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Última revisión
10/10/2019
Sentencia SOCIAL Nº 576/2019, Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1053/2018 de 11 de Julio de 2019
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Orden: Social
Fecha: 11 de Julio de 2019
Tribunal: Tribunal Supremo
Ponente: SEMPERE NAVARRO, ANTONIO VICENTE
Nº de sentencia: 576/2019
Núm. Cendoj: 28079140012019100565
Núm. Ecli: ES:TS:2019:2836
Núm. Roj: STS 2836:2019
Encabezamiento
UNIFICACIÓN DOCTRINA núm.: 1053/2018
Ponente: Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro
Letrada de la Administración de Justicia: Ilma. Sra. Dña. María Jesús Escudero Cinca
Excmos. Sres. y Excmas. Sras.
D. Jose Manuel Lopez Garcia de la Serrana
Dª. Rosa Maria Viroles Piñol
D. Antonio V. Sempere Navarro
D. Sebastian Moralo Gallego
Dª. Concepcion Rosario Ureste Garcia
En Madrid, a 11 de julio de 2019.
Esta Sala ha visto el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, representada y defendida por la Letrada Sra. Miralles de Imperial Ollero, contra la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 21 de diciembre de 2017, en el recurso de suplicación nº 835/2017 , interpuesto frente a la sentencia dictada el 5 de junio de 2017 por el Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid , en los autos nº 37/2017, seguidos a instancia de D. Ángel Jesús contra dicha recurrente, sobre despido.
Ha comparecido en concepto de recurrido D. Ángel Jesús , representado y defendido por la Letrada Sra. Virseda Iniesta.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. Antonio V. Sempere Navarro.
Antecedentes
Los hechos probados a tener en cuenta para resolución del presente recurso son los formulados como tales por la sentencia del Juzgado, que se reproducen acto seguido:
'1º.- La parte actora suscribió contrato de interinidad para la cobertura de la vacante NUM000 , con la categoría profesional de Auxiliar de Servicios Generales, y un salario correspondiente de 1248,10 e, el día 1-VI-02. En dicho contrato se estableció que la extinción del contrato se produciría de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1.c RD 2720/1998 . Asimismo se estableció que se trataba de un contrato para la realización de trabajos periódicos de carácter fijo-discontinuo, consistentes en los propios de su categoría. El total de días en los que el actor estuvo contratado por la entidad demandada fue de 1445.
2º.- Por Orden de 23-111-09, de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM, se convocó proceso de consolidación de empleo para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría profesional de Auxiliar de Obras y Servicios.
3º.- Por Resolución de fecha 27-X-16, también de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM, se procedió a la adjudicación de los destinos correspondientes al proceso extraordinario de consolidación de empleo para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría profesional de Auxiliar de Obras y Servicios. La plaza NUM000 fue adjudicada a D. Apolonio . La entidad demandada acordó extinguir la relación laboral con el actor con fecha 30-XI-16.
4º.- Este trabajador solicitó excedencia voluntaria, que le fue concedida con fecha 23-XI-16.
5º.- El actor presentó reclamación administrativa previa, la cual fue desestimada'.
Fundamentos
La cuestión a decidir en el presente recurso de casación unificadora consiste en determinar si procede el abono de la indemnización prevista para el despido por causas objetivas cuando lo que acaece es que finaliza un contrato de interinidad por vacante como consecuencia de que la plaza es ocupada por quien la ha obtenido tras superar las pruebas convocadas al efecto.
Más arriba han quedado reproducidos en su integridad los hechos que la sentencia de instancia considera probados, sin que hayan sido combatidos ante la Sala de segundo grado. Dados los términos del debate suscitado ante esta Sala, ahora debemos resaltar los aspectos de ellos que resultan relevantes respecto del modo en que la empleadora y la demandante han venido estando vinculadas:
1 junio 2002: el trabajador comienza a prestar servicios para la Comunidad Autónoma de Madrid (CAM) al amparo de un contrato de por vacante, como Auxiliar de Servicios Generales, ocupando la plaza NUM000 vinculada a la Oferta de Empleo Público, y con modalidad de servicios discontinuos.
23 marzo 2009: se aprueba Orden convocando proceso de consolidación de empleo para acceso a plazas, incluyendo la referenciada.
27 octubre 2016: la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la CAM adjudica destinos correspondientes al proceso extraordinario de consolidación de empleo para el acceso a plazas de carácter laboral de la categoría profesional de Auxiliar de Obras y Servicio, incluyéndose la plaza NUM000 , obtenida por una tercera persona.
30 septiembre 2016: el trabajador demandante es cesado.
23 septiembre 2016: la persona que ha obtenido la plaza NUM000 en propiedad obtiene la excedencia por incompatibilidad.
Disconforme con su cese, el actor formula demanda por despido y solicita que se declare improcedente o nulo con las consecuencias propias de ello; subsidiariamente, por si se considera que existe causa de extinción, interesa que se le abone la indemnización propia del despido por causas objetivas por así exigirlo la jurisprudencia comunitaria.
Mediante su sentencia 287/2017 de 5 de junio febrero el Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid (proc. 37/2017) estima en parte la demanda y condena a que la CAM al abono una indemnización de veinte días de salario por año trabajado, cifrada en 3.282,67 €. Sus núcleos argumentales son los siguientes:
A) Descarta que haya procedimiento inadecuado por el hecho de que la demanda impugne el despido y, de forma subsidiaria, interese el abono de la indemnización de 20 días por año trabajado, apoyándose en la STS 7 febrero 2012 .
B) Por entender vulnerado el art. 70 EBEP (transcurso de más de tres años en la situación de interinidad por vacante) califica la relación de indefinida no fija discontinua.
C) Puesto que el cese se produce como consecuencia de haberse provisto la plaza con arreglo a los procedimientos reglamentarios, de acuerdo con la STS 28 marzo 2017 procede abonar una indemnización de 20 días por año, descartando la aplicación del art. 49.1.c ET .
D) Con cita de jurisprudencia de esta Sala Cuarta, explica que la interinidad se agota cuando la plaza desempeñada se asigna a quien la ha obtenido, con independencia de que acto seguido pase a la situación de excedencia voluntaria.
A) Contra la sentencia del Juzgado interpone recurso de suplicación el trabajador, denunciando la infracción del artículo 70.1 del EBEP, en relación con la Disposición Cuarta y Final del EBEP , del artículo 18 de la Ley 30/1984 y del artículo 2.3 del Código Civil .
B) También formula recurso de suplicación la CAM, aunque estructurado en cuatro motivos.
El primero denuncia infracción del artículo 26.1 de la LRJS .
El segundo aduce vulneración del artículo 70 EBEP , en relación con sus artículos 7 y 83 y Disposición Transitoria Cuarta, además de la Disposición Transitoria 111 del Convenio Colectivo para el personal laboral de la Comunidad de Madrid.
El tercero, subsidiariamente al anterior motivo, por entender infringido el artículo 70 EBEP, Ley 7/2007 de 12 de abril , en relación con la Disposición Final Cuarta del mismo cuerpo legal .
El cuarto cita como infringido el artículo 49.1.b) del ET en relación con el apartado c) del mismo precepto legal.
C) Mediante su sentencia 812/2017 de 21 de diciembre la Sala de lo Social del TSJ de Madrid resuelve los recursos de suplicación interpuestos tanto por la empleadora cuanto por el trabajador (rec. 835/2017). Estima parcialmente los recursos interpuestos y dispone lo siguiente:
* Revoca la resolución de instancia, dejándola sin efecto.
* Declara que la relación laboral fue extinguida el día 30 de noviembre de 2016 por causa legal al habérsele adjudicado a quien la había conseguido en concurso público.
* Establece que al demandante le corresponde percibir la indemnización de 11.899 euros, equivalente a la de los despidos objetivos.
D) En su fundamentación, el Tribunal expone que ya ha resuelto numerosos casos similares, limitándose a argumentar lo siguiente:
* Que el contrato de trabajo analizado 'aun. siendo temporal equivale a una relación laboral indefinida no fija porque estaba sometida a la cláusula de extinción legal'.
* Que la terminación del contrato surge 'al ser ocupada la vacante que interinaba el actor por quien había conseguido esa plaza en el correspondiente concurso público celebrado al efecto'.
* Que opera la extinción por la causa prevista en el artículo 49.1.b) ET y que 'la doctrina jurisprudencial le asigna la indemnización correspondiente al despido objetivo, de 20 días de salario por cada año de trabajo efectivo, en este caso, de 290 días a razón de un salario/día de 41 euros, que de un total de 11.899 euros'.
Es la CAM quien, con fecha 2 de marzo de 2018, recurre en casación unificadora frente a la resolución que le condena al abono de una indemnización de veinte días por año de servicio. Sin embargo, el tema referido a la inadecuación del procedimiento no aparece replanteado, conformándose con el criterio (tácito) de la STSJ Madrid.
Plantea como único motivo de recurso que al actor no le corresponde indemnización alguna tras finalizar el contrato de interinidad por cobertura de la plaza. Considera que la sentencia recurrida infringe la doctrina sentada por la referencial respecto de la aplicación del artículo 49.1.c ET y preceptos concordantes, así como acerca del art. 70 EBEP .
Subraya también que la CAM ha actuado en todo momento con arreglo a las previsiones legales y convencionales sobre convocatoria de plazas vacantes; y descarta la aplicación de la jurisprudencia sobre indemnización de 20 días al personal indefinido no fijo, puesto que ese no es el caso.
Con fecha 29 de octubre de 2018 la Abogada y representante del trabajador presenta escrito de impugnación al recurso de casación unificadora. Considera inexistente la contradicción porque la doctrina de la sentencia opuestas ha perdido valor referencial, al dictarse las SSTS que otorgan una indemnización de 20 días por año cuando el contrato se ha convertido en indefinido no fijo y eso es lo aquí acaecido.
Con fecha 13 de diciembre de 2018 el representante del Ministerio Fiscal ante esta Sala Cuarta emite el Informe contemplado en el artículo 226.3 LRJS . Se inclina el éxito del recurso. Subraya que el supuesto planteado es idéntico al resuelto por la posterior STJUE 5 junio 2018, cambiando la doctrina sentada por la STJUE de 2016 en que se basa la recurrida y repasa detalladamente las respuestas dadas por el Tribunal de Luxemburgo a la cuestión prejudicial suscitada por esta Sala Cuarta. Por lo tanto, el recurso de la CAM debiera prosperar y quedar sin efecto la indemnización fijada en la sentencia.
Por constituir un requisito de orden público procesal y haber sido cuestionado por el impugnante, debemos comprobar que las sentencias opuestas son contradictorias en los términos que el legislador prescribe, máxime cuando el escrito de impugnación también lo ha cuestionado.
El artículo 219 LRJS exige para la viabilidad del recurso de casación para la unificación de doctrina que exista contradicción entre la sentencia impugnada y otra resolución judicial que ha de ser -a salvo del supuesto contemplado en el número 2 de dicho artículo- una sentencia de una Sala de lo Social de un Tribunal Superior de Justicia o de la Sala IV del Tribunal Supremo. Dicha contradicción requiere que las resoluciones que se comparan contengan pronunciamientos distintos sobre el mismo objeto, es decir, que se produzca una diversidad de respuestas judiciales ante controversias esencialmente iguales y, aunque no se exige una identidad absoluta, sí es preciso, como señala el precepto citado, que respecto a los mismos litigantes u otros en la misma situación, se haya llegado a esa diversidad de las decisiones pese a tratarse de 'hechos, fundamentos y pretensiones sustancialmente iguales'.
Por otra parte, la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos recaídos en conflictos sustancialmente iguales.
Para fundamentar el recurso y cuestionar la condena al abono de la indmenización, el recurso invoca de contraste la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid de 29 de junio de 2017 (rec. 498/17 ).
Resuelve el supuesto de trabajadora al servicio de la Comunidad Autónoma, que ocupa, en régimen de interinidad por vacante, una plaza de auxiliar de enfermería. Desempeña su actividad desde septiembre de 2014 y cesa el 30 de noviembre de 2016 como consecuencia de la adjudicación de las plazas obtenidas de acuerdo con el proceso extraordinario de consolidación de empleo convocado tiempo atrás. Revoca la sentencia del Juzgado de lo Social y declara que el contrato se ha extinguido válidamente, sin que proceda abono de indemnización alguna. Sus líneas argumentales son las siguientes:
A) No hay indebida acumulación de acciones cuando la demanda por despido solicita subsidiariamente que se condene a la empresa al abono de cualquier indemnización que corresponda por terminación válida del contrato de trabajo. Tampoco ha y caducidad.
B) No resulta aplicable el artículo 70 EBEP ('Las necesidades de recursos humanos, con asignación presupuestaria, que deban proveerse mediante la incorporación de personal de nuevo ingreso serán objeto de la Oferta de empleo público, o a través de otro instrumento similar de gestión de la provisión de las necesidades de personal, lo que comportará la obligación de convocar los correspondientes procesos selectivos para las plazas comprometidas y hasta un diez por cien adicional, fijando el plazo máximo para la convocatoria de los mismos. En todo caso, la ejecución de la oferta de empleo público o instrumento similar deberá desarrollarse dentro del plazo improrrogable de tres años'), por lo que el contrato temporal de interinidad permanece válido, sin que se haya desnaturalizado y convertido en indefinido no fijo.
C) Examina el iter legis del artículo 49.1.c ET , sobre indemnización por terminación de contratos temporales, y considera que no cabe sostener su inconstitucionalidad. Debe descartarse que los trabajadores interinos sufran discriminación en lo que a la extinción por causas objetivas se refiere, pues esa causa extintiva opera por igual en el caso de contratos temporales. En este tipo de contrato no hay precariedad intrínseca, puesto que precisamente va dirigido a preservar la estabilidad en el empleo de quien titulariza la plaza.
D) No resulta aplicable la jurisprudencia derivada de la sentencia De Diego Porras. Tampoco es aplicable la doctrina de la Sala Cuarta que reconoce la indemnización de 20 días a la extinción por cobertura de vacante de los trabajadores indefinidos no fijos, condición que no ostenta la trabajadora.
El análisis comparativo de ambas sentencias conduce a considerar que concurre la contradicción en la concreta cuestión que se trae a consideración de la Sala, ya que las respectivas sentencias ante supuestos que guardan la sustancial identidad, alcanzan soluciones divergentes.
En ambas se examina el devenir de una plaza vacante, interinidad y sujeta a las vicisitudes de una oferta pública de consolidación de empleo; en los dos casos la persona que interina la plaza es cesada transcurridos más de tres años desde que lo hace; en ambos la plaza es obtenida por una tercera persona; en los dos se examina también si la interinidad puede extinguirse aunque el nuevo titular no desempeñe efectivamente sus funciones como consecuencia de pasar a excedencia.
Así, ante la cuestión relativa a la indemnización que corresponde por la extinción procedente de un contrato de interinidad por vacante, la sentencia recurrida considera aplicable una indemnización de 20 días por año de servicio, por equiparación a la del despido objetivo, mientras que en la de contraste, se descarta la aplicación de esa indemnización y de la doctrina acogida por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 14 de septiembre de 2016.
Como acabamos de ver, si bien las sentencias comparadas coinciden en la validez del cese, alcanzan fallos distintos en lo que se refiere al derecho a la percepción de indemnización a pesar de ser coincidentes los hechos, las pretensiones ejercitadas y sus fundamentos, lo que permite concluir que se produce la contradicción del art. 219 LRJS .
Sobre el modo de aplicar el artículo 49.1.c) a los contratos de interinidad por vacante y la eventual extensión de la indemnización por despido objetivo a estos casos hemos dictado ya numerosas sentencias cuya doctrina, por razones de seguridad jurídica e igualdad en la aplicación de la ley, hemos de reiterar. La solución al problema es el resultado de la evolución interpretativa plasmada en un pequeño grupo de sentencias, que recordamos seguidamente.
La STJUE en que se basa la ahora recurrida sostuvo la existencia de una discriminación de los trabajadores temporales en caso de no reconocérseles una indemnización equivalente a 20 días de salario por año de prestación de servicios.
El Tribunal de Justicia se declaraba en el ap. 36 'que existe una diferencia de trato entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los trabajadores fijos, en la medida que, a diferencia de los trabajadores con contrato de trabajo por tiempo indefinido, los trabajadores con contrato de interinidad no tienen derecho a indemnización alguna al finalizar su contrato, con independencia de la duración de los servicios prestados'.
Esta STJUE hizo dudar de si, a la luz de la Directiva, sería exigible que, en todo caso, la extinción de un contrato temporal por cumplimiento de su finalidad debe llevar aparejado el derecho a una indemnización y, en tal supuesto, si dicha indemnización debe establecerse de forma análoga a la que el mismo ordenamiento establece para las demás causas de extinción de los contratos de trabajo. Ello abocaba, no sólo a la aplicación de la indemnización de 20 días para el caso de los contratos de interinidad, sino a que, por las mismas razones, se pusiera en cuestión la diferencia respecto de las otras dos modalidades de contrato temporal que tienen fijada una indemnización de 12 días (8 días, en la regulación anterior), como sucede con el contrato para obra o servicio.
Hay que comenzar señalando que una cuestión emparentada con la aquí debatida fue examinada como prejudicial por la STJUE de 5 de junio de 2018, Grupo Norte Facility C- 574/16 , referida a contrato de relevo, que se pronunció en los siguientes términos:
'A este respecto, es necesario señalar que el abono de una indemnización como la adeudada por Grupo Norte con ocasión de la finalización del contrato del Sr. Edemiro , el cual estaba previsto, desde el momento de su conclusión, que finalizaría con ocasión del acceso a la jubilación completa de la trabajadora a la que sustituía, se produjo en un contexto sensiblemente diferente, desde los puntos de vista fáctico y jurídico, de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido a la concurrencia de una de las causas previstas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores . En efecto, se deduce de la definición del concepto de 'contrato de duración determinada' que figura en la cláusula 3, apartado 1, del Acuerdo Marco que un contrato de este tipo deja de producir efectos para el futuro cuando vence el término que se le ha asignado, pudiendo constituir dicho término la finalización de una tarea determinada, una fecha precisa o, como en el caso de autos, el advenimiento de un acontecimiento concreto. De este modo, las partes de un contrato de trabajo temporal conocen, desde el momento de su celebración, la fecha o el acontecimiento que determinan su término. Este término limita la duración de la relación laboral, sin que las partes deban manifestar su voluntad a este respecto tras la conclusión de dicho contrato. En cambio, la extinción de un contrato fijo por una de las causas recogidas en el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores , a iniciativa del empresario, resulta del advenimiento de circunstancias que no estaban previstas en el momento de su celebración y que ponen en tela de juicio el desarrollo normal de la relación laboral. Como se deduce de las explicaciones del Gobierno español, recordadas en el apartado 55 de la presente sentencia y como subrayó, en esencia, la Abogado General en el punto 60 de sus conclusiones, el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores requiere que se abone a dicho trabajador despedido una indemnización equivalente a veinte días de salario por año de servicio, precisamente a fin de compensar el carácter imprevisto de la ruptura de la relación de trabajo por una causa de esta índole, y, por lo tanto, la frustración de las expectativas legítimas que el trabajador podría albergar, en la fecha en que se produce la ruptura, en lo que respecta a la estabilidad de dicha relación.
En este último supuesto, el Derecho español no opera ninguna diferencia de trato entre trabajadores con contrato temporal y trabajadores fijos comparables, ya que el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores establece el abono de una indemnización legal equivalente a veinte días de salario por año trabajado en la empresa en favor del trabajador, con independencia de la duración determinada o indefinida de su contrato de trabajo. Por consiguiente, en estas circunstancias, cabe considerar que el objeto específico de las indemnizaciones previstas en el artículo 49, apartado 1, letra c), y en el artículo 53, apartado 1, letra b), del Estatuto de los Trabajadores , respectivamente, cuyo abono forma parte de contextos fundamentalmente diferentes, constituye una razón objetiva que justifica la diferencia de trato controvertida'.
Con tales fundamentos, la referida sentencia acabó declarando que 'procede responder a las cuestiones prejudiciales primera y segunda que la cláusula 4, apartado 1, del Acuerdo Marco debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional según la cual la indemnización abonada a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir la jornada de trabajo dejada vacante por un trabajador que se jubila parcialmente, como el contrato de relevo controvertido en el litigio principal, al vencer el término por el que estos contratos se celebraron, es inferior a la indemnización concedida a los trabajadores con contrato de duración indefinida con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva'.
La STJUE (Gran Sala) de 5 de junio de 2018 (C-677/16 , Montero Mateos) resulta especialmente interesante para nuestro supuesto, dada la similitud del problema suscitado. Tras breve contrato de sustitución, en febrero de 2008 la trabajadora comienza a interinar una plaza vacante, afecta a la convocatoria de consolidación de empleo para auxiliares hostelería activada en octubre de 2009; en julio de 2016 el proceso finaliza desfavorablemente para la trabajadora y es cesada a final de septiembre
Siguiendo las pautas de la STJUE dictada en la misma fecha y ya reseñada, se concluye que el Derecho de la UE no se opone a la regulación conforme a la cual se carece de derecho a indemnización cuando finaliza un contrato de interinidad por vacante, mientras que sí la perciben los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva.
Sin perjuicio de lo anterior 'incumbe al juzgado remitente examinar si, habida cuenta de la imprevisibilidad de la finalización del contrato y de su duración, inusualmente larga, ha lugar a recalificarlo como contrato fijo'. Recordemos el tanor de su parte dispositiva:
La cláusula cuarta, apartado 1 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada que figura en el Anexo de la Directiva 1997/70 del Consejo, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una normativa nacional que no prevé el abono de indemnización alguna a los trabajadores con contratos de duración determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o promoción para la cobertura definitiva del mencionado puesto, como el contrato de interinidad de que se trata el litigio principal, al vencer el término por el que esos contratos se celebraron, mientras que se concede indemnización a los trabajadores fijos con motivo de la extinción de su contrato de trabajo por una causa objetiva.
Aunque el TJUE no lo expresó directamente, con las dos últimas sentencias estaba rectificando la doctrina expresada en la STJUE de 14 de septiembre de 2016 (en la que se basó la ahora recurrida) en la medida en que el TJUE niega que quepa considerar contraria a la Directiva la norma que permite que la extinción regular del contrato de trabajo temporal no dé lugar a la indemnización que se otorga a los despidos por causas objetivas.
Se solventa así el equívoco que se plasmaba en la de STJUE de 14 de septiembre de 2016, para partir ya, acertadamente, de que la indemnización del art. 53.1 b) ET se reconoce siempre en caso de despido objetivo con independencia de la duración determinada o indefinida del contrato de trabajo. Decisión ratificada por la más reciente STJUE de 21 de noviembre de 2018 (Asunto De Diego Porras II ) en respuesta a las cuestiones prejudiciales planteadas por el Auto de esta Sala de 25 de octubre de 2017.
En aplicación de todo ello, nuestra STS (Pleno) 207/2019 de 13 de marzo (rec. 3970/2016 ), zanjó definitivamente la cuestión reseñando que 'no es posible confundir entre distintas causas de extinción contractual y transformar la finalización regular del contrato temporal en un supuesto de despido objetivo que el legislador no ha contemplado como tal. El régimen indemnizatorio del fin de los contratos temporales posee su propia identidad, configurada legalmente de forma separada, sin menoscabo alguno del obligado respeto al derecho a no discriminación de los trabajadores temporales'.
Se añade también que 'el rechazo a la solución adoptada por la Sala de suplicación debe ser completo, en el sentido de negar que quepa otorgar indemnización alguna por el cese regular del contrato de interinidad, no sólo la que calcula la sentencia con arreglo a los 20 días del despido objetivo, sino, incluso, con arreglo a los 12 días que el art. 49.1 c) ET fija para los contratos para obra o servicio y acumulación de tareas'. Y es que 'en nuestro ordenamiento jurídico la sanción ante el abuso de la contratación temporal se satisface de modo completo mediante las reglas de los apartados 2 y 3 del art. 15 ET (que se completa con el apartado 5 para las otras modalidades contractuales de duración temporal)'.
La STS 322/2019 de 24 abril (rec. 1001/2017 ), también del Pleno de esta Sala, ha abordado un supuesto en el que podría dudarse si el artículo 70 EBEP incidía en la solución, manifestando lo siguiente:
Respecto al alcance que posea la superación del plazo de tres años contemplado en el art. 70 del EBEP , precepto citado en el análisis de la contradicción de las sentencias comparadas, aunque no sea objeto de censura jurídica como es de ver del motivo único de censura jurídica, cuarto del recurso, ha de señalarse que dicho precepto va referido a 'la ejecución de la oferta de empleo público'.
El plazo de tres años a que se refiere el art. 70 del EBEP referido, no puede entenderse en general como una garantía inamovible pues la conducta de la entidad empleadora puede abocar a que antes de que transcurra dicho plazo, se haya desnaturalizado el carácter temporal del contrato de interinidad, sea por fraude, sea por abuso, sea por otras ilegalidades, con las consecuencias que cada situación pueda comportar; al igual que en sentido inverso, el plazo de tres años no puede operar de modo automático.
En suma, son las circunstancias específicas de cada supuesto las que han de llevar a una concreta conclusión.
De cuanto se lleva expuesto constituye consecuencia lógica concluir que el planteamiento de la sentencia recurrida es erróneo y necesita ser casado. En efecto, en nuestro ordenamiento jurídico, la finalización válida de los contratos temporales conlleva la indemnización que, en cada caso, esté prevista normativamente si así lo ha dispuesto el legislador; en el caso de la interinidad, esa indemnización es inexistente. En modo alguno, puede anudarse a la válida extinción de este tipo de contratos la indemnización prevista por la Ley para supuestos radicalmente distintos como son las causas objetivas contempladas en el artículo 52 ET .
La doctrina del TJUE cuya aplicación relama el trabajador desde su propia demanda, por otro lado, ha sido reformulada por el mismo Tribunal, de manera que nuestra sentencia, como es obligado, debe resolver conforme a ella, tal y como el Ministerio Fiscal advierte en su Informe.
Recalquemos también que en el presente caso tanto la sentencia del Juzgado (claramente) cuanto la del TSJ (de manera confusa) entienden que el transcurso de tres años, por ministerio del art. 70 EBEP , convierte el contrato en indefinido. Pero ya hemos visto que eso no es así, sino que ese plazo trienal tiene una finalidad completamente distinta; no habiéndose acreditado ningún otro elemento de fraude, por tanto, debe lucir la doctrina contenida en la sentencia de contraste y que coincide con nuestra STS 322/2019 y otras muchas posteriores.
A) Al contener doctrina errónea la sentencia recurrida, debemos resolver conforme a las previsiones legales para los casos de estimación del recurso. Procede, por tanto, de conformidad con el informe del Ministerio Fiscal, la estimación del recurso de casación para la unificación de la doctrina y la consiguiente anulación de la sentencia recurrida.
Como ya ha dicho la STS 306/2019 de 10 abril (rec. 306/2019 ), 'todo ello nos lleva a negar que pueda considerarse aplicable la indemnización de 20 días, establecida para los despidos objetivos, a los supuestos de terminación regular de los contratos temporales'.
B) El artículo 228.2 LRJS comienza disponiendo que si la sentencia del Tribunal Supremo declarara que la recurrida quebranta la unidad de doctrina, casará y anulará esta sentencia y resolverá el debate planteado en suplicación con pronunciamientos ajustados a dicha unidad de doctrina, alcanzando a las situaciones jurídicas particulares creadas por la sentencia impugnada. En nuestro caso, eso significa que el recurso de suplicación interpuesto por la CAM debe ser estimado en los motivos referidos a la infracción del art. 70 EBEP y del art. 49.1.c ET . Ni estamos ante un contrato indefinido no fijo, ni hay derecho al percibo de indemnización como consecuencia de la válida terminación de un contrato temporal de interinidad.
De este modo, a la anulación de la sentencia de suplicación debemos añadir la parcial revocación de la sentencia del Juzgado de lo Social, de modo que quede desestimada tanto la pretensión principal sobre despido (como ya había sucedido) cuanto la subsidiaria sobre indemnización (acogida por el Juzgado).
La estimación del recurso de suplicación de la CAM comporta la desestimación íntegra del recurso de tal clase interpuesto por el trabajador.
C) También prescribe el artículo 228.2 LRJS que en la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se resolverá lo que proceda sobre consignaciones, aseguramientos, costas, honorarios y multas, en su caso, derivados del recurso de suplicación de acuerdo con lo prevenido en esta Ley. Si se hubiere constituido depósito para recurrir, se acordará la devolución de su importe.
Puesto que la sentencia de suplicación no había impuesto a la CAM las costas, no debemos realizar pronunciamiento alguno sobre el particular.
Puesto que el artículo 229.2 LRJS exime del depósito y de la consignación a la Comunidad Autónoma, carece de sentido cualquier pronunciamiento sobre el particular.
D) Por otro lado, las previsiones del artículo 235.1 LRJS comportan que no debamos realizar pronunciamiento alguno imponiendo las costas derivadas del recurso de casación que ahora decidimos.
Fallo
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta Sala ha decidido
:
1) Estimar el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, representada y defendida por la Letrada Sra. Miralles de Imperial Ollero.
2) Casar y anular la sentencia 812/2017 de 21 de diciembre dictada por la Sala de lo Social del TSJ de Madrid (rec. 872/2017 ).
3) Resolviendo el debate de suplicación suscitado por el recurso del Sr. Ángel Jesús , desestimarlo íntegramente.
4) Resolviendo el recurso de suplicación formalizado por la CAM, estimarlo para declarar que la finalización del contrato de interinidad por vacante frente al que se reclama no comporta la obligación de abonar indemnización alguna al demandante.
5) Revocar parcialmente la sentencia 287/2017 dictada por el Juzgado de lo Social nº 12 de Madrid con fecha 5 de junio para dejar sin efecto la condena al pago de la indemnización reflejada en su fallo y desestimar así la reclamación subsidiaria contenida en la demanda de despido formalizada por D. Ángel Jesús frente a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de Madrid.
6) No realizar pronunciamiento alguno sobre imposición de costas como consecuencia del recurso de casación.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y firma.