Encabezamiento
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
CATALUNYA
SALA SOCIAL
NIG : 17079 - 44 - 4 - 2019 - 8045795
MC
Recurs de Suplicació: 5714/2021
IL·LM. SR. FÉLIX V. AZÓN VILAS
IL·LM. SR. JOAN AGUSTI MARAGALL
IL·LM. SR. MIGUEL ANGEL FALGUERA BARÓ
Barcelona, 27 de gener de 2022
La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,
EN NOM DEL REI
ha dictat la següent
SENTÈNCIA NÚM. 470/2022
En el recurs de suplicació interposat per D. Rosendo a la sentència del Jutjat Social 2 Girona (UPSD social 2) de data 26 de març de 2021 dictada en el procediment núm. 807/2019, en el qual s'ha recorregut contra BARNA PORTERS, SL, AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, FONS DE GARANTIA SALARIAL (FOGASA) i MINISTERI FISCAL ha actuat com a ponent Il·lm. Sr. Joan Agusti Maragall.
Antecedentes
Primer.Va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre tutela de drets fonamentals, la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 26 de març de 2021, que contenia la decisió següent:
'DESESTIMOÍNTEGRAMENTEla demanda interpuesta por DON Rosendo contra la empresa BARNA PORTERS, S.L., el AYUNTAMIENTO DE LLORET DE MAR y el FONDO DE GARANTÍA SALARIAL (FOGASA), y en consecuencia, declaro procedente el despido del actor ocurrido el 27/09/2019 y convalido la extinción del contrato de trabajo que tuvo lugar en dicha fecha, todo ello con absolución de las codemandadas de todos los pedimentos de la demanda.'
Segon.En aquesta sentència es declaran com a provats els fets següents:
'PRIMERO.-El demandante, DON Rosendo, ha venido prestando servicios por cuenta y dentro del ámbito de organización y dirección de la empresa BARNA PORTERS, S.L., con antigüedad de 02/01/2012, ostentando la categoría profesional de auxiliar de servicio y percibiendo un salario diario bruto de 41,31 euros con prorrateo de pagas extraordinarias (no controvertido).
SEGUNDO.-El trabajador ostentaba en la empresa la condición de representante unitario de los trabajadores y es miembro de la sección sindical de CGT (no controvertido).
TERCERO.-Por carta de 09/09/2019, cuyo contenido se da por reproducido, la empresa comunicó al trabajador la incoación de 'expediente contradictorio'. Del pliego de cargos, en el que se confería al actor un plazo de cinco días para presentar escrito de descargos, se dio traslado al comité de empresa. El demandante el 16/09/2019 presentó pliego de descargos, que se da por reproducido, en el que negaba el relato de hechos realizado por la empresa, interesaba el archivo del expediente por obedecer a una represalia de la empresa motivada por su labor sindical y subsidiariamente solicitaba la práctica de prueba documental y videográfica (folios 487 a 491).
Por medio de carta fechada el 25/09/2019, que se da por reproducida, la empresa comunicó al trabajador su despido por causas disciplinarias, con fecha de efectos del día 27/09/2019, basado en la infracción del artículo 37.3.10 del Convenio colectivo de empresa y del art. 54.2 apartado c) del Estatuto de los Trabajadoresreprochándole ofensas verbales en el trabajo. De la carta de despido se dio traslado al comité de empresa (folios 492 a 497).
CUARTO.-El día 01/09/2019, a las 13:45 horas, Doña María, trabajadora BARNA PORTERS, S.L. y compañera de trabajo del demandante, dirigió un correo electrónico a este último utilizando para ello el correo electrónico del mostrador (mostrador-pl@lloret.cat) con el siguiente tenor literal: 'Y tu firma??
Tienes en cuenta que 199 de esas 200 veces es por culpa tuya ¿?
Tampoco me hagas mucho caso, solo soy uno de esos compañeros que según tú, somos unos lameculos del coordinador de tus descansos de más de 30 minutos, de tus dolores ficticios, de tus bajas repentinas. Puesto que me quitas mis días libres además de que el coordinador tiene que volver a confeccionar un nuevo cuadrante. Pero así ya tienes el texto asegurado para tu siguiente e-mail.
Cuando nos vas a enviar correos electrónicos informándonos de las reuniones sindicales, qué expones, qué consigues...
Has dejado muy claro durante mucho tiempo, que no eres una persona que busques soluciones sino culpables, los necesitas para redimir tu poca valía.
PD: Aunque mañana trabajamos juntos, he preferido decírtelo usando el mismo medio que tienes tu para comunicarte. A diferencia que yo no dejo constancia a toda la comisaria de un problema que sólo concierne a una persona.
María
Una trabajadora de BARNA PORTERS.'.
(Folio 359).
QUINTO.-El día 02/09/2019, a las 08:25 horas, el actor se incorporó a su puesto de trabajo, y con una actitud de provocación, hostigamiento y menosprecio comenzó a realizar a Doña María comentarios y calificativos tales como 'miserable', '...si crees que te van a renovar el contrato por hacer la pelota a Jesus Miguel, lo tienes clarísimo colega, yo puedo estar así toda la puta mañana hasta las dos, tranquilamente. El año pasado venías tu siempre tarde, despacito y luego te ponías a mirar las compras, ni puta idea de nada, ni puto interés, me vienes a mí a criticar...vaya tía más piojosa...', '...tú sí que eres una lepra para los compañeros de trabajo', '...todo el trabajo que pueda haber aquí lo hago yo sólo, tu no me sirves para nada, al contrario, me molestas, ya me molestabas el año pasado, cada vez que estaba contigo hacía yo todo el trabajo, porqué, porque eres una puñetera inútil que no ponías el más mínimo interés y lo sigues siendo...', '...una puñetera inútil y además mala persona y mezquina', '...denuncias interiores...demandas, eso es un legado sindical no como tu ahí tocándote el coño', '...y una de las demandas, de las denuncias ya está ganada, pero que sabrás tú, no tienes ni puta idea de lo que es la lucha sindical, la lucha obrera, no tienes ni puta idea de nada, eres una zoqueta de los cojones'.
Como consecuencia de la situación creada, el personal uniformado de la Policía Local de Lloret de Mar se vio obligado a dejar su trabajo para mediar en el conflicto.
(Folios 117, 438, 498 y 499; testificales de Doña María y de Don Juan Pablo).
SEXTO.-El demandante presentó denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en fecha 13/03/2019, la cual dio lugar a que la referida Inspección extendiese Acta de Infracción, cuyo contenido se da por reproducido, contra la mercantil BARNA PORTERS, S.L. por la comisión de una infracción muy grave del Art. 8.10 de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social , al concluir que la empresa realizó actos contrarios al derecho de huelga del actor (folios 303 a 313).
SÉPTIMO.-La empresa demandada impuso al demandante el 03/04/2019 una sanción de veintiún días de suspensión de empleo y sueldo por una falta calificada como muy grave consistente en una negativa reiterada a realizar las funciones propias de su puesto de trabajo. El demandante presentó demanda de impugnación de sanción que por turno de reparto recayó en el Juzgado de lo Social nº 1 de Girona el 09/05/2019. El actor, junto con otros trabajadores, presentó en el año 2019 demanda frente a la empresa por cesión ilegal de trabajadores (folios 314 a 319 y 475 a 486)
OCTAVO.-El demandante inició una baja por incapacidad temporal derivada de enfermedad común el 04/09/2019 por trastorno de ansiedad (folios 322 a 324).
NOVENO.-El actor prestaba servicios en las instalaciones de la Policía Local de Lloret de Mar en el marco de la contrata suscrita por la empresa BARNA PORTERS, S.L., dedicada a la prestación de servicios auxiliares, de seguridad y vigilancia, con el AYUNTAMIENTO DE LLORET DE MAR para la prestación del servicio consistente en la recepción y atención al público y de teleoperador/a del centro de control de tránsito y movilidad.
BARNA PORTERS, S.L. dispone de su propio departamento financiero, de recursos humanos y de prevención de riesgos laborales. También dispone de una centralita y de un Servicio de Inspección/Guardia con atención a los trabajadores 24 horas. BARNA PORTERS, S.L. tiene designado un coordinador de servicios que, de forma permanente, se encuentra en Lloret de Mar y que se encarga de la organización, dirección y control de los trabajadores de la empresa. En concreto, dicho coordinador se encarga - ya sea presencialmente o bien por correo electrónico o por teléfono - de la elaboración de los correspondientes cuadrantes, de la autorización de permisos, vacaciones y cambios de turno y de la resolución de las incidencias que se puedan plantear.
Los trabajadores de la empresa, incluido el actor en su momento, utilizan la ropa facilitada por BARNA PORTERS, S.L., en concreto un uniforme con el distintivo de dicha empresa. BARNA PORTERS, S.L. facilita a sus trabajadores los equipos de protección individual y formación e información en materia de prevención de riesgos laborales.
El AYUNTAMIENTO DE LLORET DE MAR, por razones de seguridad y en atención al servicio público que se presta, pone a disposición del personal de BARNA PORTERS, S.L. los medios materiales consistentes en ordenadores, correo electrónico y programas informáticos con acceso restringido a aquellas áreas necesarias para el desarrollo de las tareas relacionadas con el cobro de tasas y multas derivadas de denuncias de tráfico y confección de recibos. El personal del Ayuntamiento da directrices y formación técnica a los trabajadores de BARNA PORTERS, S.L. en materia de cobro de tasas/multas derivadas de denuncias de tráfico. El AYUNTAMIENTO DE LLORET DE MAR dispone de un Manual de Instrucciones en materia de objetos perdidos y de un Protocolo para el cobro de denuncias de tránsito (folios 290 a 295, 303, 304, 387 a 435, 438, 511 a 524 y 539 a 617; testificales de Doña Vanesa y de Don Jesus Miguel).
DÉCIMO.-El 24/10/2019 se presentó ante el CMAC papeleta de conciliación, intentándose sin avenencia el día 27/11/2019 (folio 26).
DECIMOPRIMERO.-Resulta de aplicación el Convenio colectivo de trabajo de la empresa Barna Porters, SL, para los años 2018-2021 (no controvertido).'
Tercer.Contra aquesta sentència la part actora va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària i BARNA PORTERS, SL i AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, lo impugnaron. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.
Fundamentos
PRIMER.-La sentència d'instància, amb desestimació de la demanda, ha declarat la procedència de l'acomiadament disciplinari impugnat.
Interposa recurs de suplicació el demandant, que ha estat impugnat per ambdues codemandades.
SEGON.-El primer motiu de recurs, per la via de l' art. 193. b) LRJS, postula la revisió de fets provats.
Abans d'abordar aquesta pretensió escau recordar que és doctrina consolidada i pacífica que per a que la revisió dels fets provats pugui ser atesa és precís que concorrin una sèrie d'elements 'sine qua non', a saber: a) que es determinin amb precisió i claredat els fets afirmats, negats o omesos que es considerin erronis, contrari al què s'ha acreditat respecte dels elements documentals o pericials sobre els què es basa la sentència recorreguda, b) que s'ofereixi al tribunal ad quem un redactat alternatiu concret i específic sobre el què s'ha de basar la narració fàctica refutada com incorrecta, bé sigui substituint alguns dels seus punts, bé complementant-los, bé incloent-n'hi de nous; c) que es citin en forma concreta els documents o les perícies respecte les què es faci evident l'error del jutjador 'a quo', sense que sigui acceptable una invocació genèrica o una revisió de fets no discutits al llarg de les actuacions; d) que aquests documents o perícies posin en evidència l'error o omissió d'aquest jutjador de forma clara, evident, directa i palesa, sense necessitat de conjectures, suposicions o argumentacions més o menys lògiques, naturals i/o raonables; i e) que la revisió que es pretén sigui transcendent en quant la part dispositiva de la sentència, amb efectes modificadors d'aquesta, atès que el principi d'economia processal impedeix incorporar fets respecte els què la seva inclusió cap efecte pràctic tindria.
D'altra banda, el recurs de suplicació, per la seva naturalesa extraordinària en l'àmbit laboral -on no impera la doble instància- comporta que la interposició del mateix no signifiqui una nova valoració dels elements jurídics i fàctics concurrents -a diferència de l'apel·lació-, sinó -per raons d'immediatesa, imbricades en l' art. 24.1 en relació amb el 35.1 CE- una constatació d'un error processal, fàctic o d'aplicació del Dret. No és factible, per tant, una nova valoració dels fets concurrents, sinó una objectivització dels elements probatoris que palesin -sense dubtes, en forma fefaent i incontrovertible- un error en la valoració de la prova.
A la llum d'aquests criteris doctrinals, abordem les revisions postulades:
Fet provat quart:Interessa el demandant que sigui modificat el fet provat quart de la sentència en base a la documental aportada per la part actora consistent en correu electrònic de data 1 de setembre de 2019 enviat per una companya de feina, per tal de fer constar que el correu electrònic va dirigit a l'adreça de mostrador-pl@lloret.cat i, concretament al demandant, però que el podia llegir tot el personal del mostrador, cosa que, al seu entendre, 'evidencia que la provocació la realitza la Sra. María.. que ella és qui origina la discussió i ho fa públicament'; i, en segon lloc, que al correu transcrit a la sentència i falten unes paraules, concretament ' y que sufro las consecuencias', importants per entendre el sentit de les frases que consten al correu electrònic. Fonamenta la revisió amb el propi correu electrònic, que obra a les actuacions al foli 359.
Examinat el tenor literal de l'esmentat correu, s'ha d'estimar la revisió, però només parcialment. En contra del que afirma el recurrent, de la lectura del correu electrònic de la companya de feina del demandant s'evidencia que el mateix s'envia des de l'adreça de mostrador-pl@lloret.cat i va adreçat a la direcció personal del demandant, tal com correctament recull el fet provat impugnat (sense que, per tant, es posi de manifest la intencionalitat de publicitat imputada).
Per contra, sí ha de prosperar l'addició de l'expressió 'y que sufro las consecuencias',atès que així resulta del tenor literal del correu electrònic (foli 359) i completa la integritat de la reproducció del mateix en el fet provat impugnat que, per tant, ha de quedar redactat en els següents termes:
'CUARTO.- El día 01/09/2019, a las 13:45 horas, Doña María, trabajadora BARNA PORTERS, S.L. y compañera de trabajo del demandante, dirigió un correo electrónico a este último utilizando para ello el correo electrónico del mostrador (mostrador-pl@lloret.cat) con el siguiente tenor literal: 'Y tu firma??
Tienes en cuenta que 199 de esas 200 veces es por culpa tuya ¿?
Tampoco me hagas mucho caso, solo soy uno de esos compañeros que según tú, somos unos lameculos del coordinador y que sufro las consecuencias de tus descansos de más de 30 minutos, de tus dolores ficticios, de tus bajas repentinas. Puesto que me quitas mis días libres además de que el coordinador tiene que volver a confeccionar un nuevo cuadrante. Pero así ya tienes el texto asegurado para tu siguiente e-mail.
Cuando nos vas a enviar correos electrónicos informándonos de las reuniones sindicales, qué expones, qué consigues...
Has dejado muy claro durante mucho tiempo, que no eres una persona que busques soluciones sino culpables, los necesitas para redimir tu poca valía.
Pd: Aunque mañana trabajamos juntos, he preferido decírtelo usando el mismo medio que tienes tu para comunicarte. A diferencia que yo no dejo constancia a toda la comisaría de un problema que sólo concierne a una persona.
María
Una trabajadora de BARNA PORTERS'
Fet provat cinquè:Postula el recurrent la modificació d'aquest fet provat a fi que es suprimeixi la part inicial, que recull i reprodueix, literalment, els 'comentarios y calificativos'que ' con una actitud de provocación, hostigamiento y menosprecio',va adreçar a una companya de feina el dia 2.9.29, i sigui substituïda per la referència a que ' ante el correo electrónico enviado por la Sra. María, el actor, actuando en reacción al correo recibido en la dirección del mostrador de Lloret de Mar, reaccionó discutiéndose con la trabajadora. En el marco de dicha discusión, la Sra. María, le lanzó una máquina de agujerear papeles al Sr. Rosendo, la cual fue esquivada por el trabajador.
Al.lega el recurrent que la prova que fonamenta aquest fet, l'enregistrament de la veu que obra al foli 537, no havia d'haver estat admesa ni valorada per la jutgessa d'instància, en haver-se obtingut en vulneració de l' art. 18.4 CE, dels arts. 5 i 6 del Reglament de protecció de dades de la UE i de l' art. 6 i ss. de la Llei de Protecció de dades.
No podrà prosperar aquesta la revisió:
En primer lloc, la constitucionalitat i, per tant, l'admissibilitat de la prova practicada no és una qüestió que s'hagi d'abordar en el marc de la revisió fàctica regulada a l'apartat b) de l' art. 193LRJS, limitada a la revisió de fets provats a la vista de la prova documental i pericial practicada, sinó que s'hauria d'haver plantejat per la via de l'apartat a) de l' art. 193LRJS, atès que -de prosperar la denúncia- el que escauria no és la revisió dels fets provats, com postula el recurrent, sinó l'anul.lació de la sentència a fi que el jutge/ssa d'instància dicti nova sentència prescindint de la prova que es consideri que no havia d'haver estat admesa.
En segon lloc, el fet provat impugnat no es fonamenta només en la prova d'enregistrament de la veu qüestionada, sinó en la prova testifical practicada, que no pot ser objecte de revisió en suplicació, i en altres documents, entre ells l'informe de l'Inspector Cap de la policia local de Lloret de Mar, folis 492-499, qui posà en coneixement de l'empresa els fets imputats i que transcriu literalment els comentaris i qualificatius adreçats pel demandant a la seva companya, que ella enregistrà, enregistrament que -segons reflecteix l'esmentat informe- ella lliurà al cal Cap de Servei de la Policia Local (els fets imputats es produïren al mostrador d'atenció al públic de la comissaria de la Policia Local, on presten serveis el demandant i la seva companya de feina).
En relació a la també postulada inclusió de l'afirmació conforme 'la Sra. María, le lanzó una máquina de agujerear papeles al Sr. Rosendo, la cual fue esquivada por el trabajador',tampoc podrà prosperar, atès que ni resulta dels documents invocats (folis 359-360), ni las imatges extretes de la càmera de seguretat de la Policia Local (pent drive que obra com a foli 135) constitueix prova amb eficàcia revisora en suplicació, en no constituir prova documental. Podem afegir, a més, que el recurrent tampoc no ha justificat la rellevància de la inclusió d'aquest fet que, en el cas d'entendre's acreditat, no degradaria en absolut la gravetat del previ comportament'de provocación, hostigamiento y menosprecio', tal com descriu el fet provat.
La revisió del fet provat cinquè, per tant, ha de ser desestimada.
-Fet provat sisè:Per contra, sí ha de prosperar la revisió d'aquest fet provat, en el sentit d'incloure la data, 26.7.19, en que fou aixecada per la Inspecció de Treball acta d'Infracció que aprecià la comissió d'infracció molt greu per part de l'empresa demandada per vulneració del dret de vaga del treballador, segons resulta de la mateixa acta (folis 303-304), i constituir una especificació cronològica rellevant, pel seu caràcter indiciari, en ordre a sustentar el caràcter repressiu de l'acomiadament impugnat.
-Inclusió d'un nou fet provat, el dotzè:
Com a darrera revisió fàctica, postula el demandant la inclusió d'un nou fet provat, que seria el dotzè, que reflectís la interposició d'una altra denúncia per part seva davant la Inspecció de Treball, així com l'enviament de diversos correus electrònics a la demandada , en ordre a acreditar'l'activitat sindical i de protesta i defensa pels seus drets i els col·lectius del treballador a l'empresa', revisió que també haurà de prosperar en tenir el degut suport documental i constituir un element indiciari del denunciat caràcter repressiu de l'acomiadament.
S'incorpora, per tant, com a nou fet provat, el dotzè, del següent tenor literal:
'Dotzé.- El demandante presentó denuncia ante inspección la cual dio lugar a que la referida Inspección extendiese Acta de Infracción de fecha 22 de enero de 2020, cuyo contenido se da por reproducido, contra la mercantil BARNA PORTERS, S.L. Por la que se requirió a la empresa BARNA PORTERS, S.L., para que confeccionara el calendario de vacaciones de 2020 de acuerdo con los representantes de los trabajadores y para que elaborase una política de desconexión digital de acuerdo con lo establecido en el artículo 88 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. (Folios 303 a 313).
En fecha de 19 de febrero de 2019 el demandante envió un correo electrónico a la empresa, concretamente al departamento de recursos humanos solicitando que se le abonase el plus del 31 de diciembre de acuerdo al convenio de prosegur, cuyo contenido se da por reproducido. La
empresa contestó al trabajador mediante correo de 22 de febrero de 2019, cuyo contenido se da por reproducido, firmado por Herminia, responsable de recursos humanos, indicando que el convenio de aplicación es el de BP.
El trabajador contestó a la empresa mediante correo electrónico de fecha 22 de febrero de 2019, cuyo contenido se da por reproducido, refiriéndose a que de conformidad con documento de subrogación, Barna Porters se subrogaba en derechos y obligacones al personal de ESC Servicios Generales. La empresa contestó al trabajador mediante correo de 25 de febrero de 2019, cuyo contenido se da por reproducido.
El trabajador contesto a la empresa mediante correo de 2 de marzo de 2019, cuyo contenido se
da por reproducido.
(Folios 296 a 301).
TERCER.-El segon i tercer motius de recurs, emparats en l'apartat c) de l'article 193 de la Llei foral i que s'han d'abordar conjuntament, reitera el denunciant el que ja ha denunciat en el motiu anterior, en el marc de la revisió fàctica: que la prova d'enregistrament de la veu que obra al foli 537 no havia d'haver estat admesa ni valorada per la jutgessa d'instància, en haver-se obtingut en vulneració de l' art. 18.4 CE, dels arts. 5 i 6 del Reglament de protecció de dades de la UE i de l' art. 6 i ss. de la Llei Orgància de Protecció de dades 3/2018.
La denúncia ha de ser desestimada per les raons ja exposades en el fonament jurídic anterior, en resoldre la revisió fàctica en la que ja s'integrava aquesta denúncia:
En primer lloc, la constitucionalitat i, per tant, l'admissibilitat de la prova practicada no és una qüestió que s'hagi d'abordar ni en el marc de la revisió fàctica regulada a l'apartat b) de l' art. 193LRJS, limitada a la revisió de fets provats a la vista de la prova documental i pericial practicada, ni -com es fa ara- en el de la censura jurídica de l'apartat c) de l' art. 193LRJS, sinó que s'hauria d'haver plantejat -com a primer motiu de recurs- per la via de l'apartat a) de l' art. 193LRJS, atès que -de prosperar la denúncia- el que escauria és l'anul.lació de la sentència a fi que la jutgessa d'instància dictés nova sentència prescindint de la prova que es consideri nul.la, per inconstitucional i que, per tant, no hauria d'haver estat admesa ni practicada.
En segon lloc, i com també ja hem explicat, la postulada inadmissió de la prova no hagués alterat el resultat del plet. Com ja hem explicat en el segon fonament jurídic, el fet provat impugnat no es fonamenta només en la prova d'enregistrament de la veu qüestionada, sinó en la prova testifical practicada, que no pot ser objecte de revisió en suplicació, i en altres documents, entre ells l'informe de l'Inspector Cap de la policia local de Lloret de Mar, folis 492-499, qui posà en coneixement de l'empresa els fets imputats i que transcriu literalment els comentaris i qualificatius adreçats pel demandant a la seva companya, que ella enregistrà, enregistrament que -segons reflecteix l'esmentat informe- ella lliurà a la Policia Local (els fets imputats es produïren al mostrador d'atenció al públic de la comissaria de la Policia Local, on presten serveis el demandant i la seva companya de feina).
En tercer lloc, la denúncia tampoc no podria prosperar atès que s'invoquen com a infringits els arts. 18.1CE i 18.4 CE (que consagren el dret fonamental a la intimitat i la protecció de dades, respectivament), quan -en tot cas- el dret fonamental afectat fora el del secret de les comunicacions, ex art. 18-3 CE, atès que l'enregistrament l'efectuà un dels interlocutors en la conversa (i no un l'empresa empleadora ni l'Ajuntament), i, d'altra banda, no afecta a l'esfera íntima de cap d'ells ni, per tant, al dret a la intimitat ( art. 18.1 CE). Recordem, en tot cas, la doctrina constitucional en relació a aquesta prova, sintetitzada a la nostra sentència de 26.5.20 (1759/20):
'Remitiéndose a lo manifestado sobre aquel primer particular por la STC que en las mismas se menciona de 29 de noviembre de 1984 , recuerdan las sentencias de la Sala de 26 de enero de 2004 , 15 de octubre de 2006 , 20 de abril de 2009 , 26 de septiembre de 2011 , 11 de marzo de 2013 y 1 de abril de 2019 (entre otras coincidentes) que ' Quien graba una conversación de otros atenta, independientemente de otra consideración, al derecho reconocido en el artículo 18.3 de la Constitución , por el contrario quien graba una conversación con otro no incurre, por este solo hecho, en conducta contraria al precepto constitucional citado, pues si se impusiera un genérico deber de secreto a cada uno de los interlocutores o de los corresponsables ex artículo 18.3, se terminaría vaciando de sentido, en buena parte de su alcance normativo, a la protección de la esfera íntima personal ex artículo 18.1, garantía esta que, a contrario, no universaliza el deber de secreto, permitiendo reconocerlo sólo al objeto de preservar dicha intimidad (dimensión material del secreto, según se dijo). Los resultados prácticos a que podría llevar tal imposición indiscriminada de una obligación de silencio al interlocutor son, como se comprende, del todo irrazonables y contradictorios, en definitiva, con la misma oponibilidad de los procesos de libre comunicación...'.
El derecho al 'secreto de las comunicaciones... salvo resolución judicial' no puede oponerse, sin quebrantar su sentido constitucional, frente a quien tomó parte en la comunicación misma así protegida. Rectamente entendido, el derecho fundamental consagra -precisa dicha sentencia- la libertad de las comunicaciones, implícitamente, y, de modo expreso, su secreto, estableciendo en este último sentido la interdicción de la interceptación o del conocimiento antijurídico de las comunicaciones ajenas ...'; de tal manera que 'sea cual sea el ámbito objetivo del concepto de comunicación , la norma constitucional se dirige inequívocamente a garantizar su impenetrabilidad por terceros (públicos o privados, el derecho posee eficacia erga omnes) ajenos a la comunicación misma ... La presencia de un elemento ajeno a aquellos entre los que media el proceso de comunicación es indispensable para configurar el ilícito constitucional aquí perfilado ... No hay secreto para aquél a quien la comunicación se dirige ni implica contravención de lo dispuesto en el artículo 18.3 de la Constitución retención por cualquier medio del contenido del mensaje . Dicha retención (la grabación en el presente caso) podrá ser, en muchos casos, el presupuesto fáctico para la comunicación a terceros, pero ni aun considerando el problema desde este punto de vista puede apreciarse la conducta del interlocutor como amparatoria del ilícito constitucional, que es el quebrantamiento del secreto de las comunicaciones... Quien entrega a otro la carta recibida o quien emplea durante su conversación telefónica un aparato amplificador de la voz que permite captar la conversación a otras personas presentes no está violando el secreto de las comunicaciones, sin perjuicio de que estas mismas conductas, en el caso de que lo así transmitido a otros entrase en la esfera íntima del interlocutor, pudiesen constituir atentados a Derecho garantizado en el artículo 18.1 de la Constitución . Otro tanto cabe decir en el presente caso, respecto de la grabación por uno de los interlocutores de la conversación telefónica...'.
D'altra banda, i finalment, el fet que el demandant no tingués coneixement de l'existència d'aquesta prova de l'enregistrament de la veu fins a l'acte del judici es irrellevant, atès que -en contra del que s'al.lega en el recurs- l'empresa no venia obligada a advertir de la seva existència ni a l'expedient disciplinari previ ni a la carta d'acomiadament.
S'ha de desestimar, per tant, aquesta denúncia.
QUART.-A l'empara de l'apartat c) de l' art. 193LRJS, denuncia el recurrent la infracció de la garantia d'indemnitat com a manifestació del dret a la tutela judicial efectiva, consagrada a l' art. 24CE i, a l'hora, la infracció de l' art. 55ET, en no haver apreciat la vulneració d'aquell dret fonamental i no haver declarat la nul.litat de l'acomiadament.
El demandant, en síntesi, invoca la doctrina constitucional referida a la garantia d'indemnitat, endegada amb la STC 14/1993, i al.lega que l'acomiadament disciplinari impugnat té per causa real la seva actuació reivindicativa front a l'empresa demandada, concretada en la presentació de dues demandes i tres denúncies contra l'empresa i l'ajuntament codemandats, mentre que els fets imputats, cas de considerar-se acreditats, s'han d'emmarcar en una discussió provocada per la seva companya de feina per mitjà de les acusacions i vexacions contingudes en el seu correu electrònic previ a la discussió, i, també, que la magistrada d'instància obvia que la companya de feina 'llençà una màquina de foradar paper al treballador en el marc de la discussió...'.
Ambdues codemandades, en els seus respectius escrits d'impugnació del recurs, assumeixen plenament el criteri de la sentència d'instància, que desestima la pretensió de nul.litat de l'acomiadament en base als raonaments exposats en el quart fonament jurídic.
Per abordar aquesta denúncia, hem de començar per recordar que la doctrina constitucional (entre moltes d'altres, SS 7/1993 , 14/1993 , 54/1995 , 140/1995 , 197/1998 , 168/1999 , 101/2000 , 196/2000 , 197/2000 , 199/2000 , etc.) ve afirmant en forma reiterada que l'exercici del dret a la tutela judicial efectiva (ex art. 24.1CE ) o d'accions prèvies o connexes no pot comportar actuacions empresarials de represàlia, doncs, en cas contrari, s'estaria vulnerant l'esmentat dret fonamental. S'afirma, així, en la STC 101/2000 : ' Una actuación empresarial motivada por el hecho de haber ejercitado una acción judicial tendente al reconocimiento de unos derechos de los que el trabajador se creía asistido, debe ser calificada como discriminatoria y nula por contraria a ese mismo derecho fundamental ( TC S 7/1993 ), ya que entre los derechos laborales básicos de todo trabajador se encuentra el de ejercitar individualmente las acciones derivadas de su contrato de trabajo [ art. 4, núm. 2, apartado g) del ET( RCL 1995, 997 ) ]', de tal manera que 'en el ámbito de la relación de trabajo, la citada garantía se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas del ejercicio por parte del trabajador de su derecho a pedir la tutela de los jueces y Tribunales en orden a la satisfacción de sus derechos e intereses legítimos'
En el mateix sentit, la STC 199/2000 raona que ' El derecho a la tutela judicial efectiva no sólo se satisface, pues, mediante la actuación de los jueces y Tribunales, sino también a través de la garantía de indemnidad, que significa que del ejercicio de la acción judicial o de los actos preparatorios o previos a ésta no puede seguirse consecuencias perjudiciales en el ámbito de las relaciones públicas o privadas... En el ámbito de las relaciones laborales, la garantía de indemnidad se traduce en la imposibilidad de adoptar medidas de represalia derivadas de las actuaciones del trabajador encaminadas a obtener la tutela de sus derechos'. En definitiva, allò que la nostra Constitució garanteix és que ningú pot patir represàlies per l'exercici dels seus drets fonamentals.
D'altra banda, és conegut que en matèria d'infracció de drets fonamentals les regles de la càrrega de la prova tenen especificitats pròpies, conegudes impròpiament com a 'inversió de la càrrega de la prova' i regulades a l' art. 181.2LRJS. Així, la part actora haurà d'aportar indicis de la possible discriminació o represàlia derivades de l'exercici de drets fonamentals o de la vulneració d'altres drets fonamentals, de tal manera que si es supera amb èxit la dita exigència, correspon a la part demandada provar que la seva decisió té una causa lògica, objectiva i raonable, absolutament aliena a la intencionalitat discriminatòria o repressiva imputada. L'òrgan judicial, per tant, ha de diferenciar i no confondre ambdós 'judicis': el de la suficiència 'indiciària' i, només superat aquest, el de la raonabilitat i objectivitat de la mesura empresarial qüestionada (l'acomiadament disciplinari, en el present cas) i, a més, que la seva motivació sigui absolutament aliena a l'exercici dels drets fonamentals que es denuncien com a infringits.
Centrat el debat en els termes anteriorment exposats i a la llum d'aquesta doctrina, hem d'abordar i resoldre és si concorre un panorama indiciari de la vulneració a la garantia d'indemnitat denunciada.
La sentència d'instància si be admet que l'activitat sindical i reivindicativa del demandant podria constituir -a priori- un indici de la vulneració de la garantia d'indemnitat, descarta la seva concurrència pel lapse temporal (mig any) des de la interposició de la darrera demanda i, sobre tot, perquè 'la decisión extintiva no carece de base fàctica',i que les circumstàncies acreditades ' no fundamentan una sospecha vehemente de discriminación por motivos sindicales',afegint que ' han de existir indicios racionales de que el concreto actuar de la empresa se debió a los móviles discriminatorios o antisindicales denunciados'.
En ordre a resoldre aquesta denúncia, hem de recordar la doctrina constitucional relativa als acomiadaments coneguts com a ' pluricausals', és a dir, en paraules de la STC 7/1993, de 18 de gener, 'aquellos casos en que la trascendencia disciplinaria es susceptible de distinta valoración, el empresario ha de probar tanto que su medida es razonable y objetiva, como que no encubre una conducta contraria a un derecho fundamental, debiendo alcanzar necesariamente dicho resultado probatorio, sin que baste el intentarlo',afegint que 'La decisión empresarial no será, así, contraria a derechos fundamentales cuando aun 'sin completar los requisitos para aplicar la potestad sancionadora en su grado máximo, se presenta ajena a todo móvil discriminatorio o atentatorio de un derecho fundamental' . En sentit similar les SSTC 104/1987, de 17 juny (RTC 1987 , 104 ) , 101/2000, de 10 d'abril (RTC 2000 , 101 ) , 138/2006 de 8 de maig (RTC 2006 , 138 ) , 125/2008, de 20 d'octubre (RTC 2008, 125) , etc
A la llum d'aquesta doctrina, hem de compartir de la decisió final de la sentència d'instància, atès que la iniciativa disciplinària de l'empresa demandada, que finalitzà amb l'acomiadament de l'actor, es explícitament reactiva a la intervenció de la Policia Local de Lloret de Mar, que presencià els fets imputats, i a l'informe que li remeté el seu inspector en Cap, en petició de responsabilitat disciplinària (fet provat 5é, foli 498), cosa que descarta la denunciada intencionalitat repressiva o antisindical.
Descartada aquesta intencionalitat oculta, la Sala ha examinat no nomes l'enregistrament de la conversa mantinguda entre el demandant i la seva companya de feina, sinó també la gravació de la càmera de seguretat (en tant que és una prova proposada pel mateix demandant i l'admissibilitat de la qual no ha estat controvertida per cap altra part), i res pot justificar ni degradar la màxima gravetat de la seva actuació, i coincidim plenament amb els raonament de la sentència d'instància respecte el caràcter especialment ofensiu, hostil, intimidatori (en referència al cop de puny sobre el mostrador) i misogin del comportament del demandant en la conversa enregistrada, que en absolut es justifica pel correu electrònic que la seva companya de treball li adreçà el dia anterior (en termes correctes), ni -menys encara- per la reacció final que tingué la destinatària front a un comportament tant ofensiu i vexatori.
CINQUÈ.-A l'empara de l'apartat c) de l' art. 193LRJS, denuncia el recurrent la infracció de l'anomenada doctrina gradualista i del principi de proporcionalitat de les sancions en relació a l' art. 55.5ET, en considerar que la imposició de l'acomiadament disciplinari, com a màxima sanció en l'ordenament laboral, és manifestament desproporcionada en raó de les circumstàncies concurrents
Hem de recordar que, segons raona el Tribunal Suprem a la seva STS de 5.5.83, en raó de 'la llamada doctrina gradualista, creada y aplicada por el Tribunal Supremo de forma reiterada, se han de apreciar las circunstancias concurrentes en cada caso, y especialmente la existencia de gravedad y culpabilidad en las faltas imputadas, insistiéndose en que el despido disciplinario exige la prueba plena de una acción u omisión del trabajador que sea grave, culpable y tipificada por la normativa laboral, requisitos para cuya apreciación han de ponderarse de forma particularizada todos los aspectos subjetivos y objetivos concurrentes, teniendo en cuenta los antecedentes y circunstancias coetáneas que definen la relación laboral como una relación continuada en el tiempo. Y así, según ha declarado el Tribunal Supremo, el enjuiciamiento del despido disciplinario debe abordarse de forma gradualista, buscando la necesaria proporción entre la infracción y la sanción, y aplicando un criterio individualizador que valore las peculiaridades de cada caso concreto ( SS. del Tribunal Supremo de 17 de noviembre de 1988 [ RJ 1988, 8598], 28 de febrero de 1990 [ RJ 1990 , 1247] , 6 de abril de 1990 [ RJ 1990 , 3122] , 7 de mayo de 1990 , 24 de septiembre de 1990 [ RJ 1990 , 7040] , 16 de mayo de 1991 [ RJ 1991, 4171 ] y 2 de abril de 1992 [ RJ 1992, 2590] , entre otras muchas), lo que obliga a tener en cuenta circunstancias concretas, tales como la antigüedad del trabajador en la empresa, el perjuicio económico en su caso sufrido por la misma y la existencia o no de otras sanciones por el mismo o similares hechos; habiéndose expresado a su vez en la sentencia de nuestro más Alto Tribunal de 4 de marzo de 1991 ( RJ 1991, 1823) tal obvio principio y el criterio de proporcionalidad en relación con el de la buena fe, en cuanto modelo de comportamiento común impuesto a las relaciones laborales por los artículos 5 a) y 20.2 del referido Estatuto ( RCL 1980, 607) , erigido en criterio de valoración de conductas. De forma que si bien la trasgresión de la buena fe contractual supone un incumplimiento, ello queda sometido a la exigencia gradualista que se deriva de la previsión de un plus jurídico, de gravedad y de culpabilidad, tipificado en el artículo 54.1 del Estatuto de los Trabajadores, siendo cuestión empírica el identificar las circunstancias desgravadoras de la reprochabilidad, tanto atinentes al elemento subjetivo de la culpabilidad, destacando entre estas, la buena fe en su sentido de contraposición a la mala fe (o sea, como ignorancia más o menos excusable, según el artículo 433 del Código Civil [ LEG 1889, 27] , o como creencia errónea más o menos vencible, según el artículo 1950 del citado Código sustantivo), cuanto al elemento objetivo de la gravedad, determinable intensivamente, en función por ejemplo de la proporcionalidad sancionadora de la norma convencional, o extensivamente, en atención a la propia duración de la relación laboral, las conductas previas de las partes o la relevancia económica o ética del bien jurídico comprometido.'
Aquesta doctrina, però, no és aplicable en el present cas:
-En contra del que al.lega el recurrent, el comportament del demandant no és una reacció espontània del mateix dia 2.9.29 en llegir el correu electrònic que la seva companya li havia adreçat, sinó que, segons resulta del fet provat quart, el correu electrònic li havia estat adreçat per la seva companya de feina al seu correu personal el dia anterior, i ni el fet provat cinquè -que refereix l'actuació punible del demandant- ni la fonamentació jurídica de la sentència reflecteixen que la seva actuació fos una reacció espontània a la lectura d'aquell correu, en congruència amb les imatges que resulten de l'enregistrament de les càmeres de seguretat (aportades, per cert, a petició del demandant), que desmenteixen clarament aquesta hipòtesi (a la darrera filmació es veu clarament com el demandant, així que arriba, ja li diu a cau d'orella a la demandant alguna cosa).
-En segon lloc, el demandant ja havia estat objecte d'una anterior sanció disciplinària (fet provat setè)
-I, finalment, hem de recordar -com encertadament invoca a demandada en el seu escrit d'impugnació- que l'actitud dels/les representants dels treballadors/es envers els seus companys/nyes, precisament per la relació de representació que existeix entre ells, ha de ser especialment exemplar i respectuosa, antagònica -per tant- a la que protagonitzà el demandant.
Per tant, s'ha de desestimar també aquest cinquè motiu de recurs, darrer que abordava la qualificació judicial de l'acomiadament, respecte del qual -per tant- es valida per la Sala la qualificació de procedència.
Això determina que ja no hagi de ser abordats el sisè motiu de recurs (centrat en la infracció de l' art. 43.2ET, en no haver apreciat la sentència d'instància la pretesa concorrència d'una situació de cessió il.legal en la prestació de serveis del demandant) ni el setè (referit en la infracció dels arts. 182 i 183LRJS, en no haver reconegut la sentència cap indemnització per vulneració de drets fonamentals, atès que -ratificat el caràcter procedent de l'acomiadament i la íntegra desestimació de la demanda, cap rellevància té resoldre les denúncies formulades, només rellevants en el cas que la Sala hagués declarat la nul.litat o improcedència de l'acomiadament impugnat.
Atesos els preceptes legals citats, els concordants amb els mateixos i les demés disposicions de general i pertinent aplicació.
Fallo
Que hem de desestimar i desestimem el recurs de suplicació interposat per Rosendo contra la sentència dictada pel jutjat del social número 2 dels de Girona (UPSD social 2) en data 26.3.21, a les actuacions núm. 807/19 seguides contra BARNA PORTERS SL i AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR, i hem de confirmar i confirmem íntegrament l'esmentada sentència.
Notifiqueu aquesta resolució a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i expediu-ne un testimoniatge que quedarà unit al rotlle. Incorporeu l'original al llibre de sentències corresponent.
Un cop sigui ferma la sentència caldrà remetre al Jutjat d'instància les seves actuacions ja que és l'òrgan judicial competent per executar-la.
Aquesta resolució no és ferma i es pot interposar en contra recurs de cassació per a la unificació de doctrina, davant la Sala Social del Tribunal Suprem. El dit recurs s'haurà de preparar mitjançant escrit amb signatura d'Advocat i adreçat a aquesta Sala, on s'haurà de presentar en el termini dels deu dies següents a la notificació, amb els requisits establerts a l' Art.221 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.
Així mateix, de conformitat amb allò disposat l'article 229 del text processal laboral, tothom que no ostenti la condició de treballador o drethavent o beneficiari del règim públic de la Seguretat Social,o no gaudeixi dels beneficis de justícia gratuïta legalment o administrativa reconeguts, o no es trobi exclòs pel que disposa l' article 229.4 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, consignarà com a dipòsit al moment de preparar el recurs de cassació per unificació de doctrina la quantitat de 600 euros en el compte de consignacions que la Sala té obert en el BANC SANTANDER, n° 0965 0000 66, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.
La consignació de l'import de la condemna, d'acord amb el que disposa l' art. 230 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social, quan així procedeixi, cal acreditar-la al temps de preparar el recurs en aquesta Secretaria i s'efectuarà en el compte de la Sala, amb el núm. 0965 0000 80, afegint a continuació sis dígits. Els quatre primers són els corresponents al número de rotlle de suplicació i els altres dos els dos últims números de l'any del rotlle esmentat. Per tant, el compte consta de setze dígits.
També és possible substituir la consignació en metàl lic per l'assegurament de la condemna mitjançant un aval bancari emès per una entitat de crèdit. El document haurà de ser de duració indefinida i a pagar a primer requeriment.
Si el dipòsit o la consignació no és fan de forma presencial sinó mitjançant transferència bancària o per procediments telemàtics, a les dites operacions hauran de constar les següents dades:
El compte bancari al que es remetrà la quantitat és IBAN ES 55 0049 3569 920005001274. A la dada de 'ordenant' caldrà indicar el nom de la persona física o jurídica que fa l'ingrés i el seu NIF o CIF. Com a 'beneficiari' ha de constar la Sala Social del TSJ de Catalunya. Finalment, a 'observacions o concepte de la transferència' cal introduir els 16 dígits que consten en els paràgrafs precedents respecte al dipòsit i la consignació fets de forma presencial.
Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.
PUBLICACIÓ.El Magistrat ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.
