Sentencia SOCIAL Nº 517/2021, Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 885/2020 de 07 de Julio de 2021

Encabezamiento

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Sección: RO

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. SALA DE LO SOCIAL

Plaza San Francisco nº 15

Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: 922 479 373

Fax.:

Email: socialtsjtf@justiciaencanarias.org

Rollo: Recursos de Suplicación

Nº Rollo: 0000885/2020

NIG: 3803844420190009696

Materia: Despido

Resolución:Sentencia 000517/2021

Proc. origen: Despidos / Ceses en general Nº proc. origen: 0001159/2019-00

Órgano origen: Juzgado de lo Social Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife

Recurrente: Santos; Abogado: HUMBERTO SOBRAL GARCIA

Recurrente: Esperanza; Abogado: HUMBERTO SOBRAL GARCIA

Recurrido: SERVICIO CANARIO DE EMPLEO; Abogado: SERV. JURÍDICO CAC SCT

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En Santa Cruz de Tenerife, a 7 de julio de 2021.

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de CANARIAS en Santa Cruz de Tenerife formada por los Iltmos. Sres. Magistrados D./Dña. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ-PARODI PASCUA, D./Dña. MARÍA CARMEN GARCÍA MARRERO y D./Dña. EDUARDO JESÚS RAMOS REAL, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el Recurso de Suplicación núm. 0000885/2020, interpuesto por D./Dña. Santos y Esperanza, frente a Sentencia 000289/2020 del Juzgado de lo Social Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife los Autos Nº 0001159/2019-00 en reclamación de Despido siendo Ponente el ILTMO./A. SR./A. D./Dña. MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ-PARODI PASCUA.?

Antecedentes

PRIMERO.- S egún consta en Autos, se presentó demanda por D./Dña. Santos y Esperanza, en reclamación de Despido siendo demandado/a SERVICIO CANARIO DE EMPLEO y celebrado juicio y dictada Sentencia ?desestimatoria, el día 28 de septiembre de 2020, por el Juzgado de referencia.

SEGUNDO.- En la citada Sentencia y como hechos probados, se declaran los siguientes: Primero.- Don Santos comenzó a prestar servicios para el Servicio Canario de Empleo, mediante contrato en prácticas de 23 de noviembre de 2018, en el que se fijaba fecha de extinción el 22 de noviembre de 2019, con la categoría profesional de titulado superior y percibiendo salario de 1838,64 euros mensuales brutos. El trabajador era licenciado en derecho desde el 30 de abril de 2015. Contrato de trabajo en folios 42 a 47 del expediente administrativo y nóminas en folios 135 y siguientes. Título al folio 40 del expediente. Doña Esperanza. trabajaba para el Servicio Canario de Empleo mediante contrato en prácticas de 26 de noviembre de 2018, en el que se fijaba fecha de extinción el 25 de noviembre de 2019, con la categoría profesional de técnico administrativo y percibiendo salario de 1029,46 euros mensuales brutos. La trabajadora ostentaba el título de técnica superior en Administración y Finanzas, fechado el 18 de junio de 2014. Contrato de trabajo en folios 42 a 47 del expediente administrativo y nóminas en folios 132 y siguientes, título al folio 40. Segundo.- Ninguno de los dos ostenta la condición de representante de los trabajadores. No controvertido. Tercero.- Por el Servicio Canario de Empleo del Gobierno de Canarias se elaboró un proyecto de formación práctica y empleo para la Comunidad Autónoma de Canarias. Documento 1 del expediente. Va destinado a personas inscritas como demandantes de empleo en las Oficinas de Empleo del Servicio Canario de Empleo que reúnan lo siguientes requisitos:a) personas que estén en posesión del titulación académica o profesional requerida para el contrato a suscribir y reúnan requisitos para ser contratados por la modalidad de contratos en prácticas.

b) carecer de experiencia laboral de doce meses o más en la titulación objeto de la contratación.

c) no haber tenido contrato laboral en prácticas para la titulación objeto del contrato.

d) no haber tenido contrato con alguna administración pública para la ocupación y categoría objeto del contrato.

e) candidatos con titulaciones finalizadas en los últimos cinco años para personas sin certificado de discapacidad y siete años para los candidatos que si lo prevean. Se les sometió a un proceso de selección. No controvertido. Proyecto en los folios 1 a 22 del ramo de prueba de la demandada. Cuarto.- Se firmó un convenio de 17 de octubre de 2018 entre el Servicio Público de Empelo Estatal y la Comunidad Autónoma de Canarias para el desarrollo del Plan Integral de Empleo de Canarias que comprenda la realización de medidas que incrementen el empleo, de acuerdo con lo establecido en la Disposición Adicional Centésima Vigésima Séptima de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos General del Estado para el año 2018.Entró en vigor a su firma y tendrá vigencia hasta el total cumplimiento de las obligaciones asumidas por las partes que, en todo caso, deberán haber tenido lugar antes de 31 de diciembre de 2020. Folios 19 a 32 del expediente. Quinto.- Por resolución de 8 de noviembre de 2018 de la Dirección del Servicio Canario de Empleo se autoriza la formalización de 150 contratos en prácticas en el marco del Proyecto de Formación Práctica y Empleo para la Comunidad Autónoma de Canarias. El 20 de noviembre de 2018 el director del Servicio Canario de empleo firmó unas instrucción para el correcto seguimiento de la contratación en prácticas. Folios 33 a 39 de los expedientes administrativos. Sexto.- En resolución de 25 de enero de 2019 se designó a los tutores y suplentes del personal beneficiario de los contratos en prácticas. En concreto, se nombró tutor de don Santos a doña Maite, siendo suplente doña Marina. La tutora de doña Esperanza fue doña Natalia, nombrándose suplente a doña Ofelia. Folios 48 y siguientes del expediente. Séptimo.- En los contratos formalizados entre las partes de de prácticas a tiempo completo, se señala que don Santos prestará servicios como Titulado Superior en prácticas y doña Esperanza como administrativa en prácticas, conforme a lo previsto en el artículo 11 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, así como el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos, incluida en el grupo profesional I. La jornada de trabajo será a tiempo completo de 37 horas y 30 minutos de lunes a viernes. La duración del contrato será de un año, computado de fecha a fecha y la suspensión no implicará ampliación del plazo. La trabajadora percibe una retribución del 60% en los términos establecidos en el artículo 11.1 e) del ET. Folios 44 y siguientes de los expedientes administrativos. Octavo.- El 1 de marzo de 2019, don Santos rellenó un cuestionario de evaluación del primer trimestre del período de prácticas en el que señala de su puño y letra 'Todas las tareas se adecuan a mi titulación y me han supuesto entre otras cosas, las siguientes aportaciones:

- Proporcional los conocimientos necesarios y adecuados ante la administración pública en materia de ayudas y subvenciones. He aprendido a ser más resolutivo y eficaz.

- Identificar, seleccionar y gestionar información y documentación relevante en el ámbito de empleo, derecho laboral y seguridad social.

- Poner en práctica muchos conceptos que solo conocía de forma teórica.

Folio 57 y 58 de su expediente administrativo. En la misma fecha, doña Esperanza rellena un cuestionario de evaluación del período inicial de trabajadores en prácticas y señala de su puño y letra 'Hasta el momento todo lo que me ha mandado la tutora me aporta positivamente para la realización de mis tareas, queriendo seguir aprendiendo más'. Folio 56 del expediente de Esperanza. Noveno.- Don Santos, bajo la supervisión de su tutora, doña Maite, realizaba las siguientes funciones:

- Apoyo en la revisión de la documentación justificativa convocatoria año 2017: lectura y análisis del informe de auditoría, realización de borrador de deficiencias, elaboración de los borradores de informe de justificación de los expedientes, borradores de resoluciones de justificación.

- Apoyo en la revisión parcial de los cronogramas trimestrales de las tareas realizadas por los trabajadores, que aportaron las entidades de los proyectos en funcionamiento correspondientes a la convocatoria 2018.

- Lectura y análisis de la normativa aplicable a las subvenciones: elaboración de borradores de informes. Estudio y baremación de propuestas.

- Colaboración en las contestaciones de consultas jurídicas surgidas en la tramitación de los expedientes.

Cualquier duda que se planteaba era solventada por la tutora, y para el caso de su ausencia, por el resto del personal estructural de la Sección. El trabajador no tenía acceso a todas las aplicaciones del trabajo, sino solo a algunas de ellas y como consulta. Tampoco disponía de claves idénticas a las del resto de trabajadores, ni el mismo dominio de correo electrónico. Finalizado el trabajo por don Santos, era revisado por la tutora, se comentan los posibles errores que haya podido cometer (si fuera el caso) y los modifica, siendo ella la encargada de firmarla, ya que don Santos carecía de autorización de firma. Folio 59 de su expediente y testifical de doña Maite. Décimo.- Doña Esperanza, bajo la supervisión de su tutora, doña Natalia, realizaba las siguientes funciones:

- Abrir el archivo de la programación FPED 2'18 (hacer pegatinas, abrir carpetas.)

- Recoger minuta de registro y gestionarla, puntear entradas, separar y repartir documentación.

- Revisar solicitudes de ayudas/becas, aceptar, denegar, requerir.

- Trabajar con la aplicación SISPECAN/ayudas/becas

- Ha gestionado solicitudes de la programación 2018 de FPED, AFCC, FCT. Todo ello según la Resolución del Director del Servicio Canario de Empleo, n.º 847/2019, de fecha 06/02/2019, por la que se establecen los criterios y el procedimiento para la concesión de ayudas y becas.

- Hacer requerimientos de las solicitudes de ayudas/becas por correo electrónico, a los Centros Colaboradores, según modelos que le hemos facilitado.

- Tramitación de subsanación de solicitudes de ayudas/becas

- Trabajar con la aplicación de correo, para enviar notificaciones.

- Archivo de solicitudes de ayudas/becas

- Atender a los alumnos que vienen solicitando información, dándoles toda la información que solicitan de forma correcta.

Cualquier duda que se planteaba era solventada por la tutora, y para el caso de su ausencia, por el resto del personal estructural de la Sección. La trabajadora no tenía acceso a todas las aplicaciones del trabajo, sino solo a algunas de ellas y como consulta. Tampoco disponía de claves idénticas a las del resto de trabajadores, ni el mismo dominio de correo electrónico. Finalizado el trabajo por doña Esperanza, era revisado por la tutora, se comentan los posibles errores que haya podido cometer (si fuera el caso) y los modifica, siendo ella la encargada de firmarla, ya que don Santos carecía de autorización de firma. Folio 57 de su expediente y testifical de doña Natalia. Undécimo.- El 27 de septiembre de 2019 algunos trabajadores en prácticas, entre los que no se encuentran los demandantes, presentaron denuncia ante la Inspección de Trabajo por irregularidades en su contratación. Folios 65 y siguientes del ramo de prueba de la parte actora. Duodécimo.- El 23 de octubre de 2019 se comunicó a doña Esperanza y don Santos la finalización de su contrato de prácticas. Folios 22 y 53 del ramo de prueba de la parte actora. Décimo-tercero.- La retribución íntegra mensual y diaria de un titulado superior, grupo I ascienden a:

2955,05 euros en el 2018, 114,92 euros día.

3056,89 euros en el 2019 hasta junio, 118,88 euros día.

3064,39 euros desde junio a diciembre de 2019, 119,17 euros día. -folio 126.-

Don Santos percibió:

1773,03 euros en el 2018.

1834,14 euros en el 2019 hasta junio.

1838,64 euros desde junio a diciembre de 2019.

Folios 128 y 134 de su expediente judicial. Décimo-cuarto.- La retribución íntegra mensual y diaria de un administrativo, asciende a:

1659,92 euros en el 2018.

1711,55 euros en el 2019 hasta junio.

1715,76 euros desde junio a diciembre de 2019, 119,17 euros día. -folio 126.-

Doña Esperanza percibió:

995,95 euros en el 2018.

1026,92 euros en el 2019 hasta junio.

1029,46 euros desde junio a diciembre de 2019.

Folios 130 y 131 de su expediente judicial. Décimo-quinto.- Del total de 150 trabajadores contratados entre noviembre y diciembre de 2018, no consta la baja de tres de ellos, y del resto, seis renunciaron, tres pidieron excedencia forzosa, uno fue baja por no superar el período de prueba, de tres no consta baja y el resto fueron baja en los meses de noviembre y diciembre de 2019 y enero y febrero de 2020. No controvertido. Folios 127 128 del expediente de doña Esperanza. Décimo- sexto.- Se presentó el día 3 de diciembre de 2019 reclamación administrativa previa frente al Servicio Canario de Empleo. Folio 14 de las actuaciones.TERCERO.- El Fallo de la Sentencia de instancia literalmente dice: 1. Desestimar la demanda de despido presentada por don Santos y doña Esperanza contra el Servicio Canario de Empleo. y, en consecuencia, absolver a la demandada de todos los pedimentos formulados en su contra.CUARTO.- Que contra dicha Sentencia, se interpuso Recurso de Suplicación por la parte D./Dña. Santos y Esperanza, y recibidos los Autos por esta Sala, se formó el oportuno rollo y pase al Ponente. Señalándose para votación y fallo el día 6 de julio de 2021.

Fundamentos

PRIMERO.- La sentencia de instancia desestima la demanda deducida por ambos actores y frente a la misma se alzan en suplicación al amparo de lo preceptuado en el art. 193 b) de la LRJS, para revisar el hecho probado decimoséptimo y se ha constar lo siguiente: 'Con fecha 31/7/2017 se emiteinforme sobre la propuesta del plan de Formación Práctica y Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias por el Director General de la Función Publica en la que se indica, entre otros aspectos, que la propuesta remitida adolece de información relevante como las titulaciones exigibles y los perfiles convocados, las tareas especificas a realizar por los trabajadores contratados. Además, señala que no existe habilitación legal en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias del años 2017 para la propuesta realizada por el organismo autónomo, pero de realizar una contratación, si es para necesidades estructurales y permanentes deberá acudir a la contratación de interinidad por vacante o sustitución, y de ser necesidades estructurales no permanentes deberá acudir a los contratos de obra o servicio o acumulación de tareas, ya que fuera de dichas contrataciones no se justifica ningún otro tipo de contratos como son los de prácticas cuya celebración en ultimo termino no puede redundar en beneficio de la administración y a que esos posibles contratos en prácticas siempre deberán superar procesos selectivos para el acceso al empleo público. Finalmente indica, que en el caso de realizar la contratación en práctica tendrá que dotar al recién titulado de una practica profesional de acuerdo con los estudios realizados, de lo contrario seria en fraude de ley, de ahí la importancia que el contrato en practicas tenga identificadas las tareas que el trabajador va a desempeñar. In forme de la Función Pública.'

Se apoya en los documentos 62 y 63 de las actuaciones.

Esta Sala tiene dicho respecto a los hechos probados: 'los requisitos que se exigen para la pretendida revisión son los que siguen:

a) La concreción exacta del que haya de ser objeto de revisión.

b) La precisión del sentido en que ha de ser revisado; es decir si hay que adicionar, suprimir o modificar algo. En cualquier caso, y por principio, se requiere que la revisión tenga trascendencia o relevancia para provocar la alteración del fallo de la sentencia.

c) La manifestación clara de la redacción que debe darse al hecho probado, cuando el sentido de la revisión no sea la de su supresión total.

Por lo que se refiere a la forma de instrumentalizar la revisión:

a) Se limitan doblemente los medios que pongan en evidencia el error del Juzgador; por otra parte, porque en los diversos medios probatorios existentes únicamente puede acudirse a la prueba documental, sea ésta privada -siempre que tenga carácter indubitado- o pública, y a la prueba pericial; por otra parte, porque tales medios de prueba, como corresponde a un recurso extraordinario, sólo pueden obtenerse de los que obran en autos.

b) No basta con que la revisión se base en un documento o pericia, sino que es necesario señalar específicamente el documento objeto de la pretendida revisión.

c) El error ha de evidenciarse simplemente del documento alegado en el que se demuestre su existencia, sin necesidad de que el recurrente realice conjeturas, hipótesis o razonamientos; por ello mismo se impide la inclusión de afirmaciones, valoraciones o juicios críticos sobre la prueba practicada. Esto significa que el error ha de ser evidente; evidencia que ha de destacarse por si misma, superando la valoración conjunta de las pruebas practicadas que haya podido realizar el juzgador a quo.

d) No pueden ser combatidos los hechos probados si éstos han sido obtenidos por el Juez del mismo documento en que la parte pretende amparar el recurso'.

Igualmente solicita se introduzca el siguiente texto, en el hecho probado decimooctavo: 'Que con fecha 20/11/2017 se emite informe facultativo por la Secretaria General del Servicio Canario de Empleo que concluye que, teniendo en cuenta las modalidades contractuales de las que dispone la administración para hacer frente a sus necesidades estructurales, tanto permanentes como temporales, y vista la finalidad de los contratos en prácticas, no parece ser una modalidad de contrato adecuada para que la administración haga frente a sus necesidades, ya que el objetivo primordial del contrato en prácticas no lo constituye la contratación durante un cierto tiempo de un trabajador para el desarrollo de sus funciones en un puesto de trabajo, sino su propia formación práctica. Igualmente señala que las contrataciones que pretende hacerse no se ajustan a la legalidad vigente.'

Se apoya en los documentos 56 a 59 de su ramo de prueba.

Por último interesa se añada al hecho probado decimonoveno el siguiente texto: 'Con fecha 11/5/2018, se emite nuevamente informe facultativo sobre el proyecto de Formación Practica y Empleo de la Comunidad Autónoma de Canarias por el Director General de la Función Pública reafirmándose en el ya emitido de fecha 31/7/2017, añadiendo que, en caso de realizarse, no podrán tener la consideración de contratos laborales ordinarios sino 'sui generis', enmarcados única y exclusivamente en el ámbito de ejecución de las políticas activas de empleo, para prevenir, en la medida de lo posible el desempleo y para la configuración de un funcionamiento más eficiente de los mercados de trabajo, en este caso, dirigido a la adquisición de una experiencia laboral preferentemente para los jóvenes titulados menores de 30 años, sin que en ningún caso pueda producir consecuencias indebidas respecto de futuras vinculaciones contractuales como personal laboral de la Administración Pública Canaria.'

Las tres revisiones han de tener acogida puesto que si bien las mismas no van a afectar a los designios del fallo, es necesario que consten a efectos de un posible últerior recurso.

?SEGUNDO.- Al amparo de lo preceptuado en el apartado c) del art. 193 de la LRJS recurre dicha parte por infracción de los arts. 3, 19 y 22.3 del RD 488/1998, art. 8.2 y 11 del ET y jurisprudencia del Tribunal Supremo en la sentencia de 16 de febrero de 2009. Al mismo tiempo denuncia la vulneración del art. 12 del RD 10/2010 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado de Trabajo. Por último, vulneración por no aplicación del art. 15.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Exponen los recurrentes que en relación con el actor D. Santos, las funciones que le fueron asignadas no son acordes con las prácticas de Licenciado en Derecho ya que se limitó única y exclusivamente durante un año a tramitar subvenciones. Y en relación con la otra demandante Dª Esperanza, las funciones desempeñadas por la misma constituían una práctica ajena al nivel de estudios cursados por ésta que ostenta el título de Técnica Superior en Administración y Finanzas.

El presente tema ha sido resuelto por esta Sala en sentencia de 4 de febrero de 2021, en donde se dice lo siguiente: "El artículo 11.1, en su redacción aplicable establece: 'El contrato de trabajo en prácticas podrá concertarse con quienes estuvieren en posesión de título universitario o de formación profesional de grado medio o superior o títulos oficialmente reconocidos como equivalentes, de acuerdo con las leyes reguladoras del sistema educativo vigente, o de certificado de profesionalidad de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, que habiliten para el ejercicio profesional, dentro de los cinco años, o de siete años cuando el contrato se concierte con un trabajador con discapacidad, siguientes a la terminación de los correspondientes estudios, de acuerdo con las siguientes reglas:

a) El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación cursados. Mediante convenio colectivo de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, en los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior, se podrán determinar los puestos de trabajo o grupos profesionales objeto de este contrato.

b) La duración del contrato no podrá ser inferior a seis meses ni exceder de dos años, dentro de cuyos límites los convenios colectivos de ámbito sectorial estatal o, en su defecto, los convenios colectivos sectoriales de ámbito inferior podrán determinar la duración del contrato, atendiendo a las características del sector y de las prácticas a realizar.

Las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, maternidad, adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante la lactancia y paternidad interrumpirán el cómputo de la duración del contrato.

c) Ningún trabajador podrá estar contratado en prácticas en la misma o distinta empresa por tiempo superior a dos años en virtud de la misma titulación o certificado de profesionalidad.

Tampoco se podrá estar contratado en prácticas en la misma empresa para el mismo puesto de trabajo por tiempo superior a dos años, aunque se trate de distinta titulación o distinto certificado de profesionalidad.

A los efectos de este artículo, los títulos de grado, máster y, en su caso, doctorado, correspondientes a los estudios universitarios no se considerarán la misma titulación, salvo que al ser contratado por primera vez mediante un contrato en prácticas el trabajador estuviera ya en posesión del título superior de que se trate.

d) Salvo lo dispuesto en convenio colectivo, el periodo de prueba no podrá ser superior a un mes para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de título de grado medio o de certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2, ni a dos meses para los contratos en prácticas celebrados con trabajadores que estén en posesión de título de grado superior o de certificado de profesionalidad de nivel 3.

e) La retribución del trabajador será la fijada en convenio colectivo para los trabajadores en prácticas, sin que, en su defecto, pueda ser inferior al sesenta o al setenta y cinco por ciento durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, respectivamente, del salario fijado en convenio para un trabajador que desempeñe el mismo o equivalente puesto de trabajo.

f) Si al término del contrato el trabajador continuase en la empresa no podrá concertarse un nuevo periodo de prueba, computándose la duración de las prácticas a efecto de antigüedad en la empresa.'

El Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos, en su artículo 3, relativo a la forma del contrato, prevé que el contrato de trabajo en prácticas deberá formalizarse siempre por escrito, haciendo constar expresamente la titulación del trabajador, la duración del contrato y el puesto o puestos de trabajo a desempeñar durante las prácticas. El artículo 22. 3 establece que se presumirán por tiempo indefinido los contratos en prácticas y para la formación celebrados en fraude de ley.

El Tribunal Supremo en interpretación de las diferentes normativas reguladoras del contrato de trabajo en prácticas ha señalado que la finalidad esencial que persigue este contrato es formativa, se pretende ante todo que los conocimientos adquiridos con anterioridad por el interesado se apliquen en la práctica, consiguiendo con ello su consolidación y perfeccionamiento, a diferencia del contrato de trabajo para la formación en que los conocimientos se van adquiriendo al tiempo que se va desarrollando la actividad laboral. En el contrato en prácticas lo que se pretende es dar firmeza y sentido práctico a unos conocimientos adquiridos previamente mediante estudios realizados por el interesado antes de comenzar a trabajar ( STS 1 de octubre de 1992), o como indica la STS de 29 de octubre de 1996, la adquisición por el contratado de una práctica profesional que mejore su nivel formativo y su posición en el mercado de trabajo .En sentencias de 20 de diciembre de 2000 y 26 de junio de 2001 se reitera que tiene como finalidad facilitar el ejercicio profesional, para que los conocimientos adquiridos por el trabajador en la obtención del título adquieran una perfección propia con tal ejercicio, pues no se trata únicamente de adquirir experiencia en un trabajo determinado, sino también de que esta experiencia actúe sobre los estudios cursados, y así se persigue proporcionar a los trabajadores que acceden por primera vez al mercado de trabajo una determinada cualificación profesional, proveer de la formación profesional práctica a quienes solamente tienen conocimientos teóricos, que los ha adquirido mediante la obtención de un título habilitante para el ejercicio de determinada profesión, por cuya razón el artículo 11.1, a) del Estatuto de los Trabajadores dispone que el puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados.

Con posterioridad en sentencia de 12 de febrero de 2009 declara nuevamente que su finalidad es contribuir a complementar la formación teórica del trabajador y en el concreto supuesto consideró que una desviación de escasa duración de aquella finalidad, durante dos meses de los 24 de duración , en que se empleó al trabajador en tareas distintas a las pactadas como objeto del contrato, carecía de gravedad suficiente para calificar la contratación como fraudulenta.

La doctrina destaca que la contratación en prácticas ofrece un doble nivel formativo:la puesta en práctica de conocimientos teóricos adquiridos y la obtención por medio del propio contrato de una formación complementaria eminentemente práctica que el trabajador adquiere a través de la relación laboral. Igualmente pone de relieve que los tribunales en la interpretación y aplicación de esta normativa configuran como función esencial de esta modalidad de contratación posibilitar la puesta en práctica efectiva de los conocimientos teóricos adquiridos mediante una formación específica, resultando necesario para la validez de este tipo de contrato que no se produzca la ruptura del nexo causal que constituye la adecuación entre el trabajo ejecutado y la formación adquirida. Igualmente se destaca que en los contratos de trabajo en prácticas, la participación de trabajadores en la empresa con unos conocimientos formativos previamente adquiridos conlleva indudablemente una utilidad de su trabajo para la empresa."

A la vista de lo ya indicado por este Tribunal, cuyo criterio ha sido mantenido en resoluciones posteriores, no se aprecia que en la contratación llevada a cabo exista el fraude de ley pretendido por cuanto las prácticas se correspondieron con el nivel de estudios que tenían los actores, siendo las mismas de contenido jurídico para el demandanate así como también llevadas a cabo por la actora.

En este sentido hay que tener en cuenta que el Decreto 1584/2011, de 4 de noviembre, establece el Título de Técnico Superior en Administración y Finanzas y fijan sus enseñanzas mínimas. En su artículo 5 relaciona las competencias profesionales, personales y sociales de este título, en los términos siguientes:

a) Tramitar documentos o comunicaciones internas o externas en los circuitos de información de la empresa.

b) Elaborar documentos y comunicaciones a partir de órdenes recibidas, información obtenida y/o necesidades detectadas.

c) Detectar necesidades administrativas o de gestión de la empresa de diversos tipos, a partir del análisis de la información disponible y del entorno.

d) Proponer líneas de actuación encaminadas a mejorar la eficiencia de los procesos administrativos en los que interviene.

e) Clasificar, registrar y archivar comunicaciones y documentos según las técnicas apropiadas y los parámetros establecidos en la empresa.

f) Gestionar los procesos de tramitación administrativa empresarial en relación a las áreas comercial, financiera, contable y fiscal, con una visión integradora de las mismas.

g) Realizar la gestión contable y fiscal de la empresa, según los procesos y procedimientos administrativos, aplicando la normativa vigente y en condiciones de seguridad y calidad.

h) Supervisar la gestión de tesorería, la captación de recursos financieros y el estudio de viabilidad de proyectos de inversión, siguiendo las normas y protocolos establecidos.

i) Aplicar los procesos administrativos establecidos en la selección, contratación, formación y desarrollo de los Recursos Humanos, ajustándose a la normativa vigente y a la política empresarial.

j) Organizar y supervisar la gestión administrativa de personal de la empresa, ajustándose a la normativa laboral vigente y a los protocolos establecidos.

k) Realizar la gestión administrativa de los procesos comerciales, llevando a cabo las tareas de documentación y las actividades de negociación con proveedores, y de asesoramiento y relación con el cliente.

l) Atender a los clientes/usuarios en el ámbito administrativo y comercial asegurando los niveles de calidad establecidos y ajustándose a criterios éticos y de imagen de la empresa/institución.

m) Tramitar y realizar la gestión administrativa en la presentación de documentos en diferentes organismos y administraciones públicas, en plazo y forma requeridos.

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, manteniendo actualizados los conocimientos científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su entorno profesional, gestionando su formación y los recursos existentes en el aprendizaje a lo largo de la vida y utilizando las tecnologías de la información y la comunicación.

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingencias con iniciativa y autonomía en el ámbito de su competencia, con creatividad, innovación y espíritu de mejora en el trabajo personal y en el de los miembros del equipo.

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con responsabilidad, supervisando el desarrollo del mismo, manteniendo relaciones fluidas y asumiendo el liderazgo, así como aportando soluciones a los conflictos grupales que se presenten.

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clientes y personas bajo su responsabilidad, utilizando vías eficaces de comunicación, transmitiendo la información o conocimientos adecuados y respetando la autonomía y competencia de las personas que intervienen en el ámbito de su trabajo.

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su trabajo y el de su equipo, supervisando y aplicando los procedimientos de prevención de riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con lo establecido por la normativa y los objetivos de la empresa.

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión de calidad, de accesibilidad universal y de 'diseño para todos', en las actividades profesionales incluidas en los procesos de producción o prestación de servicios.

s) Realizar la gestión básica para la creación y funcionamiento de una pequeña empresa y tener iniciativa en su actividad profesional con sentido de la responsabilidad social.

t) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones derivadas de su actividad profesional, de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, participando activamente en la vida económica, social y cultural.'

En su artículo 7.1, relativo al entorno profesional indica: 'Las personas que obtienen este título ejercen su actividad tanto en grandes como en medianas y pequeñas empresas, en cualquier sector de actividad, particularmente en el sector servicios, así como en las administraciones públicas, desempeñando las tareas administrativas en la gestión y el asesoramiento en las áreas laboral, comercial, contable y fiscal de dichas empresas e instituciones, ofreciendo un servicio y atención a los clientes y ciudadanos, realizando trámites administrativos con las administraciones públicas y gestionando el archivo y las comunicaciones de la empresa'.

De esta manera, poniendo en relación las actividades desarrolladas por los actores con las titulaciones de ambos, se puede comprobar que las tareas realizadas permiten la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados y, en consecuencia, no puede prosperar el motivo en los términos interesados en el escrito.

TERCERO.- Al amparo de lo preceptuado en el art. 193 c) de la LRJS recurren los actores por las infracciones deducidas en el anterior motivo de denuncia juridica , concretamente el artículo 3 y 22.3 del Real Decreto 488/1998, artículo 8.2 y 11 del Estatuto de los Trabajadores, sentencia del Tribunal Supremo de 16 de febrero de 2009. Artículo 12 del Real Decreto 10/2010 de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral y artículo 15.3 del Estatuto de los trabajadores por no aplicación del mismo.

Exponen los recurrentes que en el contrato no se consigna el objeto del mismo, así como las funciones, el puesto de trabajo a desempeñar durante las prácticas y la formación que va a recibir el demandante, por lo que el referido contrato que se llevara a cabo entre las partes está hecho en fraude de ley.

El presente tema ya ha sido analizado por esta Sala en numerosas resoluciones, no solamente en las referidas con anterioridad sino también en la de 11 de febrero de 2021. Así se indica: "VIGÉSIMO PRIMERO.- En segundo lugar, aunque efectivamente el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, por el que se desarrolla el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos formativos, exige en su artículo 3 que el contrato en prácticas se formalice 'siempre por escrito, haciendo constar expresamente la titulación del trabajador, la duración del contrato y el puesto o puestos de trabajo a desempeñar durante las prácticas', la misma norma reglamentaria impone, en su artículo 17.1, la suscripción del contrato con arreglo a un modelo oficial, y en ese modelo oficial el puesto de trabajo no viene identificado por referencia a una concreta plaza, sino por medio de la concreción de la 'profesión' (con lo que se quiere englobar tanto la 'categoría profesional' como las 'ocupaciones funcionales', o cualesquiera otros términos semejantes), el grupo o nivel profesional, y el centro de trabajo, lo que guarda relación con la remisión que el artículo 11.1.a) del Estatuto de los Trabajadores hace a la negociación colectiva a efectos de determinar 'los puestos de trabajo o grupos profesionales' que pueden ser objeto de este contrato. La recurrente no explica cómo, a su parecer, tendría que haberse identificado el 'puesto de trabajo', pero a la vista de la regulación antes mencionada, si el contrato en prácticas identifica la categoría u ocupación profesional, el grupo o nivel profesional en el que se engloba, y el lugar donde han de prestarse los servicios (datos todos ellos que, como la Sala ha comprobado al tener que examinar el contrato de trabajo para resolver los motivos de revisión de hechos, se recogían en este caso), el 'puesto de trabajo' ha de considerarse identificado, en la medida en que con esos tres elementos es posible saber qué es lo que hará o puede hacer el trabajador en prácticas y donde, pues la concreción de las funciones a realizar dentro de las que potencialmente se incluyen en la categoría u ocupación forma parte, en el contrato en prácticas como en cualquier otro contrato de trabajo, de la movilidad funcional simple que puede acordar el empleador por puros criterios de oportunidad.

VIGÉSIMO TERCERO.- Finalmente, como señala el recurrido en su impugnación, ni el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, ni el artículo 3 del Real Decreto 488/1998, ni ningún otro de los preceptos invocados en el recurso, ni la jurisprudencia de aplicación a la vigente normativa reguladora del contrato en prácticas, exigen que se explicite en el contrato escrito cual va a ser la formación que se va a recibir por el trabajador, ni una concreción de las funciones a desempeñar más allá de la identificación del 'puesto o puestos de trabajo' en los términos que se han señalado, ni tampoco que se refleje en el contrato un objeto específico distinto de la finalidad general del contrato en prácticas que se deduce de la normativa reguladora del mismo. Y, desde luego, en el modelo oficial de este tipo de contratos no se recoge ninguno de estos elementos. En consecuencia, de la ausencia de esos elementos en el contrato de trabajo suscrito por la actora no puede deducirse la existencia de fraude de ley alguno o irregularidad de ningún tipo, y, no adoleciendo el contrato de trabajo de vicio formal alguno que permitiera presumir que el mismo incurrió en fraude de ley, el motivo ha de ser desestimado."?

Por lo tanto, dado que el debate planteado es el mismo que el que hoy se estudia y siendo que la Sala no ha cambiado de criterio, al mismo ha de estarse puesto que las cuestiones deducidas por la recurrente en relación con los contratos de los demandantes no pueden prosperar, atendiendo a la doctrina expuesta así como al clausulado del mismo en donde consta el título, la duración y el puesto a desempeñar, ajustándose el mismo a la finalidad perseguida por esta modalidad contractual cual es obtener una práctica profesional adecuada a su nivel de estudios, siendo sus funciones las propias de un titulado superior y no adolecer el contrato de falta de requisitos para que pueda predicarse el fraude de ley que postulan los demandantes.

CUARTO.- En el motivo cuarto de su recurso se viene a indicar igualmente la vulneración de los mismos preceptos, insistiendo en que las tareas realizadas por ambos actores son ajenas a su titulación.

En este sentido ya se ha dicho por esta Sala: "VIGÉSIMO OCTAVO.- Como señala la jurisprudencia en interpretación del artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores ( sentencias de la Sala IV del Tribunal Supremo de 11 de febrero y 2 de julio de 1993, recursos 227 y 2291/1992, entre otras, aunque partiendo de una redacción del artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores distinta de la actual) 'La finalidad esencial que persigue el contrato de trabajo en prácticas es una finalidad formativa, pues con él se pretende, ante todo, que los conocimientos adquiridos con anterioridad por el interesado se apliquen en la práctica, consiguiendo con ello su consolidación y perfeccionamiento'; así como que 'Lo que se persigue con este contrato es proporcionar a los trabajadores que acceden por primera vez al mercado de trabajo una determinada cualificación profesional, es decir, proveer de la formación profesional práctica a quienes solamente tienen conocimientos teóricos, que los ha adquirido mediante la obtención de un título habilitante para el ejercicio de determinada profesión, por cuya razón el artículo 11.1 a) del Estatuto de los Trabajadores dispone que el puesto de trabajo deberá

permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursados' ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 29 de diciembre de 2000, recurso 4464/99), indicándose también que 'la condición esencial de este tipo de contratación excepcional falta si al empresario le consta que el trabajador posee ya los conocimientos prácticos de la tarea que se le encomienda' ( sentencia de la Sala IV del Tribunal Supremo de 15 de marzo de 1996, recurso 3077/1994). Derivado de esta finalidad del contrato formativo, se viene exigiendo que las tareas desempeñadas por el trabajador contratado en prácticas guarden relación con su formación académica y le permita adquirir una experiencia práctica coherente con su nivel de estudios o de formación (y así lo establece expresamente el artículo 11.1.a del Estatuto de los Trabajadores), apreciándose fraude de ley cuando las actividades realizadas son completamente ajenas a la titulación académica que habilita la suscripción del contrato en prácticas.

VIGÉSIMO NOVENO.- Respetándose los requisitos contemplados en el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores y en el Real Decreto 488/1998 sobre el tipo de titulación y plazos para suscribir estos contratos, y la finalidad básica perseguida por el contrato en prácticas (permitir la adquisición de una formación práctica coherente con el nivel de titulación académica que habilita para suscribir el contrato), no puede apreciarse fraude de ley por la circunstancia de que la tareas realizadas en virtud del contrato en prácticas se correspondan con las habituales y permanentes en la empleadora, pues ni el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, ni el Real Decreto 488/1998, de 27 de marzo, que desarrolla la normativa legal, exigen que la actividad de la persona contratada en prácticas presente autonomía, sustantividad, o cualquier nota de temporalidad, con respecto a la actividad ordinaria de la empresa; de hecho, es lógico que se trate de tal actividad habitual y permanente, pues la misma es la más idónea para obtener la formación práctica perseguida con ese contrato formativo.

(...)

TRIGÉSIMO PRIMERO.- Sin embargo, la Ley 10/1994, de 19 de mayo, modificó el artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, estableciendo la redacción actualmente vigente del artículo 11.1.a), y lo hizo suprimiendo toda referencia al 'perfeccionamiento de los conocimientos' o 'adaptación de los mismos', para pasar a decir, simplemente, que 'El puesto de trabajo deberá permitir la obtención de la práctica profesional adecuada al nivel de estudios o de formación cursados'. Tal modificación se hizo, según la exposición de motivos de la citada Ley 10/1994, para facilitar la inserción laboral de los jóvenes, cuya falta de formación específica o experiencia laboral se estimaba que constituía el principal para su acceso al empleo. Con la redacción que se dio desde entonces al artículo 11.1.a) del Estatuto de los Trabajadores es evidente que la vinculación con la práctica profesional lo es solamente al 'nivel de estudios o de formación cursados', y no a la concreta 'materia de estudios o de formación cursados', lo que se confirma si se observa la regulación del apartado c) del artículo 11.1 del Estatuto de los Trabajadores, que permite la celebración de distintos contratos en prácticas cada vez que el trabajador obtiene un título superior al que ostentaba antes (grado, master o doctorado), pero no cuando al suscribir un contrato al amparo de un título inferior el interesado ya estuviera en posesión del título superior de que se tratase; y todo ello con independencia de si las titulaciones son en la misma o diferente materia.

TRIGÉSIMO SEGUNDO.- Con la vigente redacción del artículo 11.1.a) del Estatuto de los Trabajadores puede suscribirse el contrato de trabajo en prácticas en aquellas empresas o sectores de actividad en los que los puestos de trabajo u ocupaciones vienen determinadas por un concreto nivel de formación académica del trabajador, y no por la concreta materia sobre la que versó esa formación; también se atiende a la realidad de que la salida profesional de numerosas carreras universitarias sería limitadísima si el titulado universitario hubiera de trabajar solo y exclusivamente sobre la concreta materia teórica que estudió, y la posibilidad de acudir al contrato de trabajo en prácticas se vería muy restringida, frustrando las finalidades generales que justifican este tipo de contrato. Y, en particular, en el ámbito de las administraciones públicas, entre las que se engloba el Servicio Canario de Empleo, en la mayoría de los puestos de trabajo de titulado superior universitario que realizan tareas administrativas, para acceder a los mismos no se exige una titulación en una materia concreta, sino una titulación universitaria superior en general y los conocimientos y competencias generales que puedan estar asociados a ese nivel de estudios.

TRIGÉSIMO TERCERO.- A la vista de lo que se acaba de exponer, si el contrato de trabajo en prácticas suscrito por la demandante tenía por objeto desempeñar un puesto de titulado superior, para ocupar el cual el demandado, con carácter general (y desde el único punto de vista de la formación académica), solamente exige estar en posesión de un título universitario superior (grado, licenciatura, etc...), y no de una titulación en una materia específica, y las funciones desempeñadas se correspondían con las propias de un puesto de titulado superior, el contrato en prácticas era válido y no puede considerarse suscrito en fraude de ley, pues el desempeño de un puesto de titulado superior permitiría a la demandante obtener una práctica profesional adecuada al nivel de estudios cursado (en este caso, licenciatura), en la medida en que para el desempeño de ese trabajo ha tenido que poner en práctica los conocimientos genéricos adquiridos con el nivel de formación universitaria. Siendo por ello irrelevante que en la actividad no fuera necesario poner continuamente en práctica conocimientos en materia económica, aunque, por lo que resulta del hecho probado 12º, algunos de esos conocimientos los tuvo que aplicar necesariamente, cuando realizaba tareas como comparación de bases reguladoras o revisión de documentación técnica y contable, o de los informes de auditorías, de las entidades beneficiarias, pues las funciones de la demandante estaban relacionadas con la tramitación de subvenciones, de ahí que tuviera acceso al aplicativo para esas subvenciones. Y también es irrelevante que las personas que actuaron como tutoras de la demandante fueran licenciadas en filosofía y no impartieran formación económica a la demandante, y ello porque, como alega el Servicio Canario de Empleo en su recurso, la figura del tutor no era preceptiva, pero, sobre todo, porque la formación que debía recibir la demandante no era teórica, sino práctica, y por poca economía que pudieran saber las tutoras, por el tiempo que llevaban prestando servicios para el demandado sí que podían dar formación práctica a la demandante sobre el funcionamiento del servicio de empleo en general y sobre el puesto de trabajo de titulado superior en particular."

Por lo tanto, la respuesta a lo planteado por la parte viene recogido en los criterios expuestos, sin que la Sala se aparte de ellos y que ha venido plasmando en muchas resoluciones planteadas por trabajadores contra el Servicio Canario de Empleo para casos iguales, luego, el motivo ha de decaer porque, en definitiva, las tareas del puesto le han permitido al actor la obtención de la prácica profesional adecuada al nivel de estudios cursados, cumpliéndose por lo tanto con las previsiones de esta modalidad contractual, cumpliendo el contrato tanto con los requisitos de forma como de fondo sin que se hayan vulnerado el artículo 11 del estatuto de los Trabajadores así como tampoco los preceptos que refiere del Real Decreto 488/1998 y todo ello atendiendo al relato fáctico y asumiendo la doctrina referida con anterioridad.

QUINTO.- Por último, recurre dicha parte al amparo del apartado c) del art. 193 de la LRJS por infracción del arts. 51 del ET y 122 b) y 124.11 de la LRJS.

Este tema también ha sido planteado en el mismo sentido en las tres resoluciones a las que hemos hecho referencia y se ha de acoger en esta resolución dicho criterio. En la de 4 de febrero de 2021 se indica: "TERCERO.- El recurso denuncia la infracción de los artículos 122.b y 124.11LRJS, del artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores. Alega que se procedió al despido de 150 trabajadores y debió tramitarse un despido colectivo al superarse el umbral de los 30 despidos, por lo que debe estimarse la pretensión de despido nulo. En el presente caso no se han producido las vulneraciones denunciadas en el recurso, pues no nos encontramos ni siquiera ante un despido individual, pues el cese cuestionado se trata de la regular finalización de un contrato temporal, de conformidad con lo establecido en el artículo 49.1 c del Estatuto de los Trabajadores, que tampoco se tendría en cuenta para el cálculo del número de extinciones conforme al artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores.

El Tribunal Supremo ha señalado que el despido colectivo puede producirse al margen de que la empresa utilice el procedimiento del art. 51ET (despido colectivo irregular) o que, incluso, se oculte su carácter colectivo (despido colectivo de hecho); y en tales supuestos la decisión empresarial puede ser impugnada por la vía del artículo 124 de la LRJS. Sin embargo, cuando la demanda se construye sobre unas afirmaciones no meramente fácticas, las que se refieren a la existencia de la comunicación empresarial de cese de un determinado número de trabajadores, sino sobre una calificación jurídica como el fraude de ley en la contratación y la inexistencia de justificación de la terminación de los contratos, que necesariamente individualiza la situación de los trabajadores y hace necesarios unos pronunciamientos previos que no pueden ser incluidos en el objeto del proceso regulado en el artículo 124, no cabe la acción de despido colectivo del artículo 124 de la LRJS pues es necesario descender a las particulares y singulares circunstancias de cada uno de los contratos temporales rescindidos por la empresa para establecer si son contrarios a derecho y debieran en consecuencia considerarse como extinciones computables a los efectos delartículo 51 del ET( SSTS de 22 de diciembre de 2016 y 22 de noviembre de 2018).

El Tribunal Supremo, con ocasión de procedimientos individuales de cese de contrato aparentemente temporal que carezca de causa de temporalidad que lo justifique, o de cese producido con anterioridad a que sobrevenga la causa válida de terminación,si se superan los parámetros numéricos delimitadores del despido colectivo ha declarado la nulidad de las extinciones contractuales llevadas a cabo por el empresario sin seguir los trámites preceptivos del artículo 51ET ( SSTS de de 3 y 8 de julio de 2012). Sin embargo, en este caso como ya se ha expuesto no concurre el primer presupuesto una extinción unilateralmente acordada por el empresario carente de justificación, por lo cual es preciso desestimar íntegramente el recurso."

Por todo ello, el recurso de suplicación ha de desestimarse, confirmando la sentencia de instancia.

Fallo

?Desestimamos el recurso de suplicación interpuesto por D./Dña. Santos y Esperanza contra la Sentencia 000289/2020 de 28 de septiembre de 2020 dictada por el Juzgado de lo Social Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife sobre Despido, la cual confirmamos íntegramente.

Devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social Nº 1 de Santa Cruz de Tenerife, con testimonio de la presente una vez notificada y firme a las partes.

ADVERTENCIAS LEGALES

Contra esta sentencia cabe Recurso de Casación para Unificación de doctrina, que se preparará por las partes o el Ministerio Fiscal por escrito ante esta Sala de lo Social dentro de los DIEZ DÍAS siguientes a la notificación de la sentencia de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 220 y 221 de la Ley 36/2011 de 11 de Octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.

Para su admisión será indispensable que todo recurrente que no tenga la condición de trabajador o causahabiente suyo, o beneficiario del régimen público de la Seguridad Social, y no goce del beneficio de justicia gratuita efectúe, dentro del plazo de preparación del recurso, el depósito de 600 € previsto en el artículo 229, con las excepciones previstas en el párrafo 4º, así como así como el importe de la condena, dentro del mismo plazo, según lo previsto en el artículo 230, presentando los correspondientes resguardos acreditativos de haberse ingresado en el BANCO DE SANTANDER c/c ?Tenerife nº 3777/0000/66/ el nº de expediente compuesto por cuatro dígitos, y los dos últimos dígitos del año al que corresponde el expediente pudiéndose sustituir dicha consignación en metálico por el aseguramiento mediante aval bancario en el que se hará constar la responsabilidad solidaria del avalista, y que habrá de aportarse en el mismo plazo. Si la condena consistiere en constituir el capital-coste de una pensión de Seguridad Social, el ingreso de éste habrá de hacerlo en la Tesorería General de la Seguridad Social.

Para el supuesto de ingreso por transferencia bancaria, deberá realizarse la misma al siguiente número de cuenta:

IBAN ES55 0049 3569 9200 0500 1274

Consignándose en el campo Beneficiario la Cuenta de la Sala y en Observaciones o Concepto de la Transferencia los 16 dígitos que corresponden al procedimiento.

Notifíquese la Sentencia a la Fiscalía de este Tribunal y líbrese testimonio para su unión al rollo de su razón, incorporándose original al Libro de Sentencias.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.