F. 3 ; 266/1993, de 20/Septiembre,F. 2 ;87/1998, de 21/Abril;293/1993, de 18/Octubre;140/1999, de 22/Julio;29/2000, de 31/Enero;308/2000, de 18/Diciembre,F. 3 ; 136/2001, de 18/Junio;142/2001, de 18/Junio,F. 5 ; 207/2001, de 22/Octubre;214/2001, de 29/Octubre;14/2002, de 28/Enero,F. 4 ; 29/2002, de 11/Febrero,F. 5 ; 30/2002, de 11/Febrero,F. 5 ; 41/2002, de 25/Febrero,F. 3 ; 48/2002, de 25/FebreroF. 5 ; 84/2002, de 22/Abril F. 3, 4y5; 5/2003, de 20/Enero;617/2003, de 30/Enero;151/2004, de 20/Septiembre; y326/2005, de 12/Diciembre, F. 6). Y «tendrán aptitud probatoria tanto los hechos que sean claramente indicativos de la probabilidad de la lesión del derecho sustantivo, como aquellos que, pese a no generar una conexión tan patente y resultar por tanto más fácilmente neutralizables, sean sin embargo de entidad suficiente para abrir razonablemente la hipótesis de la vulneración del derecho fundamental. Esto es, dicho en otras palabras, son admisibles diversos resultados de intensidad en la aportación de la prueba que concierne a la parte actora, pero deberá superarse inexcusablemente el umbral mínimo de aquella conexión necesaria, pues de otro modo, si se funda la demanda en alegaciones meramente retóricas o falta la acreditación de elementos cardinales para que la conexión misma pueda distinguirse, haciendo verosímil la inferencia, no se podrá pretender el desplazamiento del onusprobandi al demandado» (ATC 89/2000, de 21/Marzo; ySSTC 17/2003, de 30/Enero; y151/2004, de 20/Septiembre). No obstante, el indicio ha de ser acreditado por hechos indicativos de la probabilidad de la lesión o la razonable hipótesis de ella, pero no simples alegaciones retóricas (SSTC 111/2003, de 16/Junio,F. 4 ; 79/2004, de 5/Mayo, F. 3; y168/2006, de 05/Junio, F. 6).

La sentència d'instància, en el cinquè fonament jurídic, després de raonar en els fonaments jurídics anteriors que els tres contractes temporals subscrits entre les parts han de ser considerats en frau de llei (i per tant, la relació laboral, de caràcter indefinit), desestima la qualificació de nul.litat de l'acomiadament en considerar que, tot i ser cert que en el moment del cessament la demandada ja havia rebut la papereta de conciliació en reclamació del caràcter indefinit de la seva relació laboral, el seu cessament ha coincidit amb la data de finalització prevista al seu contracte, previsió que fou anterior a aquella reclamació, sense que hagi estat anticipada. Aquesta coincidència de la data de cessament amb la prevista ja des d'abans del coneixement de la reclamació del demandant és la que porta al jutge d'instància a concloure que 'no entiendo que se haya acreditado que el cese del demandante obedezca a su reclamación, ni tampoco que se hayan presentado indicios favorables a ello, motivo por el cual no procede la pretensión de nulidad'.

A continuació, estima la pretensió subsidiària, la declaració d'improcedència, en considerar que la relació laboral era indefinida, pel caràcter en frau de llei dels successius contractes temporals, i que -per tant- el seu cessament s'ha de qualificar com un acomiadament improcedent.

El demandant, en el seu recurs, discrepant de la valoració del jutge d'instància, considera que sí concorren indicis suficients de la vulneració de la garantia d'indemnitat i, per contra, manca una justificació objectiva del seu cessament.

En síntesis, a criteri de la Sala, els fets provats que cal tenir en compte en ordre a determinar si concorre o no un panorama indiciari suficient que permeti activar la inversió probatòria establerta a l' art. 179-2 LPL (el 'test indiciari', en definitiva, són els següents):

-El demandant desenvolupà tres contractes eventuals per circumstàncies de la producció, com a tècnic superior de realització, en els períodes de 2 de gener a 1 d'abril de 2008, de 9 de febrer a 8 d'agost de 2009, i de 9 de febrer a 8 de maig de 2010. En els tres contractes constava una clàusula per la qual el demandant es declarava preavisat de la corresponent data prevista de cessament (fets provats primer i segon).

-Durant els tres contractes el demandant ha ocupat el mateix lloc de treball, que, en els períodes en els que no ha estat contractat i amb posterioritat al seu cessament, ha estat ocupat per altres tècnics contractats amb caràcter eventual, tot i que en la data del judici, març de 2011, hi estava adscrit ja un treballador fix (fet provat tercer).

-El 7 de maig, dia anterior al cessament del demandant prevista contractualment (fet provat 15é), es publicà la convocatòria de dos places de tècnic superior de realització al centre de treball de Barcelona, que foren adjudicades el 22 de juliol de 2010 (fet provat 8é).

-El demandant havia presentat demanda judicial i papereta de conciliació en dates, respectivament, 20 i 21.4.10, ambdues en reclamació de reconeixement del caràcter fix o, subsidiàriament, indefinida, de la relació laboral, papereta que la demandada rebé el 27.4.10. La conciliació, amb resultat de sense avinença, s'intentà en data 7.5.10 (fets provats 11é a 14é).

D'aquests fets provats, el recurrent infereix com a indicis els següents:

-el carácter en frau de llei del contracte eventual subscrit.

-la manca d'esgotament de la seva durada màxima.

-la substitució del demandant, un cop cessat, per altres treballadors en règim eventual.

-la escassa distància temporal entre l'acció judicial empresa i el seu cessament.

-la manca de justificació del seu cessament, atès que els dos tècnics superiors no s'incorporen a la demandada fins el 22.7.10, sense que consti que ho fessin al lloc de treball del demandant.

La Sala, ja s'avança, no considera que aquests elements -en el context de la resta de fets provats- constitueixi un panorama indiciari suficient per activar la inversió probatòria.

En efecte, com es públic i notori, al menys per la Sala, i en tot cas es fa evident de la mateixa declaració de fets provats, la contractació eventual en frau de llei era -si més no l'any 2010- un fenomen 'patològic' a l'entitat demandada. En aquest context, cap dels elements identificats com a indiciari, ni tots ells en conjunt, permeten inferir o deduir, ni tant sols com a hipòtesi racional, que el seu cessament en data 8.5.10 no obeís a la simple previsió contractual, tal com havia passat amb els contractes eventuals anteriors, i amb els deus seus companys que l'havien substituït entre un contracte i el posterior.

En primer lloc, perquè el caràcter en frau de llei d'aquests contractes -i per tant, dels corresponents cessaments- en absolut evidencia la intencionalitat repressiva, com tampoc la manca d'esgotament de la durada màxima (atès que el contracte es rescindit en la data contractualment prevista), ni l'habitual i patològic cobriment de llocs de treball permanents per mitjà de successius contractes eventuals. I pel que fa a la immediatesa entre la papereta de conciliació i el cessament, cap rellevància indiciària pot tenir si resulta que, com en els contractes eventuals previs i els de la resta de companys del demandant en idèntica situació, aquesta ha estat la pràctica eventual fins el cobriment del lloc de treball per mitjà d'un empleat fix.

En aquest context, falta un autèntic indici 'diferencial', com hagués pogut ser la rescissió del contracte del demandant abans de la data prevista, o -especialment- que altres treballadors en idèntica situació, la seva contractació eventual hagués estat prorrogada. O que ell mateix hagués estat objecte d'una cadena contractual fraudulenta, successió de contractes temporals en frau de llei sense solució de continuïtat, que -per primer i simptomàtic cop- quedés interrompuda, coincident en la data de finalització prevista contractualment, justament després d'haver interposat la seva reclamació.

Però en el cas present, no concorre una 'cadena contractual' ininterrompuda, sinó successius contractes eventuals notablement distanciats en el temps entre un i altre (sis mesos), i, per tant, no hi ha cap element que permeti sospitar -i aquest és l'element determinant- que el demandant no hagués estat cessat -igualment i en tot cas- en data 8.5.10, tal com estava previst contractualment (tal com ho havia estat en finalitzar els dos contractes anteriors).

Cal recordar, a més, la notable coincidència de la situació que ara s'analitza amb la resolta a la nostra anterior sentència de 15.4.11, recurs núm. 7482/10 , en la que, tot i apreciar en aquell indicis suficients per a la inversió de la càrrega probatòria, es desestimà la denúncia de vulneració de la garantia d'indemnitat:

'En definitiva, atendiendo a todas y cada una de las circunstancias que hemos señalado, de las mismas, sólo se puede desprender, que el motivo o intención que subyace a la extinción del contrato, al menos en este supuesto, no fue dirigida a represaliar la conducta del actor por haber reclamado judicialmente la declaración de la fijeza de su relación laboral con base en todos los contratos celebrados entre 2 de enero de 2008 y el 14 de enero de 2010, sino que se circunscribe a aplicar la causa de extinción consignada válidamente en el contrato, una vez que resuelto el concurso, 20 de las plazas de técnico superior electrónico, fueron cubiertas por las personas que a través de un concurso público, celebrado con las debidas garantías, se adjudicaron la misma, circunstancia esta que razonablemente y proporcionalmente, por mucho que se empeñe el recurrente, elimina toda sospecha de que la empleadora pudiere ocultar tras la extinción del contrato la lesión de un derecho fundamental.

La Sala, per tant, ha de compartir el criteri del jutge d'instància en el sentit de que no concorren indicis de la vulneració denunciada, amb desestimació d'aquest primer motiu.

SEGON.-També per la via de l'apartat c) de l' art. 191 TRLPL es denuncia la infracció de l' art. 56.1.a) ET , a la llum de la doctrina d'aquesta mateixa Sala establerta a la seva sentència de 15.4.11 , núm. 2784.11.

La sentència d'instància, en fixar la indemnització corresponent a la declaració d'improcedència de l'acomiadament del demandant, ho ha fet en base a la data d'inici del darrer dels tres contractes signats, 9.2.10, en considerar que els sis mesos transcorreguts entre el segon i el tercer contracte trencava la unitat o continuïtat de la relació laboral.

El recurrent, per contra, postula que es calculi la indemnització des de la data d'inici del primer contracte, 2.1.08, invocant la doctrina aplicada per aquesta Sala a la seva sentència de 15.4.11 , núm. 2784.11, referida també a la demandada.

Aquest segon motiu -ja s'avança- ha de ser estimat, atès que, certament, la situació contemplada en aquella anterior sentència de la Sala és, com ja s'ha dit, substancialment idèntica a la present:

' Por lo que se refiere, a la petición subsidiaria del recurso, y determinado que el contrato del trabajador en el momento de su extinción tenía el carácter de indefinido, en el sentido indicado en el EBEP, ahora se pretende, que sólo se compute la antigüedad desde el último de los contratos suscritos, y no la antigüedad desde el primer contrato, por entender, que en el presente caso no es de aplicación la teoría jurisprudencial de la unidad del vínculo, que tan profusamente expuso la sentencia recurrida, que aquí, para evitar, hacer excesivamente extensa esta resolución damos por reproducida, y que, además, como se desprende del motivo, conoce perfectamente la recurrente.

Para determinar si existe unidad del vínculo entre diversos contratos temporales sucesivos en el tiempo se ha de estar a las concretas circunstancias del caso, por lo que la duración de los contratos o el tiempo que ha pasado entre la finalización de uno y la suscripción de otro, no son más que un elemento a valorar, pero no los que determinan su existencia. En el supuesto enjuiciado, concurren circunstancias, que ya hemos puntualizado más arriba en otros de los apartados sobre los que se construye esta resolución, que hacen necesario que consideremos que entre todos los contratos existió una unidad que no quebró a pesar de que entre ellos hubiere una interrupción temporal de más de veinte días, pues en este caso, a luz de lo declarado probado en el hecho tercero, es evidente, que si no hubo continuidad, no fue porque el trabajador no tuviere derecho, o renunciará a ello, sino porque la empresa, con su conducta pretendía eludir las consecuencias que describe el artículo 15.3 TRET , adquiriera la condición de indefinido, o indefinido no fijo (según la versión jurisprudencial), y con ese fin, ideo, un sistema, por el cual, unos trabajadores, cubrían ese puesto de trabajo, durante el tiempo máximo legal, es decir seis meses, para después, ser sustituidos por otros, trabajadores durante los otros seis meses del año. Es evidente, que esta conducta, si algo pone de manifiesto, es la existencia de un solo contrato de trabajo, titularizado por varios trabajadores, y por ende, de un solo vínculo laboral, aunque eso si, como se puede adivinar, sobre un supuesto fáctico, que no tiene cabida en nuestro ordenamiento laboral.

Por tanto, a efecto de antigüedad en la empresa, la fecha debe ser la del primero de los contratos, entender lo contrario sería, como bien recoge el escrito de impugnación, tanto como permitir la proliferación de este tipo de contratación fraudulenta, ya que, los efectos indemnizatorios, únicamente, se podrían derivar de la extinción acordada unilateralmente por el empresario anudada a la fecha del último contrato, lo que supondría un ahorro y un incentivo más para el empresario infractor pudiere perpetuar este tipo de conductas, que nuestra normas no permiten, y que los tribunales de justicia no pueden tolerar.

Dicho, esto, dadas las peculiaridades del caso, una cosa, es la antigüedad en la empresa según dispone elartículo 25 TRET , y otra cosa, es la antigüedad a efectos del cálculo de la indemnización de despido, toda vez que esta última, toma como referencia el artículo 56.1 TRET , que se refiere a los periodos efectivamente trabajados, salvo que haya habido una solución de continuidad significativa, que, en este procedimiento no se produce, y en este sentido, como la indemnización que recoge la resolución impugnada, se cálculo, únicamente con referencia al tiempo de servicios prestados, de ahí, que el resultado fuese un saldo a favor del trabajador de 3.153,94 euros (1,25 años x 45 días x 56,07= 3.153,937), conlleva, a la desestimación también de este motivo, por no haberse infringido lo dispuesto en los artículos que se invocan vulnerados.'

Per tant, com postula el recurrent, s'ha d'estimar aquest segon motiu del recurs i calcular la indemnització en raó de la suma de tots els períodes treballats durant els tres contractes (de tres, sis i tres mesos), és a dir, per un total de dotze mesos, cosa que determina una indemnització de 2.495,7 euros enlloc de l'import de 623,93 euros, fixat a la sentència d'instància.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació.

Fallo

Que hem d'estimar i estimem parcialment el recurs de suplicació interposat per Augusto contra la sentència dictada pel jutjat del social número 1 dels de Terrassa en data 27.4.11 , a les actuacions 538/10, en procediment en impugnació d'acomiadament disciplinari contra SOCIEDAD MERCANTIL ESTATAL CORPORACIÓN RTVE,SA i, en conseqüència, revocar parcialment l'esmentada sentència, exclusivament respecte del segon pronunciament de la part dispositiva, i fixar en 2.495,7 euros la indemnització a abonar per la demandada, pel cas que no opti per la readmissió del demandant.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat iadreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdició Social .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclós pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdició Social , consignarà com dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit -BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdició Social , quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ.Avui, el Magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.