Sentencia SOCIAL Nº 44/2021, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 614/2020 de 28 de Enero de 2021

Encabezamiento

Sección: MAG

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL

Plaza San Francisco nº 15

Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 479 373

Fax.:

Email: socialtsjtf@justiciaencanarias.org

Rollo: Recursos de Suplicación

Nº Rollo: 0000614/2020

NIG: 3803844420190006882

Materia: Reclamación de Cantidad

Resolución:Sentencia 000044/2021

Proc. origen: Procedimiento ordinario Nº proc. origen: 0000816/2019-00

Órgano origen: Juzgado de lo Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife

Recurrente: MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTES; Abogado: ABOGACÍA DEL ESTADO EN SCT

Recurrido: Elisenda; Abogado: JULIO ORTEGA RIVAS

SENTENCIA

Ilmos./as Sres./as

SALA Presidente

D./Dª. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ-PARODI PASCUA

Magistrados

D./Dª. EDUARDO JESÚS RAMOS REAL

D./Dª. FÉLIX BARRIUSO ALGAR (Ponente)

En Santa Cruz de Tenerife, a 28 de enero de 2021.

Dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, sede de Santa Cruz de Tenerife, en el Recurso de Suplicación número 614/2020, interpuesto por el Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, frente a la Sentencia 75/2020, de 11 de marzo, del Juzgado de lo Social nº. 5 de Santa Cruz de Tenerife en sus Autos de Procedimiento ordinario 816/2019, sobre reclamación de cantidad (sexenios). Habiendo sido ponente el Magistrado D. Félix Barriuso Algar, quien expresa el parecer de la Sala.

Antecedentes

PRIMERO.- Por parte de Dª. Elisenda se presentó el día 4 de septiembre de 2019 demanda frente al Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en la cual alegaba que trabajaba para la demandada desde 2005 como profesora de religión de educación infantil; que en un acuerdo del Consejo de Ministros de 1991 se había establecido un complemento específico anual por 'Formación permanente', a devengar por cada seis años de servicio en la función pública docente como funcionario de carrera, y siempre que se hayan acreditado cien horas de actividades de formación; por sentencia firme de conflicto colectivo, dictada en febrero de 2016, se había declarado el derecho de los profesores de religión a percibir ese complemento de formación permanente, y al amparo de esa sentencia la demandante había reclamado al Ministerio, en junio de 2017, el abono de los importes que consideraba devengados; en diciembre de 2017, en una reunión con las organizaciones sindicales representativas del sector, el Ministerio comunicó que necesitaba por lo menos 16 meses para resolver las reclamaciones, interpretando la demandante que eso significaba que formulaba una moratoria expresa hasta el 12 de abril de 2019; sin embargo, llegada esa fecha, no se había pagado nada a la actora, la cual reclamaba el pago de los sexenios que consideraba devengados desde diciembre de 2015. Terminaba solicitando que se dictara sentencia por la que se declarase el derecho de la actora al reconocimiento, devengo y percepción el complemento de formación, conocido como sexenios, en las mismas condiciones que los profesores interinos docentes del mismo nivel educativo, debiendo condenarse a la demandada a estar y pasar por la anterior declaración y al abono a la parte actora del importe de 4.823,65 euros, así como al importe mensual de 126,81 euros, incluyéndose también en las pagas extras, a partir de la mensualidad correspondiente a la fecha de la interposición de la demanda en concepto de dicho complemento, sin perjuicio de los incrementos que el mismo haya de sufrir en el futuro.

SEGUNDO.- Turnada la anterior demanda al Juzgado de lo Social número 5 de Santa Cruz de Tenerife, autos 816/2019, en fecha 6 de febrero de 2020 se celebró juicio en el cual la parte actora actualizó el importe reclamado hasta el mes de enero de 2020. La demandada se opuso a la demanda alegando prescripción de los importes reclamados que se hubieran devengado más de un año antes de la presentación de la demanda, porque consideraba que tal demanda se había interpuesto más de dos años después de la firmeza de la sentencia de conflicto colectivo y más de un año después de presentada una reclamación previa; reconoció la antigüedad que se postulaba en la demanda, pero entendía que la demandante solo había devengado el segundo sexenio en 2017, y que además para el importe de cada sexenio debía tenerse en cuenta la jornada lectiva vigente en cada periodo; estimando que a diciembre de 2019 solo se deberían 2.215,80 euros.

TERCERO.- Tras la celebración de juicio, por parte del Juzgado de lo Social se dictó el 11 de marzo de 2020 sentencia con el siguiente Fallo: 'ESTIMO parcialmente la demanda interpuesta por DÑA. Elisenda, frente a MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES y, en su virtud,

DECLARO el derecho de la actora al reconocimiento, devengo y percepción del complemento de formación, conocido como SEXENIOS, en las mismas condiciones que los profesores interinos docentes del mismo nivel educativo y, en su consecuencia CONDENO al MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES a abonar a la trabajadora, en concepto de sexenios hasta el 31/01/2020 el importe de CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (5.345,15 €) brutos, asimismo el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES deberá estar y pasar por la anterior declaración'.

CUARTO.- Los hechos probados de la sentencia de instancia tienen el siguiente tenor literal: 'PRIMERO.- DÑA. Elisenda, con DNI nº NUM000 ha venido trabajando por cuenta y bajo la dependencia del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, como como personal laboral Profesora de Religión - Enseñanza Infantil, con antigüedad de 03/02/2005, salario bruto día con prorrata de pagas extras de 56,40 €. (No controvertido).

SEGUNDO.- La trabajadora ha venido realizando un total de 22 horas lectivas semanales más las horas no lectivas que proporcionalmente correspondan hasta el 08/01/2020, pasando a realizar 15 horas lectivas desde el 09/01/2020. (Documento nº 1 aportado por el demandaddo)

TERCERO.- Por Orden del Consejo de Ministros de fecha 11/10/1991 se crea para los funcionarios de carrera:

'32.- componente por formación permanente.- Se percibirá por cada seis años de servicio como funcionario de carrera en la función pública docente, siempre que se hayan acreditado durante dicho periodo, como mínimo, cien horas de actividades de formación, distribuidas en créditos de al menos ocho horas cada uno, Incluidos en programas previamente homologados por el Ministerio de Educación y Ciencia. A efectos del cómputo de dichos períodos se tendrán en cuenta los servidos prestados en la administración educativa y en la función inspectora en el supuesto de retorna a la función docente, así como los desempeñados en la función pública docente con anterioridad al ingreso en los correspondientes cuerpos. Los referidos períodos, en su repercusión económica, serán acumulables y en su conjunto no podrán exceder de treinta años. Los efectos económicos de este componente se producirán en el mes siguiente al del reconocimiento de los dos requisitos a que se refiere el párrafo primero de este apartado. La aplicación del componente por formación permanente se iniciará el 1 de octubre de 1992 y tendrá un período de implantación inicial de cuatro años, conforme a las fechas e incrementos

-en términos anuales y pesetas corrientes de cada año- que a continuación se exponen:

Primer periodo 1/10/1992, 34.000 pts. Segundo período 1/10/1993 108.000 pts. Tercer período 1/10/1994 144.000 pts. Cuarto periodo 1/10/1995 204.000 pts. Quinto periodo 1/10/1995 60.000 pts. Durante la referida implantación Inicial no será necesario, para percibir este componente, acreditar el número de horas de formación exigidas en el primer párrafo de este apartado para cada uno de los periodos que se hayan completado a la entrada en vigor de este Acuerdo. Respecto a los períodos de seis años aún no completados, será preciso acreditar el número de horas de formación, que a continuación se indican, en función de los años que falten para completar dichos períodos:2 años 20 Horas. 3 años 40 Horas. 4 años 60 Horas. 5 años 80 Horas

(.)

El 16-09-2013 se publicó instrucción de la Subsecretaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que obra en autos y se tiene por reproducida, en cuya parte dispositiva se dijo lo siguiente: 'Consecuentemente, si la Directiva 1999/70/CE es de obligatoria aplicación por los órganos de la Administración, ésta deberá atender las reclamaciones que sobre esta materia presenten los funcionarios interinos, sin que ello suponga obviar el Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de octubre de 1991, sino su aplicación en consonancia con la citada Directiva y sin perjuicio de promover su ampliación para su adaptación a la normativa europea'.'

Obra en autos la resolución por lo que dada su extensión se da íntegramente por reproducida (Documento nº 2 aportado por el trabajador -hechos probado cuarto y quinto de la sentencia del TS)

CUARTO.- Por sentencia de la AN de fecha 16/12/2014, autos 297/2014, de Conflicto Colectivo, se reconoce el derecho de los profesores de religión a devengar y percibir el complemento de formación (sexenios) en las mismas condiciones que los profesores interinos docentes del mismo nivel educativo, sentencia que fue confirmada por la STS de fecha 09/02/2016, rec. nº 152/2015. (Documento nº 2 aportado por la trabajadora en su ramo de prueba)

QUINTO.- Por las actividades formativas realizadas, la trabajadora ha devengado 2 sexenios en las siguientes fechas:

1º sexenio: 03.02.2011

2º sexenio: 03.02.2017 (No controvertido)

SEXTO.- Mediante escrito de fecha 31 de marzo de 2016 los representantes de las centrales sindicales ANPE, CSIF y USO solicitan a la Subdirección General de Personal convoque reunión con los sindicatos más representativos en el ámbito de profesores de religión. En el punto 3 del Oficio del Servicio de Gestión de Personal Laboral de fecha 08 de abril de 2016, Asunto: Profesores de religión MEDCD se recoge:

'3. A la vista de la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de fecha 9 de febrero de 2016, sentencia nº 79/2016, (.), y en la que se declara el derecho de los profesores de religión a devengar y percibir el complemento por formación permanente (sexenios) aunque está pendiente de notificación de la firmeza de la misma y la elaboración de las correspondientes instrucciones de la citada sentencia por parte del Subsecretario de Educación, Cultura y Deporte. Esta subdirección General está estudiando la puesta en marcha del proceso de reconocimiento con las distintas unidades del Departamento implicadas en el mismo, a saber, la Subdirección General de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado, como responsable de las aplicaciones informáticas de nóminas y de gestión de los procesos administrativos que afectan a los profesores de religión, el Instituto Nacional de de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado como responsable del reconocimiento, registro y certificación de actividades de formación realizadas por el personal docente del ámbito de gestión del Departamento, así como, por último, a la División del Registro Central de Personal del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas para que se elabore y apruebe el documento registral, por el que se 'Acuerda el reconocimiento del complemento por formación permanente para los profesores de religión contratados por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte', que debe formalizarse como justificación necesaria del reconocimiento y abono de los derechos económicos del citado complemento (.)'

El documento obra en autos por lo que se da íntegramente por reproducido (Documento nº 3 aportado por la trabajadora en su ramo de prueba)

SÉPTIMO.- Con fecha 10 de octubre de 2016 por el sindicato ANPE se solicita reunión al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, dado que no se ha dado cumplimiento a la sentencia en la que se reconoce al Profesorado de Religión el devengo y la retribución del complemento de formación permanente (sexenios). Obra en autos por lo que se da íntegramente por reproducido. (Documento nº 4 del ramo de prueba del trabajador)

OCTAVO.- En fecha 05 de noviembre de 2016, se publica en el BOE la Resolución de fecha 28 de octubre de 2016 de la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, por el que se establece la anotación ordinaria en el Registro Central de Personal del reconocimiento del componente de formación permanente al personal laboral y se aprueba el modelo registral L26R. Obra en autos por lo que, dada su extensión, se da íntegramente por reproducido. (Documento nº 5 del ramo de prueba de la trabajadora)

NOVENO.- Mediante escrito de fecha 26 de mayo de 2017 el sindicato ANPE solicita nueva reunión al Sr. Subdirector General de Personal de la Administración del Ministerio de Educación, Cultura y deporte a fin de que les informe sobre la situación del procedimiento para el reconocimiento y devengo del pago de los sexenios a los profesores de religión. El documento obra en autos por lo que se da íntegramente por reproducido. (Documento nº 6 del ramo de prueba de la trabajadora)

DÉCIMO.- En fecha 01 de diciembre de 2017 el Ministerio de Educación Cultura y Deportes convoca a los sindicatos ANPE, APPRECE, CSI-F, FE-CCOO, FESP-UGT y USO, a una reunión en Madrid a celebrar el 12del mismo mes y año, incluyendo en el Orden del Día, punto 1, información relativa a la ejecución de la Sentencia firme nº 199/2014 de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional, de fecha 26 de diciembre de 2014 (reconocimiento de sexenios). Obra en autos por lo que se da por reproducido. (Documento nº 1 del ramo de prueba de la trabajadora)

UNDÉCIMO.- En la reunión celebrada en fecha 12/12/2017, el Ministerio hizo constar que, dado los problemas técnicos detectados, subsanación de documentación presentada, errores en el funcionamiento de la aplicación GesPReligión, las horas previstas de trabajo -si se encomendase a 2 personas a tiempo completo y otra persona 1/3 de la jornada dedicación exclusiva- el número de solicitudes de reconocimiento de sexenios, siendo necesario comprobar que las horas de formación están realizadas., se consideraba el plazo estimado de resolución de 16 meses. Obra en autos por lo que dada su extensión se da íntegramente por reproducido (Documento nº 1 del ramo de prueba de la trabajadora y testifical de D. Samuel)

DUODÉCIMO.- En fecha 28/06/2017 la trabajadora formuló reclamación administrativa frente al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte solicitando la anotación en el Registro Central de Personal las actividades de formación realizadas a efectos del reconocimiento del componente de formación permanente (sexenios), y le abonen las cantidades devengadas por dicho concepto hasta la fecha y los atrasos. (Documento nº 1 presentado por la actora adjunto a su escrito de demanda y nº 4 del demandado).

DÉCIMO TERCERO.- El Ministerio demandado realiza el cálculo de los sexenios que ha devengado la actora, teniendo en cuenta que las horas lectivas -22 horas desde el 03/02/2005 y 15 horas desde el 09/01/2020-, reconociendo los importes de un año antes a la reclamación previa -31/12/2019-, por un total de 2.215,80 €. (Documento nº 1 del ramo de prueba del demandado)

DÉCIMO CUARTO.- La cuantía a que asciende el valor del sexenio para los periodos reclamados por la actora según las tablas publicadas son las siguientes:

Año 2016, 1 sexenio acumulado -22 hs: 49,34 euros.

Año 2017, 1 sexenio acumulado -22 hs: 49,83 euros.

2 sexenio acumulado -22 hs: 112,72 euros. Año 2018, enero a junio

2 sexenio acumulado -22 hs: 114,43 euros. Julio a diciembre

2 sexenio acumulado -22 hs: 114,72 euros.

Año 2019,

2 sexenio acumulado -22 hs: 117,30 euros.

2 sexenio acumulado -15 hs: 79,98 euros. (Documento nº 3 del ramo de prueba del demandado)

DÉCIMO QUINTO.- La actora está afiliada al Sindicato ANPE. (no controvertido)'.

QUINTO.- Por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes se interpuso recurso de suplicación contra la anterior sentencia; dicho recurso de suplicación fue impugnado por la demandante.

SEXTO.- Recibidos los autos en esta Sala de lo Social el 15 de octubre de 2020, los mismos fueron turnados al ponente designado en el encabezamiento, señalándose para deliberación y fallo el día 26 de enero de 2021.

SÉPTIMO.- En la tramitación de este recurso se han respetado las prescripciones legales, a excepción de los plazos dado el gran número de asuntos pendientes que pesan sobre este Tribunal.

Fundamentos

PRIMERO.- Se mantienen en su integridad los hechos probados de la sentencia de instancia, al no haberse planteado motivos de revisión fáctica.

SEGUNDO.- Demanda derivada de conflicto colectivo presentada ante la Audiencia Nacional en 2014, en el cual se pedía la aplicación a los profesores de religión del complemento de formación, también conocido como sexenios. En el conflicto colectivo se estimaron las pretensiones del sindicato actor, siendo firme la sentencia de conflicto en febrero de 2016. La demandante presentó reclamación previa en junio de 2017, pidiendo el abono de sexenios por el periodo no prescrito desde el año anterior a la demanda de conflicto. Constan en hechos probados que en 2016 hubo varias solicitudes de un sindicato al Ministerio para que se abonaran los sexenios. En diciembre de 2017 el Ministerio de Educación y varios sindicatos se reunieron en relación con las reclamaciones individuales presentadas por los profesores de religión, manifestándose por el Ministerio que tardaría no menos de 16 meses en poder resolverlas todas. La actora presentó su demanda en septiembre de 2019. En juicio el Ministerio de Educación alegó prescripción de todo lo devengado un año antes de presentada la demanda (también discutió el número de trienios devengados por la demandante). La sentencia de instancia rechaza la prescripción al entender que las peticiones del sindicato constituían reclamaciones extrajudiciales y las manifestaciones del Ministerio, en diciembre de 2017, constituían un reconocimiento de deuda que interrumpió la prescripción, y que en cualquier caso el demandado tendría que haber planteado la prescripción al resolver la reclamación previa, sin poder introducirla directamente en juicio. Sin embargo, estima en parte la demanda, al considerar que la demandante no había acreditado toda la formación necesaria para devengar tanto sexenios como estaba reclamando, y solo reconoce diferencias desde junio de 2016. Disconforme con esta sentencia la recurre en suplicación la parte demandada pretendiendo que sea revocada y en su lugar la Sala dicte otra que, acogiendo la prescripción planteada en juicio, reduzca el importe de la condena, para lo cual plantea un motivo de examen de infracciones de normas sustantivas o de la jurisprudencia, del 193.c de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social. El recurso ha sido impugnado por la parte demandante, la cual se opone al mismo, pide que se desestime, y se confirme la sentencia de instancia.

TERCERO.- Denuncia el recurrente infracción de los artículos 59 del Estatuto de los Trabajadores y 1973 del Código Civil, así como el 72 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, insistiendo en que debió estimarse la prescripción opuesta en juicio, porque desde la firmeza del procedimiento de conflicto colectivo, el 9 de febrero de 2016, hasta la presentación de la solicitud, el 26 de junio de 2017, transcurrió más de un año, alegando que esta prescripción sí se ha estimado en la sentencia; pero que entre esa solicitud y la presentación de la demanda transcurrieron más de dos años, por lo que habría de considerarse prescritas todas las mensualidades devengadas más de un año antes de presentada la demanda. En primer lugar, cuestiona el razonamiento de instancia respecto a que la excepción debiera haberse planteado al contestar la reclamación previa, alegando el recurrente que la Ley 39/2015 eliminó el trámite de la reclamación previa, y como consecuencia de tal supresión no se puede exigir a la administración que resuelva de forma expresa tal reclamación previa y que en esa resolución expresa invoque precisamente la prescripción, citando en este sentido una sentencia de esta misma Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias con sede en Santa Cruz de Tenerife. En cuanto al reconocimiento de deuda en el que se ha basado la juzgadora para considerar que se interrumpió la prescripción, la recurrente alega que no emitió ningún documento en el que reconocía expresamente adeudar algo los profesores de religión que habían formulado reclamación previa, entre ellos la actora, sino simplemente que se tardaría en resolver las solicitudes dado que eran muchas y hay que analizar una a una para determinar si, efectivamente, tenían derecho al reconocimiento del sexenio y qué cantidad les correspondía, entendiendo la recurrente que el reconocimiento de deuda, para poder interrumpir la prescripción, ha de ser explícito, emitido por el órgano competente, fijando cantidad líquida y debiendo coincidir lo solicitado con lo reconocido. También plantea que la interrupción de la prescripción se produciría en el momento de la situación, pero no se diferiría hasta 16 meses después; y que el reconocimiento de deuda es acto administrativo que ha de estar justificado y motivado, debiendo la administración estar habilitada por la Ley para producir el acto y desarrollarse dentro de los medios financieros puestos a disposición del gestor por la Ley presupuestaria, citando en concreto la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en sus artículos 73 y 74, para plantear que las manifestaciones vertidas en la reunión de diciembre de 2017 no puede entenderse que cumpla los requisitos previstos en esos preceptos referentes a derivar de un gasto aprobado y comprometido y que comporta la propuesta de pago correspondiente y previa acreditación documental de la realización de la prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día aprobaron y comprometieron el gasto, aparte de no haber sido controlado por la Intervención General de la Administración del Estado. Concluye en base a todo ello que la demandante sólo tendría derecho a las cantidades devengadas desde el día 1 de septiembre de 2018, y por ello, y derivado de su jornada de 22 horas lectivas, le corresponderían 573,60 euros por el año 2018 y 1.642,20 euros por el año 2019, en total 2.215,80 euros.

CUARTO.- Con respecto a lo que primero se plantea en el recurso, cuestionando que la administración empleadora no pueda, en juicio, alegar la concurrencia de prescripción de cantidades si no se ha opuesto tal prescripción al contestar la reclamación previa, efectivamente el criterio expuesto en la sentencia recurrida no coincide con el que sostiene esta Sala de lo Social de Santa Cruz de Tenerife a la hora de interpretar el artículo 72 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social tras las reformas operadas por la Ley 39/2015 y la supresión de la reclamación previa en vía administrativa en litigios entre trabajadores y administración empleadora. En varias sentencias (8 de octubre de 2019, recurso 960/2019; 27 de marzo de 2019, recursos 701 y 864/2018, o 5 de junio de 2018, recurso 79/2018), hemos rechazado la aplicabilidad del artículo 72 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social a las 'reclamaciones previas' que un trabajador pueda haber planteado contra su administración empleadora después de entrar en vigor la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas. Y ello, porque esa Ley 39/2015 'suprimió la reclamación administrativa previa a la vía laboral, manteniéndola solo en las reclamaciones en materia de seguridad social. A partir del 1 de octubre de 2016, para que un trabajador pueda plantear demanda frente a su administración empleadora, cuando la demanda se funda precisamente en el contrato de trabajo, no es preceptivo el agotamiento de ningún trámite previo (la exposición de motivos de la Ley 39/2015 deja bien claro que suprime las reclamaciones administrativas previas a la vía civil y laboral por su constatada falta de utilidad práctica y constituir un obstáculo al acceso a los tribunales); y si para el trabajador no es preceptivo interponer reclamación previa o cualquier otro tipo de escrito ante su empleador antes de interponer demanda, no parece adecuado exigir pese a ello que la administración empleadora tenga en todo caso que contestarlo de forma expresa con la carga de limitar, en caso de no verificarlo, los motivos de oposición que puede deducir posteriormente en juicio, pues tal limitación no puede deducirse de la actual redacción del artículo 72 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, que habla específicamente de 'reclamación previa en materia de prestaciones de Seguridad Social o de recurso que agote la vía administrativa'. No obstando a ello lo previsto en el artículo 21 de la Ley de Procedimiento Administrativo, pues en el marco de un contrato de trabajo la administración se rige por las normas laborales, como cualquier sujeto privado, no por normas de derecho administrativo. La virtualidad actual del artículo 72 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, en consecuencia, queda reducida a los casos en los que la relación jurídica no está regida por normas laborales, sino de derecho administrativo, porque la administración está ejercitando potestades públicas y en consecuencia se rige por normas administrativas, lo cual no acontece en el presente caso'. Manteniendo este mismo criterio, es evidente que el rechazo de la prescripción no puede fundamentarse en esa cuestión formal, con lo que tendría razón la recurrente.

QUINTO.- En cuanto al resto del recurso, efectivamente la sentencia de instancia solo reconoce diferencias a la demandante devengadas desde junio de 2016, un año antes de presentarse la reclamación previa en junio de 2017 (fundamento de derecho 3º), y aunque esto supone una clara incongruencia interna con lo que se razona en la misma sentencia, en su fundamento de derecho 2º (en el cual la juzgadora considera que las solicitudes formuladas por los sindicatos al Ministerio, en marzo de 2016 y octubre de 2016, para que procediera a dar cumplimiento a la sentencia, interrumpieron la prescripción de las reclamaciones individuales), tal incongruencia no se ha denunciado por la parte actora recurriendo la sentencia, y no puede por ello ser corregida por la Sala. Con lo que queda por resolver si, presentada la reclamación extrajudicial en junio de 2016, y la demanda en septiembre de 2019, se habría producido entre tanto la prescripción, o si se produjeron actuaciones que habrían mantenido viva la acción de la demandante. Un asunto muy semejante ha sido ya resuelto por esta misma Sala de lo Social con sede en Santa Cruz de Tenerife en sentencia de 4 de noviembre de 2020, recurso 419/2020, y por seguridad jurídica se adoptará el mismo criterio para resolver el caso de autos.

SEXTO.- No se cuestiona entre las partes que a la presente reclamación de cantidad se le aplica el plazo de prescripción de un año previsto en el artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores, según el cual 'Si la acción se ejercita para exigir percepciones económicas o para el cumplimiento de obligaciones de tracto único, que no puedan tener lugar después de extinguido el contrato, el plazo de un año se computará desde el día en que la acción pudiera ejercitarse'. También están conformes en que ese plazo de prescripción para ejercitar la acción de reclamación de sexenios pendientes comenzó a computarse desde la firmeza de la sentencia de conflicto colectivo que reconoció a los profesores de religión el derecho a cobrar ese complemento salarial, y en que la reclamación administrativa formulada por la demandante en junio de 2017 interrumpió la prescripción (habría operado como una reclamación extrajudicial, al haberse presentado después de la entrada en vigor de la Ley 39/2015), por lo menos de los importes devengados un año antes de tal reclamación. Teniendo en cuenta, sin embargo, que entre esa reclamación en vía administrativa, y la presentación de la demanda el 4 de septiembre de 2019, mediaron más de dos años, lo que se cuestiona es si hubo, dentro de ese periodo, otro hecho que hubiera interrumpido la prescripción, lo que la sentencia de instancia resuelve en sentido afirmativo, estimando que las manifestaciones hechas por los representantes del Ministerio, en la reunión con las organizaciones sindicales que tuvo lugar el 12 de diciembre de 2017, para tratar de la ejecución de la sentencia de conflicto colectivo, constituyen un reconocimiento de deuda a efectos del artículo 1973; la demandada niega sin embargo que esas manifestaciones constituyeran un reconocimiento de deuda válido.

SÉPTIMO.- El artículo 1973 del Código Civil regula las distintas formas de interrumpir a prescripción extintiva, entre ellas 'cualquier acto de reconocimiento de la deuda por el deudor'. Como, con respecto a esta concreta causa de interrupción de la prescripción, señala la jurisprudencia de la Sala I del Tribunal Supremo (en criterio que se acoge por la Sala IV del Tribunal Supremo, por ejemplo en las sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 2019, recursos 4476/2017 y 175/2018), 'aunque la noción de 'reconocimiento' no tenga un previo significado técnico y preciso, no hay inconveniente alguno para su interpretación extensiva respecto de cualquier forma o modo que comporte dicho reconocimiento, particularmente de las conductas a través de las cuales se ponga de manifiesto que la parte se considera obligada por el derecho, conforme a la doctrina de los actos concluyentes y, en su caso, a los actos propios; sin que sea necesario un anterior negocio de fijación, ni una propia confesión del derecho, ni menos aun un negocio de novación de la relación obligatoria', y así se estimó que hubo reconocimiento de la deuda, que interrumpió la prescripción, cuando se consignó judicialmente, a disposición del acreedor, una determinada cantidad en concepto de indemnización, aunque las partes no estuvieran conformes con la cuantificación de lo debido ( sentencia de la Sala I del Tribunal Supremo de 22 de octubre de 2012, recurso 500/2010). En parecido sentido, sobre la ausencia de formalidades del reconocimiento de deuda, se pronuncian las sentencias de la Sala I de 5 de febrero de 2020, recurso 100/2017, y de 9 de julio de 2019, recurso 2638/2016, si bien estas sentencias señalan que el reconocimiento de deuda, como cualquier otro negocio jurídico, para ser válido ha de tener una causa lícita, si bien conforme al artículo 1277 del Código Civil, la existencia de tal causa se presume salvo prueba en contrario.

OCTAVO.- La Sala IV del Tribunal Supremo, en las mencionadas sentencias de 12 de febrero de 2019, estima que se produjo un reconocimiento de la deuda por parte de la empresa en un supuesto en el que a las demandantes, inicialmente, cuando pasaron de un contrato temporal a otro por tiempo indefinido, no se les había reconocido el tiempo de trabajo bajo contratos temporales a efectos de su valoración en el sistema de desarrollo profesional aplicable en la empresa, a pesar de haberlo reclamado expresamente en 2011 y 2013; posteriormente, sin embargo después de que a otros trabajadores sí se les estimara judicialmente la misma pretensión, el departamento de recursos humanos de la empresa, en junio de 2015, estimó que debía procederse como se pedía por las demandantes, aunque luego eso no se hizo efectivo, por lo que a principios de 2016 se presentó demanda pidiendo que el tiempo trabajado con contrato temporal se reconociera a efectos de evaluación profesional, y se reclamaban además cantidades derivadas de ello devengadas desde enero de 2016. El Alto Tribunal concluye que a partir de ese reconocimiento de la empresa, en junio de 2015, volvía a correr el plazo de prescripción para solicitar la evaluación de los periodos trabajados bajo contratos temporales, y que las demandas no estarían prescritas, al haberse presentado dentro del año siguiente a tal retractación de la empresa. Como se puede apreciar, lo que se consideró que no había prescrito era el derecho a que determinado periodo de tiempo trabajado se tuviera en cuenta a efectos de evaluación profesional, pero el Tribunal Supremo no se pronuncia sobre si el reconocimiento del derecho por parte de la empresa afectaba también a todas las consecuencias económicas del derecho, porque esas consecuencias económicas solo se pedían desde el año en que se presentó la demanda y de futuro, pero sin ningún efecto retroactivo a la actuación empresarial inicial denegatoria o desde que se produjo el reconocimiento del derecho.

NOVENO.- Como puede verse, por tanto, la jurisprudencia acoge una interpretación amplia y flexible del 'reconocimiento de deuda' como causa de interrupción de la prescripción, excluyendo que para la validez de ese reconocimiento sea esencial que el mismo sea expreso (se admite la existencia de reconocimiento en aplicación de la doctrina de los actos concluyentes o de los actos propios), o que haya una perfecta identidad entre lo reclamado y lo reconocido (no se excluye el reconocimiento de deuda por el mero hecho de que las partes no estén conformes en la concreta cuantificación de lo debido). Y, teniendo en cuenta que el objeto de la reunión del día 12 de diciembre de 2017 era, según se recoge en el hecho probado 10º, tratar de la ejecución de la sentencia de conflicto colectivo, y sobre la resolución en vía administrativa de las solicitudes individuales presentadas por varios profesores de religión exigiendo el pago de sexenios en ejecución de esa sentencia, no puede sino concluirse que el Ministerio, como no podía ser de otra forma habiendo sentencia firme, estaba admitiendo que tendría que pagar sexenios a los profesores de religión que los estaban reclamando, aunque estuviera disconforme, o por lo menos tuviera incertidumbre, en lo que respecta al importe concretamente adeudado a cada uno de ellos, y de ahí que manifestara (hecho probado 11º) que necesitaría cerca de 16 meses para resolver todas las reclamaciones (incluyendo, muy probablemente, el tiempo necesario para poder comprometer los créditos presupuestarios necesarios para hacer el pago). Así que, como se ha resuelto en instancia, el objeto de la reunión de 12 de diciembre de 2017, y las manifestaciones vertidas en ella por los representantes de Ministerio a las organizaciones sindicales convocadas (como representantes del colectivo de profesores afectados), permite considerar que ese día 12 de diciembre de 2017 se produjo un reconocimiento de deuda susceptible de interrumpir la prescripción.

DÉCIMO.- El problema, apuntado también en el recurso aunque con menor desarrollo que las otras alegaciones, es que tal acto de interrupción de la prescripción el efecto que produjo es que el plazo de prescripción volviera a computarse, en su integridad, desde el 12 de diciembre de 2017. Y ese plazo de prescripción es, en aplicación del artículo 59.2 del Estatuto de los Trabajadores, de un año, lo que determinaría que a 12 de diciembre de 2018 la acción debería considerarse otra vez prescrita, y concurriría la prescripción en los términos alegados en contestación a la demanda, porque la demanda se presentó en marzo de 2019. Muy posiblemente por ello la trabajadora recurrida plantea no solo la interrupción de la prescripción por reconocimiento de deuda, también que es aplicable el principio de confianza legítima, entendiendo que en la citada reunión de 12 de diciembre de 2017 la demandada creó una expectativa de resolución expresa de las solicitudes, en principio en sentido estimatorio, hacia el mes de abril de 2019, y que no era preciso judicializar el asunto antes de esa fecha.

UNDÉCIMO.- El principio de confianza legítima aparece reconocido en la actualidad de forma expresa en el artículo 3.1.e) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, como uno de los principios generales que las Administraciones Públicas deben respetar en su actuación y relaciones. La sentencia de la Sala III del Tribunal Supremo de 22 de diciembre de 2010, recurso contencioso-administrativo 257/2009), recuerda que 'el principio de la buena fe protege la confianza legítima que fundadamente se puede haber depositado en el comportamiento ajeno e impone el deber de coherencia en el comportamiento propio. Lo que es tanto como decir que el principio implica la exigencia de un deber de comportamiento que consiste en la necesidad de observar de cara al futuro la conducta que los actos anteriores hacían prever y aceptar las consecuencias vinculantes que se desprenden de los propios actos constituyendo un supuesto de lesión a la confianza legítima de las partes venire contra factum propium'. Por su parte, la sentencia de la misma Sala de 22 de febrero de 2016, recurso 4048/2013, señala que la aplicación de la doctrina de la confianza legítima requiere la concurrencia de tres requisitos esenciales:

- Que se base en signos innegables y externos;

- Las esperanzas generadas en el administrado han de ser legítimas; y

- La conducta final de la Administración ha de resultar contradictoria con los actos anteriores, sea sorprendente e incoherente.

DUODÉCIMO.- La confianza legítima no puede invocarse para mantener situaciones contrarias al ordenamiento jurídico ( sentencias de la Sala III del Tribunal Supremo de 11 de febrero de 2020, recurso 1546/2016; 14 de marzo de 2018, recurso 3762/2015; 16 de marzo de 2016, recurso 2775/2014), o, como señala la sentencia de la Sala III de 1 de febrero de 1999, recurso 5475/1995, el principio de confianza legítima 'no puede invocarse para crear, mantener o extender, en el ámbito del Derecho público, situaciones contrarias al ordenamiento jurídico, o cuando del acto precedente resulta una contradicción con el fin o interés tutelado por una norma jurídica que, por su naturaleza, no es susceptible de amparar una conducta discrecional por la Administración que suponga el reconocimiento de unos derechos y/u obligaciones que dimanen de actos propios de la misma'.

DECIMOTERCERO.- Las circunstancias en las que se desarrolló la reunión del 12 de diciembre de 2017 permiten concluir que en ella la demandada hizo manifestaciones que permitían suponer a sus interlocutores, y a los trabajadores a quienes esos sindicatos representaban, que las reclamaciones individuales serían resueltas y en su caso pagadas las cantidades que correspondieran, en un plazo de 16 meses (y así, más o menos, se expone en el fundamento de derecho 2º de la sentencia recurrida); esto permitía a la demandante generar esperanzas legítimas de que su reclamación sería resuelta en vía administrativa antes de abril de 2019, sin tener que presentar demanda y asumir los correspondientes costes procesales; no se estaba manteniendo ninguna situación contraria al ordenamiento jurídico, pues el derecho al cobro de sexenios derivaba de una sentencia firme de conflicto colectivo, el abono de las cantidades que resultaran no dependía de ninguna decisión discrecional de la administración, y el afirmarse por la administración que necesitaba unos 16 meses para resolver las reclamaciones no conculcaba ningún precepto legal presupuestario, ni suponía una inmediata e indebida afección de los recursos públicos, pues precisamente ese plazo de 16 meses incluía no solo el tiempo para estudiar cada reclamación individual y calcular el importe debido, sino también para realizar los trámites necesarios a efectos del eventual pago con cargo a la Hacienda pública, es decir, para una resolución completa en vía administrativa. Finalmente, la conducta de la administración, oponiendo la prescripción de los importes devengados un año antes de la demanda, resulta contradictoria con sus actos anteriores anunciando una resolución hacia el mes de abril de 2019, en vía administrativa, de lo que ya había sido objeto de reclamación por esa misma vía. En consecuencia, incluso asumiendo que la sentencia de instancia hubiera aplicado incorrectamente los artículos 59 del Estatuto de los Trabajadores y 1973 del Código Civil (infracción que solo podría predicarse respecto a la extensión temporal de la interrupción de la prescripción), la aplicación del principio de confianza legítima permite considerar que la actora podía entender que lo que había reclamado en junio de 2017 sería resuelto hacia el mes de abril de 2019, y que llegado este último mes sin haber recibido resolución alguna, es cuando no le quedaba más remedio que acudir a los Tribunales, todo lo cual ha de conducir a la desestimación del recurso y a confirmar el pronunciamiento recurrido.

DECIMOCUARTO.- De conformidad con el artículo 235 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social, la sentencia de suplicación impondrá las costas a la parte vencida en el recurso, excepto en los procedimientos de conflicto colectivo, o cuando la parte vencida goce del beneficio de justicia gratuita o se trate de sindicatos, de funcionarios públicos o personal estatutario que deban ejercitar sus derechos como empleados públicos ante el orden social. Estas costas comprenderán los honorarios del abogado o del graduado social colegiado de la parte contraria que hubiera actuado en el recurso en defensa o en representación técnica de la parte, sin que la atribución en las costas de dichos honorarios puedan superar la cantidad de mil doscientos euros en el recurso de suplicación.

DECIMOQUINTO.- Atendiendo a la cuantía del procedimiento, número de motivos planteados, complejidad y fundamento de los mismos, y sobre todo, el trabajo de impugnación llevado a cabo por la parte recurrida, se estima adecuado fijar los honorarios de la asistencia letrada de la parte recurrida en la cantidad de 400 euros.

Fallo

PRIMERO: Desestimamos íntegramente el recurso de suplicación presentado por Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, frente a la Sentencia 75/2020, de 11 de marzo, del Juzgado de lo Social nº. 5 de Santa Cruz de Tenerife en sus Autos de Procedimiento ordinario 816/2019, sobre reclamación de cantidad (sexenios), la cual se confirma en todos sus extremos.

SEGUNDO: Condenamos al recurrente Ministerio de Educación, Cultura y Deportes al pago de las costas del recurso, incluyendo los honorarios de la asistencia letrada de la parte recurrida Dª. Elisenda que ha impugnado el recurso, en cuantía de 400 euros.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social Nº 5 de Santa Cruz de Tenerife, con testimonio de la presente una vez firme esta sentencia.

Notifíquese esta Sentencia a las partes y a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Se informa a las partes que contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para Unificación de Doctrina, que se preparará por las partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala de lo Social, dentro de los diez días siguientes a la notificación de la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011, de 11 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.