Sentencia SOCIAL Nº 258/2019, Juzgado de lo Social - Burgos, Sección 3, Rec 247/2019 de 06 de Agosto de 2019

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 3

BURGOS

SENTENCIA: 00258/2019

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

AVDA. REYES CATÓLICOS (EDIFICIO DE JUZGADOS), PLANTA 1-SALA 2

Tfno:947284055

Fax:947284056 947284145

Correo Electrónico:

Equipo/usuario: MIV

NIG:09059 44 4 2019 0000748

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000247 /2019

Procedimiento origen: /

Sobre: DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña: Juan Enrique

ABOGADO/A:JULIA MARIA MANERO IZQUIERDO

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:GESCISBUR SL, ARPROALAN SL , FOGASA DIRECCION PROVINCIAL FOGASA

ABOGADO/A:, , LETRADO DE FOGASA

PROCURADOR:, ,

GRADUADO/A SOCIAL:, ,

En BURGOS, a seis de agosto de dos mil diecinueve.

Dª MARTA GOMEZ GIRALDA Magistrado-Juez del JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 3 de BURGOS y su Provincia, tras haber visto los presentes autos sobre DESPIDO, seguidos a instancia de DON Juan Enrique , que comparece asistido por el Letrado Doña Julia Manero Izquierdo, contra la empresa GESCIBUR S.L. y ARPROALAN S.L., que no comparece, con asistencia del FOGASA, asistida por Doña Reyes Galerón.

EN NOMBRE DEL REY

Ha pronunciado la siguiente

SENTENCIA nº 258/19

Antecedentes

PRIMERO.-DON Juan Enrique presentó demanda de procedimiento de DESPIDO contra la empresa GESCIBUR S.L., en la que exponía los hechos en que fundaba su pretensión, haciendo alegación de los fundamentos de derecho que entendía aplicables al caso y finalizando con la súplica de que se dicte sentencia accediendo a lo solicitado.

SEGUNDO.-Que admitida a trámite la demanda, se ha celebrado el acto de juicio, con el resultado que obra en las actuaciones.

TERCERO.-En la tramitación de estos autos se han observado todas las prescripciones legales.

Hechos

PRIMERO.- El demandante DON Juan Enrique , con DNI nº NUM000 , ha prestado servicios para la empresa GESCIBUR S.L. desde el 1-4-2012, con la categoría profesional de Oficial Fontanero, en virtud de un contrato de arrendamiento de servicios, estando dado de alta en el RETA desde esa misma fecha, percibiendo un salario anual bruto de 39.262,40 euros, (no controvertido) incluida la prorrata de pagas extraordinarias.

SEGUNDO.- Desde el 29-11-2004 hasta el 7-7-2009, el trabajador trabajó para la empresa demandada, afiliado al Régimen General de la Seguridad Social.

TERCERO.- El horario de trabajo del actor era de lunes a viernes de 9 a 14 y de 16 a 19 horas. Realizaba las reparaciones en los domicilios que le indicaba la demandada siguiendo sus instrucciones, siendo ésta quien suministraba el material necesario para efectuar las mismas y fijaba las tarifas de la mano de obra a 17 euros la hora, quien además ponía a disposición del trabajador un vehículo de empresa, el uniforme con el anagrama de la demandada, así como las herramientas de trabajo. La empresa autorizaba al trabajador los días de vacaciones en función de las necesidades del servicio. (documentos 5 y 6 del acontecimiento 19 del expediente)

CUARTO.- La empresa proporcionó al trabajador las normas básicas de actuación obrantes en el documento 3 del acontecimiento 19 del expediente, que se dan por reproducidas, así como los partes de obra con el logotipo de GESCIBUR S.L., con carácter previo a la realización de las reparaciones (documento 4 del acontecimiento 19 del expediente), que el trabajador tenía que rellenar para ser firmados por los clientes cuando llevaba a cabo las reparaciones (documento 14 del acontecimiento 19). Posteriormente el actor emitía las facturas correspondientes a GESCIBUR S.L. solo por la mano de obra (documentos 10, 11 y 12 del acontecimiento 19 del expediente)

QUINTO.- El 4-4-2019 cambió el administrador único de GESCIBUR S.L., pasando a ser Don Basilio , que a su vez es administrador único de ARQUITECTURA Y PROYECTOS AL ANDALUS 2007, actualmente ARPROALAN S.L. (documentos 15, 16 y 17 del acontecimiento 19 del expediente)

SEXTO.- En fecha 5 de marzo de 2019 la empresa comunicó verbalmente al trabajador que a partir de dicho momento iba a dejar de prestar servicios para ella.

SEPTIMO.- La empresa GESCIBUR S.L. se encuentra cerrada y sin actividad.

OCTAVO.- El demandante no ostenta ni ha ostentado la representación legal de los trabajadores.

NOVENO.- El demandante presentó papeleta de conciliación el 27-3-2019, celebrándose el acto el 9-4-2018, con el resultado de 'Sin avenencia' respecto a GESCIBUR S.L. e 'Intentado sin efecto' respecto a ARPROALAN S.L.

Fundamentos

PRIMERO.-Los hechos que se declaran probados se han obtenido de la valoración conjunta de la prueba practicada conforme a las reglas de la sana crítica.

SEGUNDO.-Impugna la parte demandante lo que considera su despido verbal llevado a cabo el día 5-3-2019,alegando la existencia de relación laboral entre las partes, no habiendo cumplido la empresa las formalidades previstas legalmente para su despido.

Interesa en el acto de la vista la extinción de la relación laboral, al amparo de lo previsto en el artículo 110.1.b) de la LJS, al encontrarse la empresa cerrada y sin actividad, siendo imposible su readmisión.

El FOGASA se opone a las pretensiones de la demanda negando la existencia de relación laboral entre las partes. Subsidiariamente, interesa la extinción de la relación laboral al amparo de lo previsto en el artículo 110.1.a) de la LJS.

El problema que se plantea en el caso de autos consiste en determinar si la relación que unía al actor con la empresa demandada debe conceptuarse como una relación laboral, constituyendo el cese acordado un despido que debe declararse improcedente o si de forma contraria, se trata de una relación mercantil, excluida por tanto del conocimiento de este orden jurisdiccional incumbiendo al orden civil.

El contrato de trabajo resulta definido en el artículo 1º 1 y 8.1 del Estatuto de los Trabajadores cuando, al señalar el ámbito objetivo de dicha Ley, dispone que 'será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario'. Por otro lado, el artículo 8.1 del propio Estatuto de los Trabajadores consagra la libertad de forma para la celebración del contrato de trabajo y una presunción 'iuris tantum' de existencia del mismo, al decir: 'El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una retribución a aquél'.

De la exégesis normativa, se deducen las siguientes notas características del contrato de trabajo:

A) El objeto del mismo consiste en la prestación voluntaria de servicios retribuidos. La voluntariedad es indispensable, puesto que se trata de un contrato ( artículos 1254 , 1258 y 1261 del Código Civil . La deuda contractual del trabajador es una deuda de actividad (prestar sus servicios) y no de resultado, y además se trata de un quehacer personal, lo que ha llevado a decir que este contrato se celebra 'intuitu personae', de manera que no puede tener el trabajador la facultad de designar libremente un sustituto sin necesidad de aprobación del empleador sin que se desnaturalice el carácter laboral de la relación, salvo que tal facultad carezca de entidad suficiente en la ejecución práctica del contrato. La retribución, que constituye el objeto de la obligación primordial del empresario, viene entendida en el amplio sentido del artículo 26.1 del Estatuto de los Trabajadores ('la totalidad de las percepciones económicas, en dinero o en especie'). Tal obligación deriva inmediatamente de la prestación de los servicios y es independiente de los beneficios que ésta reporte al empresario.

B) Es esencial al contrato la ajeneidad ('por cuenta ajena'), es decir, que los frutos del trabajo se transfieren 'ab initio' al empresario por el hecho del contrato y éste asume la obligación de pagar el salario con independencia de la obtención de beneficios, de manera que la posibilidad de beneficios o pérdidas se imputan sólo al empresario, existiendo para el trabajador una ajeneidad de los riesgos.

C) Los servicios, para que sean laborales, han de ser prestados 'dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona' que los retribuye, bastando con que el trabajador se halle comprendido en el círculo rector y disciplinario del empresario, sin que para ello sea preciso que esté sometido a jornada laboral predeterminada, ni a horario fijo, ni a exclusividad en su tarea, como tuvo ocasión de señalar el Tribunal Supremo en Sentencia de 6 mayo 1986 , entre otras. En definitiva, se trata de que el trabajo se realice 'bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue', como reafirma el artículo 20.1 del Estatuto de los Trabajadores . En esto consiste la clásica nota de dependencia o subordinación.

Por otra parte, el Tribunal Supremo, en sus sentencias de 14 noviembre 1983 y 10 abril 1984 entre otras muchas, tiene declarado que la determinación de si una relación 'inter partes' tiene o no naturaleza laboral, no depende ni de cómo la denominen ni la conciban las partes, ni de ninguna decisión o resolución administrativa, sino que tan sólo compete a los órganos judiciales, que han de atender a su verdadero contenido obligacional para determinar la auténtica naturaleza de aquélla.

De otra parte, la calificación de la relación que vincula a las partes debe hacerse a la luz del criterio jurisprudencial ampliamente reiterado que pone de manifiesto cómo los contratos tienen la naturaleza jurídica que se deriva de su contenido obligacional, independientemente de la denominación que le otorguen los intervinientes, debiendo estarse para determinar su auténtica naturaleza a la realidad de su contenido, manifestado por los actos realizados en su ejecución, lo que debe prevalecer sobre el 'nomen iuris' empleado por los contratantes; siendo así que la determinación del carácter laboral o no de la relación que une a las partes, no es algo que quede a la libre disposición de éstas, sino que es una calificación que debe surgir del contenido real de las prestaciones concertadas y de las concurrencias de los requisitos que legalmente delimitan el tipo contractual ( Sentencias del Tribunal Supremo de 11-6-1990 y 5-7-1990 , entre otras).

Así pues, para determinar la existencia de una relación laboral lo esencial es establecer la concurrencia de las notas de ajeneidad y dependencia a las que se refiere el Art. 1.1 del Estatuto de los Trabajadores , esto es, que la prestación de servicios contratada se realice dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa, y por tanto con sometimiento al círculo rector, disciplinario y organizativo de la misma ( STS de 16-2-1990 ).

TERCERO.- Aplicando esta doctrina al caso de autos, de la valoración de la prueba practicada en el presente procedimiento, concretamente de la documental aportada a las actuaciones, del interrogatorio del trabajador y de la testifical llevada a cabo en el acto de la vista, se llega a la conclusión de la existencia de relación laboral entre las partes, al cumplirse los requisitos de ajeneidad y dependencia necesarios para la existencia de la misma.

Así, ha quedado acreditado con la declaración del trabajador, que éste acudía a realizar las reparaciones necesarias según las instrucciones que le daba la empresa, quien incluso le entregó unas normas básicas de actuación, obrantes en el documento 3 del acontecimiento 19 del expediente, no impugnado de contrario. Este debía acudir con el uniforme de la empresa y en el vehículo suministrado por ella con su anagrama, como se desprende de los documentos 5 y 6 del acontecimiento 19 del expediente. Además tenía que rellenar unos partes de trabajo previamente suministrados por la empresa con su anagrama, (documentos 4 y 14 del del acontecimiento 19 del expediente), siendo la empresa la que le indicaba los lugares donde tenía que ir a hacer las reparaciones y una vez llevada a cabo la reparación, el actor giraba factura a nombre de la empresa demandada, solo por la mano de obra y según las tarifas fijadas por ésta, corriendo de cuenta de la empresa la compra del material. Ésta también proporcionaba al trabajador las herramientas necesarias para desempeñar su trabajo. El testigo que ha depuesto en el acto de la vista, que no ha presentado demanda alguna contra la demandada, por lo que su testimonio se considera imparcial, ha declarado que él prestaba servicios como autónomo para la demandada, pero como albañil, y que, aunque la furgoneta y las herramientas que empleaba eran suyas, recibía órdenes de la empresa para realizar los trabajos y llevaba también un uniforme con el anagrama de la misma.

El actor también ha declarado que para cogerse las vacaciones necesitaba que la empresa se las autorizase en función de la cantidad de obras que tuviera en cada momento y que seguía el horario fijado por ésta, de 9 a 14 horas y de 16 a 19 horas.

Pues bien, la calificación del contrato no depende de cómo hayan sido denominados por las partes contratantes, sino de la configuración efectiva de las obligaciones asumidas en el acuerdo contractual y de las prestaciones que constituyen su objeto, debiéndose tener en cuenta que, en el contrato de arrendamiento de servicios, el esquema de la relación contractual es un genérico intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo con la contrapartida de un 'precio' o remuneración de los servicios, y en el contrato de trabajo dicho esquema o causa objetiva del tipo contractual es una especie del género anterior que consiste en el intercambio de obligaciones y prestaciones de trabajo dependiente por cuenta ajena a cambio de retribución garantizada. Así, cuando concurren, junto a las notas genéricas de trabajo y retribución, las notas específicas de ajenidad del trabajo y de dependencia en el régimen de ejecución del mismo, nos encontramos ante un contrato de trabajo sometido a la legislación laboral; y en el presente caso, de las pruebas practicadas, como he expuesto anteriormente, debe concluirse que concurren las notas de dependencia y ajeneidad que evidencian la laboralidad de la relación existente entre las partes, pues el trabajador no disponía de estructura mínima empresarial, realizaba su trabajo personalmente, no asumía el riesgo y actuaba en todo momento bajo las órdenes e instrucciones de la demandada.

En consecuencia, habiendo quedado acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes, no puede más que declararse la improcedencia del despido operado por la parte demandada, al haber sido realizado de forma verbal, sin cumplir ninguna de las formalidades previstas legalmente y ello teniendo en cuenta que la empresa demandada, a la que corresponde la carga de la prueba, conforme dispone el artículo 105.1 LJS, no ha comparecido al acto del juicio, sin que, por tanto, haya acreditado la concurrencia de causa alguna que justifique la decisión extintiva adoptada.

CUARTO.-La parte actora ha solicitado la extinción de la relación laboral al amparo de lo previsto en el artículo 110.1.b) de la LJS, al ser imposible la readmisión por encontrarse la empresa cerrada y sin actividad, mientras que el FOGASA ha interesado la extinción de la relación laboral al amparo de lo previsto en el artículo 110.1.a) ante la incomparecencia de la empresa, con fijación de la indemnización a fecha del despido sin salarios de tramitación.

Debe determinarse la prevalencia entre la opción ejercitada por el FOGASA, conforme al artículo 110.1.a) o la opción ejercitada por el trabajador, de acuerdo con el artículo 110.1.b) de la LJS, al haber concurrido ambas opciones en el acto de la vista.

Esta cuestión ya ha sido resuelta por el Tribunal Supremo en sentencia número 1615/2019, de 4-4-2019,(REC. 4064/2017 ) dictada en unificación de doctrina, en cuyo Fundamento de Derecho Cuarto se indica lo siguiente:'Como se ha adelantado, en la STS/IV Pleno de 05-03-2019 (rcud 620/2018 ) se ha interpretado el art. 23.2 en relación con el art. 110.1.a) LRJS , en el sentido de que tales preceptos le permite al FOGASA ejercitar, anticipadamente en el juicio oral del proceso de despido, el derecho de opción en sustitución de la empresa en favor de la indemnización previsto en el art. 110.1 LRJS , siempre y cuando: a) se trate de empresas que no hayan comparecido; b) que estén en alguna de las situaciones del art. 23.2 y, además, que sea difícil o imposible la readmisión; c) que el titular del derecho sea la empresa, no el trabajador; d) que el Fondo haya comparecido en el momento procesal adecuado para llevar a cabo esa opción.

2.- Por lo que procede reconocer tal derecho al FOGASA en las condiciones y con las consecuencias expuestas, estimando en este extremo el recurso.

3.- No obstante, debemos también resolver en el presente recurso sobre la eficacia de tal opción realizada por el FOGASA al coincidir con la opción que en el propio acto del juicio se efectuó por el trabajador no titular directo ex art. 110.2 LRJS (en cuyo supuesto no cabría en modo alguno sustitución por el FOGASA respecto al ejercicio de un derecho empresarial que no le corresponde) sino con fundamento en la facultad que le otorga el art. 110.1.b) LRJS en el supuesto de que 'constare no ser realizable la readmisión'. En este caso de incomparecencia de la empresa, las facultades del FOGASA no cabe interpretar que se extiendan a hacer prevaler la acción por sustitución referida a la efectuada por el trabajador ex art. 110.1.b) LRJS , al ser esta última opción preferente y prioritaria por ser personal, frente a la del FOGASA que es sustitutiva de la de la ordinaria titularidad empresarial, dado que la opción ex art. 110.1.b) LRJS atribuida al trabajador -al tratarse de una previsión especial ligada a la concurrencia de unas determinadas circunstancias-, cabe considerarla preferente respecto de la genérica opción establecida en el art. 110.1.a) LRJS atribuida al que resultare ser titular directo de la opción'.

En consecuencia, aplicando la anterior doctrina al caso de autos, cabe dar prevalencia a la opción ejercitada por el trabajador en el acto de la vista, al amparo de lo previsto en el artículo 110.1.b) de la LJS, debiendo declarar extinguida la relación laboral en la presente sentencia, condenando al empresario a abonar la indemnización por despido calculada hasta la fecha de la sentencia con abono de los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de esta resolución, de acuerdo con la sentencia del TS en de 25-10-17 , por lo que la indemnización asciende a 26.327,32 euros.

QUINTO.- Se interesa en la demanda que se condene también a la empresa ARPROALAN S.L., sin que se haya acreditado motivo alguno para su condena, más que el hecho de que la empresa GESCIBUR S.L. ha cambiado de administrador, y que el actual también lo es de dicha empresa, sin que este dato sea suficiente para su condena, por lo que debe ser absuelta de las pretensiones de la demanda.

SEXTO.- Todo ello con la responsabilidad subsidiaria del FOGAS dentro de los límites del artículo 33 del ET .

SEPTIMO.- En virtud de lo establecido en los artículos 190 y 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , contra esta sentencia cabe recurso de suplicación.

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación.

Fallo

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE demanda presentada por DON Juan Enrique contra la empresa GESCIBUR S.L., ARPROALAN S.L. y el FOGASA, declaro la IMPROCEDENCIA DEL DESPIDO de que fue objeto el demandante, y se declara EXTINGUIDA la relación laboral entre las partes con fecha 6-8-2019, condenando a la empresa a abonar al actor una indemnización de 26.327,32 euros, con abono de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido 5-3-2019 hasta la fecha de esta sentencia, a razón de 107,57 euros diarios, con responsabilidad subsidiaria del FOGASA dentro de los límites legales del artículo 33 del ET , absolviendo a la empresa ARPROALAN S.L. de las pretensiones de la demanda.

Notifíquese a las partes, haciéndoles saber que en aplicación del mandato contenido en el artículo 53.2 de la LJS, en el primer escrito o comparecencia ante el órgano judicial, las partes o interesados, y en su caso los profesionales designados, señalarán un domicilio y datos completos para la práctica de actos de comunicación. El domicilio y los datos de localización facilitados con tal fin,surtirán plenos efectos y las notificaciones en ellos intentadas sin efecto serán válidashasta tanto no sean facilitados otros datos alternativos, siendocarga procesal de las partesy de sus representantesmantenerlos actualizados. Asimismo deberán comunicar los cambios relativos a su número de teléfono, fax, dirección electrónica o similares, siempre que estos últimos estén siendo utilizados como instrumentos de comunicación con el Tribunal.

Advierto a las partes que:

- Contra esta sentencia puedenanunciar Recurso de Suplicaciónante el Tribunal Superior de Justicia de CASTILLA-LEON y por conducto de este JDO. DE LO SOCIAL N. 3 en el plazo decinco díasdesde la notificación de esta sentencia.

- En ese momento deberán designar Letrado o Graduado Social colegiado que se encargará de su defensa en la tramitación del recurso que anuncia.

- En el caso de que quien pretendiera recurrir no ostentara la condición de trabajador o beneficiario del régimen público de Seguridad Social, o no gozase del beneficio de justicia gratuita o no estuviese en alguna de las causas legales de exención, deberá, al momento de anunciar el recurso y en el plazo de cinco días señalado,consignarla cantidad objeto de condena o formalizar aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito por esa cantidad en el que se haga constar la responsabilidad solidaria del avalista; y que al momento de anunciar el Recurso de Suplicación, deberá acompañar resguardo acreditativo de haberdepositadola cantidad de300 euros,en la cuenta de este órgano judicial abierta en la Entidad Bancaria SANTANDER, cuentanº ES55 0049 3569 9200 0500 1274,agencia sita en Burgos, C/ Madrid incluyendo en el concepto los dígitos1717.0000.65.0247.19.

-Igualmente, y en cumplimiento de la ley 10/2012 de 20 de noviembre, por la que se regulan determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses se deberá acompañar, en el momento de interposición del recurso de suplicación, el justificante de pago de la tasa, con arreglo al modelo oficial debidamente validado.

-En caso de no acompañar dicho justificante, se requerirá a la parte recurrente para que lo aporte, no dando curso al escrito hasta tal omisión fuese subsanada.

Así por esta Sentencia, lo pronuncio, mando y firmo.