Sentencia SOCIAL Nº 259/2019, Juzgado de lo Social - Salamanca, Sección 1, Rec 132/2019 de 23 de Julio de 2019

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 1

SALAMANCA

SENTENCIA: 00259/2019

PLAZA COLON S/N

Tfno:923-285271-72

Fax:923-284631

Correo Electrónico:

Equipo/usuario: S02

NIG:37274 44 4 2019 0000261

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000132 /2019

DEMANDANTE/S D/ña: Jose Ramón

ABOGADO/A:MARIA ANTONIA REYES GOMEZ

DEMANDADO/S D/ña:MAJEFRISA SA, FOGASA

ABOGADO/A:LETRADO DE FOGASA

SENTENCIA Nº 259/19

En Salamanca, a veintitrés de julio de dos mil diecinueve.

Vistos por la Ilma. Magistrada-Juez del Juzgado de lo Social nº 1 de Salamanca, Doña INES REDONDO GRANADO los presentes autos nº 132/2019seguidos a instancia de DON Jose Ramón, como demandante, representado y asistido por la Letrada Doña Mª Antonia Reyes Gómez contra la empresa 'MAJEFRISA S.A.', no comparecida en autos, y contra el FONDO DE GARANTIA SALARIAL representado y asistido por la Letrada Doña Luisa López Holgado, como demandados, sobre DESPIDO.

Antecedentes

PRIMERO.-Los presentes autos traen causa de la demanda presentada el día 22 de febrero de 2019, que por turno de reparto correspondió a este Juzgado, deducida por el actor, en las que tras citar hechos y fundamentos de derecho que estimó de aplicación pertinente terminaba solicitando, se dictase sentencia por la que se declare que la extinción laboral es realidad un despido improcedente, que el contrato se celebró a jornada completa y con carácter indefinido, y se condene, asimismo, al empleador al pago de la correspondiente indemnización por despido improcedente y pago al 10% de intereses moratorios.

SEGUNDO.-Subsanados los defectos apreciados, por decreto de 9 de abril de 2019 se acordó admitir a trámite la demanda, dar traslado a los demandados, y citar a las partes para la celebración de los actos de conciliación y juicio, y en la fecha señalada, al no ser posible alcanzar un acuerdo en el acto de conciliación, se celebró el juicio, compareciendo la parte actora ratificando la demanda y solicitando sentencia de acuerdo a sus intereses, y la defensa de FOGASA que interesó una sentencia ajustada a derecho y que se estuviera al resultado de la prueba sobre la unidad del vínculo contractual, no compareciendo la empresa demandada, acordándose el recibimiento del pleito a prueba practicándose la prueba que se estimó admisible dentro de la propuesta y terminando las partes por elevar a definitivas sus conclusiones.

TERCERO.- En la tramitación de este proceso se han observado las prescripciones legales.

Hechos

PRIMERO.-El demandante DON Jose Ramón, con N.I.E. nº NUM000, comenzó a prestar servicios para la empresa demandada 'MAJEFRISA S.A.', en fecha 2 de mayo de 2018, en virtud de contrato de trabajo temporal, para obra o servicio determinado y a jornada completa, con una duración pactada hasta finalización de obra o servicio, con la categoría profesional de matarife-carnicero en general, que tenía por objeto la obra o servicio 'cargar camiones' (documento nº 10 de la parte actora).

SEGUNDO.-El demandante prestó servicios a la demandada en virtud de sucesivos contratos de trabajo temporales, bajo la modalidad de obra o servicio determinado y a jornada completa, en las fechas siguientes (informe de vida laboral, documental aportada por FOGASA):

FECHA ALTA FECHA BAJA

08/05/2018 11/05/2018

15/05/2018 18/05/2018

22/05/2018 25/05/2018

29/05/2018 01/06/2018

06/06/2018 06/06/2018

22/06/2018 22/06/2018

26/06/2018 07/01/2019

TERCERO.-El demandante percibió unas retribuciones brutas en el mes de diciembre de 2018 de 1.499,55 euros, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, 48,37 euros al día (documento nº 11 de la parte actora).

CUARTO.-El demandante figuró dado de alta como trabajador por cuenta ajena para la empresa 'Gaden Cárnicas S.L.' desde el 6 de marzo al 3 de septiembre de 2018, en virtud de contrato de trabajo temporal, de duración determinada y a jornada completa, eventual por circunstancias de la producción (documental aportada por FOGASA).

QUINTO.-El actor no ostenta ni ha ostentado la condición de representante legal o sindical de los trabajadores durante el año anterior al despido.

SEXTO.-La relación laboral entre las partes se rige por el Convenio Colectivo estatal de industrias cárnicas, publicado en el B.O.E. de 10 de abril de 2019.

SEPTIMO.- El actor presentó papeleta de conciliación ante el SMAC el día 5 de febrero de 2019, celebrándose el acto de conciliación el día 21 de febrero siguiente con el resultado, en ambos casos, de sin efecto.

Fundamentos

PRIMERO.-En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 97-2 de la L.R.J.S. se hace constar que las circunstancias de la relación laboral recogidas en los hechos probados resultan de la prueba documental aportada por las partes y que ha sido debidamente relacionada, así como de la prueba de interrogatorio de la empresa demandada, la cual a pesar de haber sido citada en forma para la práctica de dicha prueba no compareció al acto del juicio ni alegó justa causa que se lo impidiera, lo que permite tenerla por conforme con los hechos alegados en su contra de conformidad con lo dispuesto en el artículo 91-2 de la citada Ley.

SEGUNDO.-La parte actora, a través de las demandas formuladas ejercitad acción instando la declaración de improcedencia de lo que considera un despido llevado a cabo por la empresa demandada, con efectos del día 7 de enero de 2019, en que puso fin al contrato de trabajo temporal, para obra o servicio determinado, alegando la existencia de un único vínculo laboral desde el primero de los sucesivos contratos de trabajo suscritos, invocando que se han celebrado en fraude de ley. La empresa demandada no compareció al acto del juicio, y por la defensa de FOGASA se interesó una sentencia ajustada a derecho, y que se estuviera al resultado de la prueba sobre la unidad del vínculo contractual.

TERCERO.-Tal y como consta en la relación de hechos probados y resulta de la relación de hechos probados, el trabajador aquí demandante, ha prestado servicios para la empresa demandada, en virtud de sucesivos contratos de trabajo de carácter temporal, todos ellos concertados bajo la modalidad de obra o servicio determinado, hasta un total de ocho, mediando entre uno y otro breves intervalos de tiempo, en ningún caso superior a veinte días.

Con la prueba documental aportada por la parte actora ha quedado acreditado que el primero de los contratos de trabajo suscritos por las partes, tenía por objeto la realización de la obra o servicio que se concretaba en los siguientes términos 'cargar camiones'. No constan aportados en autos los sucesivos contratos de trabajo suscritos por las partes, a fin de conocer cual fue el objeto de cada uno de ellos. La parte actora solicitó como prueba documental, y así se acordó, requerir a la empresa demandada para que aportara dichos contratos, a lo que la empresa demandada ha hecho caso omiso, lo que permite tener por acreditados los hechos que la parte actora pretendía acreditar con esta prueba, conforme a lo dispuesto en el artículo 94-2 de la L.R.J.S., es decir, la unidad y continuidad de la prestación de servicios para la empresa. A la vista del resultado de tal prueba, así como de la ficta confessio de la empresa demandada, ha de estimarse acreditada la unidad esencial del vínculo contractual, con interrupciones que carecen de relevancia y no superan incluso el plazo de veinte días, plazo de caducidad para accionar por despido, que en los últimos tiempos se ha ampliado por la doctrina jurisprudencial más reciente, a periodos que carezcan de relevancia en relación con duración total ( sentencia del Tribunal Supremo de 23 de febrero de 2016, recurso 1423/2014)

La modalidad de contrato que unía a las partes como decimos es la de contrato para obra o servicio determinado. Este tipo de contratos, regulados en el artículo 15 del E.T., tiene por objeto la realización de una obra o la prestación de un servicio determinado, con autonomía y sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa, y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo es, en principio, de duración incierta. El contrato se extingue por la realización de la obra o servicio objeto del mismo, previa denuncia o comunicación por la empresa, que puede ser verbal o escrita, siempre que se acredite su recepción por el trabajador.

El Tribunal Supremo en sentencia de 21 de abril de 2010 señala sobre esta modalidad de contrato, que '...el contrato por obra o servicio determinados aparece definido en el artículo 15 a) del Estatuto de los Trabajadores como el que tiene por objeto 'la realización de una obra o servicio determinados, con autonomía y sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa y cuya ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta'. La interpretación de este precepto ha sido unánime en la doctrina de esta Sala. Así la sentencia de 15 de noviembre de 2009 recordando que los requisitos para la validez del contrato para obra o servicio determinados han sido examinados por esta Sala (SSTS 10/10/2005, 11/05/), se razona señalando que es aplicable tanto para las empresas privadas como para las públicas e incluso para las propias Administraciones Públicas, lo siguiente: 'son requisitos para la validez del contra de obra o servicio determinado, que aparece disciplinado en los artículo 15.1.a) del ET y Real Decreto 2720/1998 de 18 de diciembre que lo desarrolla, los siguientes: a) que la obra o servicio que constituya su objeto presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad laboral de la empresa; b) que su ejecución, aunque limitada en el tiempo, sea en principio de duración incierta; c) que se especifique e identifique en el contrato, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituye su objeto; y d) que en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea normalmente ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no en tareas distintas'. La Sala además se ha pronunciado repetidamente sobre la necesidad de que concurran conjuntamente todos los requisitos enumerados, para que la contratación temporal por obra o servicio determinado pueda considerarse ajustada a derecho'.

En el mismo sentido, el Tribunal Supremo en sentencias de 10 diciembre 1996, 30 diciembre 1996 y 3 marzo 1999, ha declarado que 'el válido acogimiento a la modalidad contractual que autoriza el artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, desde ahora ET, no sólo requiere que la obra o servicio que constituya su objeto sea de duración incierta y presente autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad normal de la empresa, sino además que, al ser concertado, sea suficientemente identificada la obra o el servicio y que, en el desarrollo de la relación laboral, el trabajador sea ocupado en la ejecución de aquella o en el cumplimiento de éste y no normalmente en tareas distintas', finalizando el contrato al tiempo que finaliza la obra o servicio para los que fue contratado, de forma que a la terminación de la obra o del servicio estipulado, notificado con antelación de quince días, se produce no un despido sino la válida extinción del contrato por la causa estipulada en la propia contratación, en relación con la prevista en el artículo 49.1.c) del ET'.

En definitiva, la doctrina jurisprudencial ha reiterado el carácter causal de la contratación temporal, por lo que los contratos temporales, en concreto los de obra o servicio determinado, sin causa o con causa ilícita (ex arts. 1261, 1274 a 1277 Código Civil) los ha considerado celebrados en fraude de ley con la consecuencia de presumirlos celebrados por tiempo indefinido (ex art. 15.3 ET), y para la determinación de la legalidad de la causa contractual ha tenido esencialmente en cuenta los términos en que aparece redactada la cláusula de temporalidad, la que, como se ha indicado, la normativa aplicable exige 'deberá especificar e identificar suficientemente, con precisión y claridad, la obra o el servicio que constituya su objeto' y 'la identificación de la circunstancia que determina su duración', para ponerla en contrate con la actividad realmente desempeñada en la empresa y por el trabajador y con el cumplimiento de la finalidad a la que responde esta concreta modalidad de contratación temporal, debiendo quedar plenamente identificada y acreditada la causa legitimadora de la temporalidad.

Según el artículo 6-4º del Código Civil, en relación artículo 15.3 del ET, es evidente que la existencia de fraude de Ley en la contratación temporal debe encaminarse a observar y probar, sin poder sólo presumir, que los actos realizados al amparo de la norma persiguen un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico o contrario a él y son ejecutados con ese fraude de ley, no impidiendo en su caso, la aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir. Recordando que los contratos temporales que se celebren en fraude de ley, se presumen por tiempo indefinido. Ha de precisarse que tal fraude de ley es una conducta intencional de utilización desviada de una norma para la cobertura de un resultado antijurídico y no debe ser confundido con una mera infracción o incumplimiento de una norma contractual o con una elección errónea de la tipología contractual ( S.T.S. 16-1-96).

La jurisprudencia ha entendido que la contratación temporal infringiendo la normativa sobre la misma, constituye un palpable fraude de Ley ( S.T.S. 29-3-93), y la calificación del cese que se impone por el cumplimiento del término pactado y que se comunica por escrito al trabajador con expresión de la causa y fecha del efecto, se constituye en inhábil por devenir indefinida la relación laboral cuando existe ese fraude de Ley y, definitivamente, se debe de calificar la extinción contractual como despido improcedente.

CUARTO.-Partiendo de la doctrina expuesta, el contrato de trabajo suscrito con el trabajador tenía por objeto la tarea consistente en descargar camiones, actividad que no puede estimarse que tenga autonomía y sustantividad propia dentro de lo que es la actividad ordinaria de la empresa. Siendo así, el contrato debe reputarse celebrado en fraude de ley, y considerarse en consecuencia indefinido, y la decisión de poner fin al mismo por voluntad unilateral del empresario constituye un despido, que al no haberse realizado con las formalidades legalmente establecidas ha de tacharse de improcedente.

En cuanto a los efectos de la declaración de improcedencia del despido, el artículo 56 del E.T. dispone que: 'Cuando el despido sea declarado improcedente, el empresario, en el plazo de cinco días desde la notificación de la sentencia, podrá optar entre la readmisión del trabajador o el abono de una indemnización equivalente a treinta y tres días de salario por año de servicio, prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores a un año, hasta un máximo de veinticuatro mensualidades. La opción por la indemnización determinará la extinción del contrato de trabajo, que se entenderá producida en la fecha del cese efectivo en el trabajo. 2. En caso de que se opte por la readmisión, el trabajador tendrá derecho a los salarios de tramitación. Estos equivaldrán a una cantidad igual a la suma de los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubiera encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación.'

En este caso, y de optar la empresa por la indemnización ha de partirse de una antigüedad del primero de los contratos, 2 de mayo de 2018, en atención a la unidad esencial del vínculo, y el salario regulador ya fijado de 48,37 euros, por lo que a fecha del despido, el 7 de enero de 2019, la indemnización que le corresponde al actor asciende a la suma 1.197,16 euros, no siendo de aplicación el interés por mora del 10% del artículo 29 del E.T., al no tratarse de salarios.

Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,

Fallo

Que estimandola demanda de despido formulada por DON Jose Ramón, contra la empresa 'MAJEFRISA S.A.', y el FONDO DE GARANTIA SALARIAL, debo declarar y declaro la improcedencia del despidode la actora realizado por la empresa demandada con fecha 7 de enero de 2019, condenando a la empresa demandada a que en el plazo de CINCO días a contar desde la notificación de esta resolución opte entre readmitir al demandante en su puesto de trabajo en las mismas condiciones y efectos que tenía o indemnizarle por la extinción de la relación laboral con la cantidad de MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE EUROS CON DIECISEIS CENTIMOS (1.197,16 €), y solo para el caso de que opte por la readmisión a abonarle al actor los salarios dejados de percibir a razón de 48,37 euros al día desde la fecha de despido hasta la notificación de la sentencia que declarase la improcedencia o hasta que hubieran encontrado otro empleo, si tal colocación fuera anterior a dicha sentencia y se probase por el empresario lo percibido, para su descuento de los salarios de tramitación, debiendo poner en conocimiento del Juzgado en el plazo antes dicho si opta o no por la readmisión, entendiéndose en caso de no hacerlo que opta por la readmisión, con la responsabilidad subsidiaria de FOGASA en los términos legalmente establecidos.

Notifíquese esta resolución a las partes haciéndoles saber que contra la misma cabe recurso de suplicación ante la Sala de lo Social de los Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (con sede en Valladolid), que deberá anunciarse dentro de los cinco días siguientes a la notificación de la sentencia, bastando para ello la mera manifestación de la parte o de su abogado, graduado social colegiado o de su representante, al hacerle la notificación de aquélla, de su propósito de entablarlo. También podrá anunciarse por comparecencia o por escrito de las partes o de su abogado o graduado social colegiado, o representante ante el juzgado que dictó la resolución impugnada, dentro del indicado plazo.El nombramiento de letrado o de graduado social colegiado se efectuará ante el juzgado en el momento de anunciar el recurso, entendiéndose que asume la representación y dirección técnica del recurrente el mismo que hubiera actuado con tal carácter en la instancia, salvo que se efectúe expresamente nueva designación. La designación se podrá hacer por comparecencia o por escrito. En este último caso, aunque no se acompañe poder notarial, no habrá necesidad de ratificarse. Si no hubiere designación expresa de representante, se entenderá que el letrado o el graduado social colegiado llevan también la representación. En todo caso deberán facilitarse todos los datos del domicilio profesional, así como la dirección de correo electrónico, teléfono y fax del profesional designado que haya de ostentar la representación de la parte durante el recurso, con las demás cargas del apartado 2 del artículo 53.

Cuando el recurrente no hiciere designación expresa de letrado o de graduado social colegiado, si es un trabajador, beneficiario o un empresario que goce del derecho de asistencia jurídica gratuita, salvo que tuviere efectuada previamente designación de oficio, se le nombrará letrado de dicho turno por el juzgado en el día siguiente a aquél en que concluya el plazo para anunciar el recurso de suplicación.

Todo el que, sin tener la condición de trabajador, causahabiente suyo o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, anuncie recurso de suplicación, ingresará como depósito la cantidad de 300 € (Trescientos euros) en la cuenta de depósitos y consignaciones de este juzgado. (art. 229 LJS)

Asimismo, conforme al art. 230 LJS será indispensable que el recurrente que no gozare del derecho de asistencia jurídica gratuita acredite, al anunciar el recurso de suplicación, haber consignado en la cuenta de depósitos y consignaciones abierta a nombre del órgano jurisdiccional, la cantidad objeto de la condena, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval solidario de duración indefinida y pagadero a primer requerimiento emitido por entidad de crédito.

En el caso de condena solidaria, la obligación de consignación o aseguramiento alcanzará a todos los condenados con tal carácter, salvo que la consignación o el aseguramiento, aunque efectuado solamente por alguno de los condenados, tuviera expresamente carácter solidario respecto de todos ellos para responder íntegramente de la condena que pudiera finalmente recaer frente a cualquiera de los mismos.

Los anteriores requisitos de consignación y aseguramiento de la condena deben justificarse, junto con la constitución del depósito necesario para recurrir, en su caso, en el momento del anuncio del recurso de suplicación o de la preparación del recurso de casación. Si el anuncio o la preparación del recurso se hubiere efectuado por medio de mera manifestación en el momento de la notificación de la sentencia, el depósito y la consignación o aseguramiento podrá efectuarse hasta la expiración del plazo establecido para el anuncio o preparación del recurso, debiendo en este último caso acreditar dichos extremos dentro del mismo plazo ante la oficina judicial mediante los justificantes correspondientes.

El Estado, las Comunidades Autónomas, las entidades locales y las entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos, así como las entidades de derecho público reguladas por su normativa específica y los órganos constitucionales, estarán exentos de la obligación de constituir los depósitos, cauciones, consignaciones o cualquier otro tipo de garantía previsto en las leyes. Los sindicatos y quienes tuvieren reconocido el beneficio de justicia gratuita quedarán exentos de constituir el depósito referido y las consignaciones que para recurrir vienen exigidas en esta Ley.

En el momento de la interposición del recurso de suplicación, por persona jurídica, deberá asimismo acreditarse el abono de la tasa regulada en la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, salvo cuando se trate de los procedimientos para la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas y con las excepciones subjetivas previstas en el Artículo 4 de dicha ley.

ADVERTENCIA: EN CASO DE QUE TUVIERAN QUE INGRESAR ALGUNA CANTIDAD:

1).- EN EFECTIVO: BANCO SANTANDER; Nº CUENTA EXPEDIENTE: 3703/0000/65/0132/19

2).- Ó POR TRANSFERENCIA:

Clave entidad Clave sucursal D.C Número de cuenta

0049 3569 92 0005001274

I.B.A.N.: IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

Ordinal Bancario para documentos contables: 001

En el campo ORDENANTE deberá contener como mínimo el nombre de la persona física o jurídica obligada a hacer el ingreso y si es posible el NIF/CIF de la misma.

En el campo BENEFICIARIO: JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE SALAMANCA.

En el concepto de la transferencia los 16 dígitos que corresponden a la cuenta del expediente en un solo bloque separado de lo que se ponga en el resto del campo por espacios (indicados en el apartado 1 para ingresos en efectivo).

Si no se consignan estos 16 dígitos o se escriben erróneamente, la transferencia será repelida por imposibilidad de identificación del expediente judicial y será devuelta a origen.

- Si se tiene cuenta en Banco Santander, se puede utilizar la Banca Online Supernet por Internet (WWW.bancosantander.es) accediendo a la opción 'Consignaciones Judiciales'.

- Para grandes empresas, se recomienda contactar con la entidad bancaria ya que tiene definido un procedimiento que facilita las transferencias masivas (Inspirado en el Cuaderno 34 de la AEB).

Así por esta mi sentencia, definitivamente juzgando en la instancia, lo pronuncio, mando y firmo.