Sentencia Social Nº 3672/2010, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1499/2009 de 18 de Mayo de 2010

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

JSP

IL·LM. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

IL·LMA. SRA. MATILDE ARAGÓ GASSIOT

IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL PURCALLA BONILLA

Barcelona, 18 de maig de 2010

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 3672/2010

En el recurs de suplicació interposat per AGUILAR Y SALAS, SA a la sentència del Jutjat Social 27 Barcelona de data 20 de novembre de 2008 dictada en el procediment núm. 546/2008 en el qual s'ha recorregut contra la part -T.G.S.S.- (Tesorería Gral.

Seguridad Social), -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social) i Lázaro , ha actuat com a ponent Il·lma. Sra. MATILDE ARAGÓ GASSIOT.

Antecedentes

Primer. En data 30 de juny de 2008 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Accident de treball, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 20 de novembre de 2008 , que contenia la decisió següent: " Que desestimando la demanda interpuesta por AGUILAR Y SALAS, SA frente al -I.N.S.S.- (Instituto Nacional de la Seguridad Social), -T.G.S.S.- (Tesorería Gral. Seguridad Social) y Lázaro en materia de Responsabilidad empresa falta seguridad, debo absolver y absuelvo a las partes demandadas de las pretensiones en su contra deducidas "

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

Primero. Por resolución del INSS de 25-2-08 se declaró la existencia de Falta de Medidas de Seguridad en la Enfermedad Profesional, y un recargo del 30% en todas las prestaciones que se deriven, de cuyo pago es responsable la empresa actora Aguilar y Salas, S.A.

Segundo. La citada empresa formula Reclamación Administrativa previa a la vía jurisdiccional que se desestimó por Resolución de 20-5-08 que confirmó la resolución impugnada.

Tercero. La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha emitido el preceptivo informe, teniéndose su contenido por reproducido por obrar en autos.

Cuarto. El citado organismo levantó a la empresa el acta de Infracción nº 06473-04, cuyo contenido por obrar en autos se tiene por reproducido.

Quinto. El Departamento de Trabajo e Industria de la Generalitat de Catalunya en 22-2-05 dictó Resolución confirmando e imponiendo la sanción de 15.025'30 Euros propuesta, teniéndose su contenido por reproducido.

Sexto. El Comité de la Empresa actora en 10-11-05 emitió un informe cuyo contenido se tiene por reproducido por obrar en autos.

Séptimo. La empresa actora se dedica a la actividad de fabricación de productos metálicos por corte, conformado y soldadura.

Octavo. La empresa tenía anteriormente su centro de trabajo en Barcelona, trasladándolo en 1998 a Les Franqueses del Vallés.

Noveno. El nivel diario equivalente de ruído supera los 85 decibelios, en los puestos de trabajo de montador y soldador de la empresa actora. El nivel diario equivalente no supera los 87 decibelios en dichos puestos, si se tiene en consideración la atenuación de los protectores auditivos individuales y su correcta utilización.

Décimo. El trabajador demandado Lázaro ha prestado sus servicios en la empresa como Oficial 1ª soldador en jornada continua, en el interior de las naves destinadas a fabricación expuesto al ruido, durante el período de 8-1-69 a 24-3-06, sin que la empresa haya reducido el nivel sonoro al que estaba expuesto.

Décimo primero. El trabajador devengó a su favor la prestación de Incapacidad Temporal derivada de Enfermedad Profesional con cargo a la Mutua.

Décimo segundo. Por Resolución del INSS de 1-8-06 fue declarado en situación de Invalidez Permanente Total cualificada, derivada de Enfermedad Profesional, desde 24-3-2006 por las lesiones de Trauma sonoro bilateral, otalgia, acuferos bilaterales y biruxismo. Hipoacusia con 60 Db de pérdida.

Décimo tercero. La Mutua Midat en 1991 hasta el 2003 suministró a la empresa orejeras y tapones protectores, lo que repitió en varias ocasiones más en los años sucesivos, sin que los trabajadores de la empresa actora comenzasen a usar los protectores auditivos hasta el 2003 por no haberles sido proporcionados por la empresa antes.

Décimo cuarto. Después de 2003 la empresa compraba tapones y orejeras a otros suministradores.

Décimo quinto. La empresa no exigía a sus trabajadores la obligatoriedad de la utilización de protectores auditivos hasta Enero 2004.

Décimo sexto. En la empresa se han realizado las siguientes mediciones del nivel sonoro al que se hallaban expuestos los trabajadores:

- en 12-4-91 por Midat Mutua en el centro de trabajo de Barcelona.

- en 11-7-00 por Midat Mutua, en el actual centro de trabajo.

- en 28-5-02 por Mutua Midat en el actual centro de trabajo.

- en 19-11-03 por Midat Mutua en en el actual centro de trabajo

- en 1-12-04

- en 13-12-05,

teniéndose sus resultados por reproducidos por obrar en el acto de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

Décimo séptimo. En la de 12-4-91 ya se informaba a la empresa sobre la necesidad de proporcionar protectores auditivos a los operarios, así como establecer la obligatoriedad de uso en los puestos en los que el nivel sonoro equivalente supere los 90 decibelios (A) y de la realización de audiometrías, así como la periodicidad de los mismos en función de los niveles de exposición.

Décimo octavo. En la empresa comenzaron a realizarse audiometrias a los trabajadores en 1997. En el 2000 se realizaron 92 audiometrias, resultando en un 42% de los mismos alteraciones acentuadas; en el año 2002, 107, con un 43% de alteraciones acentuadas, en el 2003, 93 (39 sin alteración importante, 34 con alteraciones leves y 15 con alteraciones acentuadas).

Décimo noveno. El trabajador demandado fue reconocido medicamente en 8-4-94, 15-2-00, 25-2-00, y 29-7-03 por los Servicios de Midat Mutua, habiéndosele practicado en las revisiones de 15-2-00 y 29-7-03 audiometrias, con el resultado que obra en autos.

Vigésimo. En 8-4-02 y en 22-4-04 le fue practicado examen de salud por la Mutua Midat, resultando apto para su puesto de trabajo.

Vigésimo primero. En 15-12-03 se le practicó otra audiometria con el resultado que obra en autos, también por reproducido.

Vigésimo segundo. El 14-1-04 recibió de la empresa EPI que incluía tapones para los oídos.

Vigésimo tercero. El Centro de Seguridad y Condiciones de Salud en el trabajo de barcelona elaboró informe en 12-6-07 sobre exposición al ruido, cuyo contenido por obrar en autos se tiene por reproducido.

Tercer. Contra aquesta sentència la part demandant va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i el va impugnar el codemandat Sr. Lázaro . Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER. Contra la sentència del jutjat social que desestima la demanda interposada contra el recàrrec del 30% per falta de mesures de seguretat, presenta recurs de suplicació l'empresa condemnada, que ha estat impugnat pel lletrat del treballador accidentat.

SEGON. Es presenta el recurs en primer lloc interessant la revisió dels fets provats. S'ha de tenir present als dits efectes que conforme constant doctrina jurisprudencial per a que prosperi aquesta causa de suplicació, en base al caràcter extraordinari d'aquest recurs, és necessària la concurrència dels següents elements:

a) l'existència d'un error en el jutjador en la valoració de la prova, de forma clara i palesa, no basat en conjectures o raonaments;

b) que aquest error es basi en documents o perícies obrants en les actuacions que ho posin en evidència;

c) que el recurrent assenyali els paràgrafs a modificar, tot proposant una redacció alternativa que concreti la seva pretensió revisora;

d) que els resultats que es postulen, encara que es basin en els dits mitjans de prova, no quedin desvirtuats per altres proves practicades al llarg del judici, atès que en cas de contracció ha de prevaler el criteri del jutge d'instància, en tant que la llei li reserva la funció de valoració de les proves; i

e) que les modificacions sol licitades siguin rellevants i transcendents per a la resolució de les qüestions plantejades.

Per aquesta via es demanda la revisió dels fets que es relacionen:

1. Inclusió de un nou paràgraf en el fet provat sisè que digui:

"También se emitió un informe por el Servicio de Prevención Ajeno MIDAT MUTUA de la empresa actora en fecha 14/11/2005, cuyo contenido por obrar en autos (documento 4 de la actora) se tiene por reproducido. Igualmente, se emitió un acta en fecha 21/11/2005 por el Comité de Seguridad y Salud de la empresa actora, cuyo contenido se tiene por reproducido por obrar en autos (documento nº 6 de la actora)".

Basa la seva pretensió revisora en els documents que cita, que consten en les actuacions, reiteradament aportats per les dues parts. S'accepta la seva incorporació per la Sala atès que es pot integrar com a omissió transcendent ja que l'existència dels informes que es citen és incontrovertida.

2. Supressió de la frase del fet provat desè, relativa a que l'empresa no ha reduït el nivell sonor al que estava exposat el demandat, i addició correlativa del paràgraf que relaciona al fet provat vuitè que digui:

"La empresa ha adoptado medidas técnicas y organizativas para reducir el nivel sonoro en sus naves destinadas a fabricación, las cuales han consistido, básicamente, en : - Trasladar su actividad en 1998 a un nuevo centro de trabajo (el actual de Les Franqueses del Vallès), diseñado y construido con técnicas y materiales que amortiguan y reducen la propagación del ruido en las instalaciones y con una ubicación de las secciones de trabajo que evita la difusión de ruido de unas a otras. - La adaptación de la maquinaria de la empresa y la adquisición de innumerables equipos y maquinaria de alta tecnología, que limitan la emisión de ruidos en el desarrollo de los trabajos; maquinaria que se relaciona en el documento nº 6 de la prueba documental de la actora y que aquí se da por reproducido. - La realitzación de las actividades de pulido de piezas en el exterior de las naves desde 1999, y el establecimiento desde el año 2001 de dos turnos de trabajo en la empresa para evitar la concentración de trabajadores en un solo turno y, así, disminuir la emisión de ruido."

Basa la seva pretensió revisora en els documents núm. 3 de la part actora, escrit del Comitè d'Empresa de 10-11-2005; doc. 4 de la part actora, informe del servei de prevenció Midat Mútua; doc. 5 de la part actora, informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social; doc. 6, de la part actora, acta del Comitè de Seguretat i Salut de 21-11-05; doc. 7, certificat de l'enginyer Sr. Santiago ; documents 20 a 31, factures de compra de maquinària; documents 64, sempre de la part actora, pacte d'empresa de 2001; document 72, pags. 11 a 13, informe del Centre de Salut i Seguretat en el Treball.

Ja que del conjunt de informes que cita el recurrent així és dedueix, doncs es reflecteix, sense prova documental en contrari, que la demandant va posar en marxa les mesures que consten, tant respecte al trasllat de la factoria, com en la construcció d'elements de les màquines per a limitar el soroll ambiental i altres mesures que consten en el text que es proposa - es relata això en l'Informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social - aconseguint la reducció del nivell de soroll ambiental, ha de ser atesa també aquesta modificació i s'ha de substituir el redactat pel que es proposa, abans ressaltat en negreta.

3. Modificació del fet provat 13è, del 15è i del 22è, fent constar en tots ells que l'empresa havia proporcionat protectors auditius al treballadors, amb el tenor literal següent:

"13º. La Mutua Midat en 1990 hasta el 2003 suministró a la empresa orejeras y tapones protectores, lo que repitió en varias ocasiones más en los años sucesivos, poniendo la empresa actora a disposición de sus trabajadores dichos protectores desde 1990, protectores que tienen una capacidad de reducción del ruido suficiente para que los operarios estén expuestos a un nivel de ruido por debajo de los 80 dB (A)"

"15º. La empresa viene exigiendo a sus trabajadores la obligatoriedad de la utilización de los protectores auditivos desde 1990".

"22º . El 14-01-04 el actor recibió de la empresa EPI que incluía tapones para los oídos, si bien ya desde 1990 la empresa viene facilitándole protectores auditivos".

Basa aquesta pretensió en els mateixos documents del 1 al 5 abans relacionats. En els citats informes si que consta que l'empresa va proporcionar protectors auditius als treballadors des de l'any 1991, però no la obligatorietat de que fossin usats pels treballadors, és més, consta el contrari en l'Informe de la Inspecció de Treball, que constata la manca de ús efectiu dels protectors, tal com consta en l'informe de la ITSS de 2004, foli 112, en el que reflecteix el resultat de les audiometries i conclou que l'empresa no ha adoptat cap tipus de mesura tècnica u organitzativa dirigida a reduir efectivament els soroll al que estan exposats els treballadors que presten serveis, i constata que només es va establir la obligatorietat de posar els protectors, que es posen a disposició l'any 2003, fins a gener de 2004. Aquest informe és el que ha tingut en compte la magistrada del Jutjat Social, per tant, la seva conclusió no es pot valorar d'error i no ha de ser revocada per aquesta Sala.

Per altra banda, en el fet provat 13è, ja consta que la Mútua havia subministrat els protectors auditius a l'empresa des de l'any 1991, sense que els treballadors els usessin fins el 2003, per no haver-los proporcionat l'empresa abans. Aquest fet el dedueix la magistrada del Jutjat Social de l'Informe de la Inspecció de Treball i seguretat social i és coherent amb el que disposa el fet provat 18è, sobre el resultat de les audiometries, que no qüestiona, que donaven el resultat de superar any darrera any els límits màxims previstos de soroll ambiental. No es pot atendre doncs la pretensió revisora, ja que no s'aprecia un error de la magistrada del Jutjat Social sinó una diferent valoració dels documents que consten en relació a la testifical practicada, tal com raona en la fonamentació jurídica de la sentència.

4. Modificació del fet provat divuitè, en el sentit de que es digui:

"En la empresa comenzaron a realitzarse audiometrías a los trabajadores por lo menos desde el año 1991", i no en la data d'inici del 1997, com consta.

Cita com a document de contrast el document 4 de la part actora, que es tracta de informe del servei de prevenció de Midat Mútua, que així ho reflecteix en la pàg. 2. Es considera doncs un error de transcripció, que no altera substancialment el redactat del fet en qüestió, però en no ser contradit per cap altra mitjà documental, és més consta també en l'informe de la ITSS, foli 105, de les acturacions. Per tant ha de ser estimat. Per tant el fet provat 18è, queda redactat en el sentit que consta en la sentència, a excepció de la substitució de la referència a l'any 1997 per any 1991.

Aquest primer motiu del recurs s'accepta en part, en el sentit de incorporar en els fets provats els elements que han quedat destacats, sense incloure cap altre de les modificacions proposades.

TERCER. El motiu d'infracció jurídica, per la via de l' article 191 c) de la LPL , al.lega la indeguda aplicació de l' article 123-1 de la LGSS , i la jurisprudència que l'interpreta, indicant que no es donen al cas concret els requisits de la seva aplicació, per pretendre que l'empresa va complir totes les mesures de seguretat exigibles, amb cita de jurisprudència sobre el precepte, indicant que l'empresa si que ha realitzat mesures de prevenció i que no és cert que no hagi proporcionat protectors auditius.

Els elements configuratius de la mesura sancionadora aquí analitzada (segons continua i pacífica jurisprudència continguda, entre d'altres, en les SSTS 8.3. 16.11.93, 12.2 i 20.5.94 , segons la seva conformació legal i doctrinal són els següents: a) Que hagi ocorregut un accident de treball que doni lloc a prestacions del sistema de Seguretat Social; b) Incompliment de les mesures de Seguretat i Higiene en el Treball, bé generals, bé específiques; c) L'existència d'un nexe causal entre l'accident i l'esmentat incompliment, d) L'existència de un perjudici evident causat pel sinistre.

La sentència del TS, dictada en data 8 d'octubre de 2001 (RJ 20031424 ), en un procediment de similar objecte, aplicable al cas indica que:

"La vulneración de las normas de seguridad en el trabajo merece un enjuiciamiento riguroso tras la promulgación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995, de 8 de noviembre (RCL 19953053 ), norma que estaba ya en vigor cuando acaeció el accidente que hoy se enjuicia. Esta Ley, en su artículo 14.2 , establece que «en cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el trabajo...». En el apartado 4 del artículo 15 señala «que la efectividad de las medidas preventivas deberá prever (incluso) las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador». Finalmente, el artículo 17.1 establece «que el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean adecuados para el trabajo que debe realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que garanticen la seguridad y salud de los trabajadores». Del juego de estos tres preceptos se deduce, como también concluye la doctrina científica, que el deber de protección del empresario es incondicionado y, prácticamente, ilimitado. Deben adoptarse las medidas de protección que sean necesarias, cualesquiera que ellas fueran. Y esta protección se dispensa aun en los supuestos de imprudencia no temeraria del trabajador. No quiere ello decir que el mero acaecimiento del accidente implique necesariamente violación de medidas de seguridad, pero sí que las vulneraciones de los mandatos reglamentarios de seguridad han de implicar en todo caso aquella consecuencia, cuando el resultado lesivo se origine a causa de dichas infracciones."

En el cas que ens ocupa, s'ha de partir de què les modificacions introduïdes no han donat lloc a una modificació substancial dels fets provats, doncs si bé és cert que l'empresa va realitzat algunes mesures per evitar el soroll ambiental, no es pot arribar a la conclusió que apliqués les normes reglamentàries de seguretat en el treball que li eren exigibles. Per tant, la exoneració de la responsabilitat empresarial no pot ser atesa, doncs resulta dels fets provats que l'empresa demandada va fer algunes mesures al llarg dels anys per reduir el soroll ambiental, concretament en el nou edifici, amb la implantació de elements en la maquinària, i també en fer activitats fora de la nau, també resulta acreditat que el treballador demandat ha quedat afectat amb greu pèrdua d'audició a conseqüència d'haver estat sotmès a uns nivells de soroll ambiental al llarg dels anys, que al igual que a altres treballadors, superaven els límits d'exposició recomanables (90 Db), sense que la societat hagués establert la obligació d'usar protectors fins a l'any 2003, encara que les auditories realitzades resultaven amb afectació dels treballadors (42%, tal com consta en el fet provat novè i 18è, i sense que consti la eficàcia de les mesures protectores realitzades.

Existeix una relació causa-efecte clara entre la exposició reiterada al soroll ambiental en el treball al llarg dels anys pel demandat i les lesions de trauma sonor bilateral, otalgies, acúfens i biruxisme, amb hipoacusia de 60 Db de pèrdua. Es dedueix de tot això que l'empresa no va assumir les obligacions de prevenció que disposen els articles 14,15 de la LPRL, 13/95, ni les disposicions específiques, i vigents des de abans de 1991, regulades en l'article 7 del R.D. 1316/1989, de 27 d'octubre , que regula la protecció dels treballadors exposats al soroll, que obliga a realitzar controls mèdics auditius i específicament disposa que tots els treballadors han de usar protectors auditius, l'ús obligatori dels quals es senyalitzarà segons el que disposa el RD 1403/1986, de 9 de maig sobre senyalització de seguretat en els centres de treball. Es donen tots els elements previstos per imposar el recàrrec, tal com molt bé valora la sentència de la magistrada del jutjat social. En conseqüència, el motiu de censura jurídica ha de ser desestimat i confirmada la sentència.

QUART. Les costes s'hauran d'imposar a la part vençuda, si no gaudeix del benefici de justícia gratuïta, tal com estableix l' article 233 de la LPL , amb la pèrdua dels dipòsits i consignacions per part del recurrent si el recurs no s'estima, tal com disposa l' article 202 de la mateixa Llei processal .

Pels fonaments jurídics abans exposats,

Fallo

Desestimar el recurs de suplicació interposat per AGUILAR Y SALAS, S.A. contra la sentència de data 20 de novembre de 2008, dictada en el procediment número 546/2008, seguit en el jutjat social 27 dels de Barcelona , a instància del citat recurrent contra INSTITUT NACIONAL DE LA SEGURETAT SOCIAL, TRESORERIA GENERAL DE LA SEGURETAT SOCIAL i Lázaro , per impugnació de recàrrec de prestacions per manca de mesures de seguretat. Confirmar íntegrament la decisió de la sentència dictada pel jutjat social.

S'acorda la pèrdua del dipòsit i de la consignació a les que es donarà la destinació legal i la condemna en costes al recurrent que xifrem en 300 euros per a la impugnació del recurs, a favor del lletrat del treballador demandat.

Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.

Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts en els apartats 2 i 3 de l'Art.219 de la Llei de Procediment Laboral .

Així mateix, de conformitat amb allò disposat en els articles 227 i 228 del text processal laboral , tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts i que intenti interposar recurs de cassació per unificació de doctrina, consignarà com dipòsit la quantitat de 300 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el Banc Espanyol de Crèdit - BANESTO-, en l'Oficina núm 2015 situada a la Ronda de Sant Pere, núm. 47 de Barcelona, n° 0965 0000 66, afegint a continuació els números indicatius del recurs en aquest Tribunal.

La consignació de l'import de la condemna, quan així procedeixi, s'efectuarà en el compte que aquesta Sala té obert en l'oficina bancària esmentada al paràgraf anterior, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació els números indicatius del Recurs en aquest Tribunal, i havent d'acreditar que s'ha fet efectiva al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, la Magistrada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.