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Última revisión
01/10/2019
Sentencia SOCIAL Nº 302/2019, Juzgado de lo Social - Valladolid, Sección 4, Rec 940/2018 de 31 de Julio de 2019
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Orden: Social
Fecha: 31 de Julio de 2019
Tribunal: Juzgado de lo Social Valladolid
Ponente: MERINO PALAZUELO, JOSE ANTONIO
Nº de sentencia: 302/2019
Núm. Cendoj: 47186440042019100067
Núm. Ecli: ES:JSO:2019:3888
Núm. Roj: SJSO 3888:2019
Encabezamiento
-
CALLE ANGUSTIAS 40-44
Equipo/usuario: ADL
Modelo: N02700
Procedimiento origen: /
Sobre: DESPIDO
PROCURADOR:
GRADUADO/A SOCIAL:
Valladolid, a treinta y uno de julio de dos mil diecinueve.
Vistos por D. José Antonio Merino Palazuelo, Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social Número Cuatro de Valladolid, los presentes autos nº 940/18, sobre DESPIDO, seguidos a instancia de Dña. Tania , representada y asistida por el Letrado D. Jaime Sáez Herrero, frente a INTERCENTROS BALLESOL, S.A., representada y asistida por la Letrada Dña. Lucía García Castilla, y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, representado y asistido por el Letrado D. Raúl Tejada Alonso.
Antecedentes
PRIMERO.- Con fecha 30 de octubre de 2018 se presentó en el Decanato demanda sobre despido por la parte actora, frente a la demandada indicada, en la que después de realizar las alegaciones que tiene por conveniente, suplica se declare improcedente el despido, con las consecuencias a ello inherentes.
SEGUNDO.- La anterior demanda fue repartida a este Juzgado y, admitida a trámite, se señalaron los actos de conciliación y juicio, con citación de las partes, celebrándose el día señalado al efecto, cuyo desarrollo obra reflejado en el documento electrónico (grabación) registrado y en el que las partes comparecientes formularon sus alegaciones en apoyo de sus pretensiones, tras lo cual, practicadas las pruebas que propuestas fueron declaradas pertinentes, y concretadas de forma definitiva las pretensiones en el trámite de conclusiones, quedó el juicio visto para sentencia.
TERCERO.- El 13.02.2019 se dictó Sentencia por la que se estimó '
Hechos
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Fundamentos
PRIMERO.- Los hechos declarados probados resultan de la documental aportada, en relación con la testifical practicada y con las propias alegaciones de las partes, apreciadas críticamente ( artículo 97.2 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social ), significando que existe conformidad en la categoría profesional y la antigüedad (tiempo de prestación de servicios a estos efectos).
En cuanto al salario que ha de servir como parámetro a los efectos de determinar las eventuales consecuencias del despido, ha de partirse de la reiterada doctrina jurisprudencial conforme a la cual ha de estarse al salario efectivamente percibido -o debido percibir, de ser superior, en su caso- en la fecha del despido (así, S.TS. -4ª- de 25.02.1993 , 11.12.2001 y 12.05.2005 ), con el prorrateo de pagas extraordinarias. De esta forma, toda vez que desde 2016 la actora estuvo en situación de incapacidad temporal, que concluyó con su declaración en situación de incapacidad permanente total con previsión de revisión por mejoría, ha de estarse al salario que le hubiera correspondido percibir al tiempo del despido, que no coincide ni con el subsidio de incapacidad temporal que percibía ni con la prestación de desempleo posterior al despido, lo que supone, a partir de la tabla salarial del Convenio Colectivo aplicable para 2018 (salario base de 985,34 €, en 14 pagas anuales, antigüedad de 55,56 € -tres trienios-, en 14 pagas, y la mejora voluntaria que le venía pagando la empresa, por importe de 219,12 €, en 12 pagas), un total anual de 17.202,04 €, es decir, 47,13 € diarios, en cómputo anual de 365 días: SS.TS. -4ª- de 30.06.2008, Rec. 2639/07 , y de 03.10.2009, Rec. 2832/08 .
La actora impugna el despido y solicita su declaración de improcedencia reproduciendo las alegaciones que efectuó en su escrito de alegaciones presentado en el expediente sancionador, a saber, que se le notificó la resolución del INSS por la que se la declaraba no afecta de incapacidad permanente en grado alguno el 03.09.2018, que ha presentado reclamación previa frente a la misma, desestimatoria, objeto de impugnación judicial, que es obligación de la empresa comunicarle el día, hora y lugar de reincorporación, así como que no está en condiciones de reincorporarse al trabajo por estar impedida médicamente para ello, haciendo constar que previamente a la recepción de la carta de despido, el 17 de septiembre, se le abrió un expediente sumario en el que presentó escrito de alegaciones, invocando el artículo 56 del Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo Estatal de Residencias de la Tercera Edad Privadas.
La empresa se opone a la demanda, alegando que el mismo día que se le notificó la resolución del INSS se llamó a la actora en varias ocasiones, a través del número con el que siempre se había efectuado la comunicación con ella, sin que contestara, aportando lista de llamadas (la demandante no ha negado expresamente que las indicadas por la empresa se correspondieran con su número), ni se pusiera en contacto con la empresa, transcurriendo una semana, con lo que el 10 de septiembre se abrió un expediente contradictorio, remitiéndose la comunicación escrita a su domicilio y dándole 5 días para alegaciones, ante lo que presenta el escrito pasado tal plazo (el sábado 15, por la tarde, cuando la oficina administrativo está cerrada), no siendo hasta el 17 siguiente, lunes, por la mañana, cuando la Directora tiene conocimiento de tal escrito, momento en que ya se le había remitido la carta de despido, añadiendo que, en todo caso, tales alegaciones no desvirtúan las ausencias injustificadas que se le imputan a la actora, sin que se haya acreditado que recibiera la notificación del INSS el día 3 anterior, así como que, en cualquier caso, tampoco comunicó en días posteriores a la empresa que había recibido la resolución; insiste en que no puede estarse a la espera de que se resuelva la impugnación de la resolución del INSS, surgiendo la obligación de reincorporarse en el mismo momento en que se le notifica a la trabajadora, y que no se acredita que se encuentre de nuevo en situación de incapacidad temporal ni que esté médicamente impedida para incorporarse al trabajo, sin que en el juicio pueda justificar las ausencia, pues tenía que haberlo hecho en el plazo que se le dio.
El FOGASA se adhiere a la posición de la empresa.
SEGUNDO.- Una vez determinado por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid) que no es posible examinar de oficio la concurrencia de los requisitos formales del despido, procede entrar a conocer del fondo de la cuestión planteada, a partir de la pretensión ejercitada y las líneas argumentales esgrimidas por cada parte, en los términos a que se acaba de hacer referencia.
TERCERO.- La jurisprudencia viene insistiendo en que en el área disciplinaria o sancionadora de esta rama del ordenamiento jurídico, han de ponderarse todos los aspectos, objetivos y subjetivos, teniendo presentes los antecedentes, de haberlos, y las circunstancias coetáneas, para precisar si en la conducta imputada al trabajador se dan, o no, la gravedad y culpabilidad que como requisitos de imprescindible concurrencia impone el artículo 54.1 del Estatuto de los Trabajadores (ET ), dado que la máxima sanción que para el trabajador comporta el despido, solo puede imponérsele si ha realizado el acto imputado con plena conciencia de que la conducta afecta al elemento espiritual del contrato. Debe indicarse, por último, que en el enjuiciamiento de la sanción de despido, cuya excepcional gravedad es incuestionable, los más elementales principios de justicia exigen una perfecta proporcionalidad y adecuación entre el hecho, la persona y la sanción, valorando las circunstancias concurrentes en una tarea individualizadora, siguiéndose por tanto la denominada teoría o doctrina gradualista, según la cual la sanción de despido que en último extremo debe imponerse, dada su trascendencia, debe obedecer a una infracción grave y culpable ( SS.TS. de 2 y 26 de noviembre y 5 de marzo de 1987 ).
Desde esta perspectiva, se dice, la doctrina gradualista lo que quiere es buscar un equilibrio entre el comportamiento del trabajador y las circunstancias de su relación laboral, tanto en cuanto a su prestación de servicios como al entorno que le rodea, en un equilibrio entre los caracteres de su contrato de trabajo, su comportamiento, y la coyuntura en la que se desarrolla el mismo, buscando que haya una proporción entre su conducta, las circunstancias que le llevan a la misma, y la fiscalización que efectúa el empresario de la misma para determinar su despido. En esta órbita es en la que se desarrolla este marco de proporción, dando cabida a factores personales como la edad, el nivel cultural, la incidencia del comportamiento, la repercusión del mismo, el perjuicio ocasionado, la antigüedad, la pérdida del trabajo, la ponderación de la motivación, etc.
En el ámbito en que nos hallamos resulta especialmente relevante recordar que el legislador ha estimado oportuno consagrar, como regla inserta en nuestro ordenamiento jurídico, la que ordena a los titulares de un derecho que lo ejerciten con arreglo a los principios de la buena fe ( artículo 7.1 Código Civil ). Igualmente recoge que los contratantes, en sus relaciones, se atengan no solo a lo expresamente pactado, sino también a cuantas consecuencias deriven de ese mismo criterio ( artículo 1258 del CC ). En el específico caso de que ese contrato sea el de trabajo, la actuación con arreglo a los postulados de la buena fe aparece reforzada, al recogerse como deber jurídico que incumbe a empresario y trabajador a la hora de satisfacerse las prestaciones a las que se han obligado por razón de ese vínculo contractual ( arts. 5.a ) y 20.2 ET ), y así lo corrobora el hecho de que su transgresión por el trabajador se tipifique como uno de los concretos supuestos de incumplimiento contractual ( artículo 54.2 d) ET ). La buena fe a que nuestro ordenamiento jurídico se refiere no es la subjetiva o psicológica del sujeto, sino la que resulta de su consideración objetiva ( S.TS. -1ª- de 23.12.1991), y según viene sosteniendo la Sala de lo Social de dicho Tribunal ( Sentencias de 22.05.1986 , 25.06.1990 y 04.03.1991 '... se convierte en un criterio de valoración de conductas con el que deben cumplirse las obligaciones, y que se traduce en directivas equivalentes a lealtad, honorabilidad, probidad y confianza...', o en palabras de la misma Sala en su Sentencia de 14.01.1985 , en un criterio '... impeditivo del actuar humano en función de su interés exclusivo con pérdida del sentido de la utilidad común...'. Así, se considera que se ha transgredido la buena fe contractual cuando se han vulnerado los deberes de fidelidad y el trabajador actúa con conocimiento de su conducta, no exigiéndose la concurrencia de un dolo específico y bastando con una negligencia culpable ( S.TS. -4ª- de 24.01.1990 ). Ahora bien, no toda infracción de ese deber viene a constituir causa justa de despido, sino únicamente cuando viene cualificada con las notas de gravedad y culpabilidad, conforme lo exige el art. 54.1 ET , requisitos cuya concurrencia ha de analizarse en forma individualizada, atendiendo a todas las circunstancias del caso concreto, según proclama una consolidada jurisprudencia (además de las ya citadas, S.TS. -4ª- de 20.02.1991 ).
TERCERO.- En el caso que nos ocupa la falta que se le imputa a la actora, calificada por la empresa como muy grave, es la prevenida en el artículo 59.C).3 del VI Convenio Colectivo Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la Promoción de la Autonomía Personal -BOE de 18.05.2012 - ('
Como se pone de manifiesto en la S.TSJ. de Castilla y León (Valladolid), Sala de lo Social, de 05.02.2018, rec. 47/2018 , en relación con el artículo 54.2.a) ET , '
La jurisprudencia viene manteniendo (desde la S.TS. -4ª- de 22.10.1991 , seguida por las de 02.03.1992 y 15.04.1994 ) que la suspensión de la relación laboral por incapacidad temporal, una vez que la Seguridad Social dicta resolución de alta médica sin propuesta de incapacidad o de inexistencia de incapacidad permanente en sus grados de total, absoluta o gran invalidez, no se prolonga por el mero hecho de que el trabajador impugne en vía administrativa y judicial tales resoluciones, con base en la eficacia ejecutiva de las resoluciones administrativas. La S.TS. -4ª- de 15.04.1994, rec. 2883/93 , resume así los criterios:
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Esta doctrina se reitera en la S.TS. -4ª- de 27.03.2013, rcud. 1291/12 .
En este orden de ideas y en un enjuiciamiento gradualista, esto es, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes para ponderar la mayor o menor gravedad de la falta imputada, en este caso faltas de asistencia al trabajo, se han de considerar los siguientes aspectos:
- La empresa intentó comunicarse en varias ocasiones con la actora el 31.08.2018, tras recibir la comunicación del INSS de la finalización de su situación de incapacidad permanente total, a través de reiteradas llamadas telefónicas a la trabajadora, en el número que ésta había facilitado a la empresa, de forma infructuosa, sin que la actora haya acreditado la concurrencia de circunstancias que le hubieran impedido contestar a tales llamadas, ni que por la misma se tratara de poner en contacto con la empresa tras esas llamadas ('devolver' las llamadas).
- No consta el día concreto en que la trabajadora recibió la notificación de la resolución del INSS relativa a la finalización de su situación de incapacidad permanente total (con la consiguiente reanudación de la relación laboral que se hallaba en suspenso), pues no aporta justificante documental de la misma; no obstante lo cual, incluso admitiendo que la recibiera, como sostiene, el 03.09.2018, tampoco consta que se dirigiera a la empresa a partir de este día, siendo así que habiendo terminado la causa que la habilitaba para no acudir al trabajo (la situación de incapacidad permanente total), y teniendo conocimiento la actora de tal circunstancia, es carga de la trabajadora, de acuerdo con la interpretación jurisprudencial apuntada, acreditar frente a la empresa que no obstante tal resolución, subsiste una situación material de incapacidad temporal que le impide la reincorporación al trabajo, ofreciendo en su caso los medios para la verificación de esa situación por la empresa.
- La actora había venido siendo tratada desde octubre de 2016 con el diagnóstico de trastorno adaptativo con reacción depresiva prolongada, manteniéndose en junio y diciembre de 2018 el diagnóstico de trastorno adaptativo mixto 309.28 F43.23, con tratamiento farmacológico (Junio: Sertralina 100 mg: 2-0-0-0; Abilify 2ml-o-o-2ml; Lorazepam 1 mg: 1 sp. Diciembre: Sertralina 100 mg: 2-0-0-0; Abilify 5 mg: 1-0-0; Lorazepam 1 mg: 1 sp), lo que si bien a viene a suponer el mantenimiento del diagnóstico previo, significa también una reducción en la dosis farmacológica, sin que de ello quepa derivar, tras la resolución de extinción de la incapacidad permanente total, la concurrencia de una situación que, en términos materiales y de hecho, le impida su incorporación al trabajo, además de que, como se ha indicado, no cabe entender que por la simple impugnación de las resoluciones administrativas se mantiene automáticamente la suspensión del contrato hasta que se produzca una decisión judicial firme.
Con ello, nos encontramos con que la actora faltó al trabajo sin justificación alguna al menos desde el 04.09.2018 (inclusive), es decir, un mínimo 5 días hasta el inicio del expediente disciplinario, el día 10 siguiente, continuando sin asistir al mismo hasta su despido, el 17 del mismo mes, sin que concurra circunstancia alguna que, razonablemente, pueda justificar tal ausencia reiterada al trabajo, conducta grave y culpable que se incardina en el precepto convencional de la falta muy grave analizada (
De conformidad con lo establecido en el artículo 191 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social , contra la presente resolución cabe interponer recurso de suplicación.
Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,
Fallo
Que desestimando la demanda interpuesta por Dña. Tania , frente a INTERCENTROS BALLESOL, S.A. y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL, y calificando el despido como procedente, debo absolver y absuelvo a la demandada de los pedimentos de la demanda.
Notifíquese la presente resolución a las partes, haciendo la indicación de que contra la misma cabe interponer, ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Valladolid), recurso de suplicación, que se podrá anunciar en este Juzgado, por comparecencia o mediante escrito, en un plazo de cinco días a partir de la notificación, o por su mera manifestación al realizarse esta, previa consignación de la cantidad objeto de la condena, en su caso, en la cuenta nº 3935/0000/65/0940/18 de BANCO DE SANTANDER, Oficina de la Plaza San Miguel de Valladolid, pudiendo sustituirse la consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en que conste la responsabilidad solidaria del avalista, y debiendo efectuar además el ingreso de 300 euros como depósito especial para anunciar dicho recurso, todo ello en el caso de que el recurrente no fuera trabajador, su causahabiente, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, o no gozara del beneficio de Justicia Gratuita, o no se hallare incluido en el artículo 229,4 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social .
Así por esta mi sentencia, dictada e incluida en el archivo digital correspondiente del Juzgado para su tratamiento informático en el día de la fecha, de la que se deducirá certificación para unir a los autos de que dimana, y a la que se le dará la publicidad prevenida en la normativa en vigor, definitivamente juzgando en esta instancia, lo pronuncio, mando y firmo.