Sentencia Social Nº 5670/2007, Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 5497/2006 de 27 de Julio de 2007

Encabezamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA

CATALUNYA

SALA SOCIAL

js

IL·LM. SR. JOSÉ QUETCUTI MIGUEL

IL·LM. SR. ANDREU ENFEDAQUE MARCO

IL·LM. SR. FRANCISCO JAVIER SANZ MARCOS

Barcelona, 27 de juliol de 2007

La Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, formada pels magistrats esmentats més amunt,

EN NOM DEL REI

ha dictat la següent

SENTÈNCIA NÚM. 5670/2007

En el recurs de suplicació interposat per ERNESTO PIQUÉ E HIJOS, S.A. a la sentència del Jutjat Social 1 Tarragona de data 25.01.2006 dictada en el procediment núm. 861/2005 en el qual s'ha recorregut contra la part INSS (Tarragona), TGSS

Antecedentes

Primer. En data 20.09.2005 va arribar al Jutjat Social esmentat una demanda sobre Accident de treball, en la qual l'actor al.lega els fets i fonaments de dret que va considerar procedents i acabava demanant que es dictés una sentència d'acord amb el que es demanava. Admesa la demanda a tràmit i celebrat el judici, es va dictar la sentència en data 25.01.2006, que contenia la decisió següent:

Que desestimando la demanda interpuesta por Ernesto Piqué e Hijos, SA, contra el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y la Tesorería General de la Seguridad Social y D. Marco Antonio , debo absolver y absuelvo a las demandadas de los pedimentos de la parte actora.

Segon. En aquesta sentència es declaren com a provats els fets següents:

PRIMERO.- El trabajador D. Marco Antonio , nacido el 3-8-1978, afiliado a la Seguridad Social con el n° NUM000 , prestando de servicios en la empresa actora ERNESTO PIQUE E HIJOS, S.A, dedicada a la actividad de la Construcción, ostentando la categoría de Soldador, sufrió un accidente de trabajo el 17-3-2003, al caerse de una altura aproximada de 2m. de altura, siendo calificado el accidente como leve, con el diagnóstico de subluxación de hombro.

(expediente administrativo) -

SEGUNDO.- El accidente de trabajo sufrido por D. Marco Antonio el 17-3-2003, se produjo de la siguiente forma: "Cuando se disponía a efectuar trabajos de soldadura en el tambor de la cinta transportadora existente en la zona inferior del molino 1, APK 40, de la planta de trituración y clasificación de áridos, y encontrándose sobre una plataforma o pasarela metálica de unos 2,5 m. de largo y 1 m. de ancho, que estaba sujeta a las vigas de la estructura mediante unos puntos de soldadura, se desprendió de las vigas que formaban la estructura de la planta, cayendo al suelo junto con el trabajador".

(acta de infracción de la Inspección de Trabajo de fecha 24-7-2003)

TERCERO.- En fecha 14-12-2004 se dictó resolución por el INSS iniciándose expediente de falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.

CUARTO.- Por resolución del INSS de 14-3-2005, se declara la responsabilidad empresarial por falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo, por el accidente de trabajo sufrido por D. Marco Antonio , el 17-3-2003, procediendo el incremento del 30% de las prestaciones de Seguridad Social, con cargo exclusivo a la empresa ERNESTO PIQUE E HIJOS, S.A.

(expediente administrativo)

QUINTO- La empresa ERNESTO PIQUE E HUOS, S.A, tenía cubiertas las contingencias profesionales con la MUTUA FRATERNIDAD-MUPRESPA, estando al corriente de las cotizaciones.

(hecho no cuestionado)

SEXTO.- La Inspección de Trabajo y Seguridad Social levantó acta de infracción en fecha 24-7-2003, proponiendo una sanción grave, en la cuantía de 1.508.-euros.

(expediente administrativo)

SÉPTIMO.- El accidente de trabajo sufrido por el Sr. Marco Antonio ha dado lugar a la prestación de Incapacidad Temporal, siendo la base reguladora diaria de 41,73.-euros.

(expediente administrativo)

OCTAVO.- La empresa demandante presentó reclamación previa el 3-5-2005, siendo notificada su desestimación por resolución del INSS de 20-7-2005.

(expediente administrativo) .

Tercer. Contra aquesta sentència la part demandant va interposar un recurs de suplicació, que va formalitzar dins del termini. Es va donar trasllat a la part contrària , el codemandat " Marco Antonio " el va impugnar. Es van elevar les actuacions a aquest Tribunal i es va formar aquest rotlle.

Fundamentos

PRIMER.- Amb acceptació dels fets provats de la sentència recorreguda, en el seu primer motiu de recurs, a l'empara de l'apartat ©) de l'article 191 LPL l'empresa recurrent denuncia com a vulnerat l' article 20 del Reial Decret 928/1998 de 14 de maig entenent que hauria caducat l'expedient d'imposició de sancions seguit per l'Entitat Gestora. Aquesta qüestió ha estat ja resolta per la jurisprudència del Tribunal Suprem en sentit negatiu, tal i com s'especifica a la recent sentència de 12 de febrer de 2007:

"Esta Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el problema suscitado en el presente recurso de casación para la unificación de doctrina, en sentencias como las de 9 de octubre de 2006 (recurso 3279/2005) EDJ2006/282235 y 5 de diciembre de 2.006 (recurso 2531/2005 ) EDJ2006/331237 , entre otras, en las que se establece la interpretación de los preceptos cuya infracción denuncia el recurrente. En ellas se parte del análisis la literalidad del artículo 14 de la Orden de 18 enero 1996, dictada en desarrollo del Real Decreto 1300/1995 EDL1995/15091 , en el que se dispone que:

"1. El plazo máximo para resolver el procedimiento regulado en esta Orden será de ciento treinta y cinco días, que se computarán a partir de la fecha del acuerdo de iniciación en los procedimientos de oficio o de la recepción de la solicitud en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social competente en los demás casos.

2. También podrá acordarse una ampliación del plazo establecido, de conformidad con el artículo 42.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre EDL1992/17271 , cuando por el número de solicitudes formuladas o por otras circunstancias que expresamente se determinen en el acuerdo de ampliación no se pueda cumplir razonablemente el plazo previsto en el apartado anterior.

3. Cuando la resolución no se dicte en el plazo señalado en el número 1 de este artículo, la solicitud podrá entenderse desestimada, en cuyo caso el interesado podrá ejercitar las acciones que le confiere el artículo 71 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral EDL1995/13689 , aprobado por Real Decreto Legislativo 2/1995, de 7 de abril EDL1995/13689 sin perjuicio de la obligación de resolver".

Y desde ese texto, se afirma en tales sentencias que "El tenor literal de la norma no establece que el efecto de la no resolución en el plazo de 135 días sea la caducidad del expediente. Consecuencia que, por otra parte, no podía establecer una orden ministerial sin la cobertura de una norma de superior rango. El que el procedimiento se hubiera iniciado por comunicación de la Inspección de Trabajo no supone consecuencia alguna. De no dictarse la correspondiente resolución, el trabajador afectado podrá instar la vía judicial. No puede olvidarse que en la relación jurídica de recargo de prestaciones establecida en el art. 123 de la Ley General de la Seguridad Social EDL1994/16443 , es una relación triangular en la que, de una parte se halla la Entidad Gestora de la Seguridad Social como administración y, de otra, el empresario afectado, opuesto al trabajador beneficiario del importe del recargo. La inactividad de la Administración no puede perjudicar al trabajador que ninguna intervención tuvo en el expediente".

"Por otra parte el art. 44 de la Ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo EDL1992/17271 , regula las con secuencias de la falta de resolución expresa en los procedimientos iniciados de oficio estableciendo que 'En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa no exime a la Administración del cumplimiento de la obligación legal de resolver, produciendo los siguientes efectos:

1. En el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los interesados que hubieren comparecido podrán entender desestimadas sus pretensiones por silencio administrativo.

2. En los procedimientos en que la Administración ejercite potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen, se producirá la caducidad. En estos casos, la resolución que declare la caducidad ordenará el archivo de las actuaciones, con los efectos previstos en el artículo 92 .

En los supuestos en los que el procedimiento se hubiera paralizado por causa imputable al interesado, se interrumpirá el cómputo del plazo para resolver y notificar la resolución'. Como se desprende del párrafo 2 la caducidad se produce únicamente en los procedimientos en los que se ejerciten potestades sancionadoras y el de imposición del recargo no tiene exactamente esa naturaleza jurídica. Su finalidad es, de una parte, disuasoria para obtener el mayor grado de cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales, de otra, incrementar el importe de unas prestaciones debidas en virtud de la relación trabajador empresa cuando esta no ha dispensado las medidas de protección que el contrato de trabajo impone ( art. 19 del Estatuto de los Trabajadores EDL1995/13475 ). El recargo no deriva de la potestad sancionadora de la Administración -esa potestad se manifiesta en la imposición de la correspondiente multa- sino de un incumplimiento de las obligaciones que el empresario asume como consecuencia del contrato de trabajo".

Val a dir, a més, en aquest cas, que l'INSS ha respectat el termini màxim establert per a la resolució sense que sigui d'aplicació el termini de sis mesos que pretén la recurrent, doncs el recàrrec sobre prestacions es una actuació diferent sancionadora derivada de la prèvia existència de prestacions causades en el Sistema pel treballador accidentat, sense que els terminis corresponents puguin compatr-se d'ençà l'acta de sanció administrativa, que esdevé operatiu per la sanció pròpiament dita però no per l'increment prestacional. Ha de rebutjar-se doncs el motiu.

SEGON.- En el segon i darrer motiu de recurs es denuncia com a vulnerat l' article 123 LGSS entenent la recurrent que la existència, al seu entendre, de responsabilitat per part de l'empresa subministradora de la pasarel.la on va tenir lloc l'accident hauria d'exonerar la recurrent de la sanció imposada.

l com argumenta amb encert el Sr. Jutge Social, i així ho reflecteix en els fets provats de la sentència, l'empresa no ha aconseguit demostrar la responsabilitat de tercers en la ocurrència de l'accident el que tampoc ha intentat en seu de suplicació, acceptant els fets provats de la sentència, per la qual cosa la caiguda del treballador pel simple fet d'accedir a una pasarel.la tan inadequadament instal.lada que va caure inmediatament solament es atribuïble a l'empresa demandant, que no va adoptar les mesures oportunes, ni per a comprovar la solidesa de la instal.lació, ni per adoptar les mesures de protecció corresponents pel treballador, el que la constitueix per tant amb responsable, tal i com ha entés la resolució de l'Entitat Gestora havent estat el percentatge imposat reduït al mínim d e manera que no pot ser qualificat de desproporcionat o d'excessiu. El motiu doncs haurà de decaure i també el recurs, amb íntegra confirmació de la sentència recorreguda.

TERCER.- La dita desestimació comporta la condemna en costes de la recurrent, segons disposa l' article 233.1 LPL , amb pèrdua del dipòsit efectuat per a recórrer i aplicació de la consignació a la finalitat legal. Fixem els honoraris de l'advocat del treballador en dos-cents cinquanta euros.

Atesos els preceptes legals esmentats, els seus concordants i demès disposicions de general i pertinent aplicació,

Fallo

DESESTIMEM el recurs de suplicació interposat per "Ernesto Piqué e Hijos S.A." contra la sentència de 25 de gener de 2006 del Jutjat Social número 1 de Tarragona , que confirmem íntegrament. Imposem a la recurrent les costes del recurs, amb pèrdua del dipòsit efectuat per a recórrer i aplicació de la consignació a la finalitat legal. Fixem els honoraris de l'advocat del treballador per la impugnació en dos-cents cinquanta euros

Contra aquesta sentència es pot interposar recurs de cassació per a la unificació de la doctrina, que haurà de preparar-se davant aquesta Sala en els deu dies següents a la seva notificació, amb els requisits previstos en els números 2 i 3 de l'art. 219 de la Llei de Procediment Laboral

Notifiqueu aquesta sentència a les parts i a la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i lliuris testimoni que restarà unit al rotllo corresponent, incorporant-se l'original al corresponent llibre de sentències.

Així ho pronunciem, ho manem i ho signem.

PUBLICACIÓ. Avui, el/la Magistrat/ada ponent ha llegit i publicat la sentència. En dono fe.