Sentencia Social Nº 3395/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2307/2009 de 10 de Mayo de 2010

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

MDT

IL·LM. SR. MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ BURRIEL

IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ

IL·LMA. SRA. VERÒNICA OLLÉ SESÉ

Barcelona, 10 de maig de 2010

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 3395/2010

En el recurs de suplicació interposat per el Instituto Nacional de la Seguridad Social a la sentència del Jutjat Social 19 Barcelona de data 23 de gener de 2009 dictada en el procediment núm. 809/2008 en el qual s'ha recorregut contra la part -T.G.S.S.-

(Tesorería Gral. Seguridad Social), Vinyet Residencial, S.L. i Encarnacion , ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ.

Antecedentes

Primer. En data 26.09.08 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Reintegrament prestacions Seguretat Social, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 23 de gener de 2009 , que contenia la decisió següent:

"ESTIMO la demanda presentada por VINYET RESIDENCIAL, S.L. contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, Tesorería General de la Seguridad Social y la trabajadora Encarnacion , en reclamación sobre REINTEGRO DE PRESTACIONES INDEBIDAS, y declaro la improcedencia del reintegro de la cantidad de 3.711,60 euros abonada por la demandante a la trabajadora Encarnacion , condenando al Instituto Nacional de la Seguridad Social a estar y pasar por tal declaración."

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

Primero.- Doña Encarnacion prestó servicios en la empresa Residencial Vinyet, S.L. en el período 15-12-2006 a 2-08-2008. Inició un proceso de incapacidad temporal en fecha 12-01-2007 siendo dada de alta médica el 2-07-2007 (folio 60). La empresa abonó el subsidio de incapacidad temporal por dicho período por importe de 3.711,65 euros (interrogatorio actora - folios 25 a 31).

Segundo.- Por oficio de 5-03-2008 se notificó la deducción de 761,36 euros practicada por el subsidio de incapacidad temporal de la Sra. Encarnacion (folio 32). Por resolución de 18-04-2008 acordó declarar la obligación de la demandante de reintegrar la cantidad de euros deducida por subsidio de incapacidad temporal de la trabajadora Sra. Encarnacion por resultar indebidas las deducciones practicadas al no reunir la trabajadora la carencia de 180 días en los últimos 5 años (folio 34).

Tercero.- Frente a dicha resolución interpuso reclamación previa el 19-06-2008 (folio 55), solicitando la anulación o revocación de la resolución impugnada. Por resolución de 11-07-2008 fue desestimada la reclamación declarando indebidas las deducciones practicadas por importe de 3.711,65 euros, correspondientes al período 12-01-2007 a 2-07-2007 (folios 35-6). En escrito presentado el 8-08-2008 la empresa solicitó al INSS se le exonerase del reintegro de la prestación solicitando el reintegro a la trabajadora.

Cuarto.- La empresa actuante remitió burofax de 5-08-2008 a la trabajadora comunicándole la percepción indebida de las prestaciones y su obligación de reintegro al INSS o a la empresa para su devolución (folios 39 a 43).

Tercer. Contra aquesta sentència la part demandada INSS va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a les parts i l'actora el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

ÚNIC.- S'alça l'entitat gestora en suplicació a través d'un únic motiu que, per la via de l'apartat c) de l' art. 191 TRLPL , denuncia la infracció d'allò previst a l' art. 77 TRLGSS i l'OM de 25 de novembre de 1966 .

Es deriva així pacíficament de les actuacions que la demandada abonà a una treballadora que no tenia el suficient període de carència la prestació corresponent a la situació d'incapacitat temporal, la qual cosa determinà que l'entitat gestora iniciés, un cop finalitzada l'esmentada situació, procediment de reintegrament de prestacions contra la dita mercantil, aquí demandada.

Hem de recordar a la recorrent que la més recent doctrina unificada ha vingut a modificar l'anterior criteri hermenèutic en relació a situacions similars, tal i com encertadament assenyala la jutjadora del primer grau.

En efecte, la doctrina del TS en aquests supòsits s'alineava tradicionalment amb la tesi del recurs. Així, entre molts d'altres exemples, la STS UD de 25 de setembre de 2001 . No obstant, aquesta doctrina fou modificada per la Sentència de Sala General de 2 d'abril de 2003, en la què s'afirmava:

"el art. 77 de la LSS dispone que las empresas, individualmente consideradas y en relación con su propio personal, podrán colaborar en la gestión de la Seguridad Social entre otras maneras pagando a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora obligada las prestaciones económicas por incapacidad temporal; por su parte, la OM de 25 Nov. 1966 establece en sus arts. 2 y 16 la obligación de las empresas de colaborar en la gestión de la Seguridad Social, haciendo pago por delegación de las prestaciones económicas correspondientes a la incapacidad temporal derivada de enfermedad común o accidente no laboral, reintegrándose en lo abonado mediante su descuento del importe de las liquidaciones que han de efectuar para el ingreso de las cuotas de la Seguridad Social que correspondan al mismo período que las prestaciones satisfechas, reflejando «en los impresos correspondientes a la liquidación de cuotas el importe de las prestaciones abonadas, de forma detallada y con determinación nominal de los trabajadores a quienes se hayan satisfecho aquéllas» ( art. 20 ).

De lo dicho hasta aquí resulta con toda evidencia que la realmente obligada al pago de la prestación es la entidad gestora, «a partir del decimosexto día de baja en el trabajo ocasionada por la enfermedad o el accidente (no laboral), estando a cargo del empresario el abono de la prestación al trabajador desde el día cuarto al decimoquinto de baja, ambos inclusive», tal como previene el art. 131 de la LSS , aunque no sea ésta la vertiente del problema que ahora nos interesa, sino más bien lo que atañe a la prestación correspondiente a partir del decimosexto día de baja. Por tanto, el deudor es el INSS y al empresario se le asigna un papel secundario de simple pagador delegado.

A esta conclusión conduce no sólo el mandato del art. 131 citado , sino también la aplicación del art. 17 de la O 25 Nov. 1966 , así es que conjugando las reglas que contienen los apartados b) y c) del núm. 1 de este precepto se deduce que el pago de la prestación por la empresa se llevará a cabo tan pronto como el trabajador justifique que se encuentra «en tal situación mediante la presentación del correspondiente parte facultativo de baja y de los sucesivos de confirmación de la misma», todo ello sin perjuicio de que el reconocimiento del derecho a la prestación económica corresponda a la entidad gestora, es decir, el reconocimiento de la deuda incumbe al verdadero obligado, y no a quien vaya a efectuar el pago por delegación, y eso mismo es lo que viene a significar la expresión del art. 77.1 c) de la LSS cuando dice «pagando (la empresa) a sus trabajadores, a cargo de la entidad gestora obligada» "

Per prosseguir:

"Sentada esa premisa de que la obligación de pago debe soportarla la entidad gestora, queda ahora por determinar qué protagonismo desempeña el empresario al actuar como pagador delegado del obligado principal y qué compromisos le impone la ley en esas condiciones. Ya dijimos que, según la disposición del art. 17 de la O 25 Nov. 1966 , el empresario comenzará a hacer efectivo el pago «tan pronto como el trabajador justifique que se encuentra en tal situación mediante la presentación del correspondiente parte facultativo de baja y de los sucesivos de confirmación de la misma», y no alude aquí a otros deberes que haya de asumir y cumplir el empresario, ni a conclusión contraria puede conducir lo que de seguido dispone el mismo art. 17 en el sentido de que: «Si el trabajador no hubiere cubierto en la empresa el período de cotización reglamentariamente exigido para tener derecho a esta prestación, podrá acreditar bajo su responsabilidad, mediante una declaración en la que haga constar el tiempo trabajado en otra empresa o empresas que complete el referido período», porque no se impone aquí ninguna obligación al empresario, sino al trabajador beneficiario de la prestación, que es quien debe justificar que cumple todos los requisitos necesarios para lucrar la prestación, y por esa razón no hay base legal que permita gravar al pagador delegado con la obligación de constatar el cumplimiento de las condiciones legales en cada caso y, en concreto, la cobertura del período mínimo de carencia; sin duda este cometido incumbe a la entidad gestora, como condición previa para el cumplimiento de su obligación, aparte de que es ella la que se encuentra en mejor disposición que el empresario y que cuenta con mejores medios para comprobar estos datos, pues de la situación real de la baja le da cuenta puntual el empresario al reflejar en los impresos correspondientes a la liquidación de cuotas el importe de las prestaciones abonadas, «de forma detallada y con determinación nominal de los trabajadores a quienes se haya satisfecho aquélla», según lo dispuesto en el art. 20.1, segundo párrafo de la Orden tantas veces citada de 25 Nov. 1966.

Y estas afirmaciones no solamente obedecen a la consideración de que la entidad gestora recibe noticias puntuales de la situación de los trabajadores en incapacidad temporal, sino que posibilita que, con la simple consulta a los datos de que dispone, pueda comprobar si el período de carencia está o no cubierto; pero, además, el empresario carece de tales medios y para constatar la veracidad de los datos suministrados por los trabajadores, que con anterioridad hubieran prestado servicios en otras empresas, respecto de sus cotizaciones a la Seguridad Social, tendría que consultar estas circunstancias con la entidad gestora, pues la justificación del trabajo por cuenta ajena en determinado período de tiempo no presupone necesariamente que se hayan ingresado en la Seguridad Social las correspondientes cotizaciones".

I finalitzar:

"Como resumen de cuanto venimos diciendo, cabría concluir afirmando que el abono de las prestaciones económicas por incapacidad temporal representa una obligación que vincula a la entidad gestora, de una parte, y al beneficiario, de otra; que al empresario no le impone la ley otra obligación que la de anticipar el pago por cuenta de la entidad gestora, una vez que ha recibido el reglamentario parte médico de baja y los de confirmación; que tampoco la ley ha previsto que sea el empresario el que, en caso de que el trabajador no reúna los requisitos necesarios y a pesar de ello perciba prestaciones, deba reclamar el reintegro de las prestaciones así percibidas, pues es ésta una competencia que corresponde en exclusiva a la entidad gestora de la Seguridad Social, por lo que tampoco deberá «reintegrar» lo percibido por otro, aunque se le reserven las acciones para repetir contra el verdadero obligado.

Esta doctrina que ahora proclamamos no se contrapone a las disposiciones del art. 18 de la O 25 Nov. 1966 , pues no se trata aquí de una reclamación correspondiente al período inicial de la incapacidad temporal, en el que la entidad gestora aún no tiene conocimiento del pago de la prestación ni del cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legalmente exigibles, sino de un pago que se prolongó durante 10 meses en los que el INSS recibió noticia documentada del pago que por delegación venía haciendo el empresario, y sobre cuyos particulares no consta que se hubieran producido irregularidades.

En el fondo, le asiste razón al recurrente cuando afirma que ni directa ni indirectamente se ha lucrado de manera indebida de cantidad alguna, sino que ha efectuado las compensaciones necesarias para ajustar sus cuentas con la entidad gestora, pero no debe verse obligado a compensar a ésta por el incumplimiento de sus obligaciones por parte del trabajador que indebidamente recibió prestaciones".

Val a dir que l'esmentat criteri ha estat posteriorment seguit per altres pronunciaments del nostre més alt tribunal jurisdiccional, com ara la Sentència de 23 de gener de 2009 .

Es pot comprovar, en conseqüència, com la doctrina cassacional no és "ad casum", com erròniament, indica la recorrent. En efecte, allò que es desprèn de la lògica hermenèutica unificada és clar: no correspon a l'empresa el control i reconeixement de la prestació de la incapacitat temporal, sinó a l'entitat gestora, de tal manera que si el treballador no té dret a la prestació es genera un crèdit en favor d'aquesta segona del què no es pot fer responsable a l'ocupador, que actua com simple col laborador en règim forçós. Sens dubte que poden existir hipotètics supòsits en els què concorri frau de llei, de tal manera que l'empresa no actuí més que com a simple pantalla a efectes de la percepció de prestacions il lícites, del què es poden derivar possiblement responsabilitats no únicament d'índole administrativa. Ara bé, és clar que en el present supòsit ni ha estat aquesta la pretensió de la recorrent en la tramitació administrativa i processal, ni consta cap element fàctic que ens pugui dur a fer qualsevol reflexió al respecte.

L'aplicació de l'esmentada doctrina ha de comportar, lògicament, la desestimació d'aquest motiu i, amb ell, del recurs en la seva integritat.

Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació

Fallo

Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per l'INSTITUTO NACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL contra la sentència dictada pel jutjat del social número 19 dels de Barcelona en data 23 de gener de 2009, recaiguda en les actuacions 809/2008 , en virtut de demanda deduïda per VINYET RESIDENCIAL SL contra la dita entitat gestora i contra la TESORERIA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL i Encarnacion en reclamació de reintegrament de prestacions i, en conseqüència, hem de confirmar i confirmem íntegrament la sentència.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts en els apartats 2 i 3 de l' Art.219 de la Llei de Procediment Laboral .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat en els articles 227 i 228 del text processal laboral , tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts i que intenti interposar recurs de cassació per unificació de doctrina, consignarà com dipòsit la quantitat de 300 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit - BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el Magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.