Sentencia SOCIAL Nº 39/2022, Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1764/2019 de 18 de Enero de 2022

Encabezamiento

UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 1764/2019

Ponente: Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer

Letrado de la Administración de Justicia: Ilmo. Sr. D. Alfonso Lozano De Benito

TRIBUNAL SUPREMO

Sala de lo Social

Sentencia núm. 39/2022

Excmas. Sras. y Excmos. Sres.

Dª. Rosa María Virolés Piñol

D. Ángel Blasco Pellicer

Dª. María Luz García Paredes

D. Juan Molins García-Atance

D. Ignacio Garcia-Perrote Escartín

En Madrid, a 18 de enero de 2022.

Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Agencia Madrileña de Atención Social, representada y asistida por el letrado de la Comunidad de Madrid, contra la sentencia dictada el 19 de marzo de 2019 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación núm. 683/2018, formulado contra la sentencia del Juzgado de lo Social núm. 39 de Madrid, de fecha 28 de mayo de 2018, autos núm. 1087/2016, que resolvió la demanda sobre Despido interpuesta por Dª. Visitacion, frente a Agencia Madrileña de Atención Social.

Ha comparecido en concepto de parte recurrida Dª. Visitacion, representada y asistida por la letrada Dª. Eva Domínguez Tejeda.

Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Ángel Blasco Pellicer.

Antecedentes

PRIMERO.-Con fecha 28 de mayo de 2018 el Juzgado de lo Social núm. 39 de Madrid dictó sentencia, en la que se declararon probados los siguientes hechos:

'PRIMERO.- La demandante, Dña. Visitacion, con DNI NUM000, ha venido prestando servicios para la demandada Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid-Agencia Madrileña de Atención Social, desde el 1 de abril de 1996, con categoría profesional de auxiliar de hostelería (grupo 5, nivel 1, área C), mediante suscripción de una serie de contratos de interinidad, habiendo suscrito el último en fecha 1 de febrero de 2008, en la modalidad temporal de interinidad para cubrir provisionalmente de forma interina y hasta la conclusión de los procesos selectivos regulados en los arts. 13.2 y 3 del convenio colectivo o hasta la amortización del puesto de trabajo, la vacante nº NUM001, de categoría profesional de auxiliar de hostelería, vinculada a la oferta de empleo público (OEP) correspondiente al año 2003, ocupando destino en el CAMP Mirasierra. En contraprestación a los servicios prestados percibía la actora un salario mensual bruto con prorrata de pagas extras, según nóminas, de 1.430,99 euros.

SEGUNDO.- Por Orden de 3 de abril de 2009 (BOCM 29/06/09), se inició proceso de consolidación de empleo, que fue resuelto por resolución de 15 de junio de 2016 adjudicándose los destinos por resolución de 27 de julio de 2016 (BOCM 29/07/16). La actora no superó el proceso de consolidación.

TERCERO.- Por carta de fecha 14 de septiembre de 2016, la demandada comunicó a la actora la extinción del contrato con efectos de 30 de septiembre de 2016, por cobertura efectiva de la plaza que venía interinando nº. NUM001, mediante adjudicación de la misma tras proceso extraordinario de consolidación de empleo, para acceso a plazas de carácter laboral de categoría profesional de auxiliar de hostelería (grupo 5, nivel 1, área C), convocado por Orden de la Consejería de Presidencia de 3 de abril de 2009.

CUARTO.- La plaza interinada por la demandante ha sido adjudicada a Dña. Carmela, quien suscribió con la Administración demandada un contrato indefinido el 30 de septiembre de 2016.

QUINTO.- Se presentó demanda el 27 de octubre de 2016, que ha sido repartida a este juzgado el 4 de noviembre'.

En dicha sentencia aparece la siguiente parte dispositiva:

'Estimando en parte la demanda presentada por Dña. Visitacion, frente a la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, en reclamación de despido y cantidad, procede condenar y condeno a la demanda al abono a la demandante de la suma de 14.582,40 euros en concepto de indemnización legal derivada de la extinción del contrato'.

SEGUNDO.-La citada sentencia fue recurrida en suplicación por la Agencia Madrileña de Atención Social ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la cual dictó sentencia en fecha 19 de marzo de 2019, en la que consta el siguiente fallo:

'Que debemos desestimar y desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por el Letrado de la Comunidad de Madrid en nombre y representación de AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL, contra la sentencia de fecha 28/05/2018 dictada por el Juzgado de lo Social nº. 39 de Madrid en sus autos número Despidos / Ceses en general 1087/2016, y en consecuencia, debemos confirmar y confirmamos la sentencia de instancia.

Se condena a la recurrente a la pérdida del depósito efectuado para recurrir, así como al pago de 400 euros en concepto de honorarios al letrado impugnante'.

TERCERO.-Por la representación de la Agencia Madrileña de Atención Social se formalizó el presente recurso de casación para la unificación de doctrina ante la misma Sala de suplicación, alegando la contradicción existente entre la sentencia recurrida y la dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 29 de junio de 2017 (R. 498/2017).

CUARTO.-Por providencia de esta Sala se procedió a admitir a trámite el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, y por diligencia de ordenación se dio traslado del mismo a la parte recurrida para que formalizara su impugnación en el plazo de quince días.

Por la letrada Dª. Eva Domínguez Tejeda, en representación de la parte recurrida, Dª. Visitacion, se presentó escrito de impugnación, y por el Ministerio Fiscal se emitió informe en el sentido de considerar el recurso procedente.

QUINTO.-Instruido el Excmo. Sr. Magistrado Ponente, se declararon conclusos los autos, señalándose para votación y fallo el día 18 de enero de 2022, en cuya fecha tuvo lugar.

Fundamentos

PRIMERO.- 1.-La cuestión a resolver en el presente recurso de casación unificadora es la de determinar si la demandante tiene derecho a percibir una indemnización de 20 días por año de servicio, tras la extinción de la relación laboral que ha venido manteniendo, mediante un contrato de interinidad por vacante, con la Agencia Madrileña de Atención Social de la Comunidad de Madrid, en un supuesto en el que la duración del contrato fue muy superior a tres años.

2.-La sentencia de instancia del Juzgado de lo Social nº. 39 de Madrid estimó la demanda de la trabajadora y condenó a la Agencia Madrileña de Atención Social al pago de una indemnización por extinción del contrato equivalente a veinte días por año de servicio. La sentencia aquí recurrida de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 19 de marzo de 2019, confirmó la de instancia, manteniendo la condena al abono de la referida indemnización.

Consta que la actora fue contratada el 2 de febrero de 2008, mediante contrato de interinidad para cubrir temporalmente de forma interina y hasta conclusión de los procesos selectivos la vacante nº. NUM001, vinculada a la oferta de empleo público correspondiente al año 2003, proceso que se inició por Orden de 3 de abril de 2009 y concluyó adjudicándose los destinos por resolución de 27 de julio de 2016, acordándose la extinción del contrato con efectos de 30 de septiembre de 2016. Sobrepasado el límite de tres, se califica la relación como indefinida no fija y se le reconoce una indemnización de 20 días por año de servicio, tomando como antigüedad la de 9 de abril de 2001, fecha en la que se suscribe el contrato anterior al que provocó la interposición de la demanda.

SEGUNDO.-Recurre la administración demandada en casación para la unificación de doctrina para cuestionar el derecho a la indemnización reconocido por la sentencia impugnada. Para hacer valer la contradicción cita de contraste la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 29 de junio de 2017 (R. 498/2017), que desestimó el recurso de suplicación de la actora y declaró adecuada a derecho la extinción del contrato de interinidad por vacante de la trabajadora demandante, sin derecho a indemnización. en el caso de una trabajadora que prestó servicios laborales para la administración de la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) desde 1992 hasta 2016, bajo distintas fórmulas de contratación temporal, y como interina por vacante desde el año 2000, hasta que fue extinguida por cobertura de la plaza en fecha 30 de noviembre de 2016. El 12 de enero de 2017 interpone demanda de despido, en la que razona que la contratación temporal lo ha sido en fraude de ley, y peticiona que el cese se califique como despido improcedente. Subsidiariamente reclama una indemnización de 12 días por año de servicio.

La sentencia referencial desestima en su integridad la demanda; entiende que la contratación es ajustada a derecho y deniega el reconocimiento de una indemnización a la fecha de extinción de la misma. Razona a tal efecto que no es de aplicación lo dispuesto en el art. 70EBEP, y con esa base entiende que la relación laboral no se ha transformado en indefinida no fija por el hecho de que su duración haya excedido ampliamente el plazo de tres años al que alude dicho precepto legal.

2.-A juicio de la Sala, coincidente con el del Ministerio Fiscal, concurre la contradicción entre las sentencias que se comparan, ya que en los dos casos se trata de trabajadoras que han prestado servicios como interinas por vacante para la administración autonómica, durante un periodo muy prolongado de tiempo, y cuya relación laboral se extingue tras la cobertura de la plaza. Resulta idéntica la pretensión ejercitada por las actoras en ambos procedimientos, y de que en todo caso se trata de determinar si tienen o no derecho a percibir una indemnización a la extinción de una relación laboral con la administración pública, que ha sido concertada en calidad de interina por vacante, y se ha prolongado durante un extenso periodo de tiempo muy superior a los tres años, hasta su finalización tras la cobertura de la plaza.

En esas circunstancias la sentencia recurrida ha reconocido el derecho de la trabajadora a percibir una indemnización de 20 días por año de servicio, lo que ha sido por el contrario desestimado en la de contraste.

TERCERO.- 1.-La cuestión controvertida ha sido resuelta por la Sala en sendas sentencias del pleno. La primera la de 28 junio 2021. Rcud. 3263/2019 en la que hemos venido a reconocer ese derecho a la indemnización con motivo de la extinción de un contrato de interinidad de duración injustificadamente larga que cabe considerar como una relación laboral indefinida no fija; y, la segunda, en la más reciente del pleno, de 17 de noviembre de 2021, Rcud. 2497/2018, en la que hemos concedido la indemnización en un supuesto muy similar al presente. Por tanto, por elementales razones de seguridad jurídica y de igualdad en la aplicación de la ley, no existiendo motivos para cambiarla, procede aplicar la doctrina contenida en las referidas sentencias.

2.-Ante la ausencia en la legislación laboral de un plazo preciso y exacto de duración del contrato de interinidad por vacante, ha de entenderse que, salvo muy contadas y limitadas excepciones, los procesos selectivos no deberán durar más de tres años a contar desde la suscripción del contrato de interinidad, de suerte que si así sucediera estaríamos en presencia de una duración injustificadamente larga del contrato de interinidad que determina la transformación de la relación laboral en indefinida no fija, y procede en consecuencia el reconocimiento del derecho a percibir una indemnización de 20 días por año de servicio a la extinción de la misma tras la cobertura reglamentaria de la plaza.

Aplicamos de esta forma los criterios establecidos a raíz de la STJUE de 3 de junio de 2021, asunto C- 726/19, acomodando nuestra doctrina a los parámetros jurídicos fijados en la misma. El TJUE admite en dicha sentencia la utilización de los contratos de interinidad por vacante hasta la finalización del proceso de cobertura de la plaza, pero condiciona su validez al requisito de que se respete un plazo cierto, preciso y determinado, para la convocatoria y finalización de tal proceso, sin que las restricciones presupuestarias derivadas de la crisis económica de 2008 justifiquen su incierta e indefinida prolongación en el tiempo.

Lo que nos lleva a concluir, que 'aun cuando el contrato de trabajo de interinidad por vacante haya cumplido los requisitos del art. 4.1 y 2.b RD 2720/1998 en los términos ya expuestos, una situación en la que un empleado público nombrado sobre la base de una relación de servicio de duración determinada -hasta que la plaza vacante para la que ha sido nombrado sea provista de forma definitiva- ha ocupado, en el marco de varios nombramientos o de uno sólo durante un período inusual e injustificadamente largo, el mismo puesto de trabajo de modo ininterrumpido durante varios años y ha desempeñado de forma constante y continuada las mismas funciones, cuando el mantenimiento de modo permanente de dicho empleado público en esa plaza vacante se deba al incumplimiento por parte del empleador de su obligación legal de organizar un proceso selectivo al objeto de proveer definitivamente la mencionada plaza vacante, ha de ser considerada como fraudulenta; y, en consecuencia, procede considerar que el personal interino que ocupaba la plaza vacante debe ser considerado como indefinido no fijo'.

3.-En el caso presente, hubo un primer contrato temporal suscrito 9 de abril de 2001 y, posteriormente, la actora fue contratada el 2 de febrero de 2008, mediante contrato de interinidad para cubrir temporalmente de forma interina y hasta conclusión de los procesos selectivos una vacante, sin que el proceso selectivo finalizara hasta el 27 de julio de 2016; o sea, más de ocho años después de la suscripción del segundo contrato, sin que conste circunstancia excepcional alguna que, conforme a los criterios antedichos, pudiere justificar de alguna forma la prolongación de dicho contrato más allá del plazo de tres años, lo que obliga a calificar la relación laboral como indefinida no fija, y al consiguiente reconocimiento del derecho a percibir una indemnización de 20 días por año de servicios a su extinción, tras la cobertura reglamentaria de la plaza. Y puesto que, en definitiva, esta es la solución que finalmente aplica la sentencia recurrida, debemos desestimar el recurso para confirmarla en sus términos.

CUARTO.-Lo expuesto conlleva, de conformidad con lo informado por el Ministerio Fiscal a la desestimación del recurso y consiguiente confirmación de la sentencia recurrida, con condena en costas a la recurrente en la cuantía de 1.500 euros de conformidad con el artículo 235LRJS.

Fallo

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido

:

1.- Desestimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Agencia Madrileña de Atención Social, representada y asistida por el letrado de la Comunidad de Madrid.

2.- Confirmar y declarar la firmeza de la sentencia dictada el 19 de marzo de 2019 por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el recurso de suplicación núm. 683/2018.

3.- Condenar en cotas a la recurrente, Comunidad de Madrid, en cuantía de 1.500 euros.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma.