Sentencia Social Nº 3/2004, Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, Sección 6, Rec 4975/2003 de 12 de Enero de 2004

En el supuesto de autos no existe duda de que la empleadora del actor es una empresa real y no ficticia. Hay que examinar, por tanto, si en la ejecución de la contrata ha puesto en juego su propia organización y dirección o si se ha limitado a la mera aportación de mano de obra. La conclusión, a la vista de lo demostrado en el juicio según queda plasmado en los hechos probados, cuya impugnación se ha desestimado, se corresponde con la primera de las alternativas mencionadas, tal como ha resuelto la sentencia de instancia. Es cierto que, como ya declaró la sentencia del Tribunal Supremo de 27.10.94, "el ordenamiento jurídico no contiene ninguna prohibición general que impida al empresario recurrir a la contratación externa para integrar su actividad productiva y así lo reconoce el art. 42.1 ET cuando se refiere a la contratación o subcontratación para "la realización de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de la empresa", lo que supone que, con carácter general, la denominada descentralización productiva es lícita, con independencia de las cautelas legales o interpretativas necesarias para evitar que por esta vía puedan vulnerarse derechos de los trabajadores".