Sentencia SOCIAL Nº 526/2019, Juzgado de lo Social - León, Sección 2, Rec 250/2019 de 17 de Julio de 2019

Encabezamiento

JDO. DE LO SOCIAL N. 2

LEON

SENTENCIA: 00526/2019

UNIDAD PROCESAL DE APOYO DIRECTO

AVDA. SAENZ DE MIERA, 6

Tfno:

Fax:

Correo Electrónico:

Equipo/usuario: JPF

NIG:24089 44 4 2019 0000744

Modelo: N02700

DSP DESPIDO/CESES EN GENERAL 0000250 /2019

Procedimiento origen: /

Sobre: DESPIDO

DEMANDANTE/S D/ña: Aurelia

ABOGADO/A:RAUL MARTÍNEZ TURRERO

PROCURADOR:

GRADUADO/A SOCIAL:

DEMANDADO/S D/ña:FUNDACION SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEON, FONDO DE GARANTIA SALARIAL

ABOGADO/A:LETRADO DE LA COMUNIDAD, LETRADO DE FOGASA

PROCURADOR:,

GRADUADO/A SOCIAL:,

SENTENCIA NÚM. 526/2019

En León, a 17 de julio de 2019.

Vistos por el Magistrado-Juez del Juzgado de lo Social nº 2 de los de León, Angel Sorando Pinilla, el juicio de la modalidad procesal: capítulo II sección 1.ª, promovido en materia de: DESPIDO / DERECHOS FUNDAMENTALES, a instancias de, comodemandante, Aurelia , representado/a y defendido/a por Letrada/o RAÚL MARTÍNEZ TURRERO, frente, comodemandadas,

a la empresa FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN, representada y defendida por Letrada/o de la Junta.

FOGASA, representado y defendido por su Letrada/o.

FISCALIA.

Antecedentes

Primero.-Con fecha 19/03/2019 se presentó en el Decanato de los Juzgados, la demanda suscrita por Aurelia , que correspondió por turno de reparto a este Juzgado de lo Social, y en la que después de alegar los hechos y fundamentos que estimó pertinentes a su derecho, terminó solicitando se dictase sentencia de conformidad con los pedimentos contenidos en el suplico de su demanda.

Segundo.-Admitida la demanda a trámite, por el SCOP-SOCIAL se señaló día y hora para la celebración de los actos de conciliación y/o juicio, celebrándose el día 19/6/2019, y por exceso de documentación el 03/07/19 para testificales e informes, compareciendo las defensas de las partes: Aurelia , FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN, abogados: RAÚL MARTÍNEZ TURRERO, LETRADA DE LA JUNTA, FOGASA, FISCALIA.

Abierto el juicio, la parte actora se afirmó y ratificó en su demanda. La parte demandada compareciente FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN contestó a la demanda, oponiéndose al fondo y excepcionando falta de jurisdicción.

FOGASA y FISCALIA: a lo que resulte de la prueba; consideran que no es competencia de la jurisdicción laboral, si bien FISCALIA rectifica en fase de informe.

Practicándos e las pruebas propuestas y admitidas, y solicitándose en conclusiones sentencia de conformidad a sus pretensiones, quedando los autos a la vista para dictar sentencia.

Tercero.-En la tramitación de este procedimiento se han observado las prescripciones legales, salvo plazos, por la complejidad del asunto y número de señalamientos que tiene el juzgado.

Hechos

1º.- Aurelia , mayor de edad, DNI núm. NUM000 , está en alta en el RETA desde 1 2 2007.

2º.-Ha venido prestando servicios de prensa desde 11 de diciembre de 2006 para la empresa FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN, CIF G47463823.

3º.- La contratación inicial del servicio de comunicación y prensa se hizo por el sistema de presentación de presupuestos, tras solicitud a tres profesionales del área, siendo el de la actora el más ajustado en precio. Con posterioridad se contrató directamente el servicio de comunicación y prensa, a través de una sociedad o comunidad llamada 'COMUNICATECA' y luego como persona física. Posteriormente se volvió al sistema de presentación de presupuestos y luego al de adjudicación directa y de nuevo al de presupuestos.

4º- FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN fue constituida en el año 2000 como Fundación Pública por la Comunidad Autónoma, dedicada a la actividad de promoción cultural y turística y que entre otros equipamientos gestiona el MUSAC.

5º.-Categoría profesional:Grupo profesional 1 /Técnico-Licenciado.

6º.-Cantidades cobradas:

En el año 2011: 14.890,92 E, (incluye IVA).

En el año 2012: 30.369,40 €, (incluye IVA).

En el año 2013: 29.513,86 E, (incluye IVA).

En el año 2014: 29.938,49 €, (incluye IVA).

En el año 2015: 30.366,99 €, (incluye IVA).

En el año 2016: 31.373,71 €, (incluye IVA).

En el año 2017: 31.269,72 €, (incluye IVA).

En el año 2018: 23.452,24 €, (incluye IVA).

7º.-Lugar de trabajo:Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León(MUSAC) sito en la localidad de León.

8º.-Modalidad del contrato: arrendamiento de servicios.

9º.-Duración del contrato: un año.

10º.-Jornada: no establecida jornada ni horario.

11º.-Características particulares, si las hubiere, del trabajo que se realizaba:

A- Siempre ha ejercido sus funciones en la sede del MUSAC.

B- Hace uso de ordenador, correo electrónico, material y demás herramientas de trabajo cedidas por la empresa.

C- Vacaciones y licencias: no se ha acreditado que fuera la Fundación quien decidiera las fechas.

D- Órdenes: recibía pautas, directrices y órdenes directamente del director.

E- Facturación: ha ido variando, normalmente no se ajustaba a cantidades fijas mensuales, sino que era de tipo mixto, facturaba unas cantidades periódicas más o menos similares y también emitía facturas por trabajos concretos.

F- En el periodo en que el contrato se desarrolló a través de COMUNICATECA SC, tenía una empleada.

12º-.Fecha: 12 de febrero de 2019.

13º.-Forma: correo electrónico.

14º.-Causas invocadas para el mismo, en su caso, en resumen: fin de plazo de ejecución.

15º.- Hechos acreditados en relación con dichas causas: se ha acreditado.

16º.-No ostenta o ha ostentado en el año anterior al despido, la condición de delegado de personal, miembro del comité de empresa o delegado sindical.

17º.-Otras circunstancias relevantes para la declaración de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opción derivada, en su caso: había presentado una demanda reclamando el reconocimiento de laboralidad en mayo del año anterior.

18º.-Presentada papeleta de conciliación en fecha 3 de mayo de 2018 se intentó la preceptiva conciliación ante el servicio de mediación en fecha 18 de mayo de 2018 concluyendo la misma con el resultado de sin avenencia.

Fundamentos

PRIMERO.-La parte actora solicita que se declare la nulidad, y subsidiariamente la improcedencia de despido y condene a la empresa demandada a la readmisión, con abono de salarios de tramitación y subsidiariamente a indemnizarle en 6.250 €, aunque luego dice 5.200,36 €- en concepto de liquidación. Alega que había demandado a la empresa para que se declarase la existencia de relación laboral indefinida y el despido es represalia por ello, se ha efectuado en abierta violación del derecho a la igualdad del demandante ( artículo 14 de la Constitución Española ) y de su derecho a la tutela judicial efectiva -garantía de indemnidad; junto a otro trabajador despedido en la misma fecha tras haber demandado también a la empresa, y por tanto, en sus mismas condiciones, fue la única trabajadora despedida. Acumula acción de derechos fundamentales y acción de reclamación de salarios debidos por importe de 4.219,16 euros por los salarios devengados desde el 1 de enero de 2019 hasta la fecha de despido y costas. En el juicio aclara que la indemnización que reclama por 6.250 € es por vulneración de derechos fundamentales.

Por su parte la Fundación demandada se ha opuesto a tal pretensión alegando: que no es una relación laboral, sino de arrendamiento de servicios, que el primer contrato fue en 1 2 2007, que se trata de contratos mercantiles por un año, que existe libertad de actuación y no sujeción a horario y factura los servicios, luego se hicieron otros contratos a través de la sociedad Comunicateca SC y de nuevo con ella, emitiendo siempre facturas por los servicios; expresamente se indicaba que se trataba de autónoma y realizaba servicios de prensa, se trataba de contrato de arrendamiento de servicios, no existe en plantilla el puesto que solicita; no hay dependencia laboral, no hay horario, ni vacaciones ni permisos, ni se ha producido despido alguno, sino conclusión del contrato; se ha vuelto a licitar el servicio y se le ha vuelto a adjudicar a ella; los pagos siempre se han hecho contra factura; no hay laboralidad, hay concurrencia de otras empresas; no ha existido represalia alguna, se le ha vuelto a adjudicar a ella el servicio, simplemente la ley de contratos del sector público ha introducido modificaciones en la contratación, ahora no cabe como contrato menor. En cuanto a la alegación de falta de pago dice que facturó enero, febrero no lo ha facturado aún. En cuanto al salario diario dice que sería 80,82 € y no puede incluir el IVA, o subsidiariamente conforme al convenio colectivo 82,43 día y la antigüedad 12 2 2018. Subsidiariamente el contrato solo podría ser de indefinida no fija, pues se trata de sector público. También alega falta de acción por satisfacción extraprocesal, diciendo que ha vuelto a ser contratada.

SEGUNDO.- Jurisdicción y competencia .- Se cuestiona la jurisdicción y competencia de los Juzgados de lo Social, alegando que realmente estaríamos ante un arrendamiento de servicios y no un contrato laboral.

La jurisdicción y competencia para conocer de un asunto la determinan los hechos planteados en la demanda. En la demanda se plantea una relación laboral y ello determina la competencia de la jurisdicción social conforme establece el art. 2 LJS.

El que luego de la prueba pueda resultar no acreditada la existencia de relación laboral y la sentencia termine siendo desestimatoria, no impide que la jurisdicción competente para conocer de esta demanda siga siendo la social, desde el momento en que la pretensión planteada en la misma era laboral.

TERCERO.-Moti vación fáctica: prueba .- los hechos probados de esta sentencia, se han deducido de los siguientes elementos de convicción:

En el presente caso son controvertidos los siguientes hechos:

Hecho 1 (servicios), pues la demandada alega que se trataba de un arrendamiento de servicios prestado por un autónomo y no de un contrato laboral; en cambio la parte actora sostiene que se trata de falso autónomo y que los servicios que prestaba eran dentro del ámbito de organización y control de la empresa.

Es el centro de la discusión. La prueba es contradictoria. De doc. 1 (historia laboral) resulta que desde 2007 siempre ha estado de alta en el RETA.

Federico testifica que Aurelia está trabajando en el museo de forma continuada desde que entró hasta que la despidieron y siempre ha hecho las mismas funciones con independencia de que facturara por Comunicateca o como autónoma, que a parte del personal que trabajaba en el museo le hicieron contratos laborales pero a otros no, que Aurelia tenia mesa y ordenador de la empresa fijos y ahora la han vuelto a contratar y ha ido al mismo puesto, y que el material que ha venido utilizando lo ponía la fundación y la convocaban a las reuniones como a todos y que todos tienen horarios flexibles y permisos flexibles lo mismo que Aurelia y que tanto ella como Heraclio fueron cesados a raíz de que presentaran una demanda pidiendo que los hicieran laborales, y que había otros dos en la misma situación ( Indalecio y Isidoro ) pero ellos no demandaron; añade que Aurelia también llevaba el plan museológico, ciclos y conferencias y también era tutora de becarios.

Rita testifica que Aurelia está trabajando en el museo de forma continuada desde que entró en 2006 hasta febrero de 2019, siempre en el mismo puesto fijo y trabajando con material de la fundación y que las vacaciones las hace igual que el resto, no se autorizan, solo se comunican, y que se sabía que Aurelia y Heraclio habían presentado demanda y el director les dijo que terminaban en enero, aunque luego dio contraorden y que Aurelia ha vuelto hace unos día al mismo puesto e idénticas condiciones y que sabe que no hubo más candidatos.

Vicenta testifica que Aurelia está trabajando en el museo de forma continuada desde que entró en 2006 hasta febrero de 2019 sin interrupciones y siempre en el mismo puesto fijo igual que el resto, con material de la fundación igual que todos, que asiste a las reuniones como todos y le dan directrices igual que al resto, y lleva además marketing y publicidad y fue tutora de becarios; dice que las vacaciones se comunican por un impreso y por Google y se aprueban por el Google calendar.

Hecho 2 (antigüedad), también es controvertido, pues según la demanda sería desde el primer contrato en 2006 y según la empresa solo admitiría desde el último contrato y además dice que el primer contrato no fue de 2006 sino de 1 2 2007. Se aporta como doc. 2 correo electrónico, que ha sido adverado como autentico por los testigos, en que la demandante se presentaba al resto de trabajadores del MUSAC en 11-12-2006 y demuestra que en esa fecha ya tenía cuenta de correo electrónico de empresa ( DIRECCION000 ) y doc 41 acta de manifestaciones de quien entonces era director y dice que se incorporó al MUSAC en diciembre de 2006.

Hecho 3º (contratación) de la prueba de la fundación, pdf 50, pag. 28.

Hecho 4 (carácter público) no es controvertido.

Hecho 5 (categoría), también es controvertido, pues en la demanda se dice que trabaja en la categoría de jefe de departamento, y la empresa dice que esa categoría no existe, que en todo caso la categoría sería técnico grupo I. En el convenio colectivo (BOCYL 23-7-2015) la clasificación profesional se articula en grupos, estando en el grupo 1 los titulados, técnicos, músicos.

Hecho 6 (ingresos), también es controvertido, pues en la demanda se pretende que es 29600 anuales más IVA lo que da 35816, o 98,12€ día, y en cambio la empresa dice que no se debería incluir el IVA, y que según el convenio colectivo el salario de técnico grupo I sería 82,43 € día. Resultan de doc. 5 de actora y 1 de la fundación.

Hecho 7 (lugar de trabajo), no es controvertido que trabaja en el MUSAC (Museo de Arte Contemporáneo de Castilla y León).

Hecho 8 (modalidad del contrato), también es controvertido. Los contratos aportados por ambas partes indican que se trata de arrendamiento de servicios (doc. 3 de actora y 7 de fundación).

Hecho 9 (duración del contrato), también es controvertido, la empresa alega que son contratos de un año y terminaba en febrero 2019, y la demandante que sería indefinido fijo. La empresa subsidiariamente alega que sería indefinido no fijo, pues la fundación forma parte del sector público. Es un tema jurídico, no de hechos.

Hecho 10º (jornada), también es controvertido, pero no se concreta horarios ni consta que existan. En este caso lo que se alega es que también el resto de personal tiene un horario flexible por la naturaleza del trabajo que se hace.

Hecho 11º.

A (lugar) no controvertido.

B (ordenador..) no controvertido.

C (Vacaciones y licencias): no se ha acreditado que fuera la Fundación quien decidiera las fechas.

D (Órdenes) de doc 41.

E Facturación: f.12 y f 20 ss prueba empresa.

F (existencia de empleada) (doc 6).

Hecho 12º (Fecha del despido), no es controvertida la fecha, pero sí si se trató o no de despido.

Hecho 13º (forma del despido), en la demanda se dice que fue verbal, por parte del director general de la fundación en presencia del director del MUSAC el día 23 de enero y con fecha 31 de enero, pero el 30 le comunicaron verbalmente que siguiera hasta el 12 2 19. La demandada en cambio dice que se hizo por correo electrónico (doc.5).

Hecho 14º.- (causas invocadas) de doc.5.

Hecho 15º.- no controvertido que esa era la fecha final del contrato.

Hecho 16º.-no controvertido.

Hecho 17º.-(demanda) no controvertido.

Hecho 18º.- (conciliación) del certificado acompañado con la demanda.

CUARTO.-Se excepciona falta de acción y satisfacción extraprocesal, alegando que ha vuelto a ser contratada.

En los casos en que tras una extinción contractual se vuelve a contratar, suele alegarse la satisfacción extraprocesal, alegando que no puede producirse uno de los efectos de la estimación del despido, esto es la readmisión, puesto que ya está trabajando de nuevo.

Sin embargo, no puede considerarse que la empresa haya dado satisfacción extraprocesal a las pretensiones de la demandante, pues esta no reclamaba que le hicieran un contrato civil, sino que le reconocieran el carácter laboral de su relación y le reconocieran la antigüedad desde que comenzó a trabajar en la empresa, y ninguna de estas pretensiones ha sido satisfecha.

QUINTO.-La discusión fundamental se centra en si la relación de prestación de servicios de prensa que efectúa la demandante como trabajadora autónoma es o no realmente una relación laboral.

El Art 1 del Estatuto de los trabajadores dice que es de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario. Y el punto 3 dice: Se excluyen del ámbito regulado por esta ley: f) La actividad de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios, siempre que queden personalmente obligados a responder del buen fin de la operación asumiendo el riesgo y ventura de la misma.

Una vez más se alega que estamos ante la figura del falso autónomo.

Hay que partir de que la diferencia entre un contrato laboral y un arrendamiento de servicios civil es difusa, no en vano éste fue el antecedente histórico del otro y en definitiva ambos son contratos en los que se presta un trabajo a cambio de una remuneración. Ha complicado aún más la cuestión la existencia de los llamados TRADE (trabajadores autónomos económicamente dependientes).

Para diferenciar uno de otro, la jurisprudencia ordena fijarse no tanto en la denominación que se le dé o lo que se diga en el contrato, sino en detalles y circunstancias reales tales como si existe o no dependencia o dirección o si por el contrario el que presta el servicio asume riesgo. Así se pone el énfasis en las notas de ajenidad y dependencia.

La ajenidad se centra en el tema de la retribución y cesión anticipada de los frutos del trabajo a la empresa y correlativa percepción del salario con independencia del resultado de la actividad y de que produzca o no beneficios y la retribución periódica y de forma prefijada y no por resultados o negociable.

Y la dependencia se centra la forma de prestación del servicio, que en el caso de la relación laboral se presta normalmente en el centro de trabajo proporcionado por la empresa, al cual hay obligación de acudir, al sometimiento a un horario, el desempeño del trabajo de modo personal y no a través de otras personas, la sustitución del trabajador por otros a cuenta de la empresa en caso de bajas o licencias, el sometimiento del trabajador al ámbito de organización de la empresa y la necesidad de seguir sus instrucciones sin libertad de actuación para conseguir objetivos, la obligación de cumplir los tiempos y condiciones fijados por la empresa y los precios o tarifas que fija ésta, la exclusividad en la prestación del servicio solo a una empresa o los clientes que esta empresa diga.

En cambio, en casos de relación no laboral existe una organización empresarial por parte del autónomo, el cual a su vez puede tener empleados, el precio del servicio va en función del trabajo que se realice o se fija por acuerdo de ambas partes y el que presta el servicio asume un riesgo en función de cómo haga su trabajo y normalmente se abona de una vez o al menos de forma fija y no periódica.

SEXTO.-Nuestro ordenamiento jurídico no contiene ninguna prohibición general que impida al empresario recurrir a la contratación externa para integrar su actividad productiva, lo que supone -con carácter general- que la denominada descentralización productiva es lícita, con independencia de las cautelas legales e interpretativas que son necesarias para evitar que por esta vía puedan vulnerarse derechos de los trabajadores.

Mediante la lícita descentralización productiva, la empresa principal puede atribuir a una empresa contratista la realización de una parte de su actividad, siempre que sea suficientemente diferenciada.

En la medida en que esta diferenciación sea inexistente, dependiendo de la principal la organización y control del trabajo de la aparente contratista, la contrata se habrá desnaturalizado y trastocado en simple provisión de mano de obra y estaríamos realmente ante una relación laboral y no ante una contratación externa.

SEPTIMO.-En el presente caso las características particulares del trabajo que desarrolla la demandante son, según la prueba practicada las siguientes:

El informe de la inspección de trabajo (doc. 46) nada sustancial aporta, se limita a indicar que esta de alta en el RETA, que presta servicios para la fundación en el departamento de comunicación y prensa siendo la única persona allí y dice que las órdenes las recibe directamente dl director del MUSAC, pero no concreta más; constata que hay demanda y se remite al juicio.

La ingente cantidad de documentación aportada dificulta más que facilitar la prueba, pero de la misma se desprende:

La contratación inicial del servicio de comunicación y prensa se hizo por el sistema de presentación de presupuestos, tras solicitud a tres profesionales del área, siendo el de la actora el más ajustado en precio.

Con posterioridad se contrató directamente el servicio de comunicación y prensa, a través de una sociedad o comunidad llamada 'COMUNICATECA' y luego como persona física.

Posteriormente se volvió al sistema de presentación de presupuestos y luego al de adjudicación directa y de nuevo al de presupuestos.

El contrato posterior al que es objeto de este juicio se ha tramitado conforme a la nueva normativa de contratos del sector público, con licitación.

Siempre la adjudicataria fue la demandante por ser la que hizo la oferta más ajustada.

En los contratos firmados se dice que se trata de contrato civil y que los servicios los llevará a cabo de forma independiente, por sus propios medios y en el ámbito de su propia organización, sin sujeción a horario, y con libertad de actuación, aunque en el propio contrato se prevé que tendrá un espacio en el MUSAC. Expresamente se dice que no tiene carácter laboral.

De la propia documentación aportada por la demandante resulta que en el periodo en que el contrato se desarrolló a través de una persona jurídica, esta llegó a tener alguna empleada, distinta a ella misma (doc 6), de los correos y las facturas parece que se incluía en la facturación el costo de la contratación de esa auxiliar.

Siempre ha ejercido sus funciones en la sede del MUSAC.

Hace uso de ordenador, correo electrónico, material y demás herramientas de trabajo cedidas por la empresa.

No se ha acreditado que la trabajadora haya prestado servicios en el mismo tiempo para otras empresas.

Vacaciones y licencias: no se ha acreditado que fuera la Fundación quien decidiera las fechas. Los correos sobre vacaciones no dejan de ser más que una circular recordatoria. Más chocante es el que pregunta si van a hacer huelga, pero debe tenerse en cuenta que el 29 3 2012 estaba convocada una huelga general a nivel nacional.

Horario: no se ha acreditado que estuviera sometida a horario, el correo que se aporta parece una circular sobre horarios de verano que es de suponer se envió a todos y no significa que estuviera sometida a un horario.

No se ha acreditado que la actora recibiera órdenes o instrucciones a través de ningún superior jerárquico fuera del propio director del museo. El acta de manifestaciones del que fue director del museo hasta principios de 2013 (doc. 41) indica que recibía pautas, directrices y órdenes directamente del director.

Facturación: ha ido variando, normalmente no se ajustaba a cantidades fijas mensuales, sino que era de tipo mixto, facturaba unas cantidades periódicas más o menos similares y también emitía facturas por trabajos concretos. Así resulta del f.12 y 20 ss de prueba empresa.

Del conjunto de estas circunstancias debe concluirse que, aunque hay datos que permitirían hablar de que realmente estaríamos ante una relación laboral, como es el lugar de trabajo y los medios materiales, otros en cambio son totalmente incompatibles con las características de una relación laboral, en concreto el sistema de contratación por concurrencia, la forma de facturar en parte por trabajos concretos y sobre todo el hecho de tener a su vez empleados.

OCTAVO. -En consecuencia, no habiéndose acreditado que estemos ante una relación laboral, tampoco cabe hablar de despido. El último contrato anterior a esta demanda tenía una duración prefijada hasta 12 febrero de 2019, que es cuando se terminó.

NOVENO.-Se invoca la vulneración de derechos fundamentales, en concreto el de garantía de indemnidad, pero no se ha acreditado que la finalización del contrato fuera una represalia por haber presentado una demanda. Es cierto que había presentado demanda, pero en mayo de 2018, sin que pese a ello la despidieran, sino que terminaron el periodo del contrato. Y además no se niega que actualmente volvieron a contratarla.

DECIMO.-También se acumula una acción de reclamación de salarios por importe de 4.219,16 euros por los salarios devengados desde el 1 de enero de 2019. La fundación excepciona pago, indicando que el mes de enero sí que lo facturó y respecto a los restantes días dice que no ha presentado factura.

En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que este es un procedimiento sumario en el que no cabe discutir diferencias salariales o deudas. Si bien el art. 26 3 LJS establece que el trabajador podrá acumular a la acción de despido la reclamación de la liquidación de las cantidades adeudadas hasta esa fecha, a continuación, añade: 'conforme al apartado 2 del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores ', el cual hace referencia a que se acompañe propuesta de documento de liquidación de las cantidades adeudadas. En el presente caso no consta que exista tal finiquito ni acuerdo sobre el mismo. El mismo art. Indica que si por la especial complejidad de los conceptos reclamados se pudiesen derivar demoras excesivas al proceso por despido, el juzgado podrá disponer que se tramiten en procesos separados las pretensiones de despido y cantidad.

Vistos los preceptos legales citados y demás de general aplicación,

Fallo

Se desestima la demanda interpuesta por Aurelia contra FUNDACIÓN SIGLO PARA EL TURISMO Y LAS ARTES DE CASTILLA Y LEÓN.

Notifíquese a las partes la presente resolución, indicándoseles que no es firme; contra la misma cabe interponer Recurso de Suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia anunciándolo ante este Juzgado de lo Social en el plazo de cinco días hábiles siguientes a la notificación de la presente sentencia; el recurrente deberá designar Letrado o graduado social para la tramitación del recurso; el recurrente que no fuera trabajador o beneficiario del Régimen público de Seguridad Social, o causahabiente suyos, o no tenga reconocido el beneficio de justicia gratuita, deberá depositar la cantidad de 300 euros en banco Santander Cuenta de Depósitos y Consignaciones2131/0000/66/ juicio(4 digitos)/ año(2 digitos).

Así, por esta Sentencia, lo pronuncia, manda y firma el Magistrado Titular del Juzgado de lo Social núm. Dos de León.

E/.